Las entidades piden «replantear» el alquiler social obligatorio y la definición de grandes tenedores
El sector inmobiliario ha reclamado medidas «estructurales» para aumentar la oferta de vivienda en lugar de incidir directamente en el precio. Las entidades comparecieron ayer en el Parlament por la Proposición de ley de ampliación de las medidas urgentes para hacer frente a la emergencia habitacional y pidieron «replantear» el alquiler social obligatorio, la definición de grandes tenedores y «no dar cobertura» a el empleo. La representante del grupo promotor de la ILP de la Ley 24/2015, calificó la normativa de una propuesta «de mínimos» e hizo un llamamiento a los grupos parlamentarios a legislar para acabar con los desahucios y apoyar medidas «de choque» ante una situación «crítica».
El presidente del Consejo de Colegios de Administradores de Fincas de Catalunya, Enrique Vendrell, aseguró que el alquiler social obligatorio comporta en muchos casos ingresos inferiores a cien euros al mes para los propietarios, una disminución de entre el 70% y 90% respecto a la aplicación del índice de referencia. El vicepresidente del Consejo de Cámaras de la Propiedad Urbana de Catalunya, Joan Ràfols, dijo que un 56% de los contratos de alquiler social obligatorio están por debajo de los cien euros mensuales y el 76% son inferiores a los 150 euros al mes. «Esta medida limita la rentabilidad de los propietarios. Es peor que la expropiación», lamentó. En este sentido se pronunció también el presidente de la Asociación de Promotores de Cataluña, Xavier Vilajoana, que también pidió realizar un seguimiento del estado del arrendatario durante los años de contrato. El presidente del Consejo Catalán de Colegios de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria en Catalunya, Joan Company, dijo que los ingresos provenientes del alquiler social obligatorio son «antieconómicos» y vulneran el derecho a la propiedad. Company defendió mantener el concepto de alquiler social recogido en la ley 24/2015 y limitar la aplicación de esta figura en el parque de viviendas procedentes de las ejecuciones hipotecarias.
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