Notas de prensa

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Los Administradores de Fincas piden claridad en las subvenciones para reformas de accesibilidad universal

Barcelona, 13 de febrero de 2025 El Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida aplaude la aprobación del anteproyecto de reforma de la Ley de Dependencia y de Discapacidad, pero cree necesario que venga acompañada de una dotación presupuestaria por parte del Estado Ante el anuncio de la aprobación del anteproyecto para reformar las leyes de Dependencia y de Discapacidad, el Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida celebra esta noticia, muy oportuna y necesaria. El anteproyecto comportará, en materia de vivienda, una modificación de la Ley de Propiedad Horizontal para obligar a las administraciones competentes a ofrecer ayudas económicas para realizar obras de accesibilidad en edificios de viviendas, como ascensores y rampas, y para obligar también en la comunidad de propietarios de cada edificio a solicitar estas ayudas si alguna de las personas residentes así lo solicita. Este anteproyecto puede dar luz verde a realizar obras en muchas fincas con barreras arquitectónicas para facilitar el día a día de las personas que viven. No obstante, nos cuestionamos cómo y quiénes ofrecerá la financiación para realizar estas reformas. Hablamos de obras, en el caso de la instalación de un ascensor, que pueden oscilar entre los 70.000 y 100.000 €. Una inversión costosa que requerirá de una burocracia clara y fácil a la hora de poder pedir estas ayudas económicas. Y consideramos que estos recursos tienen que provenir de una dotación presupuestaria por parte del Estado, sin que todo el peso recaiga en las administraciones competentes de cada autonomía. Por otro lado, no se tiene que olvidar la discrepancia que puede existir entre los vecinos para llegar a un acuerdo para realizar obras de accesibilidad. Por eso, la figura del Administrador de Fincas colegiado es esencial, dado que una de sus tareas consiste en encontrar la fórmula, aplicando la ley, que mejor beneficie a la avenencia entre los vecinos y la viabilidad de estas obras. Más del 50% de personas viven sin ascensor en Barcelona Es importante recalcar que las barreras arquitectónicas en las comunidades de propietarios son un gran problema, especialmente para la gente mayor y para aquellas personas con discapacidad o movilidad reducida. De hecho, uno de cada tres mayores de 75 años tiene dificultades para acceder desde la calle a su vivienda, ya sea porque no hay ascensor o bien, porque se encuentran con el impedimento de las escalas. Y si vamos más al detalle, concretamente en Barcelona hay entre 15.000 y 17.000 edificios de 4 plantas o más sin ascensor. En términos de población, esto representa entre 780.000 y 884.000 personas. Esto quiere decir que entre el 45% y el 52% de los habitantes de Barcelona, una de las ciudades más densas del mundo, viven en edificios de 4 plantas o más sin ascensor. Teniendo en cuenta la transformación de la sociedad con el envejecimiento poblacional, esto es un gran problema, sobre todo en los barrios más antiguos que es donde más elevada es la tasa de edificios sin ascensor, un servicio que consideramos básico. Desde el Colegio, defendemos la accesibilidad universal y luchamos para erradicar las barreras arquitectónicas en las comunidades de propietarios. Es un tema que nos preocupa mucho, puesto que los Administradores de Fincas colegiados somos profesionales que nos encargamos de tener cuidado de las viviendas y de las personas que viven en ellas. Como profesionales acompañamos las comunidades de propietarios en la sostenibilidad económica tanto para el mantenimiento de los elementos comunes como para la que hará falta a lo largo de los años como es la adecuación para la accesibilidad de personas con dificultades de movilidad.

