Barcelona, 11 de octubre de 2026
El mercado del alquiler en España, y especialmente en Cataluña, atraviesa un momento crítico marcado por la proliferación normativa y la creciente inseguridad jurídica. Así lo advierte Lorenzo Viñas, presidente del Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida, quien analiza en profundidad el impacto de los últimos reales decretos, la protección frente a la ocupación, la herencia de las rentas antiguas y las graves dificultades que afrontan tanto los propietarios como los ciudadanos que buscan una vivienda.
En una nueva entrevista en Hotel Metrópoli, el espacio de conversaciones de Metrópoli Abierta en el Hotel Barcelona Central, conducido por Carlos Losada, Viñas expone su posición sobre el mercado inmobiliario a partir de su propia experiencia.
Asegura que apenas se vislumbran soluciones a corto o medio plazo. Y afirma: «Los pequeños propietarios están saliendo del mercado porque no tienen seguridad jurídica». Considera que, con las últimas medidas aprobadas, como los dos decretos aprobados por el Gobierno, que deben pasar por la Diputación Permanente del Congreso (uno de ellos cuenta con la mayoría necesaria para salir adelante), las viviendas de alquiler abandonarán el mercado: «El piso que sale del mercado del alquiler no volverá», sentencia.
Frente al discurso que equipara a todos los arrendadores con grandes corporaciones o fondos de inversión, Viñas subraya que el mercado del alquiler está sostenido mayoritariamente por pequeños propietarios particulares. En Barcelona, por ejemplo, el 92 % de los arrendamientos corresponde a pequeños propietarios (propietarios con menos de cinco viviendas en Cataluña). Para este perfil, el objetivo principal no es obtener la máxima rentabilidad, sino vivir con tranquilidad, asegura Viñas.
Sin embargo, la inestabilidad legislativa —con decenas de normas en pocos años— genera un clima de asfixia. «Lo único que quiere un pequeño arrendador es llegar a final de mes y cobrar su renta, y que, si no le pagan, pueda recuperar su vivienda en tres meses, no en tres años», señala el presidente del Colegio.
La falta de agilidad judicial y la saturación de los tribunales convierten los impagos en un proceso kafkiano que puede prolongarse durante años, empujando al propietario a retirar sus inmuebles del mercado del alquiler tradicional o a ponerlos a la venta.
«Si no es una persona vulnerable según el actual real decreto ley, no podremos desahuciar a esa persona hasta 2030».
Uno de los aspectos más polémicos que denuncia el Col·legi d’Administradors de Finques es la cobertura normativa que se otorga a la ocupación ilegal o a los impagos prolongados bajo el paraguas de la vulnerabilidad. Viñas advierte de que las nuevas medidas legales pueden bloquear la recuperación de una vivienda hasta el año 2030 sin que exista un título habilitante.
Además, critica el papel de los ayuntamientos, como el de Barcelona: «Cualquier ayuntamiento emite un informe de vulnerabilidad a un ocupante o a un inquilino de forma sistemática, lo que genera obligaciones para el propietario, pero el consistorio no asume ninguna responsabilidad ni coste económico directo». De este modo, el Estado traslada su obligación de bienestar social al ciudadano particular, desprotegiendo al arrendador y fomentando la inseguridad.
«La falta de oferta está generada por la inseguridad jurídica, y el precio es una consecuencia directa».
Para el sector de los administradores de fincas, abordar el problema de la vivienda únicamente desde la limitación de precios es un error de diagnóstico. El encarecimiento de las rentas no es el origen del conflicto, sino el síntoma de una drástica contracción de la oferta.
Cada nuevo endurecimiento normativo ahuyenta a los propietarios particulares. El resultado es un trasvase continuo de viviendas fuera del mercado del alquiler, un parque inmobiliario cada vez más reducido y listas de espera masivas para acceder a cualquier piso disponible. Ante este escenario, Viñas sentencia con rotundidad: «El piso que sale del sector del alquiler del pequeño propietario no volverá».
Otra cuestión hace referencia al mercado de las rentas antiguas. «Las rentas antiguas son una tremenda injusticia, se pagan 21 euros de alquiler puro mientras el peso recae sobre el propietario», señala a partir de su experiencia.
