Apariciones en medios

El pasado jueves el Tribunal Constitucional hizo público que determina que Cataluña no tiene competencias para establecer criterios en la fijación de los precios de alquiler de viviendas. No es ninguna sorpresa. Gobierno, a los partidos ya la ciudadanía la inseguridad jurídica que supone la aplicación de esta ley, que además provoca los efectos contrarios a los pretendidos. Desgraciadamente no se nos va escuchar, no se nos ha escuchado y no se nos escucha, aunque hemos pedido reiteradamente encontrarnos con el Muy Honorable Presidente de la Generalidad de Cataluña para poder comunicar nuestras inquietudes y propuestas, así como para compartir la nuestra experiencia y conocimiento del comportamiento del mercado. El Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña, en su dictamen, le advirtió a todos los grupos parlamentarios ya los promotores de la ley, por lo que nadie nadie. debería sorprenderse de la resolución del TC. Las reiteradas resoluciones contrarias -sin ir más lejos, hace pocos días se ha anulado el Decreto ley 37/2020 de refuerzo al derecho a la vivienda ante los efectos de la pandemia y antes parte del Decreto ley 17/2019 de medidas para mejorar el acceso a la vivienda-, están provocando y agravando una situación de inseguridad jurídica, en un tema tan delicado y básico como es la vivienda, que precisamente requiere estabilidad. Es hora de que, de una vez por todas, el Gobierno y los grupos parlamentarios afronten la problemática de la vivienda en su profundidad con medidas estructurales, y no con normativas populistas que sólo provocan el efecto contrario, ya que cada vez existe menos disponibilidad de vivienda asequible y mayor desconfianza. Es necesario crear un marco adecuado, sereno, donde todos los afectados puedan participar, donde se den. las condiciones necesarias para generar un auténtico diálogo social y, en definitiva, se puedan dar los elementos necesarios para hacer efectiva una verdadera concertación público-privada de todos los implicados o sea posible conseguir el consenso necesario, en el que cada actor asuma el su papel. Se trata de que propietarios e inquilinos, que son los que se mueven principalmente en el sector privado, arreglen sus diferencias, pero también que ambos exijan al sector público su participación directa con medidas efectivas. que creen seguridad, estabilidad, pacifiquen el mercado y permitan recuperar la confianza en el alquiler. No podemos seguir por el mismo camino y salvar los arrecifes jurídicos que cada vez pone sobre la mesa el TC, con parches y nuevas leyes, decretos ley y decretos. En este sentido, reiteramos nuestro ofrecimiento y nuestra predisposición a colaborar y participar para poner en marcha medidas que sean realmente efectivas. No se puede escuchar únicamente las propuestas. determinados movimientos sociales y que los representantes políticos se limiten a seguir sus consignas ideológicas, sino que debe tenerse en cuenta a todos los agentes implicados para poder disponer de una regulación justa y equilibrada, y que represente una solución efectiva y estable al problema del acceso a la vivienda.   LEER LA NOTICIA COMPLETA EN EL MUNDO FINANCIERO: https://www.elmundofinanciero.com/noticia/100674/empresas/el-sector-inmobiliario-vuelve-a-reclamar-la-colaboracion-publico-privada-para-abordar -la-problemática-de-la-vivienda-en-cataluna.html

El sector reclama acabar con la crisis de los alquileres desde el consenso y con la colaboración público-privada   El sector inmobiliario catalán ha reclamado que se aborde el problema de la vivienda desde la colaboración público-privada y el diálogo social y ha alertado de la inseguridad jurídica que genera la profusión de normas que luego son parcial o totalmente suspendidas por diferentes instancias judiciales. En un comunicado conjunto hecho público hoy tras el retajo del Tribunal Constitucional a la ley catalana que regula los alquileres , las principales entidades catalanas del sector inmobiliario instan al Gobierno ya todos los grupos parlamentarios a afrontar el acceso al vivienda «con medidas estructurales y no con normativas populistas «. A su juicio, hay que crear un marco «adecuado, sereno, en el que todos los afectados puedan participar, donde se den las condiciones necesarias para generar un auténtico