Lorenzo Viñas Périz, presidente del Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida, defiende el papel esencial de los administradores de fincas en la gestión de comunidades, la rehabilitación de edificios y la mejora de la convivencia, apostando por la profesionalidad, la proximidad y la confianza.
—¿Qué papel desempeñan hoy los administradores de fincas en la gestión de comunidades cada vez más complejas?
—Hoy, el administrador de fincas ha dejado de ser únicamente el profesional que gestiona trámites cotidianos. Hemos pasado a asumir un papel mucho más estratégico, técnico y de acompañamiento: gestionamos economía, derecho, mantenimiento, rehabilitación, sostenibilidad, accesibilidad y, cada vez más, convivencia. Detrás de cada edificio hay personas: relaciones, proyectos de vida, dificultades y expectativas. Por eso, la gran transformación de la profesión ha sido entender que administrar fincas es, sobre todo, administrar confianza.
El objetivo es conocer mejor las necesidades de propietarios y vecinos y ofrecerles un servicio más cercano, ágil y de calidad.
—¿Cuáles son actualmente los principales retos que afrontan las comunidades de propietarios?
—Los principales retos son, en la actualidad, el mantenimiento y la rehabilitación de los edificios. Nos preocupan especialmente los problemas de seguridad estructural: cuando la estructura falla, la prioridad es proteger vidas.
Hablamos de cuatro grandes ejes: seguridad estructural, accesibilidad, eficiencia energética y confort. No basta con eliminar barreras arquitectónicas; también es necesario atender las necesidades de las personas con diversidad auditiva o visual, mejorar la señalización, la seguridad y la autonomía de todas las personas que viven o utilizan el edificio.
—¿Qué papel pueden desempeñar los administradores de fincas en la gestión de las ayudas a la rehabilitación y en la mejora de la eficiencia energética de los edificios?
—Somos una pieza clave de los programas de rehabilitación y de las ayudas asociadas, porque podemos motivar a las comunidades a tomar la decisión de rehabilitar y acompañarlas durante todo el proceso. Somos el eslabón de la cadena de transmisión entre las políticas públicas de vivienda y la ciudadanía. Esta función como prescriptores e interlocutores con la Administración es la que llevó al Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida a firmar un acuerdo con la Generalitat para crear la Oficina Tècnica de Rehabilitació de Catalunya (OTRC).
—La vivienda es hoy uno de los grandes debates sociales y políticos. ¿Qué perspectiva puede aportar su colectivo a este debate?
—Los administradores de fincas estamos en primera línea de la crisis de la vivienda. Nos alejamos de los extremos. Defendemos normas jurídicas que garanticen la seguridad jurídica del sector, pero no podemos obviar la dimensión social de la falta de vivienda. Consideramos que es el Estado quien debe proporcionar soluciones a las personas que necesitan acceder a un hogar.
En nuestra opinión, este problema no se resolverá sin un pacto social de Estado que implique a todos los sectores políticos, sociales, empresariales y profesionales.
Hay que recordar, además, el desequilibrio de la inversión pública: mientras se destina alrededor del 6 % a sanidad, el 4 % a educación y el 2 % a defensa, la vivienda recibe solo un 0,4 %. Esta es una de las razones por las que pedimos que la vivienda tenga el peso que le corresponde en las políticas de bienestar.
—¿Qué riesgos conlleva el intrusismo en el ámbito de la administración de fincas?
—El intrusismo es un riesgo directo para la ciudadanía. Cuando una persona no cualificada gestiona presupuestos comunitarios, documentación legal o relaciones entre vecinos, se ponen en juego el patrimonio de las familias y la convivencia de todo un edificio.
Un administrador de fincas colegiado cuenta con formación continua, control deontológico ejercido por el propio Colegio y un seguro de responsabilidad civil, además de un seguro de caución. Estas protecciones no existen en una gestión informal o intrusiva. Por eso defendemos la reserva de actividad: no tiene sentido que una persona sin la cualificación, la formación y las garantías profesionales necesarias pueda gestionar el patrimonio, los presupuestos o la convivencia de las comunidades de propietarios.
—¿Qué nuevos perfiles, competencias o conocimientos necesita hoy un administrador de fincas?
—El administrador de fincas actual necesita dar el salto de profesional a empresa. Y, sobre todo, se necesitan competencias de liderazgo, gestión de equipos, negociación, mediación y comunicación. Porque la profesión ha evolucionado: gestionamos edificios, pero, sobre todo, gestionamos personas, relaciones y confianza.
Por eso, junto con Esade, ya hemos sacado la segunda edición del programa de desarrollo directivo para Administradores de Fincas, para que nuestros colegiados puedan actualizar sus competencias y prepararse para los nuevos tiempos.
—¿Qué mensaje les gustaría trasladar a la ciudadanía sobre el valor de contar con un administrador de fincas colegiado?
—El mensaje que queremos trasladar es claro: contar con un administrador de fincas colegiado es sinónimo de profesionalidad, garantía y tranquilidad. No es solo una cuestión de trámites: es una función esencial y de interés general, reconocida por la Ley de Vivienda, y con un papel relevante en las políticas públicas de vivienda.
Los administradores de fincas colegiados estamos al servicio de la ciudadanía para facilitar la vida en común y contribuir a construir un parque de viviendas más seguro, sostenible, accesible y bien gestionado.
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