{"id":77475,"date":"2021-09-21T11:31:42","date_gmt":"2021-09-21T10:31:42","guid":{"rendered":"https:\/\/www.cafbl.cat\/el-sector-inmobiliario-reclama-una-reestructuracion-del-alquiler-social-obligatorio\/"},"modified":"2021-09-21T11:31:42","modified_gmt":"2021-09-21T10:31:42","slug":"el-sector-inmobiliario-reclama-una-reestructuracion-del-alquiler-social-obligatorio","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.cafbl.cat\/es\/el-sector-inmobiliario-reclama-una-reestructuracion-del-alquiler-social-obligatorio\/","title":{"rendered":"El sector inmobiliario reclama una reestructuraci\u00f3n del alquiler social obligatorio"},"content":{"rendered":"

El sector inmobiliario exige cambios \u00abestructurales\u00bb en materia de vivienda para sustituir la imposici\u00f3n \u00abforzosa\u00bb del alquiler social obligatorio con medidas alternativas y efectivas que devuelvan la responsabilidad de la protecci\u00f3n de las personas vulnerables a la administraci\u00f3n p\u00fablica en vez del sector privado . Emergencia<\/strong>
\n Entidades del sector inmobiliario catal\u00e1n han comparecido esta ma\u00f1ana en el Parlament con motivo de la ponencia sobre la Proposici\u00f3n de ley de ampliaci\u00f3n de las medidas urgentes para hacer frente a la emergencia de la vivienda. Los representantes del sector inmobiliario han valorado negativamente la imposici\u00f3n de este requerimiento al considerar no s\u00f3lo que incumple el derecho a la propiedad, sino que es una medida inefectiva y que adem\u00e1s favorece el empleo ilegal. Por el contrario, reclamaron medidas \u00abestructurales\u00bb para aumentar la oferta de vivienda en vez de incidir directamente en el precio. Tambi\u00e9n han estado presentes miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y del grupo que promovi\u00f3 la iniciativa legislativa popular (ILP) de la Ley 24\/2015, que impuso la obligaci\u00f3n de un alquiler social. Por su parte, calificaron la normativa de una propuesta \u00abde m\u00ednimos\u00bb y llam\u00f3 a los grupos parlamentarios a legislar para acabar con los desahucios ya apoyar las medidas \u00abde choque\u00bb ante una situaci\u00f3n \u00abcr\u00edtica\u00bb. Ilegal<\/strong>
\n El presidente del Consejo de Colegios de Administradores de Fincas de Catalu\u00f1a, Enrique Vendrell, ha asegurado que el alquiler social obligatorio, el cual no debe confundirse con el alquiler social, comporta en muchos casos ingresos inferiores a cien euros al m\u00e1s para los propietarios, una disminuci\u00f3n entre el 70% y el 90% respecto a la aplicaci\u00f3n del \u00edndice de referencia. Vendrell afirm\u00f3 que esta situaci\u00f3n plantea un \u00abimportante conflicto legal\u00bb por la vulneraci\u00f3n del derecho a la propiedad y record\u00f3 que la jurisprudencia establecida es \u00abmuy clara\u00bb sobre la necesidad de \u00abproporcionalidad\u00bb en las medidas de la administraci\u00f3n. En su opini\u00f3n, el alquiler social obligatorio desv\u00eda la resoluci\u00f3n del problema de la vivienda al sector privado, cuando deber\u00eda ser responsabilidad de la administraci\u00f3n p\u00fablica. Es decir, en vez de destinar fondos a crear vivienda social para las personas m\u00e1s vulnerables o ayudarles a pagar el precio del alquiler con ayudas, la administraci\u00f3n se limita a imponer esta responsabilidad a los propietarios forzosamente sin ofrecer nada a cambio. As\u00ed lo ha descrito Vendrell:<\/p>\n

Nos encontramos, pues, ante unos propietarios forzados a desempe\u00f1ar una funci\u00f3n subjetiva de la responsabilidad de la administraci\u00f3n p\u00fablica hacia la protecci\u00f3n social de las personas y familias en situaci\u00f3n de vulnerabilidad.<\/strong><\/p>\n

