También se reclama que se reconsidere la definición del concepto «gran horquilla» así como la obligación a los propietarios de ofrecer y facilitar un alquiler social a las personas que han ocupado una propiedad privada de forma ilegítima.
El sector inmobiliario catalán reclama que no se obligue a los propietarios a aceptar un alquiler social sin compensación económica
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