Varias entidades viene injustificado que se hayan aprobado unos parámetros para proteger el patrimonio de un barrio distintos a los del resto de la ciudad
Los enchufes de Colau, en el centro de su vía crucis judicial
Nuevo revés a las políticas de Ada Colau que se adentra en la Justicia. Varios agentes del sector inmobiliario se han aliado y han anunciado que presentaran un recurso contencioso contra el plan urbanístico que el gobierno municipal anunció recientemente para protegir el patrimonio del barrio de Gracia que el gobierno municipal (BComú y PSC) pactaron como ERC, a pesar de las quejas del resto de la oposición. La alcaldesa suma así una nueva causa judicial a la que enfrentarse en su último año de mandato. El recurso ha sido presentado en concreto por la Asociación de Promotoras y Constructoras de Edificios de Cataluña, la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona, el Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida, el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Barcelona y la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Cataluña y se opone a la modificación del Plan General Metropolitano que el consistorio aprobó a finales de enero para «garantizar la conservación del patrimonio del barrio», como defendió entonces el gobierno municipal. En concreto, el plan fija que los edificios construidos o rehabilitados de más de 400 metros cuadrados deberán destinar al menos el 30% del espacio a vivienda protegida, unos parámetros distintos al resto de la ciudad, en donde se establece la afectación para fincas de como mínimo 600 metros cuadrados. Las entidades que impulsan el recurso lamentan que no se justifica el motivo de esta diferencia. Por todo ello, critican que la reserva sobre suelo urbano consolidado «constituye una carga nueva sobre la propiedad, puesto que impone un nuevo deber a los propietarios de este suelo», y lo consideran a una limitación del derecho a la propiedad por la que reclaman una indemnización. El sector inmobiliario también considera que el estudio económico que se hizo para modificar el plan «no aclara la viabilidad real» de la nueva norma y critican que incluya la rehabilitación de edificios.
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