Siete organizaciones representativas del sector inmobiliario catalán han emitido este lunes un comunicado conjunto en el que lamentan la «inseguridad jurídica» en el mercado de la vivienda. Lo dijeron tras la resolución del Tribunal Constitucional que señala que Cataluña no tiene competencias para establecer criterios en la fijación de los precios de alquiler de viviendas. El sector inmobiliario catalán lamenta la «inseguridad jurídica» en el mercado de la vivienda «Desgraciadamente, no se nos escuchó, no se nos escuchó y no se nos escucha», afirmaron, y explicaron que han intentado trasladar al Gobierno la inseguridad jurídica que supone la aplicación de la presente ley. Recordaron que el Consejo de Garantías Estatutarias advirtió a todos los grupos parlamentarios ya los promotores de la ley este hecho y subrayó las «reiteradas resoluciones contrarias» a la norma y que este hecho agrava la situación de inseguridad jurídica. Reclamaron que se afronte la problemática de la vivienda en su profundidad con medidas estructurales «y no con normativas populistas que sólo provocan el efecto contrario», por lo que se debe crear un marco adecuado en el que todos los actores del sector puedan participar. Los firmantes pidieron que el Gobierno participe directamente «con medidas efectivas que creen seguridad, estabilidad, pacifiquen el mercado y permitan recuperar la confianza en el alquiler». Han firmado el texto el Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida (CAFBL), el Consejo de Colegios de Administradores de Fincas de Cataluña, la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Cataluña, el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Barcelona y Provincia, el Consejo de Colegios de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Cataluña, la Asociación de Promotores y Constructores de Edificios de Cataluña (APCE) y la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona-Lleida.
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