Aparicions en mitjans

OFRECIDO POR CAFBL  Un administrador de fincas colegiado con información actualizada será capaz de afrontar los retos de sostenibilidad de sus inmuebles.iStock ¿Qué papel juega en la sostenibilidad medioambiental un administrador de fincas? CONTENIDO DE MARCA Un administrador de fincas colegiado es un profesional que presta servicios de administración y asesoramiento a propietarios de inmuebles, por lo que su papel es vital de cara a la ciudadanía y, más concretamente, en el proceso de sostenibilidad de las ciudades. El Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida tiene muy claro que la figura del administrador de fincas colegiado es imprescindible para la gestión de bienes inmuebles, sean rústicos o urbanos: es el que se encarga de prestar servicios de administración y asesoramiento a los propietarios, administrando sus alquileres y llevando al día las comunidades de propietarios. Estos profesionales son, en definitiva, imprescindibles para la vida de la ciudadanía, ya que desarrollan una actividad de gran valor socioeconómico. De hecho, uno de sus objetivos principales es garantizar la calidad de vida en los hogares y, con ella, asegurar el acceso a una vivienda de calidad. En un sentido práctico, un administrador de fincas es una pieza fundamental para informar a las comunidades de propietarios, haciendo valoraciones, buscando información, organizando reuniones o redactando los acuerdos en un acta. Es conocedor del Régimen jurídico de Propiedad Horizontal y traslada la información de forma fácil y entendible para que, en conjunto, se lleven a cabo decisiones para el bienestar de cada finca. ¿Qué puede hacer un administrador de fincas por la sostenibilidad medioambiental? Uno de los principales focos actuales en la mejora de inmuebles es su adaptación para hacerlos más sostenibles. En este sentido, los administradores de fincas juegan un papel primordial de cara a mejorar las condiciones de los propietarios, acceder a subvenciones, como las ayudas actuales de los Fondos Europeos Next Generation, y plantear las obras necesarias. Los administradores de fincas juegan un papel primordial de cara a obtener subvenciones, como las ayudas de los Fondos Europeos Next Generation Para ello, se siguen numerosos pasos dirigidos siempre por uno de estos profesionales cualificados. El primero de ellos es identificar los potenciales beneficiarios, analizando e investigando los edificios de sus clientes que reúnan las características adecuadas para conseguir ayudas por aspectos como la antigüedad, las necesidades de rehabilitación o mejora en instalaciones y la accesibilidad, entre otros aspectos. Tras esta primera valoración, es el momento de un pre análisis de viabilidad, en el que se estudiarán, junto con un técnico, el potencial de mejora de demanda energética del edificio, la ubicación, el rango de ayudas según la ubicación, el estudio de costes estimados de las mejoras y la identificación de las necesidades del inmueble, además de la distribución de esos costes entre propietarios y los calendarios de pagos. Una figura imprescindible Si tras dar esos pasos preliminares se observa que estas mejoras son viables, el administrador de fincas pasará a celebrar la primera junta de propietarios. En ella, expondrá al presidente de la comunidad ese pre análisis, convocará la junta y explicará su trabajo de investigación y viabilidad. Tras aclarar dudas, redactará el acta notificando también los acuerdos, trabajará en la solicitud de ayudas para el Libro del Edificio y solicitará presupuestos de obra. Un administrador de fincas estudiará y negociará las opciones de financiación representando a las comunidades de propietarios Después de esa primera junta, el administrador de fincas estudiará y negociará opciones de financiación y preparará la presentación del proyecto de actuaciones. Llega entonces el momento de una segunda junta de propietarios. En ella, el administrador de fincas presentará y explicará a los propietarios el proyecto de actuaciones necesarias, aclarará dudas y gestionará la toma de acuerdos de la ejecución de presupuestos, la solicitud de financiación, la recaudación de los importes y la solicitud de ayudas para la rehabilitación. Tras todo ello, redactará el acta y notificará los acuerdos. Paso a la acción Después de que la comunidad de propietarios adopte los acuerdos necesarios, el administrador de fincas pasará a trabajar en el arranque de actuaciones. En esta fase, redactará