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Los administradores de fincas de Barcelona y Lleida exigen «medidas legislativas urgentes» para frenar el empleo

ACN Barcelona – El Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida ha exigido «medidas legislativas urgentes» para frenar la ocupación de viviendas. En un comunicado emitido este lunes, los propietarios han denunciado que las políticas de vivienda son «fracaso total», y que promueven el empleo «sin amparo a los afectados». Según ha afirmado la entidad, en Catalunya se registran el 50 por ciento de las ocupaciones del conjunto del Estado, y el 75 por ciento de éstas tendrían lugar en la ciudad de Barcelona. En este sentido, los administradores apuntan a que la capital catalana promueve regulaciones «permisivas» que «avalan el empleo como forma legítima de posesión de una vivienda». Según indican, las políticas de vivienda de la ciudad de Barcelona son “laxas”, y están asentadas sobre la base de un “fallo interpretación del derecho a una vivienda digna”. Desde el Colegio insisten en que la ocupación de viviendas es un «grave problema social y de seguridad» que provoca «peleas y amenazas» entre los ocupas y los vecinos. Con esto, la entidad ha subrayado la «sensación de impotencia e impunidad». «Es incomprensible que la ciudadanía no encuentre una respuesta eficaz ni penal ni civil que la proteja con eficacia de estas actuaciones delictivas», ha expresado el presidente del Colegio, Enrique Vendrell. Paralelamente, los propietarios también han señalado la «indiferencia» de la mayoría de grupos políticos. «Su inacción está provocando graves consecuencias económicas, sociales y psicológicas», han lamentado. Con ello, desde el Colegio piden un “cambio legislativo” que permita una acción judicial, y que se adopten “medidas efectivas” que protejan a los afectados. Los administradores pusieron de ejemplo de regulaciones las adoptadas por la Comunidad de Madrid, donde se permite realizar juicios rápidos por delitos leves de ocupación de viviendas.   LEER LA NOTICIA COMPLETA EN «LA REPÚBLICA»: https://www.larepublica.cat/minut-a-minut/els-administradors-de-finques-de-barcelona-i-lleida-exigeixen-mesures-legislatives-urgents- para frenarla ocupación/

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Barcelona firma el convenio de ‘Moment solar Barcelona’, iniciativa que apuesta por las energías renovables

Se instalarán placas solares en diversas comunidades de vecinos de la ciudad La iniciativa ‘Momento solar Barcelona’ representa el compromiso absoluto del Ayuntamiento de Barcelona, ​​el Colegio de Administradores de FinquesiInstaladors de Barcelona, ​​y el Gremio de Instaladores de Barcelona para ayudar y acelerar la transición energética en la ciudad, que aseguran es «muy necesaria». El objetivo es que los paneles solares se conviertan en «el nuevo paisaje común de la ciudad», ha asegurado el conseller municipal EloiBadia. «Que sea la nueva normalidad» que la mayoría de energía provenga de los paneles solares de las casas. Badia afirma que la apuesta por las energías renovables y por los paneles es una «apuesta de seguridad». Prevee que la instalación de estas placas supondría el ahorro de un 25% de la factura eléctrica, unos 200 euros al año, además de la bonificación del 50% del IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles) durante 3 años y 95% del ICIO (Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras). Además de beneficios ecónomicos, tener estas instalaciones en la ciudad también supone un incentivo en el tejido laboral, «estaremos creando sitios de calidad y de futuro». Badia asegura que se trata de una apuesta por el futuro de Barcelona El conseller explicó que se usará una tecnología muy asequible, y que, por tanto, la economía no debe ser un problema para los vecinos que quieran formar parte. Defiende que se tienen herramientas de financiación y que si algunas familias deben financiarse su aportación «sólo se alargará el retorno», es decir, no se perderán beneficios, sino que se obtendrán de forma más lenta. Aseguró que la recepción de la iniciativa está siendo muy positiva por parte del vecindario, al que hace un llamamiento a sumarse al aprovechamiento de «la energía solar del mediterráneo», ya quien prometen ayudar y acompañar en todo el proceso .   LEER LA NOTICIA COMPLETA EN «COPE BARCELONA»: https://www.cope.es/emisoras/cataluna/barcelona-provincia/barcelona/noticias/barcelona-firma-convenio-moment-solar-barcelona-iniciativa-que-apuesta- miedo-las-energías-renovables-20220516_2084902

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Convenio para conseguir que 2.000 familias de Barcelona instalen placas solares en sus edificios residenciales

