Notas de prensa

B a rc e ola , 9 de mayo – El Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida, la Asociación de Promotores y Constructores de Edificios de Cataluña, la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona y el Col · legio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Barcelona y la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Cataluña han interpuesto recurso contencioso administrativo contra la Modificación del Plan General Metropolitano (MPGM) para la mejora urbanística y ambiental de los barrios de Gràcia (Barcelona) promovida por el Ayuntamiento de Barcelona, ​​cuya aprobación definitiva fue publicada el pasado 4 de marzo en el Diari Oficial de la Generalitat. La citada Modificación que afecta a los barrios de Gràcia prevé que las actuaciones edificatorias de viviendas plurifamiliares en suelo urbano consolidado o de gran rehabilitación de edificaciones de más de 400 m2 tendrán que destinar un mínimo del 30% del techo edificable a vivienda protegida, fijando un techo diferente respecto al que en su día se estableció para el resto de la ciudad (600 m2) sin justificar el motivo de esa diferencia. También cabe remarcar que la reserva en suelo urbano consolidado constituye una nueva carga sobre la propiedad, ya que impone un nuevo deber a los propietarios de este suelo. Nos encontramos pues, ante una limitación al derecho de propiedad , y, por tanto, debe comportar la correspondiente indemnización, tal y como estableció recientemente el Tribunal Constitucional. Una cuestión muy importante, que motiva el recurso, es que el estudio económico elaborado no aclara la viabilidad real de la nueva norma, ni establece la sostenibilidad para las finanzas públicas. Al igual que en su momento se hizo con la norma actualmente vigente, se incluye la rehabilitación, poniendo dificultades a una tarea que todas las administraciones competentes en materia de vivienda coinciden en estos momentos en que debe impulsarse e incentivarse, no sólo por la oportunidad de los Fondos Europeos, sino sobre todo para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y contribuir a la lucha contra el cambio climático, hechos que con la exigencia de reserva de vivienda protegida se está impidiendo o, como mínimo, dificultando. Las entidades antes mencionadas consideran que las grandes tensiones que registra hoy el acceso a la vivienda para una gran parte de las familias, tiene por origen un grave desequilibrio entre una oferta muy reducida respecto a una demanda creciente, y ausencia de políticas públicas bien diseñadas y dotadas económicamente, así como de una parálisis de la gestión de las administraciones públicas con los escasos recursos de que disponen. Según datos del Plan Territorial Sectorial de Vivienda (PTSH), el Ámbito Metropolitano de Barcelona tiene un potencial de reservas de suelo para construir más de 73.000 viviendas protegidas, de las que 20.000 en la ciudad de Barcelona. Es imprescindible movilizar estas reservas para incrementar la oferta de vivienda asequible. Es necesaria capacidad de gestión, coordinación entre administraciones y recursos económicos para disponer de un mercado estable que facilite el acceso a la vivienda de las familias, y no el continuado cambio de la regulación que afecta al sector de la vivienda, ya que crea inseguridad jurídica, imposibilita la planificación y provoca el efecto contrario, es decir, una reducción de la oferta de viviendas, dificultando aún más el acceso a la vivienda a los ciudadanos y ciudadanas de Barcelona.   DESCARGAR NOTA DE PRENSA

Los Fondos Next Generation son una oportunidad para reducir la factura energética del sector residencial La tarifa del gas ha llegado a multiplicarse por cuatro, lo que supone que en un año una factura de 10.000€ ha llegado a costar 40.000€. El incremento medio del precio de la electricidad en las comunidades de propietarios ha sido del 120% en los últimos 15 meses.   Barcelona, ​​6 de abril – El Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas -CGCAFE-, ha remitido una carta al director general de Política Energética y Minas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico solicitante que se aplique , en las comunidades de propietarios, la tarifa de los hogares , que es mucho más económica que la que actualmente se aplica a las comunidades de propietarios, que es muy similar en las tarifas industriales. Los administradores de fincas colegiados solicitamos, por tanto, una tarifa como la de los hogares y que también se aplique, como en ésta, las mismas ventajas fiscales que se están aplicando a las viviendas, evitando la discriminación que supone ésta diferente forma de confeccionar la tarifa. IMPACTO NEGATIVO EN LAS COMUNIDADES DE PROPIETARIOS El incremento del precio de la electricidad en las comunidades de propietarios en los últimos 15 meses ha sido del 120%. Es decir, en 2021, el incremento de la luz, respecto al año 2020, fue de un 42%; y en 2022, en referencia a 2021, el incremento ha sido de un 77% -media de los tres primeros meses de 2022-. El precio del gasóleo de calefacción también ha experimentado una gran subida: en 2020, 15.000 litros de gasóleo tenían un coste de 7.850€; en 2021, alcanza los 9.300 €; y en 2022, el importe es de 18.000€. Y el mayor incremento es el precio correspondiente al gas, para el mismo consumo, una factura de enero de 2021 alcanzaba los 12.684 €, y en enero de 2022 alcanza los 43.000 €. Para Salvador Díez , presidente en funciones del CGCAFE, “estos aumentos del precio de la electricidad y fundamentalmente del gas , afectan muy negativamente a las comunidades de propietarios, que se están viendo obligadas a establecer derramas extraordinarias oa reducir el tiempo de servicios como la calefacción central. Por eso, consideramos muy urgente y necesario que la Administración Pública tome las medidas necesarias para