los contratos de la obra y de los técnicos; preparará la documentación para la financiación y para la solicitud de ayudas; identificará casos de vulnerabilidad; emitirá cobros y reclamará derramas; gestionará la financiación de la obra, pagando a proveedores por certificaciones y controlando el flujo de caja, además de justificar las necesidades de tesorería; solicitará las licencias; seguirá el ritmo y la ejecución de las obras, además de gestionar las incidencias e imprevistos durante las mismas; y controlará, junto al técnico, la ejecución y la terminación de la obra. Como broche final, el administrador de fincas se encargará de justificar las obras a efectos de las subvenciones, convocando, asistiendo y justificando la redacción del alta, así como la notificación de acuerdos si existieran juntas extraordinarias; hará las declaraciones fiscales pertinentes; y emitirá certificados fiscales para posibles deducciones del IRPF. Un administrador de fincas colegiado es, en definitiva, una figura imprescindible que se encarga de encontrar, aplicar y seguir las actualizaciones en sostenibilidad medioambiental que cada inmueble necesita, encontrando la forma idónea de llevar a cabo estas mejoras y buscando, si es posible, las ayudas correspondientes para que estas mejoras no repercutan en un gran coste para los propietarios. La importancia de la formación Para que un administrador de fincas colegiado pueda estar preparado a la hora de afrontar estos nuevos retos, debe estar formado de manera actualizada en todas las novedades que rodean el mercado inmobiliario, incluyendo todo lo relacionado con energías renovables, ayudas a la sostenibilidad medioambiental, mejoras en eficiencia, supresión de barreras arquitectónicas, etc. Por ello, es sumamente importante que esté en constante aprendizaje, algo que es posible gracias a los cursos y las conferencias que se realizan en la plataforma online especialmente dirigida a este colectivo: Aula Colegial.  Aula Colegial es una escuela online de formación continuada creada por el Colegio deAdministradores de Fincas de Barcelona-Lleida (CAFBL), en colaboración con el Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España (CGCAFE), y dirigida a sus colegiados. Su completo equipo trabaja de forma transversal y está compuesto por responsables de formación, coordinadores y directores académicos, además de gestores de la plataforma y una serie de profesores que combinan su experiencia profesional con

El Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona i Lleida ha demanat que la tarifa regulada del gas s’estengui a les comunitats de propietaris amb calefacció central. En un comunicat, els professionals adverteixen que, si no es fa, per molts usuaris serà “molt difícil” assumir els costos del servei o, fins i tot, “no podran assumir” les factures. Així mateix, per les comunitats de veïns que tinguin calefacció central, els administradors de finques alerten que, si no es prenen mesures, els preus elevats de l’energia provocaran un augment de la morositat. Malgrat tot, els professionals celebren que el govern de l’Estat hagi aprovat reduir l’IVA del gas del 21% al 5% i demanen que aquesta mesura es prorrogui durant el 2023. LLEGIR LA NOTÍCIA COMPLETA A “LA REPÚBLICA”: https://www.larepublica.cat/minut-a-minut/els-administradors-de-finques-demanen-que-la-tarifa-regulada-de-gas-sestengui-a-les-llars-amb-calefaccio-central/

Els professionals adverteixen que, si no es fa, per molts usuaris serà “molt difícil” assumir els costos del servei El Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona i Lleida ha demanat que la tarifa regulada del gas s’estengui a les comunitats de propietaris amb calefacció central. En un comunicat, els professionals adverteixen que, si no es fa, per molts usuaris serà “molt difícil” assumir els costos del servei o, fins i tot, “no podran assumir” les factures. Així mateix, per les comunitats de veïns que tinguin calefacció central, els administradors de finques alerten que, si no es prenen mesures, els preus elevats de l’energia provocaran un augment de la morositat. Malgrat tot, els professionals celebren que el govern de l’Estat hagi aprovat reduir l’IVA del gas del 21% al 5% i demanen que aquesta mesura es prorrogui durant el 2023.   LLEGIR LA NOTÍCIA COMPLETA A “SEGRE”: https://www.segre.com/noticies/economia/2022/09/22/els_administradors_finques_lleida_demanen_que_tarifa_regulada_gas_estengui_les_llars_amb_calefaccio_central_184510_1107.html?