ACN Barcelona – El Ayuntamiento de Barcelona, ​​el Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida y el Gremio de Instaladores han firmado un convenio para impulsar la instalación de placas solares en edificios residenciales. Se trata de ‘Moment solar Barcelona’, iniciativa a través de la cual se quiere conseguir que unas 2.000 familias dispongan de energía renovable este año mediante la instalación de paneles solares. Esto supondría unas 100 comunidades de vecinos con capacidad de generar su propia electricidad. El convenio plantea un trabajo de puerta a puerta en un centenar de comunidades, donde se explicará la iniciativa y, si hay interés, se realizará una reunión aportando el proyecto específico para esa comunidad. Para llevar adelante la ejecución del proyecto es necesaria una mayoría simple en una votación a la comunidad y asegurar que la cubierta está en buen estado desde un punto de vista funcional y estructural. Si la propuesta sale adelante, será el instalador que la comunidad escoja el que moverá los permisos necesarios, tramitará las posibles ayudas que existan, hará la ejecución de la instalación, la legalizará, la gestionará y, si así es acuerda, la mantendrá. Ahorro de casi 200 euros anuales Una comunidad que apueste por el autoconsumo puede llegar a generar un ahorro del 25% anual de la factura de la luz, lo que puede suponer hasta un ahorro de casi 200 euros. Además el Ayuntamiento descontaría el IBI del 50% en los tres primeros años posteriores a la inversión, y en el caso de Impuesto sobre construcciones instalaciones y obras (ICIO), el valor total bonificado es del 95% del coste total de la licencia de obras. ‘Moment solar Barcelona’ acompañará también en la tramitación para acceder a todas las subvenciones disponibles para que el coste de la instalación se pueda amortizar en un plazo de dos a tres años. La Agencia de la Energía de Barcelona impulsará también una campaña comunicativa y contará con un equipo de informadores para explicar el proyecto y hacer efectiva la realización de las instalaciones. El Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona ayudará a llegar a las comunidades de vecinos y el Gremio de Instaladores de Barcelona asegurará instalaciones profesionales que cumplen con todos los requerimientos técnicos y de legalización a un coste razonable.   LEER LA NOTICIA COMPLETA A «324»: https://www.ccma.cat/324/conveni-per-aconseguir-que-2000-families-de-barcelona-installin-plaques-solars-als-seus-edificis-residencials /noticia/3164299/

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Impulso a la instalación de placas solares en comunidades de vecinos de Barcelona

La previsión del Ayuntamiento es que las fincas se ahorren un 25% de la factura eléctrica, unos 200 euros al año   El Ayuntamiento de Barcelona se marca como objetivo que 100 comunidades de vecinos de la ciudad instalen placas solares en los edificios. Calculan que esto permitirá ahorrar un 25% de la factura eléctrica, unos 200 euros anuales . Para animar a la ciudadanía a esta opción, el gobierno municipal impulsa bonificaciones y subvenciones que permitirán amortizar la inversión inicial en un período máximo de tres años. El Ayuntamiento ha firmado un convenio con el Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona y el Gremio de Instaladores de Barcelona para iniciar la campaña informativa y de instalación de los paneles, acompañando a las comunidades. Facilitar los trámites y gestiones para animar a las comunidades al autoconsumo Según las previsiones, unas 2.000 familias de Barcelona podrían sumarse a la iniciativa , que empezará con una campaña informativa puerta a puerta para detallar a los vecinos cómo es todo el proceso. aprobarlo en una votación en la que una mayoría simple es suficiente para sacar adelante la iniciativa. Posteriormente, será necesario que los técnicos del Gremio de Instaladores garanticen que la cubierta o la azotea. estén en buen estado estructural y funcional para dar luz verde al proyecto. A partir de aquí, los instaladores buscarán los modelos mejor adaptados a cada finca. La comunidad sufragará todo el coste de la compra y la instalación, que dependerá del número de paneles y vecinos de cada comunidad, pero que puede comportar una inversión de unos 40.000 €. A partir de ahí, cuando se firme el contrato, los vecinos no tendrán que hacer nada más. porque será el instalador quien tramitará los permisos necesarios y las ayudas. También se hará cargo de la instalación y la legalizará. Amortizar el coste de la instalación en un máximo de 3 años Dentro de esta iniciativa para animar a las familias al autoconsumo, el Ayuntamiento prevé una serie de beneficios fiscales. Las comunidades tendrán un descuento del IBI el 50% en los tres primeros años después de la inversión. Y además se bonificará el 95% del coste de la licencia de obras. El Ayuntamiento se ha comprometido a acompañar a las comunidades para garantizar que accedan a todas las subvenciones y prevén que se podrá amortizar el coste de la instalación en un plazo de 2-3 años. La campaña se suma a la iniciativa municipal impulsada hace un año para que los vecinos y vecinas pudieran instalar a coste o las placas en las fincas . En los últimos meses, el Ayuntamiento ha impulsado las placas solares en terrenos industriales, en las cubiertas industriales de Mercabarna. , el Ayuntamiento también prevé que la energía generada por 11 pérgolas fotovoltaicas sirva para financiar parte de la factura de un millar de familias vulnerables.   LEER Y VER LA NOTICIA COMPLETA EN «BETEVÉ»: https://beteve.cat/medi-ambient/impuls-instalacio-plaques-solars-comunitats-veins-barcelona/