\u00abPeor que la expropiaci\u00f3n\u00bb<\/strong>
\n En concreto, el vicepresidente del Consejo de C\u00e1maras de la Propiedad Urbana de Catalunya, Joan R\u00e0fols, asegur\u00f3 que un 56 por ciento de los contratos de alquiler social obligatorio est\u00e1n por debajo de los cien euros mensuales y el 76 por ciento son inferiores a los 150 euros al mes. De esta forma, R\u00e0fols ha asegurado que los propietarios renuncian a 770 euros de media y deben hacer frente a unos gastos de mantenimiento de aproximadamente 130 euros al mes. <\/p>\n

\u00abEsta medida limita la rentabilidad de los propietarios. Es peor que la expropiaci\u00f3n\u00bb, lament\u00f3, puesto que la expropiaci\u00f3n contempla la compensaci\u00f3n del propietario. Ante esta situaci\u00f3n, R\u00e0fols ha reclamado a la Generalitat subvencionar la diferencia entre la renta proveniente del alquiler social y la que podr\u00eda obtenerse a precio de mercado. Es decir, devolver la responsabilidad de proteger a los m\u00e1s vulnerables en el sector p\u00fablico, ya que \u00e9sta es su funci\u00f3n. <\/strong><\/p>\n

Limitar la ley<\/strong><\/p>\n

En este sentido se ha pronunciado tambi\u00e9n el presidente de la Asociaci\u00f3n de Promotores de Catalu\u00f1a, Xavier Vilajoana, que tambi\u00e9n ha pedido realizar un seguimiento del estado del arrendatario durante los a\u00f1os de contrato. Por su parte, el presidente del Consejo Catal\u00e1n de Colegios de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (COAPI) en Catalu\u00f1a, Joan Company, ha asegurado que los ingresos provenientes del alquiler social obligatorio son \u00abantiecon\u00f3micos\u00bb y vulneran el derecho a la propiedad. El presidente del COAPI ha defendido mantener el concepto de alquiler social recogido en la ley 24\/2015 y limitar la aplicaci\u00f3n de esta figura en el parque de viviendas procedentes de las ejecuciones hipotecarias o el incumplimiento de la funci\u00f3n social de la vivienda por parte de los propietarios. Asimismo, pidi\u00f3 \u00abreplantear\u00bb la carga econ\u00f3mica sobre el propietario y limitar la duraci\u00f3n de esta medida a un a\u00f1o, ampliable a dos a\u00f1os. Asimismo, ha alertado de los efectos de la entrada en vigor de la ley. Company ha asegurado que el n\u00famero de pisos destinados al alquiler ha descendido notablemente en los \u00faltimos a\u00f1os y ha afirmado que los grupos promotores est\u00e1n desviando inversiones hacia otras zonas del Estado ante la legislaci\u00f3n catalana en materia de vivienda. <\/p>\n

 <\/p>\n

ERC lo celebra<\/strong>
\n Pese a las discrepancias del sector, ERC celebr\u00f3 la llegada a un \u00abpunto de acuerdo\u00bb sobre la figura del alquiler social obligatorio, m\u00e1s all\u00e1 de las discusiones sobre los tiempos, cantidades o cargas sobre el propietario. La representante del grupo promotor de la ILP de la Ley 24\/2015 de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el \u00e1mbito de la vivienda y la pobreza energ\u00e9tica, Luc\u00eda Delgado, ha defendido la importancia de los alquileres sociales obligatorios para \u00abproteger\u00bb los hogares vulnerables. En respuesta a las declaraciones de las asociaciones de empresas inmobiliarias, Delgado asegur\u00f3 que si un gran tenedor no act\u00faa \u00abagresivamente\u00bb como un \u00abfondo buitre\u00bb la ley \u00abno entrar\u00e1 en juego\u00bb. Sin embargo, asegur\u00f3 que la normativa es una medida necesaria para que las empresas hagan alquiler social. La definici\u00f3n de los grandes tenedores
\n Hasta ahora, la definici\u00f3n de grandes tenedores incluye a las personas f\u00edsicas y jur\u00eddicas con m\u00e1s de quince viviendas. La nueva legislaci\u00f3n modificar\u00eda este concepto y pasar\u00eda a considerar como grandes tenedores a las personas f\u00edsicas con quince inmuebles ya las personas jur\u00eddicas con diez viviendas. El presidente del Consejo de Colegios de Administradores de Fincas de Catalunya, Enrique Vendrell, ha alertado de que esta modificaci\u00f3n es \u00abcontraproducente\u00bb y no ayuda a incorporar nueva oferta de alquiler en el mercado de vivienda. En este sentido, el presidente del COAPI en Catalunya reclam\u00f3 revisar este concepto y vincularlo a la \u00abfunci\u00f3n social\u00bb de la propiedad. En caso de que se mantenga la relaci\u00f3n con el n\u00famero de viviendas, Company ha propuesto dejarlo en los quince inmuebles actuales y que queden excluidos los inmuebles de fuera de Catalu\u00f1a y la residencia principal del propietario. Por su parte, el presidente de la Asociaci\u00f3n de Promotores de Catalunya asegur\u00f3 que la estructura del parque de viviendas de Catalunya est\u00e1 \u00abextremadamente atomizada\u00bb. De hecho, Vilajoana ha afirmado que el 75 por ciento de los propietarios tienen una o dos viviendas, mientras que s\u00f3lo el 3,1 por ciento de los propietarios tienen entre once y quince inmuebles.<\/p>\n

