Barcelona, 4 de febrero del 2026
La normativa que obliga a erradicar el amianto de aquí al 2028 en edificios públicos y antes del 2032 en propiedades privadas está intensificando la extracción del componente tóxico todavía instalado. Las empresas dedicadas a arrancar la sustancia nociva cuando se deteriora y desprende polvo admiten encontrarse en el límite de su capacidad por la sobrecarga de encargos en Cataluña. El auge se aprecia también en la gran concurrencia de particulares, ayuntamientos, empresas y entidades en las últimas convocatorias de subvenciones de la Generalitat para costear las retiradas de materiales de aislamiento y construcción que, como techos y tuberies de fibrocemento, contienen el mineral condenado a desaparecer.
El 58,7% de las 3.002 solicitudes presentadas el 2025 se desestimó porque la cantidad que la Agencia de Residuos de Cataluña (ARCO) dedicó para financiar obras se quedó corta ante la avalancha de peticiones. Las 1.762 instancias denegadas por falta de presupuesto para eliminar unos 940.000 metros cuadrados de amianto sumaban una reclamación de 25,7 millones de euros, que el ARCO no ha abonado porque la línea de subsidios fue insuficiente.
Ante el voluminoso número de requerimientos, la última campaña aumentó la partida en dos ocasiones para repescar demandas. Aun así, han quedado muchas sin atender, admiten fuentes conocedoras del reparto.
En la primera resolución dictada el 2025, la Generalitat comprometió el pago de 7,4 millones de euros a 281 solicitantes. Después de ampliar la asignación, acordó transferir 4,9 millones a 260 demandantes más. Antes de acabar el año, volvió a destinar fondo para una prórroga definitiva y concedió 8,6 millones en auxilios a 581 peticiones más.
La convocatoria se cerró con 1.122 subvenciones otorgadas, por valor de 20,9 millones para sufragar la retirada, el traslado y el tratamiento por completo de algo más de un millón de metros cuadrados con amianto. Aparte, 118 reclamaciones se archivaron por dejación o no cumplir condiciones.
Agotadas en pocos días
Fuentes consultadas afirman que no es la primera vez que la demanda sobrepasa las previsiones. Explican que, hace unos seis años, la dotación no excedía los dos millones de euros y ni siquiera se agotaba, pero la situación ha hecho un tumbo. De media, se reservan unos 22 millones anuales que se consumen en pocos días. Ponen como ejemplo una convocatoria extraordinaria del 2023, en la cual se ofrecieron 50 millones para sustituir techos de fibrocemento por placas solares y obtuvo peticiones por unos 150 millones.
En la lista de quienes se han quedado sin ayuda, figuran desde grandes empresas a título individual, pasando por pymes, municipios de diferente medida y comunidades de propietarios. La instancia rechazada por una cuantía más baja es de un particular que rogó 100 euros para suprimir 12 metros cuadrados de fibrocemento, mientras que la más alta la formuló El Corte Inglés, que reclamó 965.034,40 euros para desprenderse de 46.674 metros cuadrados de material con amianto. La segunda más abundante entre las excluidas es de otro particular, que preguntó 476.135 euros.
Más de 400 expedientes gestionados por empresas se han rechazado, por un importe de 11,68 millones. Cada caso es singular, también los efectos de la denegación. Proquip, una compañía química con sede en Vilanova del Camí (Anoia), tramitó dos auxilios por 291.543,10 euros para deshacerse de 8.385 metros cuadrados de techos con asbesto. «Las obras todavía no se han hecho, pero no nos ha supuesto un descalabro, las cubiertas están en buen estado», comenta la compañía, que esperará a próximos subsidios para reemplazarlas.
A una empresa con una nave en la Selva del Camp (Baix Camp), Itursa Clal, sí que lo ha trastocado no recibir 182.549 euros de subvención. «Nos ha retrasado el inicio de las obras», asegura. «Tenemos una ayuda concedida el 2024 por otra retirada muy pequeña y esperábamos para hacerlo todo a la vez, pero tendremos que emprender la primera obra para justificarla a tiempo», dice. la Generalitat mujer 27 meses para demostrar que las tareas se han efectuado.
Las solicitudes se resuelven por estricto orden de entrada, por lo tanto, se prioriza las que se registran antes, sin distinguir por coste o proyectos. «Nos adaptaremos la próxima vez para presentar la documentación el primer día», confiesan a Itursa Clal.
Del mismo modo, una cooperativa de Lleida rogó 94.990 euros que se denegaron para sacar dos tejados de fibrocemento en mal sido. «Hace muchas décadas que se construyeron y sacarlas de golpe son mucho dinero, además, tuvimos que hacer otra reparación más urgente y no podemos endeudarnos tanto ahora cambiando también los techos», alega.
Municipios y vecinos
Así mismo, se cuentan 58 expedientes por 742.362,06 euros cursados por 39 ayuntamientos con resultado negativo. La petición más elevada de un consistorio era la de Martorell, 301.892,25 euros por retiradas en siete equipaciones con 15.094,61 metros cuadrados de amianto. La desestimación comporta un incremento de gasto para las arcas municipales. En el edificio de la Cruz Roja de las Carolinas se ha eliminado el mineral peligroso, para hacerlo a Can el Oliveras se han obtenido fondos europeos y cinco actuaciones más se aplazan para próximas líneas de ayuda.
El Ayuntamiento de l’Aldea (Baix Ebre) no ha obtenido financiación de la Generalitat para dos extracciones en sendos inmuebles, con un coste de 57.038,85 euros. «la Generalitat nos ha dicho que nuestras peticiones estarán subvencionadas en las próximas convocatorias», apunta el alcalde, Xavier Royo, que advierte que la ayuda «no siempre resulta operativa»: «Está muy bien que nos financien, pero el techo queda descubierto y se tienen que sacar un dinero de los cuales la mayoría a veces no disponemos para realizar una nueva cubierta».
Alpens (Lluçanès), con menos de 300 habitantes, ha asumido una factura de 34.640 euros, equivaliendo al 5% de su plan de inversiones el 2026. «Se trataba de recuperar el dinero para ahorrarnos la obra hecha y destinarlo a otra cosa», explica el pequeño ayuntamiento, perjudicado porque 1.370 solicitudes se interpusieran antes de que la suya.
A su vez, más de un millar de particulares que preguntaban 8,22 millones de euros han quedado excluidos. «Es clave que haya más subvenciones, son manifiestamente insuficientes», evalúa Joan Maria Soler, miembro de la comisión contra el amianto de la Federación de Asociaciones Vecinales de Barcelona. «Es fundamental porque retirarlo bien es caro y el gran riesgo es que suban las retiradas no declaradas y los vertidos ilegales», previene.
Además, más de un centenar de comunidades de propietarios en todo Cataluña no han conseguido los algo más de un millón de euros que requerían. «Hay muchos edificios encara con elementos de amianto y la retirada lo tienen que hacer empresas especializadas con acreditación, cosa que encarece mucho la intervención», remarca la vicepresidenta de la Escuela de Administradores de Fincas de Barcelona y Lleida, Montse Bassas. Juzga «imprescindible ampliar la dotación presupuestaria para ofrecer más subvenciones y retirar el material adecuadamente».
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