diálogo social». Crítica al populismo «Es hora de que, de una vez por todas, el Gobierno y los grupos parlamentarios afronten el problema de la vivienda en su profundidad con medidas estructurales , y no con normativas populistas que sólo provocan el efecto contrario , puesto que cada vez hay menos disponibilidad de vivienda asequible y más desconfianza», asegura el comunicado. El escrito está firmado por el Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida, Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Barcelona y Provincia, el Consejo de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Cataluña, la Asociación de Promotoras y Constructoras de Edificios de Cataluña y la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona-Lleida. Piden medidas efectivas Estas organizaciones subrayan que son los propietarios e inquilinos los que deben » arreglar sus diferencias » y que el sector público debe ayudar con medidas «efectivas» que crean » seguridad y estabilidad » y «pacifican el mercado» para poder recuperar la confianza en el alquiler . «No podemos seguir por el mismo camino y salvar los escollos jurídicos que cada vez ponga encima de la mesa el Tribunal Constitucional (TC), con parches y nuevas leyes, decretos leyes y decretos», ha expresado. En esta línea, se ofrecen a colaborar «para poner en marcha medidas que sean realmente efectivas», asegurando que «no se puede escuchar únicamente en las propuestas de unos determinados movimientos sociales «. Este comunicado conjunto se produce después de que el pasado jueves el TC anulara parte de la ley catalana que limitaba los precios de alquiler de las viviendas por considerar que envade competencias estatales.   LEER LA NOTICIA COMPLETA EN «CRÓNICA GLOBAL»: https://cronicaglobal.elespanol.com/business/inmobiliario-catalan-pide-dialogo-govern-tc-vivienda_618111_102.html

Siete organizaciones representativas del sector inmobiliario catalán han emitido este lunes un comunicado conjunto en el que lamentan la «inseguridad jurídica» en el mercado de la vivienda. Lo dijeron tras la resolución del Tribunal Constitucional que señala que Cataluña no tiene competencias para establecer criterios en la fijación de los precios de alquiler de viviendas. El sector inmobiliario catalán lamenta la «inseguridad jurídica» en el mercado de la vivienda «Desgraciadamente, no se nos escuchó, no se nos escuchó y no se nos escucha», afirmaron, y explicaron que han intentado trasladar al Gobierno la inseguridad jurídica que supone la aplicación de la presente ley. Recordaron que el Consejo de Garantías Estatutarias advirtió a todos los grupos parlamentarios ya los promotores de la ley este hecho y subrayó las «reiteradas resoluciones contrarias» a la norma y que este hecho agrava la situación de inseguridad jurídica. Reclamaron que se afronte la problemática de la vivienda en su profundidad con medidas estructurales «y no con normativas populistas que sólo provocan el efecto contrario», por lo que se debe crear un marco adecuado en el que todos los actores del sector puedan participar. Los firmantes pidieron que el Gobierno participe directamente «con medidas efectivas que creen seguridad, estabilidad, pacifiquen el mercado y permitan recuperar la confianza en el alquiler». Han firmado el texto el Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida (CAFBL), el Consejo de Colegios de Administradores de Fincas de Cataluña, la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Cataluña, el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Barcelona y Provincia, el Consejo de Colegios de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Cataluña, la Asociación de Promotores y Constructores de Edificios de Cataluña (APCE) y la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona-Lleida.   LEER LA NOTICIA COMPLETA EN «EUROPAPRESS»: https://www.europapress.es/catalunya/noticia-sector-inmobiliario-catalan-lamenta-inseguridad-juridica-mercado-vivienda-20220314110227.html