afrontar este problema y tengan en consideración las propuestas de los administradores de fincas colegiados” . EL CGCAFE considera que aquests preus tan elevats provocaran un augment de la morositat en les comunitats de propietaris si no es prenen mesures, entre altres, com les propostes pels administradors de finques col·legiats, i comportarà que moltes famílies no puguin pagar les despeses comunitàries, havent d’assumir, la resta dels propietaris/es, la part de la quota comunitària que no puguin pagar alguns veïns/es. “La qual cosa, si bé no és la solució, facilita que la vida comunitària continuï. Aquesta manera d’afrontar tals difícils situacions, amb voluntat solidària en la majoria dels casos i per necessitat de força major en unes altres, defineix el caràcter de les comunitats de propietaris enfront del compliment de les seves obligacions davant els proveïdors i creditors”, apunta Lorenzo Viñas, gerent del Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida (CAFBL). FONDO NEXT GENERATION Este período inflacionista evidencia los riesgos de la dependencia energética de nuestro país. Por eso, los Administradores de Fincas colegiados recuerdan que será fundamental que las comunidades de propietarios soliciten los Fondos Next Generation para realizar obras de rehabilitación para mejorar la eficiencia energética. Ésta será la mejor forma para abaratar las facturas energéticas y para construir entornos más saludables. Para Alberto Izquierdo , secretario del CAFBL, «la rehabilitación es uno de los motores de la recuperación económica y para ello es necesario que las comunidades de propietarios tengan capacidad para acceder a la rehabilitación ya las obras «. El CGCAFE mantiene la colaboración con las diferentes Administraciones Públicas y todos los agentes implicados en estos temas para que se agilicen los trámites relacionados con la rehabilitación de edificios y viviendas en España y que las ayudas públicas con cargo a los Fondos Next Generation lleguen al mayor número posible de hogares y edificios.   DESCARGAR NOTA DE PRENSA

En otras ciudades europeas, las políticas de promoción de la vivienda en alquiler intentan ayudar a los propietarios con, por ejemplo, bonificaciones del IBI, al contrario de aquí   Barcelona, ​​4 de marzo – El incremento del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) en la ciudad de Barcelona en estos últimos años ha llegado a una situación casi insostenible. Según datos del Instituto de Estadística de Cataluña (IDESCAT), en el período comprendido entre 2006 y 2020, el incremento fue del 62,51%, lo que deduciendo la inflación que fue del 19,5% según el INE queda en un incremento neto del 43,01%. Este aumento, en el contexto del mercado de alquiler de viviendas actual, es contradictorio e incoherente con los pretendidos fines del control de precios en el alquiler. Todas las políticas de intervención que se están promoviendo desde el Consistorio para limitar las rentas en los contratos de arrendamiento de vivienda han provocado la reducción de la oferta de alquiler. En la realidad del mercado inmobiliario, comparando el mismo período 2006-2020, el incremento del precio medio del alquiler de vivienda en la ciudad de Barcelona fue del 33,85%, que deduciendo la inflación, queda en un incremento neto de el 11,36%. Muy lejos, sin duda, del aumento tan desmedido del IBI que castiga de forma desorbitada a los propietarios de viviendas . Puesto que, por un lado, se fuerza la reducción del alquiler y se limita su actualización y, por otro, se incrementa la carga de gasto en impuestos y en los gastos de mantenimiento y eficiencia energética de las viviendas. Este hecho supone que los propietarios de bienes inmuebles que tengan su propiedad alquilada deban soportar unos costes cada vez más elevados, mientras que el precio del alquiler se encuentra tensionado por la regulación intervencionista y estigmatizadora de los arrendadores, provocando una grave inseguridad en las relaciones jurídicas. Estas políticas de vivienda son contrarias a la línea seguida por gobiernos del mismo signo en otras ciudades europeas como Lisboa, donde sus iniciativas de promoción de vivienda de alquiler asequible incentivan también a la persona arrendadora y de ahí su éxito. Ya que aquellos propietarios que alquilen su inmueble dentro de unas condiciones específicas tienen unas bonificaciones fiscales como es la reducción del IBI, entre otras. Esta medida es más coherente con una promoción del mercado de alquiler de vivienda, en contraposición con las actuaciones de control y régimen sancionador que se aplican en nuestro país. Con todo ello, desde el Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida queremos realizar un llamamiento al Ayuntamiento de Barcelona para ofrecer nuestra colaboración para promover políticas de fomento de viviendas de alquiler asequible considerando a las dos partes, tanto a arrendatarios como a las personas propietarias que destinan sus viviendas al arrendamiento.   DESCARGAR NOTA DE PRENSA

