Notas de prensa

El CAFBL rechaza estas actitudes intolerables de presión a profesionales de la vivienda porque lo que están denunciando no se corresponde con la realidad Los administradores de fincas consideran necesaria una colaboración con la Asociación de Sindicato de Alquiladoras para reclamar a los representantes políticos y al Gobierno que destinen recursos sostenidos en el tiempo para realizar políticas de vivienda efectivas Las últimas legislaciones aprobadas han reducido un 50% el parque de alquiler disponible Barcelona, ​​6 de julio – Ante los actos vandálicos ocurridos ayer miércoles 5 de julio por parte de la Asociación de Sindicato de Alquiladoras, el Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona y Lleida (CAFBL) rechaza estas actitudes intolerables e informaciones falsas y denuncia la pasividad y silencio por parte de las administraciones públicas . Desde el CAFBL defendemos la profesionalidad de los Administradores de Fincas. Colegiados y aseguramos que actúan siempre de acuerdo con la ley . Así lo ha confirmado el presidente del CAFBL, el Sr. Lorenzo Viñas : cargo de los propietarios es lo que se está cumpliendo. Lo que no podemos consentir es esta serie de falsedades que están lanzando en torno a nuestra tarea; solucionan los problemas”. Las consecuencias del problema de la falta de vivienda asequible las sufren tanto propietarios como inquilinos, por este motivo, consideramos que debería ser una lucha compartida por exigir a los representantes políticos y al Gobierno que destinen los recursos necesarios para realizar políticas de vivienda efectivas “Crear una guerra entre inquilinos y propietarios como lo está haciendo no es la solución” , afirma el Sr. El CAFBL, por el contrario, busca un buen entendimiento para trabajar por un derecho a la vivienda digna con garantías para todos: por un lado, que vele por la seguridad del propietario que pone en alquiler su piso y, por otro , la estabilidad de las familias para desarrollar de forma sostenible su proyecto vital. desincentiva poner pisos en el mercado de alquiler. exigir más políticas de vivienda asequible y sostenidas en el tiempo.   Los datos muestran que la oferta de vivienda de alquiler ha disminuido en los últimos años a consecuencia de las últimas legislaciones aprobadas como son la Ley 11/2020 que tenía como objetivo controlar los precios del alquiler o la reciente aprobada nueva Ley de Vivienda a nivel nacional. En Barcelona, ​​la oferta de vivienda de alquiler se ha reducido un 50%, lo que a su vez ha provocado un aumento de los precios. Para poner solución a un problema tan sensible como es la vivienda, desde el CAFBL se ha pedido un gran pacto nacional que conforme una solución de futuro en materia de vivienda, en la que el sector privado participe activamente dotándola de la necesaria seguridad jurídica, el derecho a la propiedad privada y en el que los profesionales del sector podamos aportar nuestro conocimiento y experiencia. «No podemos olvidar que somos los profesionales que velamos para la preservación del derecho a la vivienda digna en el marco de un parque seguro, sostenible y eficiente», ha remachado el presidente del CAFBL.   DESCARGAR NOTA DE PRENSA

Conferencia sobre la nueva Ley de Vivienda El CAFBL y el ICAB han analizado la nueva Ley de la Vivienda para evaluar cómo su aplicación afectará al sector inmobiliario     Barcelona, ​​1 de junio de 2023 – El Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona y Lleida (CAFBL), junto con la participación del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB), han analizado el contenido de la nueva “Ley de Vivienda” con grandes expertos en la materia en una conferencia en el Auditorio AXA, que se ha llenado con más de 600 asistentes. En ese contexto, han dejado clara su posición contraria a esta ley. Además, no olvidemos que la “Ley de Vivienda”, que fue publicada el 25 de mayo, a efectos prácticos difícilmente se aplicará a las comunidades autónomas que han cambiado de tendencia política tres días después. “Los administradores y administradoras de fincas estamos en una situación agridulce, ya que por un lado se nos hace un reconocimiento explícito de la profesión, pero por otro valoramos esta Ley como contraria a lo que dice que persigue: que todo el mundo tenga un hogar digno”, así ha comenzado su discurso el presidente del CAFBL, Lorenzo Viñas. Quien ha manifestado, además, su decepción por no existir una interlocución constante entre los poderes políticos y los agentes expertos en la materia como son los Administradores de Fincas colegiados. “Una vez más, el Legislativo no ha sido acertado y más que aportar