Varias entidades no ven justificado que las nuevas construcciones o rehabilitaciones en solares de 400 m² tengan que reservar el 30% para vivienda protegida cuando en el resto de la ciudad el límite son 600 m²
El sector inmobiliario ha interpuesto un recurso contencioso administrativo contra el plan urbanístico de los barrios de Gràcia que el pleno del Ayuntamiento de Barcelona aprobó en enero . El documento es fruto de una modificación del Plan General Metropolitano (MPGM) que se publicó en el DOCG el 4 de marzo. Las entidades critican que las nuevas construcciones o rehabilitaciones en solares de más de 400 m² tengan que destinar el 30% a vivienda protegida . Señalan que la normativa vigente para toda la ciudad fija el límite en 600 m² y, por eso, consideran que la diferencia no está justificada . Cuando presentó el plan, el gobierno municipal defendió rebajar el límite de 600 a 400 m² para reservar el 30% para vivienda protegida porque en Gràcia hay parcelas más pequeñas . Sin embargo, desde el sector inmobiliario lo ven como “una limitación al derecho de propiedad” y reclaman “la correspondiente indemnización” .
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El recurso lo han interpuesto la Asociación de Promotores y Constructores de Edificios de Cataluña, la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona, el Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona, el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Barcelona y la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Cataluña. Las entidades también denuncian que «el estudio económico elaborado no aclara la viabilidad real de la nueva norma» ni la sostenibilidad para las finanzas públicas. El sector critica que la norma del 30% en Gràcia (al igual que la normativa para toda la ciudad) se aplique también a la rehabilitación porque creen que se pone dificultades a una tarea a impulsar e incentivar. Según las entidades que han presentado el recurso, las «grandes tensiones» para acceder a la vivienda tiene su origen en «un grave desequilibrio entre una oferta muy reducida respecto a una demanda creciente y la ausencia de políticas públicas bien diseñadas» .
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Por todo ello, reclaman «capacidad de gestión, recursos y coordinación entre administraciones » para disponer de un mercado que facilite el acceso a la vivienda, y no «el continuado cambio de regulación» que «crea inseguridad jurídica».
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