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Los Administradores de Fincas exigen acabar con la criminalización de los propietarios como está pasando en el caso de la Casa Orsola

Barcelona, 4 de febrero de 2025 El Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona-Lleida señala que la falta de vivienda es un problema que recae en las Administraciones Públicas Proponemos un Pacto Nacional por la Vivienda de Cataluña con todos los agentes involucrados En relación con el caso mediático de la Casa Orsola, desde el Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida (CAFBL) consideramos que no se pueden proteger derechos amparando situaciones delictivas como las que se están produciendo y el chantaje no es la vía para conseguir los objetivos. A pesar de existir una sentencia a favor del propietario, ésta se está incumpliendo y parece que un contrato de alquiler pueda convertirse en un derecho adquirido de propiedad. Se están criminalizando a los propietarios, cuando son ellos los que ofrecen vivienda en el mercado de alquiler. Si no se les otorga una seguridad jurídica acabarán por retirarlos y es lo que está pasando. Se deben crear políticas que favorezcan que los propietarios pongan vivienda de alquiler con garantías. Además, la confrontación entre propietarios e inquilinos desvía el objeto del problema, que debería ser una lucha compartida y exigir conjuntamente a los representantes políticos y al Gobierno que destinen los recursos necesarios para realizar políticas de vivienda efectivas. Son las Administraciones Públicas las que deben aportar vivienda asequible y accesible y en modo alguno se puede seguir traspasando la responsabilidad a los propietarios de esta falta de vivienda. Desde el CAFBL somos conscientes y nos preocupa la grave situación de falta de vivienda y que la poca oferta que existe es a un precio desmedido. Por este motivo, «siempre hemos apostado por colaborar a la vez para promover políticas efectivas que faciliten el acceso a la vivienda asequible a las familias«, ha remachado el Sr. Lorenzo Viñas, presidente del CAFBL. Estamos seguros de que, si trabajamos con la mirada puesta en el mismo objetivo, un derecho a la vivienda digna, conseguiremos garantías para todos: por un lado, velar por la seguridad del propietario que pone en alquiler su piso y, por otro, la estabilidad de las familias para desarrollar de forma sostenible su proyecto vital. Debemos trabajar para una sociedad que acompañe a personas realmente vulnerables y que no deje a nadie atrás, por eso necesitamos un pacto de estado para la vivienda donde estemos todos los agentes involucrados para crear políticas de vivienda reales. Según el Sr. Viñas, «los Administradores de Fincas colegiados somos los profesionales que velamos por la preservación del derecho a la vivienda digna en el marco de un parque seguro, sostenible y eficiente«. Pedimos un diálogo constante con todos los agentes que sufren a diario la dificultad en el acceso a la vivienda para buscar soluciones eficientes a través de la constitución del Pacto Nacional para la Vivienda de Cataluña.

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50 cuestiones sobre Arrendamientos Urbanos y Propiedad Horizontal

Barcelona, ​​30 de enero de 2025 El Colegio de Abogados de Sabadell (ICASBD), en colaboración con el Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona y Lleida (CAFBL), organiza una jornada formativa para profesionales del Derecho sobre cuestiones de arrendamientos urbanos y propiedad horizontal. El objetivo de esta jornada formativa es responder a las dudas más habituales sobre arrendamientos urbanos y propiedad horizontal. Se abordan, desde un punto de vista teórico-práctico, las cuestiones más controvertidas, generando un debate abierto entre los ponentes y los asistentes, al tiempo que se tratan aquellas temáticas más sencillas que todo profesional debe conocer, pero que a menudo generan controversias en su interpretación. Esta jornada reafirma la colaboración entre el ICASBD y el CAFBL, destacando los beneficios de combinar esfuerzos y crear sinergias. Además, el CAFBL recuerda el convenio firmado entre colegios , que tiene como objetivo fomentar la colegiación de los abogados en el CAFBL ofreciendo ventajas exclusivas. Estas iniciativas aportan valor de forma tangible y refuerzan la profesión de los colegiados en su práctica profesional.

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Colegio de Administradores, EADA y Banco Sabadell colaboran por el futuro del sector