soluciones estructurales, ha tendido a confrontar el derecho a la vivienda con el derecho a la propiedad”, ha remachado el presidente. Durante la jornada, han participado como ponentes Carles Sala i Roca , director del Área Jurídica COAPI-AIC; Marta Martín Martín , abogada con experiencia en Derecho Inmobiliario, Registral e Hipotecario; María Pastor Santana , decana del Colegio de Abogados de Mataró; Cristina Vallejo Ros, abogada y coordinadora de formación del ICAB; Enrique Vendrell Santiveri , asesor jurídico de la Junta de Gobierno del CAFBL; Montse Bassas Fusté , administradora de Fincas y vocal de la Junta de Gobierno del CAFBL, y Gonzalo Bernardos Domínguez , profesor titular del Departamento de Economía de la UB y director del Máster en Asesoría, Gestión y Promoción Inmobiliaria. El acto ha sido moderado por Lourdes Ciuró , ex consejera de Justicia, y actualmente, responsable de Relaciones Institucionales y Difusión del CAFBL. La sensación general en el auditorio en referencia a esta nueva ley es de decepción. «Es una ley que no cierra las incertidumbres de las reglas de juego de los precios en el mercado de alquiler», ha manifestado Sala. A su juicio, la ley provocará un desequilibrio territorial en su aplicación, además de inseguridad jurídica en la duración de la vigencia. También dificultará el acceso a la oferta de vivienda de alquiler a las personas más vulnerables y sin recursos recurrentes. Uno de los temas cuestionados es la confección del índice de referencia. « No tienen ni idea de cómo hacerlo» , ha expuesto Bernardos. Según Martín, “el índice de referencia se ha configurado de forma poco precisa, lo que puede causar mucha confusión” . En el acto también se ha tratado la problemática de la okupación ilegal de inmuebles y los desahucios, grandes problemas que parece que no se han tenido demasiado en cuenta en esta nueva ley de Vivienda, tal y como expuesto Pastor: “Hemos perdido una oportunidad de acabar con la okupación y la inquiokupación. Se han expuesto las novedades en los procesos judiciales, arrendaticios y no arrendaticios -aspectos que son plenamente vigentes, y que preocupan a la hora de recuperar la posesión del bien inmueble- sobre todo si se tiene en cuenta que según datos oficiales a diario se producen 46 okupaciones” , ha indicado Vallejo. Y los principales damnificados del problema de la okupación son las comunidades de propietarios, que se han quedado sin herramientas para luchar contra esto. Claramente, «esta ley hace un ‘revolcón’ y no pone ninguna solución» , ha afirmado Pastor. La vicedecana del ICAB, Susana Ferrer , ha clausurado esta conferencia donde se ha analizado de forma transversal la Ley de Vivienda. Para poner solución a un problema tan sensible como es la vivienda, se ha pedido un gran pacto nacional que conforme una solución de futuro en materia de vivienda, en el que el sector privado participe activamente dotándolo de la necesaria seguridad jurídica, el derecho a la propiedad privada y en el que los profesionales del sector podamos aportar nuestro conocimiento y experiencia. Para seguir profundizando en el análisis de esta Ley, los próximos 7 y 8 de junio, de 16.00 ha 19.30 h, se realizarán dos nuevas jornadas, organizadas por el Colegio de la Abogacía de Barcelona y el Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona-Lleida. La inauguración de éstas tendrá lugar el próximo miércoles, 7 de junio, a las 16.00 h por parte de Jesús Mª Sánchez, decano del ICAB y Lorenzo I. Viñas Periz, presidente del CAFBL. Puede consultar el programa en el siguiente enlace .   DESCARGAR NOTA DE PRENSA

El sr. Viñas recientemente también ha sido nombrado presidente del Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida Barcelona, ​​25 de enero de 2023 – Lorenzo Viñas , actual presidente del Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida (CAFBL) ocupará la presidencia del Consejo de Colegios Territoriales de Administradores de Fincas de Catalunya durante los próximos cuatro años, institución que hasta ahora encabezaba el sr. Enrique Vendrell. El nombramiento se ha realizado en el Pleno del Consell y ha sido aprobado por unanimidad por todos los miembros de la entidad. De modo que la composición del Consell queda conformada por miembros de los tres colegios catalanes. Del Colegio de Barcelona-Lérida: Lorenzo Viñas, Alberto Izquierdo, Ariana Feriche, Valentín Cura, José Navarro, Enrique Vendrell y Anabel Miró; del Colegio de Girona: Francisco X. Quintana Roig, Cristina Pardo Reyné, José Comas Vilà y Jaume Abella Bouzas, y del Colegio de Tarragona: Fabián C. Huguet, Ana Bozalongo, Jordi Borrell y Leandro Riquelme. Desde