- En todo el Estado español hay aproximadamente 120.000 viviendas ocupadas
- En 2021 ha habido un aumento del 18% de empleos ilegales
- La oferta de vivienda social en España es sólo del 2,5%, mientras que en el resto de Europa es de un 15%
Barcelona, 12 de julio – En un acto celebrado hoy, 12 de julio, en la sede del Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida , se ha puesto sobre la mesa el problema de la ocupación ilegal de inmuebles . En todo el Estado español hay aproximadamente 120.000 viviendas ocupadas de forma ilegal, de las cuales el 42% están en Cataluña . Éste, además de ser un delito , se ha convertido en un problema de trascendencia social que afecta no sólo al titular de la propiedad usurpada, sino a la convivencia y la seguridad de los residentes y al conjunto de la ciudadanía. El acto ha sido inaugurado y moderado a cargo del
SR. Enrique Vendrell , presidente del Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida. Y como ponentes y expertos del tema han asistido el Sr. Genís Boadella Esteve , diputado en el Congreso de los Diputados por el Grupo Parlamentario Plural y miembro de la Dirección Ejecutiva Nacional del Partido Demócrata (PDeCAT); Dª. María Pastor Santana , decana del Colegio de Abogados de Mataró, y el SR. Jesús Mª Sánchez García , decano del Colegio de la Abogacía de Barcelona y Consejero del Consejo de la Abogacía Catalana. Durante el acto se han lamentado que los instrumentos legales actuales no sean lo suficientemente eficaces para cortar este fenómeno del empleo y que además, la posición de algunos sectores políticos sea reacia a adoptar medidas ejecutivas que ayuden a impedir esta práctica, habitualmente mafiosa, cuya envergadura carece de equiparación en los países de nuestro entorno. «Por eso hemos iniciado una campaña de concienciación para pedir reformas legales que ayuden a evitar que se produzcan estas okupaciones que se suceden con total impunidad» , ha señalado el sr. Vendrell. Ante la necesidad de detener el fenómeno de la ocupación ilegal y con el fin de facilitar el desalojo inmediato de inmuebles ocupados, se han planteado diferentes nuevas propuestas de reformas legislativas que llegan a la Ley de Propiedad Horizontal, en el Código Civil, la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley reguladora de Bases del Régimen Local. “El delito de allanamiento de morada es un delito continuo. Debemos empezar a reivindicar nuestros derechos. Ya va siendo hora de que todos reivindiquemos estos derechos y no caigamos en la demagogia ni nos estigmaticen por hacerlo” , ha afirmado el sr. Sánchez. Dª. Pastor ha insistido en que, pese a que se dan casos de empleo en fines de semana, vacacional e incluso empleos que afectan a personas que están ingresadas en el hospital, » no buscamos un agravamiento de las penas, sino conseguir medidas prácticas y directas» . Y también ha hecho referencia a los graves efectos colaterales que provocan las ocupaciones ilegales de inmuebles: “ los problemas que sufre la vecindad son numerosos : los pinchazos de agua y de luz, suciedad, falta de respeto a las normas comunitarias , ruidos…”. «Hay debates que no son cómodos, pero que los responsables públicos deben afrontar» , ha afirmado el sr. Boadella, quien ha anunciado que en 2021 hubo un aumento del 18% de empleos ilegales y que » no está de acuerdo en que el derecho a la propiedad se ponga en riesgo y en duda constantemente» . Por este motivo, propone las siguientes modificaciones: modificación del art. 13 del Código Penal para facilitar al juez el rápido desempleo; modificación de la ley de Enjuiciamiento Criminal con el fin de facultar a las comunidades de propietarios a instar un procedimiento contra los ocupantes ilegales, y dotar de mayor capacitación a los ayuntamientos mediante el cambio de la ley reguladora de Bases del Régimen Local. La mesa redonda ha terminado con un mensaje en común: es necesario hacer una reflexión conjunta y recuperar las normas básicas del buen funcionamiento en la vivienda.