Las asociaciones lamentan que el ejecutivo «solo atiende a las propuestas de movimientos sociales» Primer plano de un cartel ‘de alquila’ en un local cerrado en Barcelona. Plan El sector inmobiliario ha vuelto a exigir al Gobierno que apueste por la colaboración público-privada para acabar con la inseguridad jurídica en materia de vivienda en el país. Después de que el Tribunal Constitucional determinara la semana pasada que Catalunya no tiene competencias para fijar el precio del alquiler, las diferentes asociaciones del sector han pedido al ejecutivo que cree «un marco adecuado en el que se den las condiciones para un auténtico diálogo social». «Desgraciadamente no se nos escucha», ha lamentado, añadiendo que el Gobierno «sólo escucha propuestas de movimientos sociales que limitan a los representantes políticos a seguir consignas ideológicas». «Hay que tener en cuenta a todos los agentes para poder disponer de una regulación justa y equilibrada», ha concluido. En el comunicado emitido este lunes, el sector inmobiliario recuerda que ya advirtió al Govern que la ley catalana no sería aceptada por el Tribunal Constitucional y reclama de nuevo un encuentro con el presidente Aragonés para trasladarle “inquietudes y propuestas, así como para compartir experiencia y conocimiento del comportamiento del mercado”. El escrito cuenta con la firma de la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Cataluña (API), el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Barcelona y Provincia, el Consejo de Colegios de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Cataluña, la Asociación de Promotores y Constructores de Edificios de Cataluña (APCE), la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona-Lleida, el Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida (CAFBL) y el Consejo de Colegios de Administradores de Fincas de Catalunya.   LEER LA NOTICIA COMPLETA EN «LA MAÑANA»: https://www.lamanyana.cat/el-sector-immobiliari-exigeix-collaboracio-al-govern-per-acabar-con-la-inseguridad-juridica-no-sens- escucha/

El Tribunal Constitucional tumba la ley catalana que regula el precio del alquiler y éste no será el único cambio que sufrirá el sector El mercado inmobiliario recibe el golpe de ese nuevo cambio a la espera de una nueva ley estatal | iStock La ley para contener los precios de las viviendas en alquiler en Cataluña sólo ha durado año y medio. El Tribunal Constitucional ha anulado gran parte de la Ley 11/2020 argumentando que la normativa catalana invadía competencias estatales. Con esta decisión, el mercado de alquiler residencial catalán vuelve a sufrir un cambio legislativo trascendental que, además, no se hace por motivos de la salud del mercado, sino políticos y legislativos, lo que enfada a los principales agentes del sector. Suscríbete gratis a VIA Empresa y recibirás en tu correo nuestras mejores historias, reportajes y entrevistas, además de otras ventajas exclusivas para suscriptores. El tren de la bruja. Eduard Solé , socio y director de operaciones de Monapart compara la ley de arrendamientos de los últimos años con el tren de la bruja: «ha sufrido muchos cambios legislativos que afectan, evidentemente, al mercado ya los que participamos del mercado». Es una fuente de incertidumbre que viene ocasionada «por una disputa entre gobiernos», reflexiona Alex Vàzquez , director de administración de alquileres de Forcadell, quien añade que, además, «esta ley nació con fecha de caducidad y sin escuchar a los expertos del mercado». En la misma línea, las principales asociaciones y colegios profesionales del sector han hecho un comunicado conjunto con una clara denuncia: «Desgraciadamente, no se nos escuchó, no se nos escuchó y no se nos escucha». Varios colectivos del sector inmobiliario: «Desgraciadamente, no se nos escuchó, no se nos ha escuchado y no se nos escucha» El colectivo pide «medidas estructurales, y no normativas populistas» que provocan mayor desconfianza, agravan una situación de inseguridad jurídica y reducen la disponibilidad de vivienda asequible. Han participado de este comunicado la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Cataluña, el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Barcelona y Provincia, el Consejo de Colegios de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Cataluña, el Asociación de Promotores y Constructores de Edificios de Cataluña (APCE), la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona-Lleida, el Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida (CAFBL) y el Consejo de Colegios de Administradores de Fincas de Catalunya. En este contexto de cambio permanente, además, se