Barcelona, ​​10 de abril de 2024 El Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona-Lleida (CAFBL), EADA Business School y Banc Sabadell han firmado un acuerdo para la realización de un estudio pionero sobre las tendencias que marcarán el sector de la administración de fincas en los próximos cinco años. El objetivo de este acuerdo es profundizar en los cambios que afectarán al sector, como la digitalización, la sostenibilidad, la legislación o los nuevos modelos de gestión, y proporcionar a los administradores de fincas colegiados las herramientas y conocimientos necesarios para adaptar cese a las nuevas necesidades del mercado. El estudio, que se realizará en los próximos meses, combinará la revisión de información y datos del sector, la encuesta a administradores de fincas y entrevistas a expertos. En definitiva, el estudio pretende ser una guía para construir el futuro de la administración de fincas y garantizar un servicio profesional, eficiente y sostenible en la sociedad. Testimonios: Lorenzo Viñas, presidente del CAFBL , ha destacado la importancia de este estudio para «anticiparnos a los cambios que se están produciendo en el sector y garantizar que los administradores de fincas estamos preparados para afrontarlos con éxito». Charo Fernández Álvarez, directora de Sabadell Profesional, ha señalado que «acompañar al CAFBL en este proyecto es una satisfacción para Banco Sabadell, ya que nos permite contribuir a la profesionalización de un sector de gran impacto social». CAFBL, EADA y Banc Sabadell trabajan juntos para construir un futuro más sólido y competitivo para el sector de la administración de fincas.

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Jornada formativa sobre la nueva Ley de Vivienda

El Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida comprometido con la promoción de la colaboración entre colegios profesionales, quiere contribuir a tu éxito profesional con esta iniciativa conjunta. Barcelona, ​​26 de febrero de 2024 – El Colegio de Abogados de Sabadell (ICASBD), en colaboración con el Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB) y el Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida (CAFBL), organizaron una jornada formativa para profesionales del Derecho sobre la nueva Ley 12/2023 sobre el Derecho a la Vivienda. La jornada tuvo lugar el pasado 23 de febrero. Esta jornada formativa fue una oportunidad única para profesionales del Derecho que quisieron estar al día en la legislación de vivienda y adquirir conocimientos prácticos para su aplicación. Además, esta jornada representó un hito importante en la colaboración entre ICASBD, ICAB y CAFBL, poniendo de manifiesto las ventajas de sumar esfuerzos y crear sinergias. Por otra parte, el CAFBL presentó el Convenio firmado entre colegios, que tiene como objetivo fomentar la colegiación de los abogados en el CAFBL ofreciendo ventajas exclusivas. Esta jornada ofreció: Conocimiento exhaustivo: Un equipo de expertos impartió la formación. Visión práctica: Los asistentes obtuvieron soluciones concretas y estrategias de éxito para aplicar la nueva ley en casos reales. Novedades y tendencias: Se dieron a conocer las últimas tendencias en el Derecho a la Vivienda y se anticiparon los retos del futuro. Debate y networking: Los asistentes compartieron experiencias con profesionales del Derecho y de otros sectores, ampliaron su red de contactos y potenciaron la colaboración interprofesional. Iniciativas que aportaron valor de forma tangible y reforzaron la profesión de los colegiados en su práctica profesional. DESCARGAR NOTA DE PRENSA

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El CAFBL exige una rectificación a la diputada Aina Vidal

El Presidente del CAFBL, Lorenzo Viñas, lamenta el profundo desconocimiento de algunos grupos políticos en lo que afecta a la vivienda Barcelona, ​​21 de febrero 2024 – En relación con las declaraciones de la dirigente de En Comú Podem, Aina Vidal, donde ha acusado de estafadoras a los Administradores de Fincas de incrementar en más de un 20% las rentas de alquiler en los contratos de renta antigua , el Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona-Lleida (CAFBL) lamenta la ignorancia hacia la tarea de nuestros profesionales al servicio de un parque de vivienda asequible, accesible y de calidad, al tiempo que denuncia el desconocimiento profundo de la diputada sobre el contenido de la ley de arrendamientos. La realidad es que los contratos de renta antigua están excluidos de las limitaciones en el incremento de las rentas de alquiler derivadas de los sucesivos reales decretos leyes sobre medidas urgentes, porque están sometidos a la propia ley de arrendamientos urbanos de 1964 ya las condiciones de los propios contratos, es decir, al incremento del IPC, y no cómo ha denunciado a Dª. Vidal. Según indica el presidente del CAFBL, Lorenzo Viñas , “la consecuencia de esta falta de conocimiento es que se están haciendo leyes que provocan justo el efecto contrario al perseguido ”. Así, los Administradores de Fincas que están de acuerdo con encontrar soluciones para facilitar el acceso al vivienda de alquiler vende como se está provocando una grave situación de inseguridad en el mercado inmobiliario y en vez de conseguir más oferta, estamos sufriendo una gran disminución, provocando que la falta de vivienda en régimen de alquiler sea un grave problema. Mientras este partido político defiende la nueva Ley de Vivienda y el tope del alquiler como solución para el acceso al vivienda, desde el CAFBL hemos constatado cómo esta nueva ley está expulsando vivienda del mercado de alquiler , tal como indican también datos de algunos estudios del sector inmobiliario que apuntan a una caída de la oferta de alquiler en Barcelona del 67% en los últimos tres años. Una cifra escandalosamente preocupante. En este contexto, el CAFBL ha mantenido contactos con el Ministerio de Vivienda para que el índice de precios de la vivienda no se traduzca en una imposibilidad de acceso al alquiler. Reclamamos la posibilidad de graduar este índice de alquiler en función del estado de conservación de la vivienda, como ya existía en Cataluña inicialmente, porque ya se ha visto que otras fórmulas han ocasionado la expulsión de los más vulnerables del mercado de alquiler.   DESCARGAR NOTA DE PRENSA

