Barcelona, 5 de noviembre del 2025
Alboroto mayúsculo en Viladecans (Baix Llobregat). Más de unas veinte comunidades de vecinos ha denunciado la que hasta ahora era su administradora después de descubrir que habían desaparecido sus ahorros. Vecinos afectados explican, pero, que el número de fincas podría rondar las 150, a pesar de que muchas no pueden denunciar todavía porque no han podido acceder a sus cuentas ni en sus libros de la comunidad. Aunque la cifra todavía tardará a concretarse, las primeras estimaciones hablan del alrededor de 1,5 millones de euros que se han esfumado, aunque algunos vecinos dicen que este número podría aumentar. En el caso de algunos edificios, el único mensaje que han recibido es una nota en la cual la gestora de fincas L&V dice que «se está realizando el traspaso de la documentación de cada comunidad» y un correo de contacto.
Por ahora, son 23 las denuncias por esta supuesta estafa que se han presentado a los Mossos d’Esquadra, aunque fuentes de la policía catalana señalan que ya cuentan con nuevas citas previas para ir a denunciar. La preocupación ha escalado en los últimos días en el municipio del Baix Llobregat hasta el punto que el propio Ayuntamiento ha anunciado su intención de personarse en la causa después de que los servicios jurídicos municipales la hayan estudiado. «Una de las comunidades afectadas había recibido una subvención pública para unas obras a la fachada y el hecho que existan fondos públicos en conflicto refuerza la intención municipal de denunciar la empresa gestora», ha apuntado el consistorio en un comunicado.
Desde que se recibieron las primeras noticias de los problemas, el ayuntamiento abrió también canales de asesoramiento y acompañamiento a la ciudadanía. Así, la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) y las tres oficinas de distrito establecieron puntos de información para asesorar los vecinos implicados. Por ahora, se ha atendido 31 comunidades. «Los servicios jurídicos municipales también están recopilando toda la información posible para determinar cuántos y qué posibles delitos podría estar cometiendo la empresa L&V Gestión de Fincas», dice el ayuntamiento en su texto, mientras que los servicios sociales y de mediación municipales trabajan por si existieran casos de vulnerabilidad «que requirieran una acción municipal urgente».
Àlex Gallo, uno de los vecinos afectados, explica que, a su finca, han perdido unos 130.000 euros que habían ahorrado a lo largo de los últimos cuatro años para hacer frente a las obras de mejora del edificio que los indicó la ITE. En otras comunidades, destaca Gallo, la suma asciende hasta los 400.000 euros que la administradora, Sandra F. H., se habría apropiado. Este afectado señala que ya hace un par de años tuvo un primer contratiempo con la administradora y que, después de hablar con ella persona y constatar «una falta de profesionalidad», sugirió un cambio de gestor. Con todo, a lo largo de los últimos meses, cuando ya contaban con el dinero necesario para empezar los trabajos, la responsable de L&V Gestión de Fincas empezó a darlos largas.
Rumor vecinal
Empezó también a correr un rumor entre los vecinos de diferentes comunidades que los problemas eran extendidos en la relación con la gestoría. Después de las respectivas investigaciones, es cuando empezaron a entender que supuestamente esta empresa había vaciado sus respectivas cuentas y empezaron a caer las primeras denuncias. Así, el ayuntamiento de Viladecans ha iniciado una intensa línea de comunicación con el resto de empresas gestoras de comunidades de la ciudad «para que ofrezcan sus servicios a las fincas afectadas».
Advierte también Gallo que, además de los edificios como el suyo que tienen que hacer las obras marcadas por la ITE, algunas comunidades se encontrarán con un nuevo problema, dado que parte de sus ahorros respondían a subvenciones de la Generalitat para llevar a cabo proyectos de accesibilidad, entre otras, y que en algún momento tendrán que rendir cuentas.
Por su parte, el Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona-Lleida ha emitido también un comunicado en que remarca que la administradora señalada no está colegiada. «La profesión de administrador de fincas sin estar colegiado representa un claro ejemplo de intrusismo profesional, una práctica que perjudica gravemente tanto los consumidores como los usuarios de las viviendas. Por este motivo, desde el Colegio mantenemos una posición firme y un trabajo constante en la lucha contra el intrusismo, con el objetivo de proteger los intereses de la ciudadanía», dice el texto, que insiste en la importancia que los gestores estén colegiados porque «solo así puede garantizarse una actuación íntegra, con criterios de calidad, profesionalidad y seguridad para las comunidades de propietarios y sus proveedores de servicios».
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