Barcelona, ​​lunes 14 de marzo – El pasado jueves, 10 de marzo, el Tribunal Constitucional hizo público que determina que Cataluña no tiene competencias para establecer criterios en la fijación de los precios de alquiler de viviendas. No es ninguna sorpresa. Los abajo firmantes ya lo denunciamos y hemos tratado de trasladar, sin éxito, al Gobierno, a los partidos ya la ciudadanía la inseguridad jurídica que supone la aplicación de esta ley, que además provoca los efectos contrarios a los pretendidos. Desgraciadamente, no se nos escuchó, no se nos ha escuchado y no se nos escucha , aunque hemos pedido reiteradamente encontrarnos con el Muy Honorable Presidente de la Generalidad de Cataluña para poder comunicar nuestras inquietudes y propuestas, así como para compartir nuestra experiencia y conocimiento del comportamiento del mercado. El Consejo de Garantías Estatutarias de Catalunya, en su dictamen, lo advirtió a todos los grupos parlamentarios ya los promotores de la ley, por lo que nadie debería sorprenderse de la resolución del TC. Las reiteradas resoluciones contrarias -sin ir más lejos, hace pocos días se ha anulado el Decreto Ley 37/2020 de refuerzo al derecho a la vivienda ante los efectos de la pandemia y antes parte del Decreto Ley 17/2019 de medidas para mejorar el acceso a la vivienda-, están provocando y agravando una situación de inseguridad jurídica , en un tema tan delicado y básico como es la vivienda, que precisamente requiere estabilidad. Es hora de que, de una vez por todas, el Gobierno y los grupos parlamentarios afronten la problemática de la vivienda en su profundidad con medidas estructurales, y no con normativas populistas que sólo provocan el efecto contrario, ya que cada vez existen hay menos disponibilidad de vivienda asequible y mayor desconfianza. Hay que crear un marco adecuado , sereno, donde todos los afectados puedan participar , donde se den las condiciones necesarias para generar un auténtico diálogo social y, en definitiva, se puedan dar los elementos necesarios para hacer efectiva una verdadera concertación público-privada de todos los implicados o sea posible alcanzar el consenso necesario, en el que cada actor asuma su papel. Se trata de que propietarios y inquilinos, que son los que se mueven principalmente en el sector privado, arreglen sus diferencias, pero también de que ambos exijan al sector público su participación directa con medidas efectivas que creen seguridad, estabilidad, pacifiquen el mercado y permitan recuperar la confianza en el alquiler . No podemos seguir por el mismo camino y salvar los arrecifes jurídicos que cada vez pone sobre la mesa el TC, con parches y nuevas leyes, decretos-ley y decretos. En este sentido, reiteramos nuestro ofrecimiento y nuestra predisposición al colaborar y participar para poner en marcha medidas que sean realmente efectivas . No se puede escuchar únicamente en las propuestas de unos determinados movimientos sociales y que los representantes políticos se limiten a seguir sus consignas ideológicas, sino que debe tenerse en cuenta a todos los agentes implicados para poder disponer de una regulación justa y equilibrada, y que represente una solución efectiva y estable al problema del acceso a la vivienda.   Se trata de un comunicado conjunto entre entidades del sector inmobiliario. Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida (CAFBL) Consejo de Colegios de Administradores de Fincas de Cataluña Asociación de Agentes Inmobiliarios de Cataluña Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Barcelona y Provincia Consejo de Colegios de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Cataluña Asociación de Promotores y Constructores de Edificios de Cataluña (APCE) Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona-Lleida   DESCARGAR NOTA DE PRENSA

La Oficina Técnica de Rehabilitación de Cataluña tendrá su sede en el Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona-Lleida Los Administradores de Fincas colegiados se convierten en nexo de unión entre la administración pública y la sociedad Viernes, 28 de enero – El Consejo de Colegios de Administradores de Fincas de Cataluña ha organizado este viernes 28 de enero un seminario presencial para presentar la Oficina Técnica de Rehabilitación de Cataluña (OTRC) , en el marco del Plan de Recuperación , Transformación y Resiliencia para el desarrollo de los fondos europeos de recuperación Next Generation EU . Al acto ha asistido el secretario de Vivienda e Inclusión Social, el SR. Carlos Sala y Roca , y el Sr. Ramon Casals i Mata , director general de Derecho, Entidades Jurídicas y Mediación de la Generalidad de Cataluña, además de otros representantes del sector inmobiliario: la Sra. Anabel Miró, asesora jurídica del Consejo de Colegios de Administradores de Fincas de Cataluña, D. Enrique Vendrell, presidente del Consejo de Colegios de Administradores de Fincas de Cataluña, D. Alberto Izquierdo. Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida, D. Lorenzo I. Viñas, gerente del Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida, D. Víctor Tapiol, vocal de la Junta de Gobierno del Col. ·legio de Administradores de Fincas de Barcelona-Lleida, Dª Inmaculada Barral, catedrática Universidad de Barcelona y Miembro de la Sección de Armonización de la Comisión de Codificación de Cataluña y D. Pedro Maqueda, CEO de SENSEDI. En este contexto de los Fondos Europeos NEXT GENERATION , uno de los principales objetivos es activar el sector de la rehabilitación para conseguir una renovación sostenible del parque edificado y la Administración considera que es esencial el papel de los Administradores de Fincas para impulsar, de forma conjunta, la rehabilitación energética de los edificios . «Nuestro colectivo, el de los administradores de fincas, es esencial para el éxito del Next Generation» , afirma Víctor Tapiol. Por este motivo, y por acuerdo con la Agencia de Vivienda de Cataluña (AHC), el Consejo de Colegios de Administradores de fincas de Cataluña ha creado esta Oficina Técnica de Rehabilitación y tendrá su sede en las oficinas del CAFBL . Según explica el Sr. Sales, “en cuanto a los prescriptores que deben hacer posible esta rehabilitación energética de los edificios, la figura clave por la que hemos apostado son los Administradores de Fincas. Para que los ciudadanos entiendan de la importancia de la rehabilitación energética, convencerles de los beneficios y facilitarles el camino para que puedan acogerse a las subvenciones de los fondos europeos Next Generation”. El objetivo de la OTRC es la de coordinar, informar y facilitar la gestión de las ayudas y la prestación de servicios que contribuyan a facilitar la implementación y gestión integral de los proyectos