 <\/p>\n

La proposici\u00f3n de los comunes<\/strong>
\n \u00abTeniendo en cuenta estos datos, todas las obligaciones de la normativa afectan a un porcentaje no mayoritario de propietarios, es decir, que tampoco ser\u00eda una amenaza generalizada la aprobaci\u00f3n de la ley para todos los propietarios de Catalu\u00f1a. No consideran que propietarios que tienen m\u00e1s de quince viviendas y que han estado sacando beneficios en los \u00faltimos a\u00f1os, \u00bfpueden asumir que alguna de sus viviendas sea considerada de alquiler social?\u00bb, se ha cuestionado la diputada de En Com\u00fa Podem, Susanna Segovia. La representante del grupo promotor de la ILP de la Ley 24\/2015, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el \u00e1mbito de la vivienda y la pobreza energ\u00e9tica ha asegurado que la ampliaci\u00f3n de la definici\u00f3n el gran tenedor es un aspecto \u00abvital\u00bb para que la norma funcione con \u00abtotalidad y eficacia\u00bb. Delgado asegur\u00f3 que el objetivo es evitar que las entidades bancarias y los fondos buitres \u00abtroceen\u00bb sus activos para evitar cumplir la ley y afirm\u00f3 que m\u00e1s de diez viviendas por persona jur\u00eddica es una cantidad \u00absuficientemente amplia\u00bb para distinguir entre aquellos que \u00abcomplementan\u00bb los ingresos y aquellos que tienen un \u00abnegocio\u00bb en torno al mercado de la vivienda. Okupas<\/strong>
\n Otro de los aspectos m\u00e1s debatidos ha sido la referencia al concepto de empleo en la Proposici\u00f3n de ley. El presidente del Colegio de Administradores de Fincas admiti\u00f3 \u00abmucha preocupaci\u00f3n\u00bb por el \u00abcrecimiento exponencial\u00bb de la ocupaci\u00f3n de viviendas y asegur\u00f3 que la nueva regulaci\u00f3n \u00abno puede dar cobertura a situaciones ileg\u00edtimas\u00bb. Por su parte, el vicepresidente del Consejo General de C\u00e1maras de la Propiedad Urbana de Catalunya asegur\u00f3 que el empleo \u00abdebe salir de la ley\u00bb y necesita una legislaci\u00f3n espec\u00edfica. \u00abBasta hipocres\u00eda y criminalizar a las personas que ocupan viviendas vac\u00edas de entidades bancarias o fondos buitres\u00bb, ha pedido la representante del grupo promotor de la ILP de la Ley 24\/2015 de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el \u00e1mbito del vivienda y la pobreza energ\u00e9tica. Delgado pidi\u00f3 \u00abdignificar\u00bb la vivienda y aportar soluciones para los casos como los de Jessica. En su intervenci\u00f3n, la portavoz de las familias afectadas por la anulaci\u00f3n del Decreto ley 17\/2019 de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda, Jessica Casals, ha asegurado que ocupa un piso desde hace cuatro a\u00f1os por necesidad, despu\u00e9s de separarse de su pareja y tener tres hijos a su cargo. \u00abLa aprobaci\u00f3n de esta ley es un paso muy importante para miles de familias en la misma situaci\u00f3n. Las administraciones nos han abandonado\u00bb, denunci\u00f3. De hecho, seg\u00fan Delgado, actualmente hay 150.000 hogares en Catalunya con todos los miembros del paro y advirti\u00f3 de que los desahucios podr\u00edan llegar a 88 al d\u00eda una vez finalice la moratoria en vigor actualmente. En cualquier caso, todos los ponentes destacaron en la necesidad de aumentar el parque de viviendas de alquiler y hacer frente a la situaci\u00f3n de emergencia en materia de vivienda. Por su parte, los partidos tambi\u00e9n coincidieron en la falta de inversi\u00f3n por parte de las administraciones y destacaron la necesidad de impulsar un Pacto Nacional por la Vivienda y recuperar el Plan Sectorial Territorial de la Vivienda.<\/p>\n