el Consell se está trabajando en proyectos que tienen un interés para todo el país, contando con la colaboración de la administración pública. Concretamente, con distintos departamentos de la Generalidad de Cataluña se están desarrollando tres proyectos innovadores: uno de ellos es el ya iniciado con la Agencia Catalana del Agua, buscando la eficiencia hídrica de los edificios; un segundo, en torno a la rehabilitación energética que ha dado vida a la Oficina Técnica de Rehabilitación de Cataluña, y un tercero, en referencia a la vivienda social y asequible, que se consolida con un acuerdo con la Agencia de Vivienda de Cataluña para facilitar una bolsa de vivienda social. «Una vez más, se alcanza la relación pública-privada tan necesaria , que facilita el desarrollo de proyectos que benefician a todo el conjunto de nuestra sociedad», ha remarcado el nuevo presidente. Este cargo supone un nuevo hito en la trayectoria profesional del sr. Viñas, que arranca un 2023 lleno de retos con el objetivo principal de fortalecer la profesión del Administrador de Fincas y situarlos como referentes en el mundo de la vivienda , “ no cabe duda de que los Administradores de Fincas somos los profesionales que velamos para la preservación del derecho a la vivienda digna en el marco de un parque seguro, sostenible y eficiente y es por eso que debemos trabajar con gran esfuerzo por avanzar hacia nuevas líneas de reconocimiento social de la profesión” , ha insistido.   DESCARGAR NOTA DE PRENSA

El Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida ha puesto en marcha el proyecto QCaf, para identificar que se trabaja bajo unos estándares de calidad   Barcelona, ​​6 de septiembre – El Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida (CAFBL) ha iniciado un nuevo proyecto para sus colegiados, el Sello de Calidad QCaf , la primera acreditación para la certificación actualizada de profesionales del sector de los administradores de fincas. Con este distintivo se pretende identificar públicamente las buenas prácticas y acreditar el buen gobierno de los despachos de los administradores de fincas , remarcando que se trabaja bajo unos estándares de calidad para poder dar mayor confianza a sus clientes. Así pues, el Sello de Calidad QCaf está pensado para aquel profesional que desee acreditar su experiencia, formación, capacitación, posibilidades tecnológicas y potencial técnico. “Queremos hacer de nuestro colectivo un sector fuerte, competitivo y productivo. Que sea capaz de adaptarse a los cambios sociales, a las tecnologías, a nuevas necesidades que vayan surgiendo en la sociedad. Nuestro trabajo es garantizar que nuestros clientes estén en buenas manos y el Sello de Calidad QCaf es esto, dar una calificación reconocida de nuestra profesión » , remarca el SR. Enrique Vendrell , presidente del CAFBL. Contar con esta acreditación es muy positivo para los administradores de fincas en dos sentidos: por un lado, en un sentido externo como compromiso con los clientes , porque les pueden demostrar el nivel de calidad de los servicios que ofrecen, poniendo en valor sus tareas; por otra parte, en un sentido interno, puesto que se consigue un nuevo enfoque en la gestión interna de los servicios , orientada a los procesos ya la obtención de resultados con niveles de calidad óptimos, gracias a la revisión de procesos e iniciativas de mejora continua. Para conseguir esta acreditación, es necesario que el administrador de fincas inicie un proceso de evaluación de los servicios que ofrece para garantizar el cumplimiento de unos requisitos mínimos obligatorios, de forma imparcial y objetiva. Esta tarea evaluadora la lleva a cabo una entidad certificadora acreditada internacional, ICDQ . fases: Preevaluación : el administrador de fincas debe realizar una preevaluación de los requisitos específicos, que son de obligado cumplimiento y que sin ellos no podrá optar a la certificación final. Cumplidos todos los ítems de la preevaluación, podrá seguir adelante con la auditoría aceptando las condiciones de uso y realizando el pago de la contratación del Sello de Calidad. Autoevaluación : de todos los requisitos para determinar el grado de cumplimiento total. La empresa auditora se pondrá en contacto con el administrador de fincas para establecer el día y hora para realizar la auditoría, momento en el que se revisará el cumplimiento de los requisitos con los documentos o evidencias que les acrediten. Cada uno de estos puntos es indispensable cumplirlos para que la auditoría pueda otorgar la acreditación QCaf. En caso de que no se cumpla alguno de los requisitos, el administrador de fincas será informado para