Els administradors de finques demanen que la tarifa regulada de gas s’estengui a les llars amb aquest servei El Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona i Lleida ha reclamat que la tarifa regulada del gas també arribi a les comunitats de propietaris amb calefacció central. En una nota de premsa, els professionals alerten que, si no es fa, per molts usuaris esdevindrà “molt difícil” fer-se càrrec del cost del servei o, fins i tot, “no podran assumir” les factures. A més a més, per les comunitats de veïns que tinguin calefacció central, els administradors de finques alerten que, si no es prenen mesures, els preus elevats de l’energia generaran un augment de la morositat. Malgrat tot, els professionals aplaudeixen que el govern de l’Estat hagi aprovat reduir l’IVA del gas del 21% al 5% i reclamen que aquesta mesura s’estengui durant el 2023. El Consell de Ministres, a petició del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, el Ministeri d’Hisenda i Funció Pública, i el Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Digital, va aprovar aquesta setmana un Reial decret llei amb diverses mesures d’àmbit energètic, com la rebaixa de l’IVA des del 21% fins al 5% en els subministraments del gas natural, pèl·lets, briquetes i llenya, amb un estalvi per als consumidors d’uns 210 milions d’euros; la possibilitat que la cogeneració abandoni temporalment el règim retributiu regulat, de manera que se li apliqui el Mecanisme Ibèric; o la creació d’un nou servei de resposta activa de la demanda que augmentarà la flexibilitat i la seguretat del sistema elèctric. Una rebaixa que beneficia els costos de les calderes comunitàries La rebaixa de l’IVA del 21% al 5%, tipus mínim autoritzat per la legislació comunitària, beneficiarà tots els subministraments de gas natural, inclosos els destinats a les calderes de les comunitats de veïns, ha destacat el govern espanyol. Fins al 31 de desembre de 2022 s’aplicarà el tipus reduït als lliuraments, les importacions i les adquisicions intracomunitàries de gas natural, facilitant l’accés a aquest subministrament fonamental davant l’arribada de l’hivern i proporcionant un estalvi estimat de 190 milions als consumidors. La reducció impositiva també s’aplicarà a pèl·lets, briquetes i llenya, substitutius ecològics del gas natural procedents de biomassa i destinats a sistemes de calefacció, els preus dels quals s’han incrementat considerablement amb la proximitat de l’hivern. Proporcionarà un estalvi estimat en 19,4 milions als consumidors, segons els càlculs del govern de l’Estat. La rebaixa de l’IVA al gas natural i els altres biocombustibles s’afegeix a la rebaixa fiscal aprovada progressivament per l’executiu espanyol sobre l’electricitat, que ha deixat l’IVA també al 5%, ha situat al 0,5% el tipus de Impost sobre l’electricitat i ha suspès l’impost al 7% de la generació, amb una incidència econòmica que supera els 10.000 milions.   LLEGIR LA NOTÍCIA COMPLETA A “TOT BARCELONA”: https://www.totbarcelona.cat/economia/calefaccio-central-alerta-hivernal-237312/

Los administradores de fincas abogan por una infraestructura compartida, el sistema contrario al empleado por los pioneros de los vehículos ‘verdes’ La transición del coche eléctrico también se juega en el garaje. Los puntos de carga en párkings comunitarios son indispensables para suministrar energía a los vehículos verdes, ya que los planes de la Administración priorizan la recarga en el espacio doméstico y reservan las electrolineras públicas para viajes largos o imprevistos. Y aunque su despliegue en Cataluña aún esté en pañales, los surtidores privados ya se enfrentan a un cambio de paradigma. A excepción de los edificios de obra nueva, hasta ahora la mayoría de cargadores en bloques de pisos se han instalado mediante contadores individuales y sin una infraestructura común para todos los inquilinos. Pero este sistema no es