Barcelona, 1 de junio de 2021 – El Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida, el Consejo de Colegios de Administradores de Fincas de Cataluña, el Consejo General de Cámaras de la Propiedad Urbana de Cataluña, el Asociación de Promotores y Constructores de Edificios de Cataluña, el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Barcelona y provincia, la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Cataluña y el Consejo de Colegios oficiales de Agentes de la Propiedad inmobiliaria de Cataluña han elaborado un pliego de propuestas de acción de Gobierno en materia de políticas públicas de vivienda ahora que se inicia una nueva legislatura. El documento enviado a todas las fuerzas políticas catalanas con representación parlamentaria responde al espíritu de satisfacer el derecho a la vivienda, que es sin duda uno de los principales problemas no resuelto adecuadamente y que precisa de la concentración de todas las partes actoras para encontrar las mejores y más diversas soluciones. Cabe destacar que la mayoría de las medidas aprobadas durante esta última década, tanto por parte del Estado como de las Comunidades Autónomas, comportan obligaciones de gran impacto por los privados. Siendo éstos los que acaban asumiendo la responsabilidad de la ejecución de políticas asistenciales propias de la Administración. Por eso las doce propuestas de acción planteadas a los grupos políticos que configuran el Parlamento de Cataluña quieren corregir esta situación. La primera actuación va encaminada a crear y asegurar un marco regulador estable que ofrezca seguridad jurídica a todas las partes , que al mismo tiempo permita la celebración de las actuaciones de inversión en el sector de la construcción residencial de forma sostenible. La segunda, tiene el foco en las preasignaciones presupuestarias para las políticas de vivienda, que deben incrementar su peso en el presupuesto catalán hasta el 1,5% del PIB. En definitiva, se pretende que a largo plazo se garantice un incremento suficiente de los recursos de la Generalidad en materia de vivienda. La tercera acción es impulsar un acuerdo de colaboración público-privado para el relanzamiento sostenible de la promoción de vivienda nueva . Se plantea un acuerdo plurianual entre el sector y la Administración, que establezca los canales y medidas de colaboración para la promoción de vivienda a precio asequible y social. En este sentido, sería absolutamente necesario alcanzar ciclos de promoción de hasta 25.000 viviendas al año de diversa tipología, libres y protegidas, en régimen de acceso en alquiler, venta, derecho de superficie y cesión de uso o copropiedad. Alcanzar esta cifra de viviendas significaría una generación de más de 60.000 puestos de trabajo y una recaudación fiscal para el conjunto de las Administraciones superior a los 1.500 millones de euros. En cuanto a la cuarta acción, la protagonista sería la movilización del suelo reservado para destinar a vivienda asequible y social , evaluando cuáles son las actuaciones más eficientes para acelerar la creación de una numerosa oferta de este tipo de vivienda. La quinta actuación plantea que la Administración desarrolle instrumentos no coercitivos para avanzar hacia el derecho subjetivo de la vivienda online al implantado en Francia o en el País Vasco. Desde la acción pública, sin interferir ni ir en detrimento de los derechos de los titulares del parque de viviendas privadas, deberían buscarse fórmulas y recursos suficientes para proporcionar el techo adecuado a aquellos colectivos de la población con mayores dificultades para acceder a una vivienda.
Las líneas de apoyo de acceso a una vivienda nueva configuraría la propuesta de acción sexta, que no sólo iría a remolque de lo que pueda establecer el Plan de Vivienda Estatal, sino a disponer de líneas propias con cargo a los presupuestos de la Generalitat de Cataluña. Los fondos europeos Next Generation EU son una oportunidad para todo el sector y también para el ciudadano para reactivar la construcción residencial ante la incertidumbre del impacto sobre la economía que conlleva el escenario post-Covid. Precisamente, la séptima acción sería facilitar la aplicación de estos fondos en el ámbito de la construcción residencial. Le seguiría la actuación octava fundamentada en la adopción de medidas de simplificación administrativa y al ganar agilidad por parte de la Administración . La acción novena sería modificar las imposiciones a los propietarios realizadas por la Ley 24/2015 y los Decretos ley 17/2019 y 1/2020 . En este sentido, se propone abrir un diálogo con el Gobierno sobre la definición de gran tenedor, el alquiler social obligatorio, la viabilidad de las actuaciones de promoción urbanística y la protección frente a la ocupación ilegal de viviendas. La fórmula escogida por el legislativo catalán para intentar contener las rentas de alquiler es considerada contraproducente por la generación del propio alquiler . De hecho, la interpretación de la ley afecta a los contratos firmados entre los años 1995 y 2015 suponiendo un grave perjuicio para todos aquellos propietarios que han puesto históricamente viviendas de su titularidad en el mercado de alquiler, aumentando objetivamente la posibilidad de que éstos viviendas se retiren de la oferta de mercado de alquiler. Además, la ley hace una inadecuada aplicación del índice de referencia ignorando aspectos esenciales que tienen un peso objetivo en la valoración que debe hacerse del precio de alquiler. Añadir que el impulso por parte del Gobierno de una normativa de alquiler catalana comportará una nueva confrontación competencial , considerando el acuerdo firmado en 2018 entre el Estado y la Generalitat donde se explica que ambos gobiernos coinciden en que cualquier intento de regulación de los arrendamientos urbanos es competencia del Estado. Las actuaciones décima y undécima serían echar atrás estas normativas por los efectos adversos sobre el alquiler y destacar que la estabilidad y la seguridad jurídica en las normas que regulan los contratos de arrendamiento deben tener presente que el objetivo es facilitar el derecho básico de el acceso a la vivienda, respondiendo equilibradamente a las necesidades de propietarios y arrendatarios. La acción duodécima es reclamar a los grupos parlamentarios y muy especialmente al nuevo Gobierno de la Generalidad de Cataluña, que en esta nueva legislatura se ponga en marcha una nueva política de concertación en materia del derecho a la vivienda, mediante la promoción de un nuevo Pacto Nacional de Vivienda en el que estén representados todos los actores y agentes intervinientes. Esto significa escuchar y facilitar la participación de los representantes de los propietarios y de los colectivos empresariales y profesionales que deben ser actores intervinientes conjuntamente con los representantes de los diferentes niveles y ámbitos de gobernanza de la Administración con capacidad dispositiva y/o presupuestaria en el sector de la vivienda.
Adjuntamos el pliego de propuestas de acción de Govern en materia de políticas públicas de vivienda enviada a los diferentes grupos políticos con presencia parlamentaria y que ha sido firmado por Enric Vendrell, presidente del Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida y del Consejo de Colegios de Administradores de Fincas de Cataluña; Antoni Quintana, presidente del Consejo General de Cámaras de la Propiedad Urbana de Cataluña; Xavier Vilajoana, presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de Edificios de Cataluña; Gerard Duelo, presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Barcelona y provincia; Vicenç Hernández, presidente de la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Cataluña; y Joan Company, presidente del Consejo de Colegios oficiales de Agentes de la Propiedad inmobiliaria de Catalunya.