que pueda revisarlo y corregirlo, en el plazo de 3 meses, para ser nuevamente evaluado por el equipo auditor. Si el resultado de la evaluación es positivo, se emitirá al administrador de fincas un certificado y un sello para su uso en sus documentos y plataformas El certificado de Sello de Calidad tiene una vigencia cíclica de tres años , esto significa que primero antecede una auditoría inicial satisfactoria con un año de vigencia, que después deberá ratificarse por otras dos auditorías sucesivas anuales de seguimiento. están muy satisfechos con esta iniciativa, que permitirá reconocer a las organizaciones que decidan participar activamente en la consecución del siguiente objetivo: mejorar en la calidad del servicio al cliente .   DESCARGAR NOTA DE PRENSA

La entidad financiera ofrecerá a los colegiados y clientes de estas condiciones muy ventajosas en productos y servicios financieros, así como en su operativa financiera habitual. Asimismo, los Administradores de Fincas podrán ofrecer a las Comunidades de Propietarios la propuesta de financiación de Bankinter para la rehabilitación de edificios residenciales. Barcelona, ​​28 de julio de 2022 – Bankinter y el Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida (CAFBL) han suscrito un acuerdo marco de colaboración mediante el cual la entidad financiera ofrecerá a los colegiados del CAFBL una oferta bancaria global en condiciones muy ventajosas tanto en su operativa financiera personal como empresarial o profesional. Los colegiados dispondrán, igualmente, de un equipo específico del banco para atender a sus necesidades. Asimismo, mediante este acuerdo, suscrito por el Director Territorial de Bankinter en Cataluña, Eduard Gallart , y por el Presidente del Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida, Enrique Vendrell , Bankinter pondrá en conocimiento de los colegiados toda su propuesta de financiación para la rehabilitación de edificios residenciales y así poder afrontar cualquier proyecto, especialmente los destinados a mejorar la eficiencia energética de los edificios, para lo cual se contemplan importantes ayudas dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (Fondo Next Generation EU). La oferta financiera de Bankinter para la rehabilitación y mejora de edificios residenciales incluye una tramitación 100% digital, que cubre la totalidad del presupuesto de la reforma o de la adquisición de nuevos elementos, como ascensores, evitando así el efecto negativo de acometer estos gastos vía derramas. Se trata de un préstamo a un plazo máximo de 12 años, con hasta dos años de carencia, y con un proceso de tramitación y sanción rápido, sencillo y transparente, que sólo requiere la firma del representante de la comunidad, y en la que no es necesario abrir cuenta en Bankinter ni mantener vinculación alguna con el banco, y sin necesidad de ir a notaría en operaciones de hasta 300.000 euros. Se trata, en definitiva, de una propuesta a largo plazo que supone un cambio cultural en favor de la financiación como mecanismo para abordar las inversiones en las comunidades de propietarios, en detrimento del concepto de sufragar los costes mediante derramas. Acerca de Bankinter. Bankinter es el sexto banco por tamaño del sistema financiero español, el cuarto por capitalización bursátil y el primero por rentabilidad y por calidad de activos. Cuenta con más de 110.800 millones de euros en activos totales, una inversión crediticia de 69.700 millones y unos recursos controlados de 121.800 millones. Con presencia en España, Portugal, Irlanda y Luxemburgo, Bankinter basa su estrategia. en diferentes líneas de negocio complementarias entre sí, entre las que destacan el negocio de empresas, con especial focalización en los segmentos de medias y grandes; el de clientes de altos patrimonios, donde la entidad cuenta con una cuota de mercado muy superior a la que le correspondería por tamaño, el negocio de Seguros; a través de su filial Bankinter Consumer Finance; Irlanda. El Grupo Bankinter está compuesto por más de 6.100 empleados, entre España y Portugal, siendo la única entidad en España que ha mantenido su crecimiento en plantilla en los últimos años y en un número estable su red de oficinas.   Sobre el Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida. El Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida es una corporación de derecho público con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. La institución se rige por sus propios estatus y reglamentos de régimen interno. Es una agrupación de profesionales que se dedican a la administración del patrimonio inmobiliario. Su actividad comprende las provincias de Barcelona y Lleida y agrupa a un total de 2400 colegiados que administran casi el 80% de las viviendas de la zona de influencia.   DESCARGAR NOTA DE PRENSA  

