El sector inmobiliario interpone un recurso contra la modificación del plan de los barrios de Gràcia de Barcelona

El sector inmobiliario ha interpuesto un recurso contencioso administrativo contra la modificación del Plan General Metropolitano (MPGM) para la mejora urbanística y ambiental de los barrios de Gràcia de Barcelona, ​​cuya aprobación definitiva se publicó el pasado 4 de marzo en Diario Oficial de la Generalidad (DOGC). Sostiene que la mencionada modificación prevé que las actuaciones edificatorias de viviendas plurifamiliares en suelo urbano consolidado o de gran rehabilitación de edificaciones de más de 400 m2 tendrán que destinar un mínimo del 30% del techo edificable a vivienda protegida, fijando un techo diferente respecto a lo que en su día se estableció para el resto de la ciudad (600 m2) “sin justificar el motivo de esta diferencia”.

En el documento, firmado por el Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida, la Asociación de Promotores y Constructores de Edificios de Cataluña, la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona y el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Barcelona y la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Cataluña, también remarcan que la reserva en suelo urbano consolidado constituye una nueva carga sobre la propiedad, ya que impone un nuevo deber a los propietarios de este suelo.

«Nos encontramos pues, ante una limitación al derecho de propiedad, y por tanto, debe comportar la correspondiente indemnización, tal y como estableció recientemente el Tribunal Constitucional», sostienen. También subrayan que una cuestión muy importante, que motiva el recurso, es el hecho de que el estudio económico elaborado «no aclara la viabilidad real de la nueva norma, ni tampoco establece la sostenibilidad para las finanzas públicas».

Las entidades consideran que las grandes tensiones que registra hoy el acceso a la vivienda para una gran parte de las familias, tiene por origen «un grave desequilibrio entre una oferta muy reducida respecto a una demanda creciente», así como el ausencia de políticas públicas bien diseñadas y dotadas económicamente, así como de una parálisis de la gestión de las administraciones públicas con los escasos recursos de que disponen.

Según datos del Plan Territorial Sectorial de Vivienda (PTSH), el Ámbito Metropolitano de Barcelona tiene un potencial de reservas de suelo para construir más de 73.000 viviendas protegidas, de las que 20.000 en la ciudad de Barcelona. «Es imprescindible movilizar estas reservas para incrementar la oferta de vivienda asequible», señalan. Así, consideran que es necesaria capacidad de gestión, coordinación entre administraciones y recursos económicos para disponer de un “mercado estable” que facilite el acceso a la vivienda de las familias, y no el “continuado cambio de la regulación que afecta al sector de la vivienda”, puesto que crea “inseguridad jurídica, imposibilita la planificación y provoca el efecto contrario”.