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La morosidad en las comunidades de propietarios, un freno a las obras de rehabilitación

El Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida impulsa modificar la Ley Hipotecaria de 1946 para acabar con el problema que supone la morosidad   Barcelona, ​​24 de enero de 2024 – El Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida (CAFBL) está trabajando activamente en una reforma legislativa para modificar la Ley Hipotecaria de 1946 para que conste registralmente el adjudicatario en los procedimientos de ejecución sobre bienes inmuebles. Es decir, que el juzgado o tribunal que sustancie el procedimiento deba comunicar al registrador que el referido procedimiento ha terminado e indique a quién se ha adjudicado la vivienda, a fin de facilitar a las comunidades de propietarios la posibilidad de reclamar la deuda pendiente, en caso de existir. La salud económica de las comunidades de propietarios depende del cumplimiento por parte de los copropietarios de las obligaciones de pago de las cuotas ordinarias y extraordinarias. Las situaciones de morosidad se ven agravadas en aquellos contextos en los que el propietario está además sometido a un proceso de ejecución sobre el inmueble por impago de las cuotas hipotecarias. Actualmente, cuando se finaliza el procedimiento con la ejecución del inmueble, no es posible conocer por parte de la Comunitat ni la propia finalización del procedimiento, así como tampoco el adjudicatario definitivo, que es quien debería hacer frente a las responsabilidades y afectaciones reales del inmueble. El presidente del CAFBL, SR. Lorenzo Viñas, pone énfasis en que “ la morosidad en las comunidades de propietarios es un grave problema, ya que entorpece o detiene obras de mantenimiento o rehabilitación necesarias o imprescindibles , y este problema se agrava en casos de ejecuciones judiciales por impago de hipoteca ” . De hecho, en los casos en los que se deja de pagar la hipoteca significa que meses anteriores ya se ha dejado de pagar también la cuota comunitaria. Si a estos meses de impago se añaden todos los meses que dura el proceso judicial (hasta 24 meses) el perjuicio para la comunidad de propietarios es muy grave y una de las principales consecuencias es la imposibilidad de realizar obras comunes necesarias como puede ser, por ejemplo, la instalación de un ascensor, con la consecuencia negativa hacia personas con discapacidad o personas mayores. “También se añade el problema que es que si a quien se acaba adjudicando la vivienda no inscribe en el registro esta adjudicación es imposible saber quién es este nuevo propietario y, por tanto, no se sabe a quién se le deben reclamar las cuotas pendientes” , indica el sr. Viñas. No debe olvidarse que las viviendas en buen estado de conservación y mantenimiento favorecen la calidad de vida de las personas que viven en ellas y por tanto, es un beneficio para la salud de todos. De ahí la importancia de poder garantizar a las comunidades de propietarios su economía para realizar cualquier obra de mantenimiento necesaria. Esta propuesta de modificación de la Ley Hipotecaria de 1946 se enviará a los distintos grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados, así como al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana de España y, además, por parte del CAFBL se promoverán las reuniones institucionales necesarias para que esta modificación tan necesaria pueda llevarse a cabo. DESCARGAR NOTA DE PRENSA