En todo el Estado español hay aproximadamente 120.000 viviendas ocupadas En 2021 ha habido un aumento del 18% de empleos ilegales La oferta de vivienda social en España es sólo del 2,5%, mientras que en el resto de Europa es de un 15%   Barcelona, ​​12 de julio – En un acto celebrado hoy, 12 de julio, en la sede del Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida , se ha puesto sobre la mesa el problema de la ocupación ilegal de inmuebles . En todo el Estado español hay aproximadamente 120.000 viviendas ocupadas de forma ilegal, de las cuales el 42% están en Cataluña . Éste, además de ser un delito , se ha convertido en un problema de trascendencia social que afecta no sólo al titular de la propiedad usurpada, sino a la convivencia y la seguridad de los residentes y al conjunto de la ciudadanía. El acto ha sido inaugurado y moderado a cargo del SR. Enrique Vendrell , presidente del Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida. Y como ponentes y expertos del tema han asistido el Sr. Genís Boadella Esteve , diputado en el Congreso de los Diputados por el Grupo Parlamentario Plural y miembro de la Dirección Ejecutiva Nacional del Partido Demócrata (PDeCAT); Dª. María Pastor Santana , decana del Colegio de Abogados de Mataró, y el SR. Jesús Mª Sánchez García , decano del Colegio de la Abogacía de Barcelona y Consejero del Consejo de la Abogacía Catalana. Durante el acto se han lamentado que los instrumentos legales actuales no sean lo suficientemente eficaces para cortar este fenómeno del empleo y que además, la posición de algunos sectores políticos sea reacia a adoptar medidas ejecutivas que ayuden a impedir esta práctica, habitualmente mafiosa, cuya envergadura carece de equiparación en los países de nuestro entorno. «Por eso hemos iniciado una campaña de concienciación para pedir reformas legales que ayuden a evitar que se produzcan estas okupaciones que se suceden con total impunidad» , ha señalado el sr. Vendrell. Ante la necesidad de detener el fenómeno de la ocupación ilegal y con el fin de facilitar el desalojo inmediato de inmuebles ocupados, se han planteado diferentes nuevas propuestas de reformas legislativas que llegan a la Ley de Propiedad Horizontal, en el Código Civil, la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley reguladora de Bases del Régimen Local. “El delito de allanamiento de morada es un delito continuo. Debemos empezar a reivindicar nuestros derechos. Ya va siendo hora de que todos reivindiquemos estos derechos y no caigamos en la demagogia ni nos estigmaticen por hacerlo” , ha afirmado el sr. Sánchez. Dª. Pastor ha insistido en que, pese a que se dan casos de empleo en fines de semana, vacacional e incluso empleos que afectan a personas que están ingresadas en el hospital, » no buscamos un agravamiento de las penas, sino conseguir medidas prácticas y directas» . Y también ha hecho referencia a los graves efectos colaterales que provocan las ocupaciones ilegales de inmuebles: “ los problemas que sufre la vecindad son numerosos : los pinchazos de agua y de luz, suciedad, falta de respeto a las normas comunitarias , ruidos…”. «Hay debates que no son cómodos, pero que los responsables públicos deben afrontar» , ha afirmado el sr. Boadella, quien ha anunciado que en 2021 hubo un aumento del 18% de empleos ilegales y que » no está de acuerdo en que el derecho a la propiedad se ponga en riesgo y en duda constantemente» . Por este motivo, propone las siguientes modificaciones: modificación del art. 13 del Código Penal para facilitar al juez el rápido desempleo; modificación de la ley de Enjuiciamiento Criminal con el fin de facultar a las comunidades de propietarios a instar un procedimiento contra los ocupantes ilegales, y dotar de mayor capacitación a los ayuntamientos mediante el cambio de la ley reguladora de Bases del Régimen Local. La mesa redonda ha terminado con un mensaje en común: es necesario hacer una reflexión conjunta y recuperar las normas básicas del buen funcionamiento en la vivienda.   DESCARGAR NOTA DE PRENSA

