Notas de prensa

La entidad financiera ofrecerá a los colegiados y clientes de estas condiciones muy ventajosas en productos y servicios financieros, así como en su operativa financiera habitual. Asimismo, los Administradores de Fincas podrán ofrecer a las Comunidades de Propietarios la propuesta de financiación de Bankinter para la rehabilitación de edificios residenciales. Barcelona, ​​28 de julio de 2022 – Bankinter y el Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida (CAFBL) han suscrito un acuerdo marco de colaboración mediante el cual la entidad financiera ofrecerá a los colegiados del CAFBL una oferta bancaria global en condiciones muy ventajosas tanto en su operativa financiera personal como empresarial o profesional. Los colegiados dispondrán, igualmente, de un equipo específico del banco para atender a sus necesidades. Asimismo, mediante este acuerdo, suscrito por el Director Territorial de Bankinter en Cataluña, Eduard Gallart , y por el Presidente del Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida, Enrique Vendrell , Bankinter pondrá en conocimiento de los colegiados toda su propuesta de financiación para la rehabilitación de edificios residenciales y así poder afrontar cualquier proyecto, especialmente los destinados a mejorar la eficiencia energética de los edificios, para lo cual se contemplan importantes ayudas dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (Fondo Next Generation EU). La oferta financiera de Bankinter para la rehabilitación y mejora de edificios residenciales incluye una tramitación 100% digital, que cubre la totalidad del presupuesto de la reforma o de la adquisición de nuevos elementos, como ascensores, evitando así el efecto negativo de acometer estos gastos vía derramas. Se trata de un préstamo a un plazo máximo de 12 años, con hasta dos años de carencia, y con un proceso de tramitación y sanción rápido, sencillo y transparente, que sólo requiere la firma del representante de la comunidad, y en la que no es necesario abrir cuenta en Bankinter ni mantener vinculación alguna con el banco, y sin necesidad de ir a notaría en operaciones de hasta 300.000 euros. Se trata, en definitiva, de una propuesta a largo plazo que supone un cambio cultural en favor de la financiación como mecanismo para abordar las inversiones en las comunidades de propietarios, en detrimento del concepto de sufragar los costes mediante derramas. Acerca de Bankinter. Bankinter es el sexto banco por tamaño del sistema financiero español, el cuarto por capitalización bursátil y el primero por rentabilidad y por calidad de activos. Cuenta con más de 110.800 millones de euros en activos totales, una inversión crediticia de 69.700 millones y unos recursos controlados de 121.800 millones. Con presencia en España, Portugal, Irlanda y Luxemburgo, Bankinter basa su estrategia. en diferentes líneas de negocio complementarias entre sí, entre las que destacan el negocio de empresas, con especial focalización en los segmentos de medias y grandes; el de clientes de altos patrimonios, donde la entidad cuenta con una cuota de mercado muy superior a la que le correspondería por tamaño, el negocio de Seguros; a través de su filial Bankinter Consumer Finance; Irlanda. El Grupo Bankinter está compuesto por más de 6.100 empleados, entre España y Portugal, siendo la única entidad en España que ha mantenido su crecimiento en plantilla en los últimos años y en un número estable su red de oficinas.   Sobre el Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida. El Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida es una corporación de derecho público con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. La institución se rige por sus propios estatus y reglamentos de régimen interno. Es una agrupación de profesionales que se dedican a la administración del patrimonio inmobiliario. Su actividad comprende las provincias de Barcelona y Lleida y agrupa a un total de 2400 colegiados que administran casi el 80% de las viviendas de la zona de influencia.   DESCARGAR NOTA DE PRENSA  

En todo el Estado español hay aproximadamente 120.000 viviendas ocupadas En 2021 ha habido un aumento del 18% de empleos ilegales La oferta de vivienda social en España es sólo del 2,5%, mientras que en el resto de Europa es de un 15%   Barcelona, ​​12 de julio – En un acto celebrado hoy, 12 de julio, en la sede del Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida , se ha puesto sobre la mesa el problema de la ocupación ilegal de inmuebles . En todo el Estado español hay aproximadamente 120.000 viviendas ocupadas de forma ilegal, de las cuales el 42% están en Cataluña . Éste, además de ser un delito , se ha convertido en un problema de trascendencia social que afecta no sólo al titular de la propiedad usurpada, sino a la convivencia y la seguridad de los residentes y al conjunto de la ciudadanía. El acto ha sido inaugurado y moderado a cargo del SR. Enrique