El sector inmobiliario reclamó este lunes medidas «estructurales» para aumentar la oferta de vivienda en vez de incidir directamente en el precio. Las entidades comparecieron en el Parlamento en referencia a la Proposición de ley de ampliación de las medidas urgentes para hacer frente a la emergencia habitacional y pidieron «replantear» la definición de grandes tenedores, «no dar cobertura» al empleo y mantener los supuestos actuales previstos para la aplicación del alquiler social obligatorio. Hasta ahora, la definición de grandes tenedores incluye a las personas físicas y jurídicas con más de quince viviendas. La nueva legislación modificaría este concepto y pasaría a considerar como grandes tenedores a las personas físicas con quince inmuebles ya las personas jurídicas con diez viviendas. El presidente del Consejo Catalán de Colegios de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (COAPI) en Cataluña, Joan Company, ha reclamado revisar este concepto y vincularlo a la «función social» de la propiedad. Por su parte, el presidente del Consejo de Colegios de Administradores de Fincas de Catalunya, Enrique Vendrell, ha alertado de que esta modificación es «contraproducente» y no ayuda a incorporar nueva oferta de alquiler en el mercado de vivienda. Otro de los aspectos más debatidos ha sido la referencia al concepto de empleo en la Proposición de ley. El presidente del Colegio de Administradores de Fincas admitió «mucha preocupación» por el «crecimiento exponencial» de la ocupación de viviendas y aseguró que la nueva regulación «no puede dar cobertura a situaciones ilegítimas». En referencia al alquiler social obligatorio, Vendrell ha asegurado que éste comporta en muchos casos ingresos inferiores a cien euros al mes para los propietarios, una disminución de entre el 70% y el 90% respecto a la aplicación del índice de referencia . El presidente del Colegio de Administradores de Fincas afirmó que esta situación plantea un «importante conflicto legal» por la vulneración del derecho a la propiedad y recordó que la jurisprudencia establecida es «muy clara» sobre la necesidad de «proporcionalidad» en las medidas de la administración. En este sentido, Company aseguró que los ingresos provenientes del alquiler social obligatorio son «antieconómicos» y vulneran el derecho a la propiedad. El presidente del COAPI ha defendido mantener el concepto de alquiler social recogido en la ley 24/2015 y limitar la aplicación de esta figura al parque de viviendas procedentes de las ejecuciones hipotecarias o el incumplimiento de la función social del vivienda por parte de los propietarios. Asimismo, ha pedido «replantear» la carga económica sobre el propietario y limitar la duración de esta medida a un año, ampliable a dos años. A pesar de las discrepancias del sector, ERC ha celebrado la llegada a un «punto de acuerdo» sobre la figura del alquiler social obligatorio, más allá de las discusiones sobre los tiempos, cantidades o cargas sobre el propietario.
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