El análisis también pone el foco en las consecuencias de normativas del pasado, como los contratos de renta antigua anteriores a 1985 y el impacto de casos mediáticos recientes como el de Mari Carmen Abascal. Viñas señala que existen numerosas viviendas en las que el propietario percibe cantidades netas irrisorias —como casos extremos de 21 euros mensuales, mientras el resto de los recibos se destina al IBI o a los gastos de comunidad—, perpetuando situaciones de desequilibrio económico que el Estado vuelve a trasladar al titular del inmueble en lugar de asumir el coste asistencial.
«El casting inmobiliario excluye a las parejas jóvenes que quieren formar una familia», señala también Viñas.
La extrema escasez de oferta ha distorsionado los procesos de selección de inquilinos. Con decenas o incluso cerca de un centenar de candidatos interesados por cada inmueble disponible, los propietarios priorizan casi automáticamente la máxima solvencia económica demostrable.
Esta dinámica discriminatoria deja fuera a perfiles estables, pero con ingresos ajustados, como las parejas jóvenes que buscan consolidar un proyecto de vida o formar una familia. «Da vergüenza en muchos casos, porque alguien te dice que necesita la vivienda para formar una familia y queda excluido de la selección frente a perfiles con rentas mucho más elevadas», lamenta Viñas, poniendo de manifiesto los efectos colaterales de un mercado tensionado al límite, que también dificulta a las empresas atraer trabajadores debido a los problemas combinados de vivienda y movilidad.
«O se alcanza un pacto de Estado consensuado con todos, o esto no tiene solución», considera el presidente del Colegio.
De cara al futuro, el presidente del Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida apuesta por dejar a un lado la confrontación partidista y convocar un gran acuerdo transversal. A su juicio, la solución no pasa por medidas normativas unilaterales, sino por una mesa de diálogo en la que participen todas las fuerzas políticas, las administraciones, los agentes sociales y los profesionales del sector que conocen de primera mano la realidad del mercado. Sin este consenso amplio y generoso, advierte, el problema estructural de la vivienda en España seguirá sin perspectivas de solución.
Puedes leer la noticia completa aquí: Lorenzo Viñas: «El pis que surt del mercat de lloguer no hi tornarà»
El mercado del alquiler en España, y especialmente en Cataluña, atraviesa un momento crítico marcado por la proliferación normativa y la creciente inseguridad jurídica. Así lo advierte Lorenzo Viñas, presidente del Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida, quien analiza en profundidad el impacto de los últimos reales decretos, la protección frente a la ocupación, la herencia de las rentas antiguas y las graves dificultades que afrontan tanto los propietarios como los ciudadanos que buscan una vivienda.
En una nueva entrevista en Hotel Metrópoli, el espacio de conversaciones de Metrópoli Abierta en el Hotel Barcelona Central, conducido por Carlos Losada, Viñas expone su posición sobre el mercado inmobiliario a partir de su propia experiencia.
Asegura que apenas se vislumbran soluciones a corto o medio plazo. Y afirma: «Los pequeños propietarios están saliendo del mercado porque no tienen seguridad jurídica». Considera que, con las últimas medidas aprobadas, como los dos decretos aprobados por el Gobierno, que deben pasar por la Diputación Permanente del Congreso (uno de ellos cuenta con la mayoría necesaria para salir adelante), las viviendas de alquiler abandonarán el mercado: «El piso que sale del mercado del alquiler no volverá», sentencia.
Frente al discurso que equipara a todos los arrendadores con grandes corporaciones o fondos de inversión, Viñas subraya que el mercado del alquiler está sostenido mayoritariamente por pequeños propietarios particulares. En Barcelona, por ejemplo, el 92 % de los arrendamientos corresponde a pequeños propietarios (propietarios con menos de cinco viviendas en Cataluña). Para este perfil, el objetivo principal no es obtener la máxima rentabilidad, sino vivir con tranquilidad, asegura Viñas.
Sin embargo, la inestabilidad legislativa —con decenas de normas en pocos años— genera un clima de asfixia. «Lo único que quiere un pequeño arrendador es llegar a final de mes y cobrar su renta, y que, si no le pagan, pueda recuperar su vivienda en tres meses, no en tres años», señala el presidente del Colegio.