Vendrell , presidente del Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida. Y como ponentes y expertos del tema han asistido el Sr. Genís Boadella Esteve , diputado en el Congreso de los Diputados por el Grupo Parlamentario Plural y miembro de la Dirección Ejecutiva Nacional del Partido Demócrata (PDeCAT); Dª. María Pastor Santana , decana del Colegio de Abogados de Mataró, y el SR. Jesús Mª Sánchez García , decano del Colegio de la Abogacía de Barcelona y Consejero del Consejo de la Abogacía Catalana. Durante el acto se han lamentado que los instrumentos legales actuales no sean lo suficientemente eficaces para cortar este fenómeno del empleo y que además, la posición de algunos sectores políticos sea reacia a adoptar medidas ejecutivas que ayuden a impedir esta práctica, habitualmente mafiosa, cuya envergadura carece de equiparación en los países de nuestro entorno. «Por eso hemos iniciado una campaña de concienciación para pedir reformas legales que ayuden a evitar que se produzcan estas okupaciones que se suceden con total impunidad» , ha señalado el sr. Vendrell. Ante la necesidad de detener el fenómeno de la ocupación ilegal y con el fin de facilitar el desalojo inmediato de inmuebles ocupados, se han planteado diferentes nuevas propuestas de reformas legislativas que llegan a la Ley de Propiedad Horizontal, en el Código Civil, la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley reguladora de Bases del Régimen Local. “El delito de allanamiento de morada es un delito continuo. Debemos empezar a reivindicar nuestros derechos. Ya va siendo hora de que todos reivindiquemos estos derechos y no caigamos en la demagogia ni nos estigmaticen por hacerlo” , ha afirmado el sr. Sánchez. Dª. Pastor ha insistido en que, pese a que se dan casos de empleo en fines de semana, vacacional e incluso empleos que afectan a personas que están ingresadas en el hospital, » no buscamos un agravamiento de las penas, sino conseguir medidas prácticas y directas» . Y también ha hecho referencia a los graves efectos colaterales que provocan las ocupaciones ilegales de inmuebles: “ los problemas que sufre la vecindad son numerosos : los pinchazos de agua y de luz, suciedad, falta de respeto a las normas comunitarias , ruidos…”. «Hay debates que no son cómodos, pero que los responsables públicos deben afrontar» , ha afirmado el sr. Boadella, quien ha anunciado que en 2021 hubo un aumento del 18% de empleos ilegales y que » no está de acuerdo en que el derecho a la propiedad se ponga en riesgo y en duda constantemente» . Por este motivo, propone las siguientes modificaciones: modificación del art. 13 del Código Penal para facilitar al juez el rápido desempleo; modificación de la ley de Enjuiciamiento Criminal con el fin de facultar a las comunidades de propietarios a instar un procedimiento contra los ocupantes ilegales, y dotar de mayor capacitación a los ayuntamientos mediante el cambio de la ley reguladora de Bases del Régimen Local. La mesa redonda ha terminado con un mensaje en común: es necesario hacer una reflexión conjunta y recuperar las normas básicas del buen funcionamiento en la vivienda.   DESCARGAR NOTA DE PRENSA

Instalar una piscina hinchable sin supervisión técnica puede comportar un gran peligro para la seguridad de las personas Se recomienda realizar un estudio previo de la estructura del edificio para evitar cualquier tipo de daño que podría ocasionar el peso de la piscina   Barcelona, ​​7 de julio – Con la llegada del calor, son muchas las personas que colocan piscinas portátiles en sus terrazas o balcones sin tener conciencia de los graves peligros que pueden ocasionar, ya que la mayoría de los edificios no están preparados por soportar el peso de estos elementos. Por este motivo, el Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona y Lérida (CAFBL) alerta de los riesgos que puede ocasionar la instalación de piscinas inflables, tanto a las personas como a la estructura de las viviendas. Aunque no existe una ley que prohíbe el uso de las piscinas hinchables, se recomienda que antes de realizar cualquier instalación, se ponga en conocimiento de la comunidad de propietarios. Si la instalación está en la terraza o balcón de uso privativo, el propietario no está obligado a comunicarlo. Pero si se coloca una piscina en la azotea comunitaria, que es un elemento común del edificio, en este caso sí será necesario tener el permiso de la comunidad de propietarios. Por otro lado, desde el CAFBL aconsejamos encargar un estudio previo del edificio por parte de un arquitecto o arquitecto técnico para que pueda evaluar los parámetros estructurales y así conocer si el suelo está preparado para aguantar el peso y, por tanto, garantizar la seguridad de las personas. Por lo que respecta al peso, por norma general la estructura de un edificio aguanta una presión de 200 kg/m 2 ; esto equivale a una piscina con 20 cm de agua aproximadamente . Calcular el peso de