Instalar una piscina hinchable sin supervisión técnica puede comportar un gran peligro para la seguridad de las personas Se recomienda realizar un estudio previo de la estructura del edificio para evitar cualquier tipo de daño que podría ocasionar el peso de la piscina   Barcelona, ​​7 de julio – Con la llegada del calor, son muchas las personas que colocan piscinas portátiles en sus terrazas o balcones sin tener conciencia de los graves peligros que pueden ocasionar, ya que la mayoría de los edificios no están preparados por soportar el peso de estos elementos. Por este motivo, el Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona y Lérida (CAFBL) alerta de los riesgos que puede ocasionar la instalación de piscinas inflables, tanto a las personas como a la estructura de las viviendas. Aunque no existe una ley que prohíbe el uso de las piscinas hinchables, se recomienda que antes de realizar cualquier instalación, se ponga en conocimiento de la comunidad de propietarios. Si la instalación está en la terraza o balcón de uso privativo, el propietario no está obligado a comunicarlo. Pero si se coloca una piscina en la azotea comunitaria, que es un elemento común del edificio, en este caso sí será necesario tener el permiso de la comunidad de propietarios. Por otro lado, desde el CAFBL aconsejamos encargar un estudio previo del edificio por parte de un arquitecto o arquitecto técnico para que pueda evaluar los parámetros estructurales y así conocer si el suelo está preparado para aguantar el peso y, por tanto, garantizar la seguridad de las personas. Por lo que respecta al peso, por norma general la estructura de un edificio aguanta una presión de 200 kg/m 2 ; esto equivale a una piscina con 20 cm de agua aproximadamente . Calcular el peso de una piscina es sencillo: 1 litro equivale a 1 kg, por lo que 1m3 de agua pesa unos 1000 kg aproximadamente. Por eso, para que el peso de una piscina no sobrepase los 200 kg/m 2 de sobrecarga que puede soportar la estructura del edificio, no debería tener más de 20 cm de altura. “La compra de piscinas portátiles se ha disparado desde la pandemia y este verano, aunque ya se puede disfrutar de las piscinas comunitarias sin apenas restricciones, el uso de estos elementos inflables sigue estando de moda, pero nosotros lo desaconsejamos y en caso de que se haga, no olvidar el sentido común y el respeto para el resto de vecinos, evitando ocasionar posibles molestias a la vecindad y posibles daños en las instalaciones de la finca” , señala Lorenzo Viñas, gerente del CAFBL .   DESCARGAR NOTA DE PRENSA

En el marco de los Fondos Next Generation EU ya través del Préstamo ECO Rehabilita, Caja de Ingenieros reafirma su compromiso con la promoción de la rehabilitación energética de los edificios y su apuesta por un mundo más sostenible Con este convenio, ambas entidades facilitarán la financiación y la mejora de la eficiencia energética en las comunidades de propietarios de Barcelona y de Lleida   Barcelona, ​​5 de julio de 2022 – Caja de Ingenieros , cooperativa de crédito de servicios financieros y aseguradores, y el Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona y de Lleida (CAFBL) , han firmado un convenio de colaboración por promover e impulsar la rehabilitación energética de los edificios en Cataluña. Con este acuerdo, financiado en el marco de los Fondos Next Generation EU, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el CAFBL tendrá como entidad colaboradora a Caja de Ingenieros, que facilitará la financiación para las actuaciones energéticas en las comunidades de propietarios. Dentro de la clara apuesta de Caja de Ingenieros por contribuir a la sostenibilidad y el medio ambiente, dispone del Préstamo ECO Rehabilita , que tiene el objetivo de colaborar en la concesión de financiación a particulares, empresas y comunidades de propietarios para la rehabilitación de viviendas en materia de mejora de la eficiencia, transición energética, accesibilidad o conservación. Este préstamo está ya relacionado con los programas de ayudas subvencionados de los Fondos Next Generation; el programa 3 (ayuda a las actuaciones de rehabilitación a nivel de edificio) y el programa 4 (de ayuda a las actuaciones para la mejora de la eficiencia energética en las viviendas), vigentes hasta el 31 de diciembre de este año . Para el CAFBL , participar de forma activa en esta transición energética del parque de viviendas de Cataluña es un gran reto, teniendo en cuenta que gran parte de los edificios catalanes tienen una antigüedad que les hace ineficientes y tienen de las peores calificaciones energéticas de Europa. De modo que para poder liderar proyectos de rehabilitación en Cataluña, el Colegio continuamente está buscando herramientas para facilitar las labores profesionales a sus colegiados. Y es que gracias al profundo conocimiento de los Administradores de Fincas sobre las particularidades de cada comunidad de propietarios, es el sector profesional más calificado para ayudar a que esta rehabilitación energética se haga realidad. Jaime Asián, director del área de servicios