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Para m\u00e1s informaci\u00f3n: http:\/\/ow.ly\/ZIqL50GdAPz<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

El sector inmobiliario exige cambios \u00abestructurales\u00bb en materia de vivienda para sustituir la imposici\u00f3n \u00abforzosa\u00bb del alquiler social obligatorio con medidas alternativas y efectivas que devuelvan la responsabilidad de la protecci\u00f3n de las personas vulnerables a la administraci\u00f3n p\u00fablica en vez del sector privado . Emergencia Entidades del sector inmobiliario catal\u00e1n han comparecido esta ma\u00f1ana en el Parlament con motivo de la ponencia sobre la Proposici\u00f3n de ley de ampliaci\u00f3n de las medidas urgentes para hacer frente a la emergencia de la vivienda. Los representantes del sector inmobiliario han valorado negativamente la imposici\u00f3n de este requerimiento al considerar no s\u00f3lo que incumple el derecho a la propiedad, sino que es una medida inefectiva y que adem\u00e1s favorece el empleo ilegal. Por el contrario, reclamaron medidas \u00abestructurales\u00bb para aumentar la oferta de vivienda en vez de incidir directamente en el precio. Tambi\u00e9n han estado presentes miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y del grupo que promovi\u00f3 la iniciativa legislativa popular (ILP) de la Ley 24\/2015, que impuso la obligaci\u00f3n de un alquiler social. Por su parte, calificaron la normativa de una propuesta \u00abde m\u00ednimos\u00bb y llam\u00f3 a los grupos parlamentarios a legislar para acabar con los desahucios ya apoyar las medidas \u00abde choque\u00bb ante una situaci\u00f3n \u00abcr\u00edtica\u00bb. Ilegal El presidente del Consejo de Colegios de Administradores de Fincas de Catalu\u00f1a, Enrique Vendrell, ha asegurado que el alquiler social obligatorio, el cual no debe confundirse con el alquiler social, comporta en muchos casos ingresos inferiores a cien euros al m\u00e1s para los propietarios, una disminuci\u00f3n entre el 70% y el 90% respecto a la aplicaci\u00f3n del \u00edndice de referencia. Vendrell afirm\u00f3 que esta situaci\u00f3n plantea un \u00abimportante conflicto legal\u00bb por la vulneraci\u00f3n del derecho a la propiedad y record\u00f3 que la jurisprudencia establecida es \u00abmuy clara\u00bb sobre la necesidad de \u00abproporcionalidad\u00bb en las medidas de la administraci\u00f3n. En su opini\u00f3n, el alquiler social obligatorio desv\u00eda la resoluci\u00f3n del problema de la vivienda al sector privado, cuando deber\u00eda ser responsabilidad de la administraci\u00f3n p\u00fablica. Es decir, en vez de destinar fondos a crear vivienda social para las personas m\u00e1s vulnerables o ayudarles a pagar el precio del alquiler con ayudas, la administraci\u00f3n se limita a imponer esta responsabilidad a los propietarios forzosamente sin ofrecer nada a cambio. As\u00ed lo ha descrito Vendrell: Nos encontramos, pues, ante unos propietarios forzados a desempe\u00f1ar una funci\u00f3n subjetiva de la responsabilidad de la administraci\u00f3n p\u00fablica hacia la protecci\u00f3n social de las personas y familias en situaci\u00f3n de vulnerabilidad. \u00abPeor que la expropiaci\u00f3n\u00bb En concreto, el vicepresidente del Consejo de C\u00e1maras de la Propiedad Urbana de Catalunya, Joan R\u00e0fols, asegur\u00f3 que un 56 por ciento de los contratos de alquiler social obligatorio est\u00e1n por debajo de los cien euros mensuales y el 76 por ciento son inferiores a los 150 euros al mes. De esta forma, R\u00e0fols ha asegurado que los propietarios renuncian a 770 euros de media y deben hacer frente a