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El sector inmobiliario abre otro frente judicial contra Colau

Recurso contencioso administrativo contra la modificación contra la modificación del Plan General Metropolitano que afecta a Gràcia   La Vila de Gràcia es uno de los afectados por la reciente modificación del PGM Al gobierno municipal de Barcelona se le acumulan las causas en los juzgados. Esta vez el detonante del conflicto es la modificación del Plan General Metropolitano (PGM) del distrito de Gràcia y quienes se sitúan al otro lado de la trinchera son adversarios habituales de la alcaldesa Ada Colau. Cinco entidades del sector inmobiliario han interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra una iniciativa que, entre otras cosas, establece que en la construcción de nueva obra residencial o grandes rehabilitaciones habrá que reservar un mínimo de un 30% del techo edificable a vivienda protegida, con la merma de rentabilidad que esta disposición supone para los constructores. El recurso, que si es aceptado dará paso a la correspondiente demanda, lleva la firma de la Asociación de Promotores y Constructores de Edificios de Cataluña, la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona, ​​el Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida, el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Barcelona y la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Catalunya. Rechazo de la obligación de ceder un 30% de obra nueva o rehabilitada de más 400 m2 a vivienda protegida La normativa que estas entidades llevan a los tribunales es el Plan para la Mejora Urbanística y Ambiental de los Barrios de Gracia promovida por el Ayuntamiento de Barcelona, ​​cuya aprobación definitiva fue publicada el 4 de marzo en el Diari Oficial de la Generalitat . La mencionada modificación prevé que las nuevas edificaciones de viviendas plurifamiliares en suelo urbano consolidado o las rehabilitación de más de 400 m2 deberán destinar un mínimo de un 30% del techo edificable a vivienda protegida. De esta forma, entienden los autores del recurso, se establece un techo diferente respecto al que en su día se acordó para el resto de la ciudad (600 m2) sin justificar el motivo de esta diferencia. El recurso también remarca que la reserva en suelo urbano consolidado constituye una nueva carga sobre la propiedad, ya que impone un nuevo deber a los propietarios de este suelo. «Nos encontramos pues, ante una limitación al derecho de propiedad, y esto debe comportar la indemnización correspondiente, tal y como estableció recientemente el Tribunal Constitucional», señalan las entidades del sector inmobiliario. la vivienda para muchas familias tiene su origen en «un grave desequilibrio entre una oferta muy reducida y la ausencia de políticas públicas» Una cuestión importante que figura entre las motivaciones del recurso es que el estudio económico no aclara la viabilidad real de la nueva norma ni establece la sostenibilidad para las finanzas públicas. Las entidades antes mencionadas consideran que las grandes tensiones que registra el acceso a la vivienda para muchas familias tiene su origen en “un grave desequilibrio entre una oferta muy reducida respecto a una demanda creciente, y la ausencia de políticas públicas bien diseñadas y dotadas económicamente, así como de una parálisis de la gestión de las administraciones públicas con los escasos recursos de que disponen”. Los promotores recuerdan que el ámbito metropolitano tiene un potencial de reservas de suelo para construir más de 73.000 viviendas protegidas, 20.000 en la ciudad de Barcelona. «Es imprescindible movilizar estas reservas para incrementar la oferta de vivienda asequible», señalan los inmobiliarios. LEER LA NOTICIA COMPLETA EN «LA VANGUARDIA»: https://www.lavanguardia.com/encatala/20220510/8255106/sector-inmobiliari-obre-altre-front-judicial-colau.html

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Unos instalan, todos pagan: así se instala un enchufe para coche eléctrico en una comunidad de vecinos