la opción preferente ni de las autoridades ni de los administradores de fincas. Mejor una única infraestructura El escaso entusiasmo de los consumidores por los automóviles limpios –en 2021 representaron menos del 10% de matriculaciones en toda España– ha hecho que los pioneros de la electromovilidad hayan adecuado su enchufe al margen de los vecinos. O bien tirando un cable hasta el contador del hogar o bien instalando un nuevo contador si el párking se halla donde no reside el propietario. Por contra, el Instituto Catalán de Energía (ICAEN) aboga por un único contador comunitario –ya esté destinado únicamente a los autos eléctricos o integrado en el suministro de electricidad para otros servicios comunes como la iluminación de la escalera o el ascesor– acoplado a un cableado troncal que evite una maraña de tubos y canalizaciones en los edificios. Se trataría de instalar varios surtidores, pero con un solo cuadro de luz y un único contrato con la comercializadora. Contadores inteligentes Un planteamiento secundado por Lorenzo Viñas, gerente del Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona y Lleida, quien señala que los contadores inteligentes son capaces tanto de discriminar el consumo que hace cada titular, para asignar los costes de forma individual, como de redistribuir el flujo eléctrico entre la flota de vehículos del párking. Una apuesta clara de los fabricantes: la tecnología JuiceBox de Endesa X y los sistemas de gestión dinámica Además, Viñas subraya que las preinstalaciones comunes de las nuevas promociones apuntan en esta dirección. De hecho, la normativa obliga a los titulares de un cargador asociado a un contador individual a tirar el cableado del 15% de las plazas cercanas a su párking particular. Descongestionar la red Es casi la única condición onerosa que exige el Código Civil Catalán en sus previsiones sobre régimen de propiedad horizontal. La regulación autonómica permite a cada propietario ejecutar esta inversión de forma autónoma sin requerir ninguna votación de la comunidad de vecinos. Basta con informar a la finca de acuerdo con unos plazos mínimos y cumplir una serie de trámites como la obtención del certificado de instalación eléctrica (CIE) de manos del instalador y la autorización de la distribuidora. Todo este proceso puede alargarse entre tres y seis meses, según las fuentes consultadas. Pero ante un boom de matriculaciones de coches eléctricos similar al que está ocurriendo en Noruega, esta no es una solución idónea para descongestionar la red ni evitar sobrecargas. Escenario de futuro La penetración de los puntos de carga domésticos todavía es muy limitada por lo que, de momento, no ha planteado problemas respecto a la potencia con que cuentan los bloques de pisos. “Pero estos seguramente se darán en unos años y habrá que revisar la acometida de los edificios para garantizar suficiente potencia. Entonces se verá la necesidad de un contador compartido”, advierte Viñas. Hoy por hoy, la potencia de hasta 10 kilowatios (kW) usualmente contratada en casa es más que suficiente para cargar un coche durante la noche, ya que para una carga de entre cinco y nueve horas bastan muy pocos kW. De ahí que la avanzadilla del coche eléctrico haya funcionado con contadores y cableado individualizado. Pero a medida que haya más vehículos eléctricos, contar con un único contador que module el flujo de energía se volverá imprescindible.   LLEGIR LA NOTÍCIA COMPLETA A “CRÓNICA GLOBAL”: https://cronicaglobal.elespanol.com/business/laberinto-enchufar-coche-electrico-casa-contador-individual-comunitario-npfb_719795_102.html

El Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida ha puesto en marcha el proyecto QCaf, para identificar que se trabaja bajo unos estándares de calidad El Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida (CAFBL) ha iniciado un nuevo proyecto para sus colegiados, el Sello de Calidad QCaf, la primera acreditación para la certificación actualizada de profesionales del sector de los administradores de fincas. Con este distintivo se pretende identificar públicamente las buenas prácticas y acreditar la buena gestión de los despachos de los administradores de fincas, remarcando que se trabaja bajo unos estándares de calidad para poder dar más confianza a sus clientes. Así pues, el Sello de Calidad QCaf está pensado para aquel profesional que quiera acreditar su experiencia, formación, capacitación, posibilidades tecnológicas y potencial técnico. “Queremos hacer de nuestro colectivo un sector fuerte, competitivo y productivo. Que sea capaz de adaptarse a los cambios sociales, a las tecnologías, a nuevas necesidades que vayan surgiendo en la sociedad. Nuestro trabajo es garantizar que nuestros clientes estén en buenas manos y el Sello de Calidad QCaf es esto, dar una calificación reconocida de nuestra profesión», remarca el Sr. Enrique Vendrell, presidente del CAFBL. Contar con esta acreditación es muy positivo para los administradores de fincas en dos sentidos: por un lado, en un sentido externo como compromiso con los clientes, porque se les puede demostrar el nivel de calidad de los servicios que ofrecen, poniendo en valor sus tareas; por otro lado, en un sentido interno, puesto que se consigue un nuevo enfoque en la gestión interna de los servicios, orientada a los procesos y a la obtención de resultados con niveles de calidad óptimos, gracias a la revisión de procesos e iniciativas de mejora continua. Para conseguir esta acreditación, es necesario que el administrador de fincas inicie un proceso de evaluación de los servicios que ofrece, para garantizar el cumplimiento de unos requisitos mínimos obligatorios, de manera imparcial y objetiva. Esta tarea evaluadora la lleva a cabo una entidad certificadora acreditada internacional, ICDQ. El proceso de auditoría es muy sencillo y consiste en dos fases: 1. Pre evaluación: el administrador de fincas tiene que realizar una pre evaluación de los requisitos específicos, que son de obligado cumplimiento y que sin ellos no podrá optar a la certificación final. Cumplidos todos los ítems de la pre evaluación, podrá continuar adelante con la auditoría aceptando las condiciones de uso y realizando el pago de la contratación del Sello de Calidad. 2. Autoevaluación: de todos los requisitos para determinar el grado de cumplimiento total. La empresa auditora se pondrá en contacto con el administrador de fincas para establecer el día y hora para realizar la auditoría, momento en que se revisará el cumplimiento de los requisitos con los documentos o evidencias que los acrediten. Cada uno de estos puntos son indispensables cumplirlos para que la auditoría pueda otorgar la acreditación QCaf. En caso de que no se cumpla alguno de los requisitos, el administrador de fincas es informado para que pueda revisarlo y corregirlo, en el plazo de 3 meses, para ser nuevamente evaluado por el equipo auditor. Si el resultado de la evaluación es positivo, se emitirá al administrador de fincas un certificado y un sello para el uso en sus documentos y plataformas. El certificado de Sello de Calidad tiene una vigencia cíclica de tres años, esto quiere decir que primero antecede una auditoría inicial satisfactoria con un año de vigencia, que después tendrá que ratificarse por otras dos auditorías sucesivas anuales de seguimiento. Desde el CAFBL están muy satisfechos con esta iniciativa, que permitirá reconocer a las organizaciones que decidan participar activamente en la consecución del siguiente objetivo: mejorar en la calidad del servicio al cliente. LLEGIR LA NOTÍCIA COMPLETA A “INMODIARIO”: https://inmodiario.com/mercado-inmobiliario/servicios-profesionales/los-administradores-de-fincas-podran-acreditar-sus-buenas-practicas-a-traves-del-sello-de-calidad-qcaf/