una piscina es sencillo: 1 litro equivale a 1 kg, por lo que 1m3 de agua pesa unos 1000 kg aproximadamente. Por eso, para que el peso de una piscina no sobrepase los 200 kg/m 2 de sobrecarga que puede soportar la estructura del edificio, no debería tener más de 20 cm de altura. “La compra de piscinas portátiles se ha disparado desde la pandemia y este verano, aunque ya se puede disfrutar de las piscinas comunitarias sin apenas restricciones, el uso de estos elementos inflables sigue estando de moda, pero nosotros lo desaconsejamos y en caso de que se haga, no olvidar el sentido común y el respeto para el resto de vecinos, evitando ocasionar posibles molestias a la vecindad y posibles daños en las instalaciones de la finca” , señala Lorenzo Viñas, gerente del CAFBL .   DESCARGAR NOTA DE PRENSA

En el marco de los Fondos Next Generation EU ya través del Préstamo ECO Rehabilita, Caja de Ingenieros reafirma su compromiso con la promoción de la rehabilitación energética de los edificios y su apuesta por un mundo más sostenible Con este convenio, ambas entidades facilitarán la financiación y la mejora de la eficiencia energética en las comunidades de propietarios de Barcelona y de Lleida   Barcelona, ​​5 de julio de 2022 – Caja de Ingenieros , cooperativa de crédito de servicios financieros y aseguradores, y el Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona y de Lleida (CAFBL) , han firmado un convenio de colaboración por promover e impulsar la rehabilitación energética de los edificios en Cataluña. Con este acuerdo, financiado en el marco de los Fondos Next Generation EU, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el CAFBL tendrá como entidad colaboradora a Caja de Ingenieros, que facilitará la financiación para las actuaciones energéticas en las comunidades de propietarios. Dentro de la clara apuesta de Caja de Ingenieros por contribuir a la sostenibilidad y el medio ambiente, dispone del Préstamo ECO Rehabilita , que tiene el objetivo de colaborar en la concesión de financiación a particulares, empresas y comunidades de propietarios para la rehabilitación de viviendas en materia de mejora de la eficiencia, transición energética, accesibilidad o conservación. Este préstamo está ya relacionado con los programas de ayudas subvencionados de los Fondos Next Generation; el programa 3 (ayuda a las actuaciones de rehabilitación a nivel de edificio) y el programa 4 (de ayuda a las actuaciones para la mejora de la eficiencia energética en las viviendas), vigentes hasta el 31 de diciembre de este año . Para el CAFBL , participar de forma activa en esta transición energética del parque de viviendas de Cataluña es un gran reto, teniendo en cuenta que gran parte de los edificios catalanes tienen una antigüedad que les hace ineficientes y tienen de las peores calificaciones energéticas de Europa. De modo que para poder liderar proyectos de rehabilitación en Cataluña, el Colegio continuamente está buscando herramientas para facilitar las labores profesionales a sus colegiados. Y es que gracias al profundo conocimiento de los Administradores de Fincas sobre las particularidades de cada comunidad de propietarios, es el sector profesional más calificado para ayudar a que esta rehabilitación energética se haga realidad. Jaime Asián, director del área de servicios al socio de Caja de Ingenieros afirma que “con este acuerdo, Caja de Ingenieros vuelve a demostrar su firme compromiso con el medio ambiente, poniendo al alcance de todos los colectores. legiados y, por supuesto, de nuestros socios y socias, alternativas que minimicen su huella ambiental, apostando por la eficiencia energética”. Por su parte, Enrique Vendrell, presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona y Lleida , ha explicado que “gracias a este convenio con Caja de Ingenieros, pondremos a disposición de nuestros colegiados el apoyo y los servicios de la entidad cooperativa, para seguir formando y mejorando la calidad de las prestaciones profesionales de nuestros colegiados, así como mejorando la eficiencia energética de las viviendas de Catalunya”.   DESCARGAR NOTA DE PRENSA

El 50% de las okupaciones se registran en Cataluña y, de esta cifra, el 75% están en la ciudad de Barcelona Las políticas de vivienda son un total fracaso, ya que facilitan y promueven la okupación sin ningún amparo a los afectados Barcelona, ​​16 de mayo – Cada vez más se vienen sucediendo numerosos conflictos y accidentes que son causa de daños personales y que tienen como origen las ocupaciones de inmuebles La posición del Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida es , en todo momento, de condena y denuncia pidiendo a las diferentes Administraciones Públicas que intervengan en lo que consideramos un auténtico y grave problema social y de seguridad , creándose peleas y amenazas entre okupas y vecinos, víctimas en un incendio… Es por este motivo que exigimos medidas legislativas urgentes para