Barcelona, 14 de enero del 2026
El año 2026 seguirá marcado por la crisis habitacional en Barcelona, en la medida en que tanto oferta de alquiler como de venta seguirá siendo insuficiente para una creciente demanda propulsada por la propia evolución demográfica de la ciudad y un dato significativo: el «23% de las compras las hacen actualmente extranjeros». La cifra de 2025 la ha destacado el teniente de alcalde de Economía, Vivienda, Hacienda y Turismo del Ayuntamiento de Barcelona, Jordi Valls, durante la Tribuna Inmoscopia que han organizado este miércoles los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) de Catalunya. El sector en pleno ha sido crítico con el exceso normativo que se está dando en materia de vivienda, sobre todo en Catalunya, porque asusta a los propietarios, que cada vez recelan más de alquilar en el mercado tradicional de larga duración, han alertado.
El evento anual de los API ha llenado en algunos momentos el aforo del auditorio de L’Illa Diagonal, que este año analizaba las perspectivas del mercado para 2026, con participación de representantes de la administración pública, promotores, agentes inmobiliarios, propietarios, arquitectos y administradores de fincas, entre otros.
Montserrat Junyent, presidenta del Colegio de API de Barcelona y de la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Catalunya (AIC), ha denunciado la “inestabilidad jurídica” en Catalunya, que ha comportado «menos oferta, más tensión y un acceso a la vivienda más difícil para los colectivos vulnerables». Además de insistir en la necesidad de un pacto transversal entre todas las partes, ha urgido a las administraciones a mover ficha y facilitar que la comunidad incorpore entre 20.000 y 25.000 viviendas anuales, con más dotación presupuestaria y colaboración público-privada.
Aunque Valls se ha mostrado abierto al diálogo entre todas las partes, no ha podido recoger personalmente las reivindicaciones porque ha acudido solo a la presentación de la jornada. En su intervención ha enfatizado que la población foránea ha pasado del 5% en el año 2000 al 26% actual, ampliando la demanda de pisos en la capital catalana; y en paralelo, la compra por parte de extranjeros que era del 7% en 2007 (en tiempos de burbuja) es ahora a ese 23%. Por ello, sostiene que «quien venga aquí porque tiene capital no tiene por qué tener las mismas condiciones fiscales», y reclama «avanzar hacia modelos de rentabilidades limitadas».
La cifra procede de los registros notariales de 2025, con un saldo de 16.828 compraventas en Barcelona, de las que 3.868 fueron firmadas por extranjeros, tanto residentes como no residentes en la ciudad.
El representante municipal también se ha comprometido a dar «seguridad al sector privado, a cambio de colaboración y asequibilidad en el precio», avisando de que es posible que Barcelona necesite «más de seis años para tener un mercado de producción importante».
Distintas intervenciones, como la ponencia ‘Inmigración, pobreza, y vivienda de alquiler. Una visión catalana’, con datos ya difundidos previamente, a cargo del Catedrático de Economía Aplicada (UAB) Josep Oliver i Alonso, han incidido en que la llegada de nueva población extranjera mantendrá la necesidad creciente de nueva oferta de vivienda y la creación de unidades más pequeñas. Es decir, replantear los criterios de densidad residencial, como ya están haciendo algunos municipios, destaca Junyent.
«Odio y confrontación» por la vivienda
La jornada ha incluido una mesa redonda sobre el acceso a la vivienda, en la que Carme Trilla, presidenta de la Fundació Habitat 3, ha sido contundente al lamentar que el ámbito de la vivienda siempre ha estado marcado por «intereses contrapuestos», pero que en los últimos tiempos la «visceralidad» del debate ha llevado al «odio y la confrontación» entre las partes, lo que «condiciona la proliferación de normas y ataca a la capacidad de diálogo».
Haciendo gala de su experiencia, ha defendido incluso que «hay que poder comprar para alquilar, si los precios están controlados», para ampliar el mercado del alquiler. «No lo aumentaremos poniendo pisos uno a uno en el mercado», ha agregado, defendiendo la potencial «concentración» por parte de algunos agentes para alimentar la oferta reglada «sin tener que esperar 15 años a que se construyan viviendas».
Otras ponentes como Helena Beunza, presidenta de la asociación de propietarios Asval; Dolors Clavell, abogada especialista en derecho administrativo; y Mercè Conesa, CEO de Barcelona Global, han coincido en clamar contra el alud normativo que genera «más inseguridad jurídica» a los pequeños propietarios, que están detrás de la mayoría de viviendas puestas en alquiler. Beunza ha insistido en que buena parte de la normativa no está respaldada a nivel técnico y generan muchas dudas sobre la letra pequeña, como ante el anuncio de esta semana de Pedro Sánchez de bonificaciones del 100% del IRPF para propietarios que no suban el alquiler.
Conesa cree que la regulación es «reactiva y fragmentada», y «carga al propietario el peso de soportar la ayuda a las familias». «No se puede hacer equivalente rentabilidad y especulación», ha cargado, defendiendo rentabilidades limitadas. Carles Sala, que ahora es el nuevo vicesecretario general de APCE Catalunya (Asociación de Promotores de Catalunya), ha lamentado que la Generalitat no aclare las numerosas dudas que genera con la supuesta sobrerregulación. «Hace casi un año presentamos 13 preguntas y seguimos sin respuestas», lo que hace difícil el trabajo diario del sector. Abarcan dudas sobre sanciones, grandes tenedores y otros puntos clave.
Desde la Agència Catalana de l’Habitatge, Xavier Roig, Director del Registre d’Agents Immobiliaris de Catalunya, ha defendido que los cambios normativos continuos no pretenden complicar la gestión del sector, sino «corregir, paliar y adaptar la situación.
Promotores, administradores y arquitectos
Xavier Vilajoana, presidente de APCE, ha insistido en uno de los debates en que el crecimiento de población hace urgente más vivienda e infraestructuras, arremetiendo contra los largos plazos burocráticos de la administración. Entre largos aplausos, ha reclamado más inversión, suelo e incentivos fiscales. Reivindicaciones que ha compartido Guim Costa, decano del Colegio de Arquitectos de Catalunya, reclamando también mejorar las políticas de movilidad, rehabilitación del parque existente y de cohesión social.
Lorenzo Viñas, presidente del Col·legi d»Administradors de Finques de Barcelona y Lleida (CAFB), ha explicado las dificultades que viven los profesionales con la interpretación de las sucesivas leyes y cuestionado “la criminalización de los pequeños propietarios”. Ha recordado que el colectivo pide hace años las bonificaciones que ahora propone Sánchez, recordando que el ayuntamiento podrían incentivar la oferta flexibilizando la normativa de la reserva del 30% de vivienda social en nuevas promociones y rehabilitaciones, y con el valor de los terrenos, que son el principal detonante de los altos precios.
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