de rehabilitación energética en el ámbito residencial al servicio de los ciudadanos y particularmente de las comunidades de propietarios. De los fondos europeos NEXT GENERATION se destinarán 480 millones de euros a Cataluña y estarán repartidos en 5 programas: 1) Barris; 2) Oficinas de rehabilitación; 3) Edificios; 4) Viviendas, y 5) Proyectos / Libro del edificio. Es el programa 3 el que forma el núcleo más notable del convenio entre el AHC y los colegios técnicos y administradores. Y en el marco de este programa se estima que se puedan rehabilitar un total de 1.500 edificios, que corresponden a unas 22.750 viviendas aproximadamente, antes de diciembre de 2023 y antes de finalizar el año 2026, 65.000 viviendas . El CAFBL, sede de la OTRC El Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida juega un papel muy importante en este proyecto, dado que se convierte en la sede de la Oficina Técnica de Rehabilitación de Cataluña, convirtiéndose en el nexo de unión entre la administración pública y la sociedad . La actividad desarrollada en la OTRC tendrá cabida en los tres colegios de Cataluña e irá desarrollándose en los tres en un proceso de integración en función del incremento de la actividad, tal y como explica en Lorenzo Viñas, gerente del CAFBL. En cuanto a la OTRC, se han establecido diferentes líneas de actuación para cumplir con las obligaciones establecidas en el Convenio con el AHC: formación con talleres mensuales en formato telemático para los colegiados, asesoramiento que desarrollará la asesoría de arquitectura del CAFBL, acompañamiento en el proceso de presentación de documentos, difusión de las condiciones del programa de subvención de rehabilitación y comunicación en la sociedad. El sr. Viñas recalca que «es de importante relevancia la comunicación con la AHC para que la sociedad conozca la actuación de esta OTRC y todos los actores implicados» . Con esta iniciativa se apoyarán tres ejes: el económico, el medioambiental y el social. Económico porque se aprovechará el dinero procedente de los Fondos Europeos Next Generation, quedándose en el tejido económico de Catalunya. Medioambiental, porque con ese capital se mejorará en forma de rehabilitación la eficiencia energética de los edificios. Y social, porque habrá una participación público-privada entre la Agencia de la Vivienda de Cataluña y los Colegios de Administradores de Fincas. Sobre esta colaboración público-privada, SR. Casals remarca que «es imprescindible para sacar el máximo provecho de estos fondos y ayudar así a tener un parque de viviendas mucho más eficiente». El acto ha tenido un gran interés, tanto por administradores de fincas como por otras personas vinculadas al sector inmobiliario, y ha terminado con una mesa redonda donde se han expuesto todos los detalles de la última modificación del Libro V del CCCat que se deriva de la gestión de los fondos en las comunidades de propietarios.   DESCARGAR NOTA DE PRENSA DESCARGAR FOTOS: Foto_1 Foto_2 Foto_3 Foto_4

La emergencia sanitaria motivó la publicación del Decreto Ley 10/2020 de 27 de marzo por el que se reguló la suspensión de los plazos legales y estatutarios por la celebración de las Juntas de propietarios sujetos al régimen de propiedad horizontal facilitando al mismo tiempo, la posibilidad, aunque los estatutos no lo establezcan, de celebrar reuniones y adoptar acuerdos por medio de videoconferencia o de adoptar acuerdos sin reunión, de acuerdo con el Código Civil de Cataluña, así como la ampliación del plazo para la elaboración, aprobación y presentación de las cuentas anuales. Las circunstancias que llevaron a su aprobación, desgraciadamente, no ha desaparecido, todo lo contrario. A pesar de las sucesivas ampliaciones del período de suspensión de la obligación de convocar juntas de propietarios y las modificaciones de aquel Decreto Ley 10/2020, el próximo 31 de diciembre de este año finalizar dicho período de suspensión. Así y en consideración que las estadísticas de las últimas semanas señalan un constante incremento de contagios de la COVID-19 y que Cataluña vuelve a encontrarse en una situación de riesgo alto, desde el Consejo Colegios de Administradores de fincas de Catalunya hemos propuesto al Departamento de Justicia de la Generalitat, la siguiente regulación: 1.- De manera excepcional, ya consecuencia de los efectos derivados de la COVID-19, la obligación de convocar y celebrar las juntas de propietarios en las comunidades sujetas a régimen de propiedad horizontal quede suspendida hasta el 30 de junio de 2022, sin perjuicio de la posibilidad de cada comunidad de convocar y celebrar la junta de propietarios dentro de este plazo, de acuerdo con sus circunstancias y las medidas de seguridad que en cada momento sean aplicables, a iniciativa de la Presidencia o si lo solicita al menos un veinticinco por ciento de las personas propietarias con derecho a voto, que representen el mismo porcentaje de cuotas. La celebración de la junta también puede llevarse a cabo por videoconferencia o de otros medios de comunicación de acuerdo a lo que establece el artículo 312-5.2 del Código civil de Cataluña, aunque no esté previsto en los estatutos ni acordado previamente por la Junta de propietarios . El último presupuesto anual aprobado se entiende prorrogado hasta la celebración de la junta ordinaria, en la que también debe procederse a la aprobación de las cuentas anteriores ya la renovación de los cargos, de acuerdo con lo que establece el artículo 553-15 del Código civil de Cataluña. 2.- Excepcionalmente, por aquellos supuestos en los que no se pueda llevar la celebración de la Junta a través de los medios establecidos y hasta la misma fecha, también pueden adoptar acuerdos sin reunión de conformidad con lo dispuesto en el artículo 312-7 del Código civil de Cataluña, a instancia de la persona que preside la comunidad de propietarios.

