Los firmantes ven una “limitación al derecho de propiedad” y creen que debe comportar una indemnización
El sector inmobiliario ha interpuesto recurso contencioso administrativo contra la Modificación del Plan General Metropolitano (MPGM) para la mejora urbanística y ambiental de los barrios del distrito de Gràcia , promovida por el Ayuntamiento de Barcelona, cuya aprobación definitiva fue publicada el pasado 4 de marzo en el Diari Oficial de la Generalitat. Firman el documento la Asociación de Promotores y Constructores de Edificios de Cataluña, la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona, el Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida, el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Barcelona y la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Cataluña. Las entidades firmantes sostienen que el MPGM de Gràcia prevé que las actuaciones de edificación de viviendas plurifamiliares en suelo urbano consolidado o de gran rehabilitación de edificaciones de más de 400 m² tendrán que destinar un mínimo del 30% del techo edificable a vivienda protegido, fijando un techo diferente respecto al que en su día se estableció para el resto de la ciudad (600 m²) sin justificar el motivo de esa diferencia. También remarcan que la reserva en suelo urbano consolidado constituye una carga nueva sobre la propiedad, puesto que impone un nuevo deber a los propietarios de este suelo, lo que se considera una limitación al derecho de propiedad , y, por tanto, debe comportar la correspondiente indemnización, tal y como estableció recientemente el Tribunal Constitucional. En un comunicado conjunto de la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Cataluña (AIC) y el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (COAPI) se considera que la principal motivación del recurso es el hecho de que el estudio económico elaborado no aclara la viabilidad real de la nueva norma , ni tampoco establece la sostenibilidad por las finanzas públicas”. Además se destaca que también se incluye la rehabilitación, poniendo dificultades a una tarea que todas las administraciones competentes en materia de vivienda coinciden en estos momentos en que debe impulsarse e incentivar, no sólo por la oportunidad de los Fondos Europeos , sino sobre todo para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y contribuir a la lucha contra el cambio climático, hechos que con la exigencia de reserva de vivienda protegida, se está impidiendo o al menos dificultando.
«Ausencia de políticas públicas bien diseñadas»
Asimismo, las entidades firmantes consideran que las grandes tensiones que registra el acceso a la vivienda para una gran parte de las familias, tiene por origen “ un grave desequilibrio entre una oferta muy reducida respecto de una demanda creciente , y de la ausencia de políticas públicas bien diseñadas y dotadas económicamente, así como de una parálisis de la gestión de las administraciones públicas con los escasos recursos de que disponen”. Según datos del Plan Territorial Sectorial de vivienda, el Ámbito Metropolitano de Barcelona tiene un potencial de reservas de suelo para construir más de 73.000 viviendas protegidas, de las que 20.000 en la ciudad de Barcelona. Es imprescindible movilizar estas reservas para incrementar la oferta de vivienda asequible. Por eso sostienen que es necesaria capacidad de gestión, coordinación entre administraciones y recursos económicos para disponer de un mercado estable que facilite el acceso a la vivienda de las familias , y no el continuado cambio de la regulación que afecta al sector del vivienda, ya que crea inseguridad jurídica, imposibilita la planificación y provoca el efecto contrario, es decir, una reducción de la oferta de viviendas, dificultando aún más el acceso a la vivienda a los ciudadanos y ciudadanas de Barcelona.
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