En un acto celebrado hoy, 12 de julio, en la sede del Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida, se ha puesto sobre la mesa el problema de la ocupación ilegal de inmuebles. En todo el Estado español hay aproximadamente 120.000 viviendas ocupadas de manera ilegal, de las cuales el 42% están en Cataluña. Este, además de ser un delito, se ha convertido en un problema de trascendencia social que afecta no solo al titular de la propiedad usurpada, sino la convivencia y la seguridad de los residentes y al conjunto de la ciudadanía. El acto ha sido inaugurado y moderado a cargo del Sr. Enrique Vendrell, presidente del Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida. Y como ponientes y expertos del tema han asistido Genís Boadella Esteve, diputado en el Congreso de los Diputados por el Grupo Parlamentario Plural y miembro de la Dirección Ejecutiva Nacional del Partido Demócrata (PDeCAT); María Pastor Santana, decana del Colegio de Abogados de Mataró, y Jesús Mª Sánchez García, decano del Colegio de la Abogacía de Barcelona y Consejero del Consejo de la Abogacía Catalana. Durante el acto se han lamentado que los instrumentos legales actuales no sean bastante eficaces para cortar este fenómeno de la ocupación y que además, la posición de algunos sectores políticos sea reticente a adoptar medidas ejecutivas que ayuden a impedir esta práctica, habitualmente mafiosa, la envergadura de la cual no tiene equiparación a los países de nuestro entorno. “Por eso hemos iniciado una campaña de concienciación para pedir reformas legales que ayuden a evitar que se produzcan estas ocupaciones que se suceden con total impunidad”, ha señalado Vendrell. Ante la necesidad de parar el fenómeno de la ocupación ilegal y con el fin de facilitar el desalojo inmediato de inmuebles ocupados, se han planteado diferentes nuevas propuestas de reformas legislativas que llegan a la Ley de Propiedad Horizontal, al Código Civil, la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley reguladora de Bases del Régimen Local. “El delito de allanamiento de morada es un delito continuo. Tenemos que empezar a reivindicar nuestros derechos. Ya va siendo hora que todos reivindiquemos estos derechos y no caigamos en la demagogia ni nos estigmaticen por hacerlo”, ha afirmado Sánchez. Pastor ha insistido que, a pesar de que se dan casos de ocupación en fines de semana, vacacional e incluso ocupaciones que afectan a personas que están ingresadas en el hospital, “no buscamos una agravación de las penas, sino conseguir medidas prácticas y directas”. Y también ha hecho referencia a los graves efectos colaterales que provocan las ocupaciones ilegales de inmuebles: “los problemas que sufre la vecindad son numerosos: los pinchazos de agua y de luz, suciedad, falta de respeto a las normas comunitarias, ruidos…”. “Hay debates que no son cómodos, pero que los responsables públicos tienen que afrontar”, ha afirmado Boadella, quien ha anunciado que en el 2021 hubo un aumento del 18% de ocupaciones ilegales y que “no está de acuerdo en que el derecho a la propiedad se ponga en riesgo y en entredicho constantemente”. Por este motivo, propone las modificaciones siguientes: modificación del Art. 13 del Código Penal para facilitar al juez la rápida desocupación; modificación de la ley de Enjuiciamiento Criminal para facultar a las comunidades de propietarios a instar un procedimiento contra los ocupantes ilegales, y dotar de más capacitación a los ayuntamientos mediante el cambio de la ley reguladora de Bases del Régimen Local. La mesa redonda ha acabado con un mensaje en común: es necesario hacer una reflexión conjunta y recuperar las normas básicas del buen funcionamiento en la vivienda.   LLEGIR LA NOTÍCIA COMPLETA A “IDEALISTA NEWS”: https://www.idealista.com/news/inmobiliario/vivienda/2022/07/12/797907-los-administradores-de-fincas-piden-que-las-comunidades-de-propietarios-puedan?xts=582065&xtor=RSS-86