Fruto del acuerdo, los 400 administradores de fincas del CAFBL podrán unirse a ASVAL gratuitamente y obtener las mismas ventajas que sus más de 3.000 asociados, viendo así representados y defendidos sus derechos. ASVAL y CAFBL trabajarán juntos con el objetivo de mejorar el acceso de los españoles a una vivienda y alcanzar los estándares de los países más eficaces de la Unión Europea en política de vivienda. Ambas organizaciones coinciden en que son muy necesarias herramientas que incentiven la oferta y favorezcan el acceso a la vivienda.   Barcelona, ​​Julio de 2021- La Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (ASVAL) y el Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida (CAFBL) han firmado un acuerdo de colaboración con la finalidad de promover un marco estable e iniciativas que fomenten el incremento de la vivienda en alquiler en España. ASVAL y CAFBL comparten la visión de que el mercado de alquiler se encuentra en pleno desarrollo en España. Por eso, coinciden en que es muy necesario implementar herramientas que incentiven la oferta de vivienda de alquiler en todas las modalidades, libre y en alquiler social ya precio asequible, lo que derivará en una mayor facilidad en el acceso a la vivienda . El acuerdo entre las organizaciones profundiza en esta línea, al señalar que ambas trabajarán juntas para promover el desarrollo del alquiler, con el objetivo común de alcanzar los estándares de los países más eficaces de la Unión Europea en política de vivienda. Son varios los puntos de trabajo en los que este convenio incide como vías para conseguir metas comunes. Entre ellas, destacan el fomento del diálogo con la Administración y Organismos Públicos tanto a nivel local, autonómico y nacional de cara a facilitar que las políticas de alquiler cumplan con sus objetivos de la forma más eficiente; fomentar la profesionalización del alquiler para promover un sector más eficaz y transparente, o el desarrollo de propuestas e iniciativas para mejorar el marco regulador de la vivienda de alquiler, para dotarle de una mayor seguridad jurídica, entre otros aspectos. El convenio también recoge que los 2.400 administradores de fincas de Barcelona y Lleida podrán unirse a ASVAL de forma gratuita y beneficiarse de las mismas ventajas que obtienen los más de 3.000 propietarios miembros de la asociación: resumen de prensa diario con las principales noticias del alquiler, información detallada sobre normativas y cambios legales, los informes y datos más relevantes del sector y acceso a webinares y eventos de calidad. Con esto, ASVAL avanzará en su objetivo de representar a todas las partes relacionadas con la oferta de vivienda en alquiler. Actualmente, la asociación supera a los 3.000 asociados en poco más de un año. El 95% de sus miembros son propietarios particulares y entre los profesionales se encuentran las más destacadas compañías del sector . ASVAL quiere representar a toda la oferta de vivienda en alquiler para trabajar juntos en el desarrollo del alquiler en España y conseguir que este mercado tenga el peso que tiene en otros países europeos. Necesitamos una mayor oferta de vivienda de alquiler, tanto social, asequible como libre, para mejorar la accesibilidad a la vivienda, sobre todo a jóvenes y familias con menos recursos. Por eso, es crucial, trabajar de la mano de otras instituciones como el CAFBL con este objetivo común y defender ante la Administración la necesidad de un contexto regulador equilibrado y estable que favorezca el alquiler, no que lo frene”, explica Joan Clos, presidente de ASVAL . “La inexistencia de un parque público de alquiler es responsabilidad de las administraciones públicas y no de los propietarios privados, por tanto, el derecho a la vivienda debe ser garantizado por el sector público, pero siempre buscando la implicación y colaboración del sector privado. Sólo de esta forma, se conseguirá ampliar el mercado del alquiler, especialmente el social y asequible, favoreciendo así el acceso de la vivienda gracias a una política de vivienda más equilibrada, con medidas inteligentes de fomento y menos en la marginación y criminalización de la propiedad” comenta Enrique Vendrell , presidente del Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida . Todos aquellos administradores de fincas que deseen asociarse a ASVAL para disfrutar de estas ventajas y unir fuerzas en la defensa de los derechos de los propietarios y por el desarrollo del mercado de alquiler, pueden hacerlo a través del siguiente enlace: https://www.asval.com/asociados-profesionales/   DESCARGAR NOTA DE PRENSA