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Las compañías de telecomunicaciones no cumplen debidamente la ley estatal

Según Rubén Llach, vicepresidente del Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida, las teleoperadoras deberían avisar antes de actuar en las fachadas de los edificios. Barcelona, ​​23 de noviembre de 2023 – El Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida (CAFBL) se queja de la problemática que provoca la maraña de cables de las diferentes teleoperadoras en las fachadas de los edificios y denuncia que estas compañías de telecomunicaciones no cumplen debidamente con la Ley General de Telecomunicación, de ámbito estatal, que les exige que comuniquen a las Comunidades de Propietarios su interés por efectuar una instalación, junto con una descripción de la actuación prevista, con una antelación mínima de un mes. Además, debe informarse del día concreto del inicio de la instalación. “Si las compañías preavisaran, las Comunidades de Propietarios o los Administradores de Fincas podrían estar presentes para supervisar estas actuaciones y así poder acordar una mejor ubicación estética y funcional de todos los cableados que ahora deslucen en las fachadas de los edificios de todas las ciudades, generando un impacto visual muy negativo” , explica Rubén Llach, vicepresidente del CAFBL . Además, a menudo este tipo de instalaciones de cableados son subcontratados por las compañías a precios bajos, con lo que el trabajo se hace a destajo sin el cuidado que requeriría para evitar la imagen de degradación en las fachadas que tenemos hoy en día. Otro problema que desde el CAFBL denunciamos es la dificultad de contactar con las operadoras de cualquier tipo de suministro a la hora de conseguir la mejor prestación del servicio correspondiente en beneficio de los vecinos de las comunidades que administramos. Así pues, el CAFBL dará traslado de estas quejas al Departamento de Empresa y Trabajo de la Generalidad de Cataluña, para que ayuden a exigir a las compañías el cumplimiento de la normativa. Los Administradores de Fincas colegiados trabajamos por la buena calidad del parque de viviendas y esto significa también velar por la dignificación de su estética. Porque los Administradores de Fincas son “los profesionales que velamos para la preservación del derecho a la vivienda digna en el marco de un parque seguro, sostenible y eficiente” , en palabras del presidente del CAFBL , Lorenzo Viñas . DESCARGAR NOTA DE PRENSA

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Petición a los Gobierno por Mantener la Tarifa Reducida de Calefacción Central de Gas

