- Edificios de viviendas y grandes rehabilitaciones deben reservar un 30% del techo edificable en pisos sociales.
El sector inmobiliario ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra la modificación del Plan General Metropolitano (MPGM) para la mejora urbanística y ambiental de los barrios de Gracia de Barcelona, cuya aprobación definitiva se publicó el pasado 4 de marzo en el Diario Oficial de la Generalidad (DOGC).
La demanda sostiene que la mencionada modificación previene que las actuaciones en edificios de viviendas plurifamiliares en suelo urbano consolidado o de gran rehabilitación de edificaciones de más de 400 metros cuadrados tendrán que destinar un mínimo del 30% del techo edificable a vivienda protegida , fijando un techo diferente respecto a lo que en su momento se estableció para el resto de la ciudad (600 metros cuadrados) “sin justificar el motivo de esta diferencia”.
En el documento, firmado por el Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida , la Asociación de Promotores y Constructores de Edificios de Cataluña , la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona , el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Barcelon en y la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Cataluña, también remarcan que la reserva en suelo urbano consolidado constituye una carga nueva sobre la propiedad, ya que impone un nuevo deber a los propietarios de este suelo.
“Nos encontramos ante una limitación al derecho de propiedad, y por tanto, debe comportar la correspondiente indemnización, tal y como estableció recientemente el Tribunal Constitucional ”, sostenen. También subraya que una cuestión muy importante, que motiva el recurso, es el hecho de que el estudio económico elaborado “no aclara la viabilidad real de la nueva norma, ni tampoco establece la sostenibilidad para las finanzas púbicas”.
En datos del Plan Territorial Sectorial de Vivienda (PTSH), el Ámbito Metropolitano de Barcelona tiene un potencial de reservas de suelo para construir más de 73.000 viviendas protegidas, 20.000 en la ciudad de Barcelona
Las entidades consideran que las grandes tensiones que registra a día de hoy el acceso al vivienda para gran parte de las familias, tiene por origen “un grave desequilibrio entre una oferta muy reducida respecto a una demanda creciente” , así como la ausencia de políticas públicas bien diseñadas y dotadas económicamente, así como de una parálisis de la gestión de las administraciones públicas con los escasos recursos de los que disponen.
En datos del Plan Territorial Sectorial de Vivienda (PTSH), el Ámbito Metropolitano de Barcelona tiene un potencial de reservas de suelo para construir más de 73.000 viviendas protegidas, de las que 20.000 serían en la ciudad de Barcelona. «Es imprescindible movilizar estas reservas para incrementar la oferta de vivienda asequible», señalan.
Por ello, consideran que hace falta capacidad de gestión, coordinación entre administraciones y recursos económicos para disponer de un “mercado estable” que facilite el acceso al vivienda de las familias, y no el “continuo cambio de la regulación que afecta al sector de la vivienda”, puesto que crea “inseguridad jurídica, imposibilita la planificación y provoca el efecto contrario”.
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