El sector reclama en el Parlament medidas «estructurales» para aumentar la oferta de vivienda en vez de incidir en el precio
El sector inmobiliario ha pedido este lunes «no dar cobertura» a la ocupación, «replantear» la definición de grandes tenedores y mantener los supuestos actuales previstos para aplicar el alquiler social obligatorio. Las entidades comparecieron en el Parlamento en referencia a la Proposición de ley de ampliación de las medidas urgentes para hacer frente a la emergencia habitacional y reclamaron medidas «estructurales» para aumentar la oferta de vivienda en vez de incidir directamente en el precio. Hasta ahora, la definición de grandes tenedores incluye a las personas físicas y jurídicas con más de quince viviendas. La nueva legislación modificaría este concepto y pasaría a considerar como grandes tenedores a las personas físicas con quince inmuebles ya las personas jurídicas con diez viviendas. Joan Company, presidente del Consejo Catalán de Colegios de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (COAPI) en Cataluña, ha reclamado revisar este concepto y vincularlo a la «función social» de la propiedad. Por su parte, el presidente del Consejo de Colegios de Administradores de Fincas de Catalunya, Enrique Vendrell, ha alertado de que esta modificación es «contraproducente» y no ayuda a incorporar nueva oferta de alquiler en el mercado de vivienda. Otro aspecto que ha generado debate ha sido el concepto de empleo sin título habilitante en la Proposición de ley. El presidente del Colegio de Administradores de Fincas ha destacado el «preocupante crecimiento exponencial» de la ocupación de viviendas y ha asegurado que la nueva regulación «no puede dar cobertura a situaciones ilegítimas». En referencia al alquiler social obligatorio, Vendrell ha asegurado que éste comporta en muchos casos ingresos inferiores a cien euros al mes para los propietarios, una disminución de entre el 70% y el 90% respecto a la aplicación del índice de referencia . El presidente del Colegio de Administradores de Fincas ha afirmado que esta situación plantea un «importante conflicto legal» que vulnera el derecho a la propiedad y ha exigido medidas «proporcionales» de la administración. En esta cuestión, Company coincidió en que los ingresos provenientes del alquiler social obligatorio vulneran el derecho fundamental. El presidente del COAPI ha defendido mantener el concepto de alquiler social recogido en la ley 24/2015 y limitar la aplicación de esta figura en el parque de viviendas procedentes de las ejecuciones hipotecarias o el incumplimiento de la función social de la vivienda por parte de los propietarios. Asimismo, pidió «replantear» la carga económica sobre el propietario y limitar la duración de esta medida a un año, ampliable a dos años. Pese a las discrepancias del sector, el diputado de ERC Pau Morales, celebró la llegada a un «punto de acuerdo» sobre la figura del alquiler social obligatorio, más allá de las discusiones sobre los tiempos, las cantidades o las cargas sobre el propietario. Para más información http://ow.ly/aLGV50Gdyy6