sabe que otra normativa está a punto de sacudir de nuevo el mercado. El Gobierno de España presentará antes del verano una ley para limitar el precio del alquiler. Y, paralelamente, antes de finalizar el año, también tiene previsto aprobar una nueva Ley de Vivienda Estatal. El objetivo de la fijación de los precios es el mismo que el de la Generalitat: limitar los precios de alquiler a «zonas tensadas». El índice de precios que precederá a esta ley lo publicarán a finales de marzo. A través de «millones de datos cruzados de Hacienda, de registradores de la propiedad, del depósito de finanzas, del catastro y del INE, tendremos una imagen real de la evolución de los precios en las zonas tensadas» anunció David Lucas Parrón , secretario general de Agenda Urbana y Vivienda del Gobierno español. Los 160.000 contratos afectados La Ley 11/2020 tenía la finalidad de contener y moderar el precio del alquiler en determinadas zonas de Cataluña que, según la Generalitat, «por sus características, no garantizan tener viviendas de alquiler a un precio asequible, por lo que se obstaculiza el acceso a toda la población». La normativa se ha aplicado durante el último año y medio a un total de 60 municipios catalanes con más de 20.000 habitantes. Según datos del Sindicato de Inquilinos, durante este tiempo la ley ha afectado a 160.000 contratos firmados en Catalunya y ha conseguido que los precios del alquiler bajen un 5% en las ciudades reguladas. «Si se declara inconstitucional una ley que ha afectado a 160.000 viviendas, debería contemplarse algún resarcimiento», apunta Vázquez, como compensaciones o bonificaciones fiscales. Vázquez: «Si se declara inconstitucional una ley que ha afectado a 160.000 viviendas, debería contemplarse algún resarcimiento» Tanto Solé como Vázquez coinciden en que la ley ha afectado más a aquellos pisos de alto standing o con primeras calidades, que a aquellos con rentas más bajas. La normativa catalana no tenía suficientemente en cuenta los valores añadidos a la vivienda. La única consideración que se hacía era la posibilidad de incrementar un 5% el precio de la renta si la vivienda contaba, al menos, con tres características destacadas añadidas (como ascensor, vistas especiales, piscina comunitaria, conserjería, etcétera) . Según Solé, «la ley ha homogeneizado toda la oferta y no ha discriminado si el piso tiene o no acabados de alta gama. Un propietario puede haber invertido en una vivienda pensando en un público que ya le está bien pagar más por tener mayores cualidades, pero se ha encontrado con que no ha podido recuperar esta inversión». Estos propietarios han tenido tres vías de actuación: asumir el no retorno de la inversión, vender el inmueble o traspasarlo al mercado de alquiler temporal. Según Idealista, de hecho, el stock de pisos de alquiler en Barcelona se redujo un 57% en el 2021, bajada que se vincula directamente a este contexto legislativo. ¿La bajada de precios se convierte en la ley? Respecto a la bajada de los precios, Solé apunta que puede haber otras causas: «hay quien lo atribuye más a la situación económica derivada de la cóvid-19». Un año después del estallido de la pandemia, «los precios de alquiler en Madrid y Barcelona se habían reducido de forma similar, y eso que en Madrid no había ninguna ley de regulación». Concretamente, según Idealista, el metro cuadrado residencial en la provincia de Barcelona a septiembre de 2020 se situaba en 15,3 euros. Un año y medio después se redujo un 4,6%, hasta los 14,6 euros el metro cuadrado. En Madrid, el precio pasó de 14,9 euros el metro cuadrado a 13,9 euros. Es decir, registró una

La UE, el Gobierno y los administradores de fincas colegiados son las piezas clave de este plan de renovación Un mundo más sostenible es responsabilidad de todos y debe llevarse a cabo en todos los ámbitos de la sociedad. Uno de los puntos más importantes para conseguir este objetivo, es sin duda reducir nuestro consumo energético. Precisamente éste es el objetivo de la Oficina Técnica de Rehabilitación de Cataluña (OTRC), renovar de forma sostenible el parque edificado para alcanzar unas viviendas más eficientes energéticamente; su meta: que en 2026 se hayan rehabilitado 65.000 viviendas. Gracias a los Fondos Europeos Next Generation y al acuerdo entre la Agencia de la Vivienda