El informe del Consell de Garanties Estatutàries sobre la ley catalana para prohibir la llamada compra especulativa de vivienda, que considera que esta norma vulnera la Constitución y el Estatut, ha caído como un mazazo sobre el Govern. En este contexto, la patronal catalana Foment del Treball ha reclamado la «retirada inmediata y urgente» de la iniciativa legal impulsada por el Ejecutivo catalán y los Comuns.
En un comunicado, Foment afirma que el dictamen del Consell «confirma las graves objeciones» que la patronal ya hizo en su momento. En efecto, la resolución del órgano consultivo, que no es vinculante, sostiene que la propuesta vulnera el derecho a la propiedad privada, la libertad de empresas y el principio de seguridad jurídica recogidos en la Carta Magna.
Además, la proposición de ley excede las competencias de ámbito autonómico al pretender regular las bases del derecho civil, que son competencia exclusiva del Estado, y se ha tramitado de forma urgente sin justificación.
«Una propuesta que nace atacando derechos constitucionales, sin el consenso necesario y mediante una tramitación excepcional no se debe maquillar: se debe retirar», insiste la patronal. Por último, Foment lamenta que el Govern «ha sustituido el diálogo por la imposición y el rigor jurídico por la precipitación».
El inmobiliario, unido contra la ley
En paralelo al posicionamiento de Foment, cinco asociaciones del sector inmobiliario catalán han pedido al Govern que renuncie a restringir la compra de inmuebles. Han firmado esta petición la Associació d’Agents Immobiliaris de Catalunya (AIC), la Associació de Promotors de Catalunya (APCE), el Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida, el Consell General de Cambres de la Propietat Urbana de Catalunya y el Consell Oficial de Col·legis d’Agents de la Propietat Immobiliària de Catalunya.
Las entidades sostienen que «un pronunciamiento de esta contundencia jurídica debería comportar la retirada de la iniciativa» y que se abra un proceso de reflexión sobre el tipo de medidas que se deben impulsar para afrontar el problema de la vivienda.
También aseguran que el dictamen «no se limita a formular observaciones puntuales», sino que cuestiona elementos esenciales del texto. A su juicio, la crisis de la vivienda «requiere medidas eficaces, estables y respetuosas con el marco constitucional y estatutario».
El Govern no aclara su posición
Por el momento, el Govern se ha limitado a decir que buscará «todas las medidas legales» para proteger el derecho a la vivienda en Cataluña. En un comunicado difundido ayer, la consejera Sílvia Paneque trasladó que «la mercantilización de la vivienda es un peligro cuando tener un hogar se convierte en un problema para la mayor parte del pueblo de Cataluña».
Para abordar este tema «estructural», según el Govern, se encontrarán vías ajustadas a la legalidad, aunque sin mencionar cuáles. Conviene recordar que el veto a la compra de inmuebles con fines ajenos al uso residencial es una concesión del PSC a los Comuns. Durante la negociación de los presupuestos autonómicos, los izquierdistas lograron arrancar este compromiso a Salvador Illa.
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