poder poner freno a la okupación . Llevamos ya mucho tiempo afirmando que las políticas de vivienda son un total fracaso en la hora de abordar esta cuestión, ya que facilitan y promueven la okupación sin ningún amparo a los afectados. Por parte de la mayoría de los grupos políticos existe una gran indiferencia. y su inacción está provocando graves consecuencias económicas, sociales y psicológicas para las personas que lo están sufriendo. SR. Enrique Vendrell , presidente del Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida, “ la ocupación ilegal de inmuebles es un delito penal y, además, afecta al derecho de propiedad, que no sólo está reconocido en la Constitución sino que además, así lo ha proclamado el Convenio Europeo de Derechos Humanos , por lo que es incomprensible que la ciudadanía no encuentre una respuesta eficaz ni penal ni civil que la proteja con eficacia de estas actuaciones delictivas y de los daños materiales que estos hechos ocasionan ”. La sensación de impotencia e impunidad que supone no sólo afecta directamente a los titulares de los inmuebles okupados, sin consentimiento y por la fuerza, sino que propicia siempre un grave problema de convivencia e inseguridad para el resto de residentes del edificio, del barrio o de la urbanización a consecuencia de actuaciones de verdaderas bandas organizadas y mafiosas, situaciones que “ los Administradores de Fincas debemos tratar de gestionar sin tener medios legales ni cobertura o asistencia policial para resolverlos ”, dice el sr. Vendrell. La realidad de esta situación está siendo recogida a diario por los medios, con altercados serios y matas mortales, como recientemente hemos podido comprobar en el incendio de un edificio en Santa Coloma de Gramanet, o de un local en la Plaza Tetuán en Barcelona . Sin embargo, siente Cataluña la comunidad donde estadísticamente se vienen produciendo prácticamente el 50% de las ocupaciones del conjunto del Estado y de éstas 75% en Barcelona, es donde las regulaciones que se vienen promoviendo desde la Administración avalan abiertamente a la okupación como una forma legítima de la posesión de una vivienda, reforzándose aún más éstas políticas permisivas o laxas en base a un error interpretación del derecho a una vivienda digna ya la vulnerabilidad residencial, “como si ésta justificase el delito y la apropiación de la propiedad privada o, incluso, de la propiedad pública destinada a arbitrar de forma ordenada las soluciones residenciales de los más necesitados, a quienes también se acaba perjudicando”, indica el sr. Vendrell. El último ejemplo de ello lo tenemos en la ley catalana 1/2022, de 3 de marzo, de modificación de la Ley 18/2007, la Ley 24/2015 y la Ley 4/2016 para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda, que presumiblemente será recorrida con éxito ante el Tribunal Constitucional. Consideramos que el derecho a la vivienda no es incompatible con el derecho a la propiedad privada, ambos deben ser protegidos, y, tal y como explica el sr. Vendrell, “ no es admisible que se amparen, protejan o justifiquen acciones delictivas de quienes les esgrimen ”. Estamos ante una situación insostenible donde además, no olvidemos, se promueve la creación de organizaciones criminales y mafias que se aprovechan de las personas y familias más necesitadas gracias a la laxitud y lentitud de las reacciones policiales y judiciales. Por todo ello, es necesario un cambio legislativo como el que ya ha sido propuesto desde nuestros colegios profesionales y la abogacía catalana, referidos a las leyes procesales civiles y penales, así como al régimen de la propiedad horizontal, que permitan una acción judicial inmediata, y que se adopten medidas efectivas con la regulación vigente que vele por la seguridad y protección de los afectados, como las adoptadas por la Comunidad de Madrid, en aplicación de el Artículo 964 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que permite, desde el 1 de mayo, realizar juicios rápidos por delitos leves de okupación de viviendas y de esta forma, poder agilizar los trámites de desahucios.   DESCARGAR NOTA DE PRENSA

B a rc e ola , 9 de mayo – El Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida, la Asociación de Promotores y Constructores de Edificios de Cataluña, la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona y el Col · legio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Barcelona y la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Cataluña han interpuesto recurso contencioso administrativo contra la Modificación del Plan General Metropolitano (MPGM) para la mejora urbanística y ambiental de los barrios de Gràcia (Barcelona) promovida por el Ayuntamiento de Barcelona, ​​cuya aprobación definitiva fue publicada el pasado 4 de marzo en el Diari Oficial de la Generalitat. La citada Modificación que afecta a los barrios de Gràcia prevé que las actuaciones edificatorias de viviendas plurifamiliares