Barcelona, 31 de marzo del 2026
El busto de vaca de la antigua lechería de la carretera de Sants permanece rodeado de cajas y cables de fibra óptica. Fue uno de los estropicios que el historiador Agus Giralt difundió en las redes sociales en 2021 para lamentar los barullos de cables en las fachadas del barrio, de los que no se libran ni las que guardan valor arquitectónico y sentimental. Siguiendo el ejemplo, no pocos internautas compartieron imágenes similares de otros puntos de Barcelona. “Quizá hay más consciencia, pero cambio real no ha habido”, observa Giralt, a quien le duelen aún los mismos despropósitos que fotografió hace casi cinco años: “Continúa igual, algunos casos son muy poco respetuosos”.
“Caminas por la ciudad y te encuentras cables por todos lados”, lamenta Mikel Uriondo, presidente de la Xarxa Veïnal Gòtic. También alertó en 2021 que la proliferación de tendidos en las paredes afeaba al barrio histórico. “La ley es demasiado permisiva -opina Uriondo-. En calles estrechas canta mucho, hay fachadas cableadas de arriba a abajo… No debería permitirse”.
La ley “establece un interés general para este tipo de instalaciones, lo que justifica cualquier instalación y las compañías se encuentran legitimadas para pasar los cables por donde quieran o puedan”, expresa Carlos Fernández, abogado del despacho Roca Junyent. “Las comunidades de propietarios tienen muy poca fuerza sobre lo que ya se ha instalado -analiza-. Como hay un vacío sobre las fachadas que no están protegidas como patrimonio, no se puede hacer nada por mucha inspección que haya, a no ser que la comunidad tenga un acuerdo para negarse a instalar cables”.
“Tenemos que acabar con la brecha digital, ¿pero a qué precio?”, se pregunta Josep Maria Boronat, presidente de la Agrupación de Arquitectos para la Defensa y la Intervención en el Patrimonio Arquitectónico, vinculada al Colegio de Arquitectos de Catalunya. «Nos hemos acostumbrado a las marañas de cableado y la ciudad se ha resentido», evalúa. Sostiene que la ley española de telecomunicaciones “prioriza que haya fibra en todos lados por encima de cómo se instala”, lo que “limita la capacidad de control municipal e impacta de lleno en el paisaje urbano”. Para paliarlo, apuesta por declarar conjuntos protegidos a zonas enteras como Ciutat Vella para blindarlas frente al lío de conexiones.
“Las comunidades son cada vez más reticentes a aceptar el cableado”, asegura la vicepresidenta del Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona-Lleida, Elisabet Carbonell. Explica que los administradores reclaman con frecuencia a las operadoras que adecenten cajas y filamentos. “Pero chocamos contra una pared, no nos dan ninguna respuesta -afirma-. Es muy difícil que las compañías vengan, canalicen cableados y retiren los obsoletos. Además, el ayuntamiento no acaba de entrar ni de penalizar”.
Rápido antes que ordenado“En ningún momento se retiran las instalaciones antiguas”, corrobora el secretario del Gremio Metropolitano de Instaladores de Barcelona, Juan Antonio Jordán. Se declara partidario de endurecer la legislación, imponer sanciones y confiar el mantenimiento a una única entidad de control: “Las instalaciones eléctricas están mucho más reguladas y se supervisan antes de dar el servicio, lo que no pasa en las telecomunicaciones. Hay diferentes compañías, cada una ha tirado fibra por su cuenta y, además, los instaladores son de subcontratas que van a precios muy ajustados. Van a por faena y no miran si queda mejor o peor”.
Boronat remarca que la administración ha de ser capaz de “ponerse firme ante las grandes compañías”. “Es un contrasentido que el esfuerzo de un particular o una comunidad de vecinos por preservar la fachada como se exige sea despreciado cuando se perfora o se daña con impunidad”, resuelve. Aboga por un “pacto de ciudad” entre el ayuntamiento y las distribuidoras para “priorizar la protección del paisaje urbano”, eliminando cableado en desuso y planteando que los beneficios de las empresas financien el soterramiento de instalaciones. “Debe haber un compromiso de todas las compañías; si no, será imposible”, advierte.
A fondo perdido
“El único que puede forzar una campaña para que esto se arregle es la administración del Estado, pero debe poner dinero a fondo perdido”, apunta Canal. “Se debería subvencionar a los edificios sin una instalación de infraestructura común de telecomunicaciones para que la pongan y, en paralelo, subvencionar a los operadores para que retiren infraestructuras inutilizadas o pongan orden en las instalaciones”, sugiere.
Fernández propone ampliar la regla que veta cableado a la vista en fachadas catalogadas al resto de inmuebles: “En las nuevas instalaciones, debería haber un control previo de la administración para tratar las fachadas como elementos protegidos. Y si una comunidad quiere que se quiten cables, la administración tendría que ser la que establezca la comunicación con la compañía de telecomunicaciones para que se haga”.
“Las inspecciones técnicas de edificios tendrían que revisar el cableado y las compañías, adquirir el compromiso de reubicarlo”, postula Carbonell. El colegio de administradores pide regular que las redes de fibra vayan empotradas y que el matenimiento sea imperativo. También quiere que las operadores costeen una licencia por instalaciones, para que el ayuntamiento las revise. “Con regulación y sanciones, las compañías no se la jugarían e, incluso, los operarios estarían más formados para hacer las instalaciones de forma correcta”, piensa Carbonell.
La respuesta de las compañías
Dos distribuidoras han respondido a EL PERIÓDICO. Digi contesta que las recomendaciones del ayuntamiento coinciden con su propio protocolo de despliegue de fibra, que incluye la contratación directa de sus instaladores. «Facilita el control y la correcta ejecución», dice la empresa, que esgrime que toda su red está en funcionamiento e identificada. Añade que prioriza canalizaciones existentes y, de tener que recurrir a las fachadas, asegura que adopta «medidas para minimizar el impacto visual, como el uso de cableado y cajas terminales de tamaño reducido, el seguimiento de líneas arquitectónicas como cornisas o molduras y trazados rectilíneos y agrupados».
Por su parte, Vodafone comenta que colabora «activamente» con otros operadores en la «reutilización de infraestructuras y cableados existentes como criterio técnico preferente». También esgrime que antepone pasar el cableado por el interior de los edificios. «Esta solución no siempre es viable por limitaciones estructurales de los inmuebles, ausencia de infraestructura común de telecomunicaciones o impedimentos de acceso por falta de permiso de las comunidades de propietarios», puntualiza.
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