Barcelona, ​​1 de junio de 2021 – El Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida, el Consejo de Colegios de Administradores de Fincas de Cataluña, el Consejo General de Cámaras de la Propiedad Urbana de Cataluña, el Asociación de Promotores y Constructores de Edificios de Cataluña, el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Barcelona y provincia, la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Cataluña y el Consejo de Colegios oficiales de Agentes de la Propiedad inmobiliaria de Cataluña han elaborado un pliego de propuestas de acción de Gobierno en materia de políticas públicas de vivienda ahora que se inicia una nueva legislatura. El documento enviado a todas las fuerzas políticas catalanas con representación parlamentaria responde al espíritu de satisfacer el derecho a la vivienda, que es sin duda uno de los principales problemas no resuelto adecuadamente y que precisa de la concentración de todas las partes actoras para encontrar las mejores y más diversas soluciones. Cabe destacar que la mayoría de las medidas aprobadas durante esta última década, tanto por parte del Estado como de las Comunidades Autónomas, comportan obligaciones de gran impacto por los privados. Siendo éstos los que acaban asumiendo la responsabilidad de la ejecución de políticas asistenciales propias de la Administración. Por eso las doce propuestas de acción planteadas a los grupos políticos que configuran el Parlamento de Cataluña quieren corregir esta situación. La primera actuación va encaminada a crear y asegurar un marco regulador estable que ofrezca seguridad jurídica a todas las partes , que al mismo tiempo permita la celebración de las actuaciones de inversión en el sector de la construcción residencial de forma sostenible. La segunda, tiene el foco en las preasignaciones presupuestarias para las políticas de vivienda, que deben incrementar su peso en el presupuesto catalán hasta el 1,5% del PIB. En definitiva, se pretende que a largo plazo se garantice un incremento suficiente de los recursos de la Generalidad en materia de vivienda. La tercera acción es impulsar un acuerdo de colaboración público-privado para el relanzamiento sostenible de la promoción de vivienda nueva . Se plantea un acuerdo plurianual entre el sector y la Administración, que establezca los canales y medidas de colaboración para la promoción de vivienda a precio asequible y social. En este sentido, sería absolutamente necesario alcanzar ciclos de promoción de hasta 25.000 viviendas al año de diversa tipología, libres y protegidas, en régimen de acceso en alquiler, venta, derecho de superficie y cesión de uso o copropiedad. Alcanzar esta cifra de viviendas significaría una generación de más de 60.000 puestos de trabajo y una recaudación fiscal para el conjunto de las Administraciones superior a los 1.500 millones de euros. En cuanto a la cuarta acción, la protagonista sería la movilización del suelo reservado para destinar a vivienda asequible y social , evaluando cuáles son las actuaciones más eficientes para acelerar la creación de una numerosa oferta de este tipo de vivienda. La quinta actuación plantea que la Administración desarrolle instrumentos no coercitivos para avanzar hacia el derecho subjetivo de la vivienda online al implantado en Francia o en el País Vasco. Desde la acción pública, sin interferir ni ir en detrimento de los derechos de los titulares del parque de viviendas privadas, deberían buscarse fórmulas y recursos suficientes para proporcionar el techo adecuado a aquellos colectivos de la población con mayores dificultades para acceder a una vivienda. Las líneas de apoyo de acceso a una vivienda nueva configuraría la propuesta de acción sexta, que no sólo iría a remolque de lo que pueda establecer el Plan de Vivienda Estatal, sino a disponer de líneas propias con cargo a los presupuestos de la Generalitat de Cataluña. Los fondos europeos Next Generation EU son una oportunidad para todo el sector y también para el ciudadano para reactivar la construcción residencial ante la incertidumbre del impacto sobre la economía que conlleva el escenario post-Covid. Precisamente, la séptima acción sería facilitar la aplicación de estos fondos en el ámbito de la construcción residencial. Le seguiría la actuación octava fundamentada en la adopción de medidas de simplificación administrativa y al ganar agilidad por parte de la Administración . La acción novena sería modificar las imposiciones a los propietarios realizadas por la Ley 24/2015 y los Decretos ley 17/2019 y 1/2020 . En este sentido, se propone abrir un diálogo con el Gobierno sobre la definición de gran tenedor, el alquiler social obligatorio, la viabilidad de las actuaciones de promoción urbanística y la protección frente a la ocupación ilegal de viviendas. La fórmula escogida por el legislativo catalán para intentar contener las rentas de alquiler es considerada contraproducente por la generación del propio alquiler . De hecho, la interpretación de la ley afecta a los contratos firmados entre los años 1995 y 2015 suponiendo un grave perjuicio para todos aquellos propietarios que han puesto históricamente viviendas de su titularidad en el mercado de alquiler, aumentando objetivamente la posibilidad de que éstos viviendas se retiren de la oferta de mercado de alquiler. Además, la ley hace una inadecuada aplicación del índice de referencia ignorando aspectos esenciales que tienen un peso objetivo en la valoración que debe hacerse del precio de alquiler. Añadir que el impulso por parte del Gobierno de una normativa de alquiler catalana comportará una nueva confrontación competencial , considerando el acuerdo firmado en 2018 entre el Estado y la Generalitat donde se explica que ambos gobiernos coinciden en que cualquier intento de regulación de los arrendamientos urbanos es competencia del Estado. Las actuaciones décima y undécima serían echar atrás estas normativas por los efectos adversos sobre el alquiler y destacar que la estabilidad y la seguridad jurídica en las normas que regulan los contratos de arrendamiento deben tener presente que el objetivo es facilitar el derecho básico de el acceso a la vivienda, respondiendo equilibradamente a las necesidades de propietarios y arrendatarios. La acción duodécima es reclamar a los grupos parlamentarios y muy especialmente al nuevo Gobierno de la Generalidad de Cataluña, que en esta nueva legislatura se ponga en marcha