La falta de agilidad judicial y la saturación de los tribunales convierten los impagos en un proceso kafkiano que puede prolongarse durante años, empujando al propietario a retirar sus inmuebles del mercado del alquiler tradicional o a ponerlos a la venta.
«Si no es una persona vulnerable según el actual real decreto ley, no podremos desahuciar a esa persona hasta 2030».
Uno de los aspectos más polémicos que denuncia el Col·legi d’Administradors de Finques es la cobertura normativa que se otorga a la ocupación ilegal o a los impagos prolongados bajo el paraguas de la vulnerabilidad. Viñas advierte de que las nuevas medidas legales pueden bloquear la recuperación de una vivienda hasta el año 2030 sin que exista un título habilitante.
Además, critica el papel de los ayuntamientos, como el de Barcelona: «Cualquier ayuntamiento emite un informe de vulnerabilidad a un ocupante o a un inquilino de forma sistemática, lo que genera obligaciones para el propietario, pero el consistorio no asume ninguna responsabilidad ni coste económico directo». De este modo, el Estado traslada su obligación de bienestar social al ciudadano particular, desprotegiendo al arrendador y fomentando la inseguridad.
«La falta de oferta está generada por la inseguridad jurídica, y el precio es una consecuencia directa».
Para el sector de los administradores de fincas, abordar el problema de la vivienda únicamente desde la limitación de precios es un error de diagnóstico. El encarecimiento de las rentas no es el origen del conflicto, sino el síntoma de una drástica contracción de la oferta.
Cada nuevo endurecimiento normativo ahuyenta a los propietarios particulares. El resultado es un trasvase continuo de viviendas fuera del mercado del alquiler, un parque inmobiliario cada vez más reducido y listas de espera masivas para acceder a cualquier piso disponible. Ante este escenario, Viñas sentencia con rotundidad: «El piso que sale del sector del alquiler del pequeño propietario no volverá».
Otra cuestión hace referencia al mercado de las rentas antiguas. «Las rentas antiguas son una tremenda injusticia, se pagan 21 euros de alquiler puro mientras el peso recae sobre el propietario», señala a partir de su experiencia.
El análisis también pone el foco en las consecuencias de normativas del pasado, como los contratos de renta antigua anteriores a 1985 y el impacto de casos mediáticos recientes como el de Mari Carmen Abascal. Viñas señala que existen numerosas viviendas en las que el propietario percibe cantidades netas irrisorias —como casos extremos de 21 euros mensuales, mientras el resto de los recibos se destina al IBI o a los gastos de comunidad—, perpetuando situaciones de desequilibrio económico que el Estado vuelve a trasladar al titular del inmueble en lugar de asumir el coste asistencial.
«El casting inmobiliario excluye a las parejas jóvenes que quieren formar una familia», señala también Viñas.
La extrema escasez de oferta ha distorsionado los procesos de selección de inquilinos. Con decenas o incluso cerca de un centenar de candidatos interesados por cada inmueble disponible, los propietarios priorizan casi automáticamente la máxima solvencia económica demostrable.
Esta dinámica discriminatoria deja fuera a perfiles estables, pero con ingresos ajustados, como las parejas jóvenes que buscan consolidar un proyecto de vida o formar una familia. «Da vergüenza en muchos casos, porque alguien te dice que necesita la vivienda para formar una familia y queda excluido de la selección frente a perfiles con rentas mucho más elevadas», lamenta Viñas, poniendo de manifiesto los efectos colaterales de un mercado tensionado al límite, que también dificulta a las empresas atraer trabajadores debido a los problemas combinados de vivienda y movilidad.
«O se alcanza un pacto de Estado consensuado con todos, o esto no tiene solución», considera el presidente del Colegio.
De cara al futuro, el presidente del Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida apuesta por dejar a un lado la confrontación partidista y convocar un gran acuerdo transversal. A su juicio, la solución no pasa por medidas normativas unilaterales, sino por una mesa de diálogo en la que participen todas las fuerzas políticas, las administraciones, los agentes sociales y los profesionales del sector que conocen de primera mano la realidad del mercado. Sin este consenso amplio y generoso, advierte, el problema estructural de la vivienda en España seguirá sin perspectivas de solución.
Puedes leer la noticia completa aquí: Lorenzo Viñas: «El pis que surt del mercat de lloguer no hi tornarà»