en suelo urbano consolidado o de gran rehabilitación de edificaciones de más de 400 m2 tendrán que destinar un mínimo del 30% del techo edificable a vivienda protegida, fijando un techo diferente respecto al que en su día se estableció para el resto de la ciudad (600 m2) sin justificar el motivo de esa diferencia. También cabe remarcar que la reserva en suelo urbano consolidado constituye una nueva carga sobre la propiedad, ya que impone un nuevo deber a los propietarios de este suelo. Nos encontramos pues, ante una limitación al derecho de propiedad , y, por tanto, debe comportar la correspondiente indemnización, tal y como estableció recientemente el Tribunal Constitucional. Una cuestión muy importante, que motiva el recurso, es que el estudio económico elaborado no aclara la viabilidad real de la nueva norma, ni establece la sostenibilidad para las finanzas públicas. Al igual que en su momento se hizo con la norma actualmente vigente, se incluye la rehabilitación, poniendo dificultades a una tarea que todas las administraciones competentes en materia de vivienda coinciden en estos momentos en que debe impulsarse e incentivarse, no sólo por la oportunidad de los Fondos Europeos, sino sobre todo para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y contribuir a la lucha contra el cambio climático, hechos que con la exigencia de reserva de vivienda protegida se está impidiendo o, como mínimo, dificultando. Las entidades antes mencionadas consideran que las grandes tensiones que registra hoy el acceso a la vivienda para una gran parte de las familias, tiene por origen un grave desequilibrio entre una oferta muy reducida respecto a una demanda creciente, y ausencia de políticas públicas bien diseñadas y dotadas económicamente, así como de una parálisis de la gestión de las administraciones públicas con los escasos recursos de que disponen. Según datos del Plan Territorial Sectorial de Vivienda (PTSH), el Ámbito Metropolitano de Barcelona tiene un potencial de reservas de suelo para construir más de 73.000 viviendas protegidas, de las que 20.000 en la ciudad de Barcelona. Es imprescindible movilizar estas reservas para incrementar la oferta de vivienda asequible. Es necesaria capacidad de gestión, coordinación entre administraciones y recursos económicos para disponer de un mercado estable que facilite el acceso a la vivienda de las familias, y no el continuado cambio de la regulación que afecta al sector de la vivienda, ya que crea inseguridad jurídica, imposibilita la planificación y provoca el efecto contrario, es decir, una reducción de la oferta de viviendas, dificultando aún más el acceso a la vivienda a los ciudadanos y ciudadanas de Barcelona.   DESCARGAR NOTA DE PRENSA

Los Fondos Next Generation son una oportunidad para reducir la factura energética del sector residencial La tarifa del gas ha llegado a multiplicarse por cuatro, lo que supone que en un año una factura de 10.000€ ha llegado a costar 40.000€. El incremento medio del precio de la electricidad en las comunidades de propietarios ha sido del 120% en los últimos 15 meses.   Barcelona, ​​6 de abril – El Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas -CGCAFE-, ha remitido una carta al director general de Política Energética y Minas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico solicitante que se aplique , en las comunidades de propietarios, la tarifa de los hogares , que es mucho más económica que la que actualmente se aplica a las comunidades de propietarios, que es muy similar en las tarifas industriales. Los administradores de fincas colegiados solicitamos, por tanto, una tarifa como la de los hogares y que también se aplique, como en ésta, las mismas ventajas fiscales que se están aplicando a las viviendas, evitando la discriminación que supone ésta diferente forma de confeccionar la tarifa. IMPACTO NEGATIVO EN LAS COMUNIDADES DE PROPIETARIOS El incremento del precio de la electricidad en las comunidades de propietarios en los últimos 15 meses ha sido del 120%. Es decir, en 2021, el incremento de la luz, respecto al año 2020, fue de un 42%; y en 2022, en referencia a 2021, el incremento ha sido de un 77% -media de los tres primeros meses de 2022-. El precio del gasóleo de calefacción también ha experimentado una gran subida: en 2020, 15.000 litros de gasóleo tenían un coste de 7.850€; en 2021, alcanza los 9.300 €; y en 2022, el importe es de 18.000€. Y el mayor incremento es el precio correspondiente al gas, para el mismo consumo, una factura de enero de 2021 alcanzaba los 12.684 €, y en enero de 2022 alcanza los 43.000 €. Para Salvador Díez , presidente en funciones del CGCAFE, “estos aumentos del precio de la electricidad y fundamentalmente del gas , afectan muy negativamente a las comunidades de propietarios, que se están viendo obligadas a establecer derramas extraordinarias oa reducir el tiempo de servicios como la calefacción central. Por eso, consideramos