Los Administradores de Fincas colegiados consideran discriminatorio que las viviendas particulares sigan manteniendo la tarifa reducida ya las comunidades de propietarios no se les prorrogue a partir del 1 de enero de 2024. La deducción del IVA del 21% al 5% también dejará de aplicarse a partir del 1 de enero de 2024, lo que supondrá, para las comunidades de propietarios, un encarecimiento de la factura de un 16% . Barcelona 15 de noviembre de 2023 – El Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas -CGCAFE- considera un agravio comparativo que las comunidades de propietarios con calefacción central de gas no puedan optar, a partir del 1 de enero de 2024, a la tarifa reducida , mientras que las viviendas particulares sí podrán seguir manteniendo esta tarifa. Los Administradores de Fincas colegiados consideran que fue muy acertado que el Gobierno aprobara esta tarifa reducida a petición de los Administradores de Fincas colegiados en 2022, con unos precios energéticos muy elevados. “El gobierno fue sensible a esta demanda y aprobó una tarifa regulada en los contratos de calderas comunitarias. Esta tarifa estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2023 y desaparecerá el día 1 de enero de 2024. Consideramos que esto es un error, no sólo por la discriminación respecto a los contratos individuales, que mantienen su tarifa reducida, sino porque también desaparecerá la tranquilidad en las comunidades de propietarios y no podremos evitar la pobreza energética en muchos de los hogares” , manifiesta Pablo Abascal , presidente del CGCAFE. TRATO DISCRIMINATORIO Los Administradores de Fincas colegiados consideran, por tanto, que no es un criterio justo centrar las ayudas del Gobierno en función de que se tenga un contrato comunitario o de consumo individual. De mantener esta discriminación , a partir del 1 de enero de 2024 , los vecinos con calefacción central comprarán la energía más cara mientras que usuarios de calefacciones individuales de gas, donde, entre otros, se sitúan las casas unifamiliares , seguirán con una tarifa regulada más asequible económicamente. Por tanto, siendo más eficientes los sistemas centralizados, quedarían penalizados respecto a las viviendas unifamiliares, mucho menos eficientes energéticamente. a todos los consumidores, teniendo especial sensibilidad con las familias en situación de pobreza energética, para las que el Gobierno debería mantener y desarrollar las ayudas necesarias para que puedan hacer frente a sus gastos energéticos” . MANTENER LA TARIFA REDUCIDA Es importante mantener esta tarifa reducida en las comunidades de propietarios no sólo para combatir la pobreza energética, sino también para conseguir el objetivo de reducir este consumo energético, más aún cuando en nuestro país, con un 33,10% de viviendas unifamiliares, éstos consumen el 60,9% de la energía destinada a la calefacción doméstica, y los edificios plurifamiliares, con el 66,90% de las viviendas, consumen el 39,10% de esa energía. Y, además, facilitaría la instalación de las energías renovables , dando prioridad a las calderas comunitarias frente a las individuales. El CGCAFE considera que, mientras se buscan alternativas a la bajada de consumo del gas en las comunidades de propietarios con calefacción centralizada, debe mantenerse la tarifa reducida para comunidades de propietarios con sistemas de calefacción y ACS comunitaria. Igualmente, es muy necesario mantener la reducción del IVA del 21% al 5% , porque de no hacerse así, supondrá un encarecimiento del 16% en las facturas energéticas. Los Administradores de Fincas colegiados consideran que cada día es más necesario que se realice la rehabilitación de los edificios buscando la menor dependencia energética, por lo que aconsejan que los particulares y comunidades de propietarios soliciten los fondos europeos para la rehabilitación de edificios y viviendas. Aunque es fundamental solicitar estos fondos para realizar las obras correspondientes, sus resultados se verían a medio y largo plazo, mientras que sólo con la aplicación de la tarifa regulada y el IVA al 5% de las facturas energéticas, hogares podrán afrontar el próximo invierno . DESCARGAR NOTA DE PRENSA

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Impacto de las Políticas de Vivienda en Pequeños Propietarios de Cataluña