Aunque, de momento, parece lo más habitual, el coche eléctrico no es terreno acotado a viviendas unifamiliares con cargador individual en casa. Aunque hay quien, incluso, vive con un coche eléctrico y sin enchufe , en los garajes comunitarios también es posible contar con un punto de recarga para nuestro vehículo. Porque lo más cómodo es que nuestro coche eléctrico pueda recargarse por la noche. En este caso, lo primero que debemos tener claro es que tenemos todo el derecho a instalar un punto de carga en un garaje comunitario, aunque no podremos hacer uso de la luz comunitaria. Es decir, podemos instalar un punto de carga, pero como vecinos no tenemos derecho a enchufar nuestro vehículo a una toma doméstica que dé servicio al garaje . Es importante tener esto en cuenta porque, en el primer caso, seremos nosotros los que estamos pagando la recarga y, en el segundo, la facturación iría a la cuota comunitaria mensual. Cómo actuar Si algo debemos tener claro es que instalar un enchufe para uso particular de nuestro coche eléctrico en un garaje comunitario está completamente permitido y avalado por la ley. De hecho, la comunidad de vecinos no puede negarse a que se realice dicha instalación. Si tienes dudas concretas, toda la información para cargas de coches eléctricos en espacios comunitarios puedes resolverlas con la Guía Técnica de aplicación de la ITC-BT 52. Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de coches eléctricos. Pero, en resumidas cuentas, el art. 17.5 de la Ley de Propiedad Horizontal señala que “la instalación de un punto de recarga de vehículos eléctricos para uso privado en el aparcamiento del edificio, siempre que éste se ubique en una plaza individual de garaje, sólo requerirá la comunicación previa a la comunidad. El coste de dicha instalación y el consumo de electricidad correspondiente serán asumidos íntegramente por el o los interesados ​​directos en la misma.” Es decir, será el vecino el encargado de llevar a cabo la instalación necesaria y el pago de la misma. decidir el mejor lugar para la instalación de contadores y el tendido de cableado hasta el punto de recarga de cada plazas. De no contar con esta aprobación, señalan que es bueno establecer unos requisitos mínimos para cada vecino, que Colegio de Administradores de Madrid resumen en: Comunicación previa por parte del propietario o vecino solicitante. Desde el contador al punto de recarga, la línea deberá instalarse bajo tubo homologado y por el recorrido que se acuerde con la comunidad de propietarios, no pudiendo utilizarse los conductos y cajas comunes. El pasa tubos desde el cuarto de contadores al garaje serán a cargo del propietario solicitante. El punto de recarga se instalará en el muro del fondo de la plaza de garaje, lo más centrado posible y sin ocupar el vuelo de las plazas colindantes. El propietario o vecino deberá entregar a la comunidad de propietarios el boletín de instalación. Cumplir con la normativa vigente en cada momento. Los detalles técnicos Una vez emitida la comunicación, debe tenerse en cuenta el tipo de garaje comunitario en el que se desea instalar el punto de carga. Si el garaje es independiente de las viviendas, existen dos posibilidades . La primera es que se realice una preinstalación desde el cuadro eléctrico del garaje, que discurra por todo el garaje con sección suficiente para que, posteriormente, todo lo que quiera pueda engancharse a esa línea y colocar en su plaza el punto de recarga junto a un contador que deberá ser periódicamente leído para generar los recibos y pasarlos al cobro. La otra opción es que cada propietario interesado realice una instalación individual desde el cuadro eléctrico del garaje hasta su plaza con un cableado de sección apropiada para un solo punto de recarga y la instalación de contador, y así sucesivamente para el resto de interesados. Esta opción cuenta con el inconveniente de que según se vayan realizando nuevas instalaciones se aumentará el cableado que discurra por el garaje por lo que se debería plantear la obligatoriedad de que al legar a un número de derivaciones individuales se obligue a sustituirlas por una comunitaria de mayor sección para que el resto de los propietarios pueda engancharse posteriormente. Si, por el contrario, hablamos de un garaje asociado a unas viviendas, también será viable realizar derivaciones individuales desde los propios contadores de las viviendas hasta las plazas de aparcamiento, aunque, desde el órgano colegiado señalan que «siempre cumpliendo con lo establecido en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) para evitar posibles reclamaciones de subsanación de defectos en futuras inspecciones del garaje». Y en Cataluña… En Cataluña, sin embargo, cuentan con su propia Ley de Propiedad Horizontal y el proceso es ligeramente distinguido. Tal y como nos cuenta Francisco Javier Quintana, vicepresidente del Colegio de Administadores de Fincas de Girona , en este caso queda regulado por el artículo 553-36.3 . En él leemos lo siguiente: «En caso de instalación de un punto de recarga individual de vehículo eléctrico, sólo es preciso enviar a la presidencia oa la administración el proyecto técnico con treinta días de antelación al inicio de la obra y la certificación técnica correspondiente una vez finalizada la instalación Dentro de este plazo la comunidad puede proponer una alternativa raonable y más adecuada a sus intereses generales Si la instalación alternativa no se hace efectiva en el plazo de dos meses, el propietario interesado puede ejecutar la instalación que había proyectado inicialmente». Es decir, si hubiera que acometer cualquier tipo de obra para la instalación de un punto de carga, el propietario deberá proponer un proyecto técnico que podrá ser contestado por la comunidad en los siguientes 30 días. En caso de que los vecinos se decidan por la última alternativa propuesta, tienen de dos meses para la instalación de la misma. De no llevarse a cabo, el propietario del vehículo eléctrico tiene vía libre para realizar su propio proyecto. Además, en cuanto a la pregunta de quién debe asumir los gastos en