unos gastos de mantenimiento de aproximadamente 130 euros al mes. \u00abEsta medida limita la rentabilidad de los propietarios. Es peor que la expropiaci\u00f3n\u00bb, lament\u00f3, puesto que la expropiaci\u00f3n contempla la compensaci\u00f3n del propietario. Ante esta situaci\u00f3n, R\u00e0fols ha reclamado a la Generalitat subvencionar la diferencia entre la renta proveniente del alquiler social y la que podr\u00eda obtenerse a precio de mercado. Es decir, devolver la responsabilidad de proteger a los m\u00e1s vulnerables en el sector p\u00fablico, ya que \u00e9sta es su funci\u00f3n. Limitar la ley En este sentido se ha pronunciado tambi\u00e9n el presidente de la Asociaci\u00f3n de Promotores de Catalu\u00f1a, Xavier Vilajoana, que tambi\u00e9n ha pedido realizar un seguimiento del estado del arrendatario durante los a\u00f1os de contrato. Por su parte, el presidente del Consejo Catal\u00e1n de Colegios de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (COAPI) en Catalu\u00f1a, Joan Company, ha asegurado que los ingresos provenientes del alquiler social obligatorio son \u00abantiecon\u00f3micos\u00bb y vulneran el derecho a la propiedad. El presidente del COAPI ha defendido mantener el concepto de alquiler social recogido en la ley 24\/2015 y limitar la aplicaci\u00f3n de esta figura en el parque de viviendas procedentes de las ejecuciones hipotecarias o el incumplimiento de la funci\u00f3n social de la vivienda por parte de los propietarios. Asimismo, pidi\u00f3 \u00abreplantear\u00bb la carga econ\u00f3mica sobre el propietario y limitar la duraci\u00f3n de esta medida a un a\u00f1o, ampliable a dos a\u00f1os. Asimismo, ha alertado de los efectos de la entrada en vigor de la ley. Company ha asegurado que el n\u00famero de pisos destinados al alquiler ha descendido notablemente en los \u00faltimos a\u00f1os y ha afirmado que los grupos promotores est\u00e1n desviando inversiones hacia otras zonas del Estado ante la legislaci\u00f3n catalana en materia de vivienda.   ERC lo celebra Pese a las discrepancias del sector, ERC celebr\u00f3 la llegada a un \u00abpunto de acuerdo\u00bb sobre la figura del alquiler social obligatorio, m\u00e1s all\u00e1 de las discusiones sobre los tiempos, cantidades o cargas sobre el propietario. La representante del grupo promotor de la ILP de la Ley 24\/2015 de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el \u00e1mbito de la vivienda y la pobreza energ\u00e9tica, Luc\u00eda Delgado, ha defendido la importancia de los alquileres sociales obligatorios para \u00abproteger\u00bb los hogares vulnerables. En respuesta a las declaraciones de las asociaciones de empresas inmobiliarias, Delgado asegur\u00f3 que si un gran tenedor no act\u00faa \u00abagresivamente\u00bb como un \u00abfondo buitre\u00bb la ley \u00abno entrar\u00e1 en juego\u00bb. Sin embargo, asegur\u00f3 que la normativa es una medida necesaria para que las empresas hagan alquiler social. La definici\u00f3n de los grandes tenedores Hasta ahora, la definici\u00f3n de grandes tenedores incluye a las personas f\u00edsicas y jur\u00eddicas con m\u00e1s de quince viviendas. La nueva legislaci\u00f3n modificar\u00eda este concepto y pasar\u00eda a considerar como grandes tenedores a las personas f\u00edsicas con quince inmuebles ya las personas jur\u00eddicas con diez viviendas. El presidente del Consejo de Colegios de Administradores de Fincas de Catalunya, Enrique Vendrell, ha alertado de que esta modificaci\u00f3n es \u00abcontraproducente\u00bb y no ayuda a incorporar nueva oferta de alquiler en el mercado de vivienda. 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