Lorenzo Viñas, presidente del Consejo de Colegios de Administradores de Fincas de Cataluña, lamenta que el concepto de gran tenedor no discrimina entre grandes fondos o pequeños propietarios Barcelona, ​​7 de noviembre de 2023 – El presidente del Consejo de Colegios de Administradores de Fincas de Cataluña, Lorenzo Viñas, ha comparecido en el Parlamento de Cataluña en el marco de la Comisión de Investigación sobre la Acumulación de Inmuebles por Determinadas Entidades donde se ha planteado el concepto de gran tenedor . El sr. Viñas ha aprovechado la ocasión ante los diputados y diputadas del Parlament para manifestarse al respecto y trasladar el impacto negativo que comporta por los pequeños propietarios las normativas que les tratan al igual que a los grandes fondos o entidades financieras que acumulan un gran número de inmuebles. “Los pequeños propietarios de Catalunya son uno de los principales afectados por las normativas actuales. Los pequeños propietarios de viviendas, ya sean personas físicas o patrimonios familiares, que tienen sus inmuebles como una forma de cumplimentar sus ingresos de forma completamente legítima, están directamente perjudicados por una mala política de vivienda. Las normas hacen una interpretación sesgada de la defensa de la función social de la propiedad, trasladando a los privados la obligación de proveer al resto de la ciudadanía de una vivienda digna” , ha remachado el presidente Viñas. La actual Ley reconoce como gran tenedor a un propietario con 10 o más inmuebles de propiedad, equiparando a los pequeños propietarios con los “megatenedores”, que son empresas privadas y/o públicas que superan de lejos la posesión de 50 viviendas: la entidad financiera Caixabank cuenta con 5.064 viviendas, seguida de Cerberus con 2.877 y de Blackstone, con 2.590 viviendas. Todo este volumen de viviendas en manos de grandes tenedores genera un impacto negativo tanto en las comunidades de propietarios como en la contratación de alquileres . En cuanto a las comunidades de propietarios, es muy habitual que estos fondos no asumen o no lo hagan con la necesaria agilidad, los gastos ordinarios y extraordinarios de la comunidad de propietarios, haciendo que sean el resto de propietarios quienes tengan que asumir estos gastos. Además, muchas de estas viviendas o locales cerrados son okupadas ilegalmente y “sufrimos situaciones conflictivas, ya que estos okupas dañan los elementos comunes, distorsionan la convivencia y generan inseguridad por el riesgo de las deficientes e ilegales conexiones a servicios básicos como la luz”, explica el sr. Viñas. Respecto al impacto en la contratación de alquileres, es necesario insistir en el gran sufrimiento para recuperar la posesión en caso de incumplimiento contractual que resulta de la nueva “Ley de Vivienda”. Y si le sumamos las problemáticas en caso de okupación, hace que muchos propietarios decidan vender en vez de arrendar sus inmuebles. El sr. Viñas expone una serie de propuestas de acciones que harían posible un cambio de tendencia y que podrían ayudar a incrementar el parque de vivienda asequible: La legislación actual plantea un concepto de gran tenedor que no diferencia entre los grandes fondos de entidades financieras o un particular o patrimonial familiar . Por otra parte, a estos grandes fondos la legislación actual les favorece al no obligarlos a comunicar a la Administración competente de cuántas viviendas disponen en un municipio determinado y si éstas se encuentran habitadas o no, a fin de cumplir con la función social de estas titularidades. De modo que deberían abordarse las reformas legislativas necesarias para dotarnos de un mapa de viviendas que se encuentran en manos de estos grandes fondos y entidades financieras con su ubicación, situación y habitabilidad, para obligar a quienes estén cerrados a cumplir con su función social, especialmente en las zonas con mayor demanda.   Para conseguir más vivienda asequible, es necesario ajustar la declaración de Zona de Mercado Residencial Tenso (ZMRT) a la realidad de cada municipio y establecer, como dice la Ley y que se ha obviado, cuáles son las contraprestaciones que la administración prevé para los propietarios para evitar desincentivarlos y que esto comporte una posible retirada de la vivienda del parque de alquiler para ir, por ejemplo, a la compraventa.   Facilitar la conversión de locales vacíos situados en segundas y terceras líneas comerciales en vivienda de alquiler, que convivan con la trama comercial, para ser destinados a alquiler asequible mediante la flexibilización [1] de la normativa y dirigido a personas mayores, familias monoparentales, personas con movilidad reducida u otros colectivos como pueden ser las mujeres víctimas de violencia. Sin embargo, facilitar que sean habitables altillos y estudios situados en los edificios. de viviendas.   Facilitar el cálculo de la densidad de vivienda de forma que se puedan dividir las actuales grandes viviendas existentes y convertirlas en viviendas más pequeñas.   Revertir la obligatoriedad de la reserva del 30% en nueva construcción por vivienda de VPO y poner a disposición de promotores y constructores a precio módico solares para edificar vivienda de hasta 60 m2 en régimen de alquiler asequible . Puesto que según datos de la APCE, en los 3,5 años de aplicación de la medida en la ciudad de Barcelona, ​​se han construido un total de 54 viviendas sociales; resultado del todo insuficiente. El presidente Viñas ha finalizado su intervención recordando que los Administradores de Fincas son «los profesionales que velamos para la preservación del derecho a la vivienda digna en el marco de un parque seguro, sostenible y eficiente» , y ha pedido un diálogo constante con todos los agentes que sufren a diario la dificultad en el acceso a la vivienda para buscar soluciones eficientes ya través de la constitución del Pacto Nacional para la Vivienda de Cataluña . [1] Según datos del Ayuntamiento de Barcelona, ​​386 personas vulnerables, de las que 137 son menores, malviven en 83 locales ocupados en Barcelona. Son locales destinados originariamente a la actividad comercial, pero que han quedado vacíos y familias en situación de exclusión social los han convertido en su domicilio. DESCARGAR NOTA DE PRENSA

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