Impacto de las Políticas de Vivienda en Pequeños Propietarios de Cataluña

• • Lorenzo Viñas, presidente del Consejo de Colegios de Administradores de Fincas de Cataluña, lamenta que el concepto de gran tenedor no discrimina entre grandes fondos o pequeños propietarios

  Barcelona, ​​7 de noviembre de 2023 – El presidente del Consejo de Colegios de Administradores de Fincas de Cataluña, Lorenzo Viñas, ha comparecido en el Parlamento de Cataluña en el marco de la Comisión de Investigación sobre la Acumulación de Inmuebles por Determinadas Entidades donde se ha planteado el concepto de gran tenedor . El sr. Viñas ha aprovechado la ocasión ante los diputados y diputadas del Parlament para manifestarse al respecto y trasladar el impacto negativo que comporta por los pequeños propietarios las normativas que les tratan al igual que a los grandes fondos o entidades financieras que acumulan un gran número de inmuebles. “Los pequeños propietarios de Catalunya son uno de los principales afectados por las normativas actuales. Los pequeños propietarios de viviendas, ya sean personas físicas o patrimonios familiares, que tienen sus inmuebles como una forma de cumplimentar sus ingresos de forma completamente legítima, están directamente perjudicados por una mala política de vivienda. Las normas hacen una interpretación sesgada de la defensa de la función social de la propiedad, trasladando a los privados la obligación de proveer al resto de la ciudadanía de una vivienda digna” , ha remachado el presidente Viñas. La actual Ley reconoce como gran tenedor a un propietario con 10 o más inmuebles de propiedad, equiparando a los pequeños propietarios con los “megatenedores”, que son empresas privadas y/o públicas que superan de lejos la posesión de 50 viviendas: la entidad financiera Caixabank cuenta con 5.064 viviendas, seguida de Cerberus con 2.877 y de Blackstone, con 2.590 viviendas. Todo este volumen de viviendas en manos de grandes tenedores genera un impacto negativo tanto en las comunidades de propietarios como en la contratación de alquileres . En cuanto a las comunidades de propietarios, es muy habitual que estos fondos no asumen o no lo hagan con la necesaria agilidad, los gastos ordinarios y extraordinarios de la comunidad de propietarios, haciendo que sean el resto de propietarios quienes tengan que asumir estos gastos. Además, muchas de estas viviendas o locales cerrados son okupadas ilegalmente y “sufrimos situaciones conflictivas, ya que estos okupas dañan los elementos comunes, distorsionan la convivencia y generan inseguridad por el riesgo de las deficientes e ilegales conexiones a servicios básicos como la luz”, explica el sr. Viñas. Respecto al impacto en la contratación de alquileres, es necesario insistir en el gran sufrimiento para recuperar la posesión en caso de incumplimiento contractual que resulta de la nueva “Ley de Vivienda”. Y si le sumamos las problemáticas en caso de okupación, hace que muchos propietarios decidan vender en vez de arrendar sus inmuebles. El sr. Viñas expone una serie de propuestas de acciones que harían posible un cambio de tendencia y que podrían ayudar a incrementar el parque de vivienda asequible:

  1. La legislación actual plantea un concepto de gran tenedor que no diferencia entre los grandes fondos de entidades financieras o un particular o patrimonial familiar . Por otra parte, a estos grandes fondos la legislación actual les favorece al no obligarlos a comunicar a la Administración competente de cuántas viviendas disponen en un municipio determinado y si éstas se encuentran habitadas o no, a fin de cumplir con la función social de estas titularidades. De modo que deberían abordarse las reformas legislativas necesarias para dotarnos de un mapa de viviendas que se encuentran en manos de estos grandes fondos y entidades financieras con su ubicación, situación y habitabilidad, para obligar a quienes estén cerrados a cumplir con su función social, especialmente en las zonas con mayor demanda.

   

  2. Para conseguir más vivienda asequible, es necesario ajustar la declaración de Zona de Mercado Residencial Tenso (ZMRT) a la realidad de cada municipio y establecer, como dice la Ley y que se ha obviado, cuáles son las contraprestaciones que la administración prevé para los propietarios para evitar desincentivarlos y que esto comporte una posible retirada de la vivienda del parque de alquiler para ir, por ejemplo, a la compraventa.

   

  3. Facilitar la conversión de locales vacíos situados en segundas y terceras líneas comerciales en vivienda de alquiler, que convivan con la trama comercial, para ser destinados a alquiler asequible mediante la flexibilización [1] de la normativa y dirigido a personas mayores, familias monoparentales, personas con movilidad reducida u otros colectivos como pueden ser las mujeres víctimas de violencia. Sin embargo, facilitar que sean habitables altillos y estudios situados en los edificios. de viviendas.

   

  4. Facilitar el cálculo de la densidad de vivienda de forma que se puedan dividir las actuales grandes viviendas existentes y convertirlas en viviendas más pequeñas.

   

  5. Revertir la obligatoriedad de la reserva del 30% en nueva construcción por vivienda de VPO y poner a disposición de promotores y constructores a precio módico solares para edificar vivienda de hasta 60 m2 en régimen de alquiler asequible . Puesto que según datos de la APCE, en los 3,5 años de aplicación de la medida en la ciudad de Barcelona, ​​se han construido un total de 54 viviendas sociales; resultado del todo insuficiente.

  El presidente Viñas ha finalizado su intervención recordando que los Administradores de Fincas son «los profesionales que velamos para la preservación del derecho a la vivienda digna en el marco de un parque seguro, sostenible y eficiente» , y ha pedido un diálogo constante con todos los agentes que sufren a diario la dificultad en el acceso a la vivienda para buscar soluciones eficientes ya través de la constitución del Pacto Nacional para la Vivienda de Cataluña . [1] Según datos del Ayuntamiento de Barcelona, ​​386 personas vulnerables, de las que 137 son menores, malviven en 83 locales ocupados en Barcelona. Son locales destinados originariamente a la actividad comercial, pero que han quedado vacíos y familias en situación de exclusión social los han convertido en su domicilio.

DESCARGAR NOTA DE PRENSA