El sector inmobiliario abre otro frente judicial contra Colau

Al gobierno municipal de Barcelona se le acumulan las causas en los juzgados. Esta vez el detonante del conflicto es la modificación del Plan General Metropolitano (PGM) del distrito de Gràcia y quienes se sitúan al otro lado de la trinchera son adversarios habituales de la alcaldesa Ada Colau. Cinco entidades del sector inmobiliario han interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra una iniciativa que, entre otras cosas, establece que en la construcción de nueva obra residencial o grandes rehabilitaciones habrá que reservar un mínimo de un 30% del techo edificable a vivienda protegida, con la merma de rentabilidad que esta disposición supone para los constructores.

El recurso, que si es aceptado dará paso a la correspondiente demanda, lleva la firma de la Asociación de Promotores y Constructores de Edificios de Cataluña, la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona, ​​el Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida, el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Barcelona y la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Catalunya.

Rechazo de la obligación de ceder un 30% de obra nueva o rehabilitada de más 400 m2 a vivienda protegida

La normativa que estas entidades llevan a los tribunales es el Plan para la Mejora Urbanística y Ambiental de los Barrios de Gracia promovida por el Ayuntamiento de Barcelona, ​​cuya aprobación definitiva fue publicada el 4 de marzo en el Diari Oficial de la Generalitat . La mencionada modificación prevé que las nuevas edificaciones de viviendas plurifamiliares en suelo urbano consolidado o las rehabilitación de más de 400 m2 deberán destinar un mínimo de un 30% del techo edificable a vivienda protegida. De esta forma, entienden los autores del recurso, se establece un techo diferente respecto al que en su día se acordó para el resto de la ciudad (600 m2) sin justificar el motivo de esta diferencia.

El recurso también remarca que la reserva en suelo urbano consolidado constituye una nueva carga sobre la propiedad, ya que impone un nuevo deber a los propietarios de este suelo. «Nos encontramos pues, ante una limitación al derecho de propiedad, y esto debe comportar la indemnización correspondiente, tal y como estableció recientemente el Tribunal Constitucional», señalan las entidades del sector inmobiliario.

la vivienda para muchas familias tiene su origen en «un grave desequilibrio entre una oferta muy reducida y la ausencia de políticas públicas»

Una cuestión importante que figura entre las motivaciones del recurso es que el estudio económico no aclara la viabilidad real de la nueva norma ni establece la sostenibilidad para las finanzas públicas.

Las entidades antes mencionadas consideran que las grandes tensiones que registra el acceso a la vivienda para muchas familias tiene su origen en “un grave desequilibrio entre una oferta muy reducida respecto a una demanda creciente, y la ausencia de políticas públicas bien diseñadas y dotadas económicamente, así como de una parálisis de la gestión de las administraciones públicas con los escasos recursos de que disponen”. Los promotores recuerdan que el ámbito metropolitano tiene un potencial de reservas de suelo para construir más de 73.000 viviendas protegidas, 20.000 en la ciudad de Barcelona. «Es imprescindible movilizar estas reservas para incrementar la oferta de vivienda asequible», señalan los inmobiliarios.