El Gobierno ha aprobado un Real Decreto-ley que recoge las propuestas de los Administradores de Fincas colegiados • Si bien en Cataluña ya se había suspendido la obligación de convocar Juntas de comunidades de propietarios y se habían prorrogado los cargos y presupuestos hasta el 31 de diciembre, ahora ya está a nivel de toda España. • Las reuniones de las comunidades de propietarios que sean necesarias convocar podrán celebrarse telemáticamente e incluso pueden tomarse acuerdos sin junta mediante consultas por escrito. Barcelona, ​​5 de mayo – El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo , por el que se adoptan medidas urgentes en el orden sanitario, social y jurisdiccional. Este Decreto regula y desbloquea la celebración de juntas de propietarios tal y como habían solicitado los Administradores de Fincas colegiados a los diferentes Grupos Parlamentarios y al Gobierno, y cuyas propuestas han sido recogidas en la norma aprobada. Los Administradores de Fincas colegiados consideran que el Real Decreto-ley, que entrará en vigor el próximo 9 de mayo , es positivo, puesto que establece un abanico de soluciones al que se puede acoger cada edificio en función de sus circunstancias. Tal como el Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas -CGCAFE- había propuesto, no será obligatorio convocar juntas de propietarios hasta el día 31 de diciembre de 2021 , y se prorrogarán los últimos presupuestos aprobados y los cargos de la Comunidad de Propietarios, quedando suspendida, por tanto, la obligación de aprobar el plan de ingresos y gastos previsibles, las cuentas correspondientes y el presupuesto anual. Salvador Díez , presidente del CGCAFE, expresa su satisfacción por estas medidas y explica que estos aspectos de la normativa “ son un paso importante para que las comunidades de propietarios puedan seguir con su actividad normal y puedan hacer frente a sus obligaciones económicas contando con los ingresos por cuotas de los propietarios/as para poder afrontarlas”. Otro de los aspectos que recoge la normativa es que facilita la participación y el voto de los propietarios/as, una cuestión que el CGCAFE considera fundamental para garantizar los derechos de todos ellos, y que también era una de las propuestas de los Administradores de Fincas legiados. El Gobierno ha aprobado que la Junta de Propietarios pueda celebrarse por videoconferencia o por conferencia telefónica múltiple por tratar temas urgentes que no puedan demorarse, entre ellos, las obras de accesibilidad universal y las obras que resulten necesarias para el mantenimiento y funcionamiento del edificio. Pero para que estas reuniones urgentes se puedan realizar, es necesario posibilitar que los propietarios dispongan de todos los medios necesarios para su participación en las reuniones que se convoquen por el presidente, por la cuarta parte de los propietarios/as, o un número de éstos que representen un 25% de las cuotas de participación. Al respecto, el presidente del CGCAFE, Salvador Díez , explica que también han recogido otra de nuestras propuestas, “al establecer que el Secretario-Administrador de Fincas colegiado , además de comprobar la identidad de todos los propietarios/as asistentes a la Junta, garantiza que cuenten con los medios telemáticos adecuados para su participación en la reunión”.   LAS JUNTAS VIRTUALES SÍ QUE SERÁN VALIDAS Los Administradores de Fincas colegiados consideran adecuado que, tal y como habían propuesto, en aquellas comunidades de propietarios en las que no pueda garantizarse la participación de todos por vía telemática, se puedan adoptar acuerdos sin la celebración presencial de la Junta de Propietarios , mediante la emisión del voto por correo postal o comunicación telemática. Para Salvador Díez , “esto es muy importante porque garantiza el derecho de participación de todos los propietarios/as y la emisión de su voto si no tienen capacidad de acceso a las nuevas tecnologías, evitando, al no celebrarse presencialmente, los posibles contagios por la COVID-19”. Hasta la aprobación de este Real Decreto-ley, y aunque las nuevas tecnologías permitían las reuniones virtuales, la Ley de Propiedad Horizontal sólo reconoce validez en las reuniones presenciales, a excepción de la ley catalana, que sí establece la posibilidad de reuniones vía telemática y la validez de la toma de acuerdos de Junta de Propietarios con este sistema . El Consejo de Colegios Territoriales de Administradores de Fincas de Cataluña , desde marzo de 2020, consiguieron mediante