al socio de Caja de Ingenieros afirma que “con este acuerdo, Caja de Ingenieros vuelve a demostrar su firme compromiso con el medio ambiente, poniendo al alcance de todos los colectores. legiados y, por supuesto, de nuestros socios y socias, alternativas que minimicen su huella ambiental, apostando por la eficiencia energética”. Por su parte, Enrique Vendrell, presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona y Lleida , ha explicado que “gracias a este convenio con Caja de Ingenieros, pondremos a disposición de nuestros colegiados el apoyo y los servicios de la entidad cooperativa, para seguir formando y mejorando la calidad de las prestaciones profesionales de nuestros colegiados, así como mejorando la eficiencia energética de las viviendas de Catalunya”.   DESCARGAR NOTA DE PRENSA

El 50% de las okupaciones se registran en Cataluña y, de esta cifra, el 75% están en la ciudad de Barcelona Las políticas de vivienda son un total fracaso, ya que facilitan y promueven la okupación sin ningún amparo a los afectados Barcelona, ​​16 de mayo – Cada vez más se vienen sucediendo numerosos conflictos y accidentes que son causa de daños personales y que tienen como origen las ocupaciones de inmuebles La posición del Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida es , en todo momento, de condena y denuncia pidiendo a las diferentes Administraciones Públicas que intervengan en lo que consideramos un auténtico y grave problema social y de seguridad , creándose peleas y amenazas entre okupas y vecinos, víctimas en un incendio… Es por este motivo que exigimos medidas legislativas urgentes para poder poner freno a la okupación . Llevamos ya mucho tiempo afirmando que las políticas de vivienda son un total fracaso en la hora de abordar esta cuestión, ya que facilitan y promueven la okupación sin ningún amparo a los afectados. Por parte de la mayoría de los grupos políticos existe una gran indiferencia. y su inacción está provocando graves consecuencias económicas, sociales y psicológicas para las personas que lo están sufriendo. SR. Enrique Vendrell , presidente del Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida, “ la ocupación ilegal de inmuebles es un delito penal y, además, afecta al derecho de propiedad, que no sólo está reconocido en la Constitución sino que además, así lo ha proclamado el Convenio Europeo de Derechos Humanos , por lo que es incomprensible que la ciudadanía no encuentre una respuesta eficaz ni penal ni civil que la proteja con eficacia de estas actuaciones delictivas y de los daños materiales que estos hechos ocasionan ”. La sensación de impotencia e impunidad que supone no sólo afecta directamente a los titulares de los inmuebles okupados, sin consentimiento y por la fuerza, sino que propicia siempre un grave problema de convivencia e inseguridad para el resto de residentes del edificio, del barrio o de la urbanización a consecuencia de actuaciones de verdaderas bandas organizadas y mafiosas, situaciones que “ los Administradores de Fincas debemos tratar de gestionar sin tener medios legales ni cobertura o asistencia policial para resolverlos ”, dice el sr. Vendrell. La realidad de esta situación está siendo recogida a diario por los medios, con altercados serios y matas mortales, como recientemente hemos podido comprobar en el incendio de un edificio en Santa Coloma de Gramanet, o de un local en la Plaza Tetuán en Barcelona . Sin embargo, siente Cataluña la comunidad donde estadísticamente se vienen produciendo prácticamente el 50% de las ocupaciones del conjunto del Estado y de éstas 75% en Barcelona, es donde las regulaciones que se vienen promoviendo desde la Administración avalan abiertamente a la okupación como una forma legítima de la posesión de una vivienda, reforzándose aún más éstas políticas permisivas o laxas en base a un error interpretación del derecho a una vivienda digna ya la vulnerabilidad residencial, “como si ésta justificase el delito y la apropiación de la propiedad privada o, incluso, de la propiedad pública destinada a arbitrar de forma ordenada las soluciones residenciales de los más necesitados, a quienes también se acaba perjudicando”, indica el sr. Vendrell. El último ejemplo de ello lo tenemos en la ley catalana 1/2022, de 3 de marzo, de modificación de la Ley 18/2007, la Ley 24/2015 y la Ley 4/2016 para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda, que presumiblemente será recorrida con éxito ante el Tribunal Constitucional. Consideramos que el derecho a la vivienda no es incompatible con el derecho a la propiedad privada, ambos deben ser protegidos, y, tal y como explica el sr. Vendrell, “ no es admisible que se amparen, protejan o justifiquen acciones delictivas de quienes les esgrimen ”. Estamos ante una situación insostenible donde además, no olvidemos, se promueve la creación de organizaciones criminales y mafias que se aprovechan de las personas y familias más necesitadas gracias a la laxitud y lentitud de las reacciones policiales y judiciales. Por todo ello, es necesario un cambio legislativo como el que ya ha sido propuesto desde nuestros colegios profesionales y la abogacía catalana, referidos a las leyes procesales civiles y penales, así como al régimen de la propiedad horizontal, que permitan una acción judicial inmediata, y que se adopten medidas efectivas con la regulación vigente que vele por la seguridad y protección de los afectados, como las adoptadas por la Comunidad de Madrid, en aplicación de el Artículo 964 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que permite, desde el 1 de mayo, realizar juicios rápidos por delitos leves de okupación de viviendas y de esta forma, poder agilizar los trámites de desahucios.   DESCARGAR NOTA DE PRENSA

B a rc e ola , 9 de mayo – El Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida, la Asociación de Promotores y Constructores de Edificios de Cataluña, la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona y el Col · legio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Barcelona y la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Cataluña han interpuesto recurso contencioso administrativo contra la Modificación del Plan General Metropolitano (MPGM) para la mejora urbanística y ambiental de los barrios de Gràcia (Barcelona) promovida por el Ayuntamiento de Barcelona, ​​cuya aprobación definitiva fue publicada el pasado 4 de marzo en el Diari Oficial de la Generalitat. La citada Modificación que afecta a los barrios de Gràcia prevé que las actuaciones edificatorias de viviendas plurifamiliares en suelo urbano consolidado o de gran rehabilitación de edificaciones de más de 400 m2 tendrán que destinar un mínimo del 30% del techo edificable a vivienda protegida, fijando un techo diferente respecto al que en su día se estableció para el resto de la ciudad (600 m2) sin justificar el motivo de esa diferencia. También cabe remarcar que la reserva en suelo urbano consolidado constituye una nueva carga sobre la propiedad, ya que impone un nuevo deber a los propietarios de este suelo. Nos encontramos pues, ante una limitación al derecho de propiedad , y, por tanto, debe comportar la correspondiente indemnización, tal y como estableció recientemente el Tribunal Constitucional. Una cuestión muy importante, que motiva el recurso, es que el estudio económico elaborado no aclara la viabilidad real de la nueva norma, ni establece la sostenibilidad para las finanzas públicas. Al igual que en su momento se hizo con la norma actualmente vigente, se incluye la rehabilitación, poniendo dificultades a una tarea que todas las administraciones competentes en materia de vivienda coinciden en estos momentos en que debe impulsarse e incentivarse, no sólo por la oportunidad de los Fondos Europeos, sino sobre todo para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y contribuir a la lucha contra el cambio climático, hechos que con la exigencia de reserva de vivienda protegida se está impidiendo o, como mínimo, dificultando. Las entidades antes mencionadas consideran que las grandes tensiones que registra hoy el acceso a la vivienda para una gran parte de las familias, tiene por origen un grave desequilibrio entre una oferta muy reducida respecto a una demanda creciente, y ausencia de políticas públicas bien diseñadas y dotadas económicamente, así como de una parálisis de la gestión de las administraciones públicas con los escasos recursos de que disponen. Según datos del Plan Territorial Sectorial de Vivienda (PTSH), el Ámbito Metropolitano de Barcelona tiene un potencial de reservas de suelo para construir más de 73.000 viviendas protegidas, de las que 20.000 en la ciudad de Barcelona. Es imprescindible movilizar estas reservas para incrementar la oferta de vivienda asequible. Es necesaria capacidad de gestión, coordinación entre administraciones y recursos económicos para disponer de un mercado estable que facilite el acceso a la vivienda de las familias, y no el continuado cambio de la regulación que afecta al sector de la vivienda, ya que crea inseguridad jurídica, imposibilita la planificación y provoca el efecto contrario, es decir, una reducción de la oferta de viviendas, dificultando aún más el acceso a la vivienda a los ciudadanos y ciudadanas de Barcelona.   DESCARGAR NOTA DE PRENSA