muy urgente y necesario que la Administración Pública tome las medidas necesarias para afrontar este problema y tengan en consideración las propuestas de los administradores de fincas colegiados” . EL CGCAFE considera que aquests preus tan elevats provocaran un augment de la morositat en les comunitats de propietaris si no es prenen mesures, entre altres, com les propostes pels administradors de finques col·legiats, i comportarà que moltes famílies no puguin pagar les despeses comunitàries, havent d’assumir, la resta dels propietaris/es, la part de la quota comunitària que no puguin pagar alguns veïns/es. “La qual cosa, si bé no és la solució, facilita que la vida comunitària continuï. Aquesta manera d’afrontar tals difícils situacions, amb voluntat solidària en la majoria dels casos i per necessitat de força major en unes altres, defineix el caràcter de les comunitats de propietaris enfront del compliment de les seves obligacions davant els proveïdors i creditors”, apunta Lorenzo Viñas, gerent del Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida (CAFBL). FONDO NEXT GENERATION Este período inflacionista evidencia los riesgos de la dependencia energética de nuestro país. Por eso, los Administradores de Fincas colegiados recuerdan que será fundamental que las comunidades de propietarios soliciten los Fondos Next Generation para realizar obras de rehabilitación para mejorar la eficiencia energética. Ésta será la mejor forma para abaratar las facturas energéticas y para construir entornos más saludables. Para Alberto Izquierdo , secretario del CAFBL, «la rehabilitación es uno de los motores de la recuperación económica y para ello es necesario que las comunidades de propietarios tengan capacidad para acceder a la rehabilitación ya las obras «. El CGCAFE mantiene la colaboración con las diferentes Administraciones Públicas y todos los agentes implicados en estos temas para que se agilicen los trámites relacionados con la rehabilitación de edificios y viviendas en España y que las ayudas públicas con cargo a los Fondos Next Generation lleguen al mayor número posible de hogares y edificios.   DESCARGAR NOTA DE PRENSA

En otras ciudades europeas, las políticas de promoción de la vivienda en alquiler intentan ayudar a los propietarios con, por ejemplo, bonificaciones del IBI, al contrario de aquí   Barcelona, ​​4 de marzo – El incremento del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) en la ciudad de Barcelona en estos últimos años ha llegado a una situación casi insostenible. Según datos del Instituto de Estadística de Cataluña (IDESCAT), en el período comprendido entre 2006 y 2020, el incremento fue del 62,51%, lo que deduciendo la inflación que fue del 19,5% según el INE queda en un incremento neto del 43,01%. Este aumento, en el contexto del mercado de alquiler de viviendas actual, es contradictorio e incoherente con los pretendidos fines del control de precios en el alquiler. Todas las políticas de intervención que se están promoviendo desde el Consistorio para limitar las rentas en los contratos de arrendamiento de vivienda han provocado la reducción de la oferta de alquiler. En la realidad del mercado inmobiliario, comparando el mismo período 2006-2020, el incremento del precio medio del alquiler de vivienda en la ciudad de Barcelona fue del 33,85%, que deduciendo la inflación, queda en un incremento neto de el 11,36%. Muy lejos, sin duda, del aumento tan desmedido del IBI que castiga de forma desorbitada a los propietarios de viviendas . Puesto que, por un lado, se fuerza la reducción del alquiler y se limita su actualización y, por otro, se incrementa la carga de gasto en impuestos y en los gastos de mantenimiento y eficiencia energética de las viviendas. Este hecho supone que los propietarios de bienes inmuebles que tengan su propiedad alquilada deban soportar unos costes cada vez más elevados, mientras que el precio del alquiler se encuentra tensionado por la regulación intervencionista y estigmatizadora de los arrendadores, provocando una grave inseguridad en las relaciones jurídicas. Estas políticas de vivienda son contrarias a la línea seguida por gobiernos del mismo signo en otras ciudades europeas como Lisboa, donde sus iniciativas de promoción de vivienda de alquiler asequible incentivan también a la persona arrendadora y de ahí su éxito. Ya que aquellos propietarios que alquilen su inmueble dentro de unas condiciones específicas tienen unas bonificaciones fiscales como es la reducción del IBI, entre otras. Esta medida es más coherente con una promoción del mercado de alquiler de vivienda, en contraposición con las actuaciones de control y régimen sancionador que se aplican en nuestro país. Con todo ello, desde el Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida queremos realizar un llamamiento al Ayuntamiento de Barcelona para ofrecer nuestra colaboración para promover políticas de fomento de viviendas de alquiler asequible considerando a las dos partes, tanto a arrendatarios como a las personas propietarias que destinan sus viviendas al arrendamiento.   DESCARGAR NOTA DE PRENSA