la aprobación por parte del Gobierno de la Generalidad dos Decretos Leyes para regular el funcionamiento de las Juntas de Propietarios y, desde entonces, siempre han apoyado al resto de los colegios para que se consiguiera a nivel general, para todo el país. En este año de pandemia se han dejado de celebrar más de 1.000.000 de juntas de propietarios, lo que ha supuesto la paralización de las obras en los edificios. Muchas empresas se estaban viendo afectadas con esta situación al no poder realizarse obras de accesibilidad, eficiencia energética y rehabilitación de edificios en general. Para Salvador Díez, presidente del CGCAFE, “próximamente se recibirán 27.000 millones de euros de la Unión Europea, los conocidos como Fondo de Recuperación Europeos , de los que parte se destinarán a rehabilitar inmuebles , por lo que este real decreto ley es fundamental para que las comunidades de propietarios puedan acceder a estos fondos tomando las decisiones sobre aprobación de presupuestos y solicitud de las subvenciones , y poder conseguir una reactivación económica del sector de la construcción e iniciando las bases para conseguir entornos más sostenibles”.   DESCARGAR NOTA DE PRENSA

Se han dejado de celebrar más de 1.000.000 de juntas de propietarios, lo que ha supuesto la paralización de las obras en los edificios, viéndose afectadas muchas empresas del sector de la construcción. La moción, que se aprobó sin votos en contra, insta al Gobierno a aprobar herramientas que permitan adoptar acuerdos para poder continuar con el normal desarrollo de la actividad en las comunidades de propietarios. Barcelona, ​​30 de marzo – La propuesta, presentada por el Grupo Parlamentario Popular en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, ha sido aprobada sin ningún voto en contra y se ha aceptado la moción del Partido Socialista para que la norma que se apruebe ofrezca la máxima garantía jurídica para todos los propietarios a la hora de deliberar y votar los distintos puntos del orden del día, fundamentalmente de aquellas personas que no tienen acceso a la vía telemática o no saben utilizar las nuevas tecnologías. Los Administradores de Fincas colegiados, en las diversas reuniones mantenidas con los distintos Grupos Parlamentarios para solicitar una norma que reconociera la validez de las juntas telemáticas, manifiestan que la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha recogido sus peticiones, y esperan que la normativa que se desarrolle y apruebe próximamente por el Congreso garantice el derecho de participación de todos los propietarios -que podrán asistir representados-, y con la posibilidad de intervenir en las deliberaciones y de garantizar la emisión de su voto . Sin embargo, es necesario tener presente sus particularidades, el número de propietarios y la capacidad de acceso a la tecnología. Por eso, y dado que no todas las comunidades podrán reunirse virtualmente, también se ha propuesto la posibilidad de adoptar acuerdos sin Junta mientras duren las restricciones . LAS JUNTAS VIRTUALES, SIN VALIDEZ Actualmente, y aunque las nuevas tecnologías permitan las reuniones virtuales, la Ley de Propiedad Horizontal sólo reconoce validez en las reuniones presenciales, a excepción de la ley catalana, que sí establece la posibilidad de reuniones vía telemática y la validez de la toma de acuerdos de Junta de Propietarios con este sistema , tras la aprobación del Decreto ley 26/2020, de 23 de junio, de medidas extraordinarias en materia sanitaria y administrativa. Desde entonces están en vigor soluciones similares en Cataluña a las que propone el CGCAFE sin haber generado ningún problema entre los propietarios y resultando útiles para que no se frene ni la vida en comunidad, ni la economía. En este año de pandemia se han dejado de celebrar más de 1.000.000 de juntas de propietarios, lo que ha supuesto la paralización de las obras en los edificios. Muchas empresas se están viendo afectadas con esta situación al no poder realizarse obras de accesibilidad, eficiencia energética y rehabilitación de edificios en general. Para Salvador Díez, presidente del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas, “próximamente se recibirán 27.000 millones de euros de la Unión Europea, los conocidos como Fondo de Recuperación Europeos, de los que una parte se destinarán a rehabilitar inmuebles, y si esta situación se prolonga, la gestión de estas ayudas en el sector de la edificación no podría producirse”. Durante la pandemia, los Administradores de Fincas colegiados han hecho posible el buen funcionamiento de los edificios, pero se reclama esta norma porque, aunque en la práctica, muchas comunidades de propietarios tienen garantizado su funcionamiento, gran parte de los propietarios/as prefieren no celebrar reuniones para evitar riesgos de contagio. Por este motivo, y para dar cobertura legal a estas situaciones, Salvador Díez explica la necesidad de “suspender la obligación de convocar anualmente las reuniones durante 12 meses y dar por renovados, de forma tácita, tanto los cargos de la Junta de Propietarios de la comunidad y los presupuestos con el apoyo legal necesario”.   DESCARGAR NOTA DE PRENSA