Barcelona, 6 de junio de 2025
La indefinición del concepto de gran tenedor en Cataluña ha generado una profunda inquietud entre los profesionales de la administración de fincas. El Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida denuncia la coexistencia de dos marcos normativos —la ley estatal y la catalana— que complican la interpretación y aplicación de la norma. Esta situación ha motivado la solicitud de una reunión urgente con la Agència de l’Habitatge de Catalunya para aclarar los criterios oficiales y dotar de seguridad jurídica a los colegiados.
Mientras se esperan respuestas, el colegio profesional ha ofrecido una guía provisional basada en criterios consensuados por los agentes del sector, con el objetivo de asistir a sus miembros ante la avalancha de dudas sobre cómo actuar ante la figura del gran tenedor. El presidente del colegio, Lorenzo Viñas, advierte de que aplicar la ley con errores interpretativos puede acarrear sanciones de hasta 900.000 euros. Esta falta de claridad, insisten, no solo genera inseguridad para los profesionales, sino que perjudica directamente la oferta de vivienda en alquiler, dificultando aún más el acceso a la vivienda.
Desde la entidad, se defiende que los Administradores de Fincas Colegiados aplican la normativa con rigurosidad, y califican de “aberrantes” las sanciones que contempla la actual legislación. La organización exige que la administración catalana asuma su responsabilidad, clarifique la normativa y garantice un entorno regulatorio que favorezca un parque de viviendas seguro, sostenible y accesible, en línea con el compromiso de los profesionales del sector.
La indefinición del concepto de gran tenedor en Cataluña ha generado una profunda inquietud entre los profesionales de la administración de fincas. El Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida denuncia la coexistencia de dos marcos normativos —la ley estatal y la catalana— que complican la interpretación y aplicación de la norma. Esta situación ha motivado la solicitud de una reunión urgente con la Agència de l’Habitatge de Catalunya para aclarar los criterios oficiales y dotar de seguridad jurídica a los colegiados.
Mientras se esperan respuestas, el colegio profesional ha ofrecido una guía provisional basada en criterios consensuados por los agentes del sector, con el objetivo de asistir a sus miembros ante la avalancha de dudas sobre cómo actuar ante la figura del gran tenedor. El presidente del colegio, Lorenzo Viñas, advierte de que aplicar la ley con errores interpretativos puede acarrear sanciones de hasta 900.000 euros. Esta falta de claridad, insisten, no solo genera inseguridad para los profesionales, sino que perjudica directamente la oferta de vivienda en alquiler, dificultando aún más el acceso a la vivienda.
Desde la entidad, se defiende que los Administradores de Fincas Colegiados aplican la normativa con rigurosidad, y califican de “aberrantes” las sanciones que contempla la actual legislación. La organización exige que la administración catalana asuma su responsabilidad, clarifique la normativa y garantice un entorno regulatorio que favorezca un parque de viviendas seguro, sostenible y accesible, en línea con el compromiso de los profesionales del sector.