Barcelona, ​​lunes 14 de marzo – El pasado jueves, 10 de marzo, el Tribunal Constitucional hizo público que determina que Cataluña no tiene competencias para establecer criterios en la fijación de los precios de alquiler de viviendas. No es ninguna sorpresa. Los abajo firmantes ya lo denunciamos y hemos tratado de trasladar, sin éxito, al Gobierno, a los partidos ya la ciudadanía la inseguridad jurídica que supone la aplicación de esta ley, que además provoca los efectos contrarios a los pretendidos. Desgraciadamente, no se nos escuchó, no se nos ha escuchado y no se nos escucha , aunque hemos pedido reiteradamente encontrarnos con el Muy Honorable Presidente de la Generalidad de Cataluña para poder comunicar nuestras inquietudes y propuestas, así como para compartir nuestra experiencia y conocimiento del comportamiento del mercado. El Consejo de Garantías Estatutarias de Catalunya, en su dictamen, lo advirtió a todos los grupos parlamentarios ya los promotores de la ley, por lo que nadie debería sorprenderse de la resolución del TC. Las reiteradas resoluciones contrarias -sin ir más lejos, hace pocos días se ha anulado el Decreto Ley 37/2020 de refuerzo al derecho a la vivienda ante los efectos de la pandemia y antes parte del Decreto Ley 17/2019 de medidas para mejorar el acceso a la vivienda-, están provocando y agravando una situación de inseguridad jurídica , en un tema tan delicado y básico como es la vivienda, que precisamente requiere estabilidad. Es hora de que, de una vez por todas, el Gobierno y los grupos parlamentarios afronten la problemática de la vivienda en su profundidad con medidas estructurales, y no con normativas populistas que sólo provocan el efecto contrario, ya que cada vez existen hay menos disponibilidad de vivienda asequible y mayor desconfianza. Hay que crear un marco adecuado , sereno, donde todos los afectados puedan participar , donde se den las condiciones necesarias para generar un auténtico diálogo social y, en definitiva, se puedan dar los elementos necesarios para hacer efectiva una verdadera concertación público-privada de todos los implicados o sea posible alcanzar el consenso necesario, en el que cada actor asuma su papel. Se trata de que propietarios y inquilinos, que son los que se mueven principalmente en el sector privado, arreglen sus diferencias, pero también de que ambos exijan al sector público su participación directa con medidas efectivas que creen seguridad, estabilidad, pacifiquen el mercado y permitan recuperar la confianza en el alquiler . No podemos seguir por el mismo camino y salvar los arrecifes jurídicos que cada vez pone sobre la mesa el TC, con parches y nuevas leyes, decretos-ley y decretos. En este sentido, reiteramos nuestro ofrecimiento y nuestra predisposición al colaborar y participar para poner en marcha medidas que sean realmente efectivas . No se puede escuchar únicamente en las propuestas de unos determinados movimientos sociales y que los representantes políticos se limiten a seguir sus consignas ideológicas, sino que debe tenerse en cuenta a todos los agentes implicados para poder disponer de una regulación justa y equilibrada, y que represente una solución efectiva y estable al problema del acceso a la vivienda.   Se trata de un comunicado conjunto entre entidades del sector inmobiliario. Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida (CAFBL) Consejo de Colegios de Administradores de Fincas de Cataluña Asociación de Agentes Inmobiliarios de Cataluña Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Barcelona y Provincia Consejo de Colegios de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Cataluña Asociación de Promotores y Constructores de Edificios de Cataluña (APCE) Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona-Lleida   DESCARGAR NOTA DE PRENSA

La Oficina Técnica de Rehabilitación de Cataluña tendrá su sede en el Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona-Lleida Los Administradores de Fincas colegiados se convierten en nexo de unión entre la administración pública y la sociedad Viernes, 28 de enero – El Consejo de Colegios de Administradores de Fincas de Cataluña ha organizado este viernes 28 de enero un seminario presencial para presentar la Oficina Técnica de Rehabilitación de Cataluña (OTRC) , en el marco del Plan de Recuperación , Transformación y Resiliencia para el desarrollo de los fondos europeos de recuperación Next Generation EU . Al acto ha asistido el secretario de Vivienda e Inclusión Social, el SR. Carlos Sala y Roca , y el Sr. Ramon Casals i Mata , director general de Derecho, Entidades Jurídicas y Mediación de la Generalidad de Cataluña, además de otros representantes del sector inmobiliario: la Sra. Anabel Miró, asesora jurídica del Consejo de Colegios de Administradores de Fincas de Cataluña, D. Enrique Vendrell, presidente del Consejo de Colegios de Administradores de Fincas de Cataluña, D. Alberto Izquierdo. Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida, D. Lorenzo I. Viñas, gerente del Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida, D. Víctor Tapiol, vocal de la Junta de Gobierno del Col. ·legio de Administradores de Fincas de Barcelona-Lleida, Dª Inmaculada Barral, catedrática Universidad de Barcelona y Miembro de la Sección de Armonización de la Comisión de Codificación de Cataluña y D. Pedro Maqueda, CEO de SENSEDI. En este contexto de los Fondos Europeos NEXT GENERATION , uno de los principales objetivos es activar el sector de la rehabilitación para conseguir una renovación sostenible del parque edificado y la Administración considera que es esencial el papel de los Administradores de Fincas para impulsar, de forma conjunta, la rehabilitación energética de los edificios . «Nuestro colectivo, el de los administradores de fincas, es esencial para el éxito del Next Generation» , afirma Víctor Tapiol. Por este motivo, y por acuerdo con la Agencia de Vivienda de Cataluña (AHC), el Consejo de Colegios de Administradores de fincas de Cataluña ha creado esta Oficina Técnica de Rehabilitación y tendrá su sede en las oficinas del CAFBL . Según explica el Sr. Sales, “en cuanto a los prescriptores que deben hacer posible esta rehabilitación energética de los edificios, la figura clave por la que hemos apostado son los Administradores de Fincas. Para que los ciudadanos entiendan de la importancia de la rehabilitación energética, convencerles de los beneficios y facilitarles el camino para que puedan acogerse a las subvenciones de los fondos europeos Next Generation”. El objetivo de la OTRC es la de coordinar, informar y facilitar la gestión de las ayudas y la prestación de servicios que contribuyan a facilitar la implementación y gestión integral de los proyectos de rehabilitación energética en el ámbito residencial al servicio de los ciudadanos y particularmente de las comunidades de propietarios. De los fondos europeos NEXT GENERATION se destinarán 480 millones de euros a Cataluña y estarán repartidos en 5 programas: 1) Barris; 2) Oficinas de rehabilitación; 3) Edificios; 4) Viviendas, y 5) Proyectos / Libro del edificio. Es el programa 3 el que forma el núcleo más notable del convenio entre el AHC y los colegios técnicos y administradores. Y en el marco de este programa se estima que se puedan rehabilitar un total de 1.500 edificios, que corresponden a unas 22.750 viviendas aproximadamente, antes de diciembre de 2023 y antes de finalizar el año 2026, 65.000 viviendas . El CAFBL, sede de la OTRC El Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida juega un papel muy importante en este proyecto, dado que se convierte en la sede de la Oficina Técnica de Rehabilitación de Cataluña, convirtiéndose en el nexo de unión entre la administración pública y la sociedad . La actividad desarrollada en la OTRC tendrá cabida en los tres colegios de Cataluña e irá desarrollándose en los tres en un proceso de integración en función del incremento de la actividad, tal y como explica en Lorenzo Viñas, gerente del CAFBL. En cuanto a la OTRC, se han establecido diferentes líneas de actuación para cumplir con las obligaciones establecidas en el Convenio con el AHC: formación con talleres mensuales en formato telemático para los colegiados, asesoramiento que desarrollará la asesoría de arquitectura del CAFBL, acompañamiento en el proceso de presentación de documentos, difusión de las condiciones del programa de subvención de rehabilitación y comunicación en la sociedad. El sr. Viñas recalca que «es de importante relevancia la comunicación con la AHC para que la sociedad conozca la actuación de esta OTRC y todos los actores implicados» . Con esta iniciativa se apoyarán tres ejes: el económico, el medioambiental y el social. Económico porque se aprovechará el dinero procedente de los Fondos Europeos Next Generation, quedándose en el tejido económico de Catalunya. Medioambiental, porque con ese capital se mejorará en forma de rehabilitación la eficiencia energética de los edificios. Y social, porque habrá una participación público-privada entre la Agencia de la Vivienda de Cataluña y los Colegios de Administradores de Fincas. Sobre esta colaboración público-privada, SR. Casals remarca que «es imprescindible para sacar el máximo provecho de estos fondos y ayudar así a tener un parque de viviendas mucho más eficiente». El acto ha tenido un gran interés, tanto por administradores de fincas como por otras personas vinculadas al sector inmobiliario, y ha terminado con una mesa redonda donde se han expuesto todos los detalles de la última modificación del Libro V del CCCat que se deriva de la gestión de los fondos en las comunidades de propietarios.   DESCARGAR NOTA DE PRENSA DESCARGAR FOTOS: Foto_1 Foto_2 Foto_3 Foto_4