y el Consejo de Colegios de Administradores de fincas de Cataluña, la OTRC se ha podido arrancar hace unas semanas. Estos fondos forman parte del plan de recuperación de la Unión Europea y es un instrumento creado para ayudar a paliar los daños sociales y económicos provocados por la pandemia. Además de ayudar a la recuperación de las economías, la UE quiere aprovechar el momento para impulsar la transición ecológica y la transformación digital de los países que forman parte, con una aportación de 750.000 millones de euros para financiar proyectos transformadores. Esto permitirá a España movilizar un volumen de inversión sin precedentes; dentro de ese contexto, el 7 de octubre de 2020 se aprobó el marco general del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España (PRTR), que traza la hoja de ruta para la modernización de la economía española. Para llevar a cabo este plan, la Administración considera clave el papel de los administradores de fincas y por este motivo, el Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida se ha convertido en la sede de esta oficina. – Pero, ¿qué es exactamente la OTRC?… Pues su principal papel es el de punto de información, asesoramiento y acompañamiento para los administradores de fincas, en el proceso de subvención para la rehabilitación de edificios. Los administradores de fincas, por su parte, serán los responsables de ayudar a las comunidades de propietarios en la gestión de las solicitudes, a fin de que se puedan beneficiar de las subvenciones el mayor número de edificios posible. En este sentido, la OTRC ofrece una formación para los administradores de fincas, enfocada a desempeñar estas funciones. Así pues, los colegiados tendrán a su disposición talleres mensuales en formato telemático en los que se tratará desde las condiciones y requisitos técnicos y jurídicos de la convocatoria de subvención, hasta las medidas de exención fiscal aplicables a la rehabilitación de edificios o las condiciones de los créditos que ofrezcan las distintas entidades financieras, entre otras cuestiones. En cuanto al asesoramiento, será la propia asesoría de arquitectura del CAFBL la encargada de atender todas las consultas de los colegiados, además de un técnico externo para asesorar sobre la mejora energética previa a todo el proceso. Por último, el acompañamiento estará basado en la atención y el seguimiento personalizado a los administradores de fincas, en el control y la corrección de enmiendas y errores documentales; y al facilitar la operativa económica y administrativa de la retribución de los derechos a los administradores de fincas de Cataluña. Los administradores de fincas son agentes esenciales para impulsar la rehabilitación energética de los edificios   Por otra parte, para que los administradores de fincas puedan cumplir correctamente su labor de comunicación hacia los propietarios y usuarios de bienes inmuebles, la OTRC les informará periódicamente de todo, mediante diversos medios como pueden ser las circulares, la plataforma del programa, los banners en la web del Colegio, etc. – Y, ¿a quién va destinado este plan?… Principalmente a los propietarios o usufructuarios de viviendas unifamiliares aisladas, en hilera y de edificios residenciales plurifamiliar de vivienda (tipología residencial colectiva), así como de las viviendas que lo componen. Y en las comunidades de propietarios o agrupaciones de comunidades de propietarios. Los requisitos son: • Disponer de proyecto de las actuaciones a realizar, incluyendo el Libro del edificio existente. • Diseños y técnicas constructivas que permitan la reutilización y el reciclaje. • Retirada de aquellos productos de la construcción que contengan amianto. A la espera de la inminente publicación de la Convocatoria de subvención que debe emitir la Generalidad de Cataluña, las actuaciones subvencionables serán: • Las de mejora o rehabilitación de edificios de uso predominante residencial para vivienda siempre que se obtenga una reducción igual o mayor del 30% en el indicador de consumo de energía primaria no renovable. • Conseguir además una reducción de la demanda energética anual global de calefacción y refrigeración de la vivienda unifamiliar o del edificio del 35% en las zonas D y E y 25% en la zona C.   LEER LA NOTICIA COMPLETA EN EL DIARIO AHORA