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El sector inmobiliario de Barcelona trae al TSJC un plan urbanístico de Colau

Varias entidades viene injustificado que se hayan aprobado unos parámetros para proteger el patrimonio de un barrio distintos a los del resto de la ciudad Los enchufes de Colau, en el centro de su vía crucis judicial Nuevo revés a las políticas de Ada Colau que se adentra en la Justicia. Varios agentes del sector inmobiliario se han aliado y han anunciado que presentaran un recurso contencioso contra el plan urbanístico que el gobierno municipal anunció recientemente para protegir el patrimonio del barrio de Gracia que el gobierno municipal (BComú y PSC) pactaron como ERC, a pesar de las quejas del resto de la oposición. La alcaldesa suma así una nueva causa judicial a la que enfrentarse en su último año de mandato. El recurso ha sido presentado en concreto por la Asociación de Promotoras y Constructoras de Edificios de Cataluña, la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona, ​​el Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida, el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Barcelona y la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Cataluña y se opone a la modificación del Plan General Metropolitano que el consistorio aprobó a finales de enero para «garantizar la conservación del patrimonio del barrio», como defendió entonces el gobierno municipal. En concreto, el plan fija que los edificios construidos o rehabilitados de más de 400 metros cuadrados deberán destinar al menos el 30% del espacio a vivienda protegida, unos parámetros distintos al resto de la ciudad, en donde se establece la afectación para fincas de como mínimo 600 metros cuadrados. Las entidades que impulsan el recurso lamentan que no se justifica el motivo de esta diferencia. Por todo ello, critican que la reserva sobre suelo urbano consolidado «constituye una carga nueva sobre la propiedad, puesto que impone un nuevo deber a los propietarios de este suelo», y lo consideran a una limitación del derecho a la propiedad por la que reclaman una indemnización. El sector inmobiliario también considera que el estudio económico que se hizo para modificar el plan «no aclara la viabilidad real» de la nueva norma y critican que incluya la rehabilitación de edificios.   LEER LA NOTICIA COMPLETA EN «ABC»: https://www.abc.es/espana/catalunya/barcelona/abci-sector-inmobiliario-barcelona-lleva-tsjc-plan-urbanistico-colau-202205091613_noticia.html

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El sector inmobiliario lleva a los tribunales el plan urbanístico de Colau en Gràcia

Casitas de la calle de la Encarnación, en el barrio de Gràcia. PERE TORDERA Diferentes asociaciones del sector inmobiliario, como el Colegio de Administradores de Fincas o el Colegio de Agentes de la Propiedad, han presentado un recurso contra la modificación del plan general metropolitano que el gobierno de Colau promueve en Gràcia . Ven una limitación al derecho a la propiedad.   LEER LA NOTICIA COMPLETA EN «DIARI ARA»: https://www.ara.cat/societat/sector-immobiliari-porta-als-tribunals-pla-urbanistic-colau-gracia_25_4365575.html

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Nuevo frente para Colau: El sector inmobiliario recurre contra la obligación de reservar pisos protegidos en Gràcia

Edificios de viviendas y grandes rehabilitaciones deben reservar un 30% del techo edificable en pisos sociales. Plaza de la Virreina de Gracia (Barcelona)Joaquín Reyes | Miquel Taverna El sector inmobiliario ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra la modificación del Plan General Metropolitano (MPGM) para la mejora urbanística y ambiental de los barrios de Gracia de Barcelona, ​​cuya aprobación definitiva se publicó el pasado 4 de marzo en el Diario Oficial de la Generalidad (DOGC). La demanda sostiene que la mencionada modificación previene que las actuaciones en edificios de viviendas plurifamiliares en suelo urbano consolidado o de gran rehabilitación de edificaciones de más de 400 metros cuadrados tendrán que destinar un mínimo del 30% del techo edificable a vivienda protegida , fijando un techo diferente respecto a lo que en su momento se estableció para el resto de la ciudad (600 metros cuadrados) “sin justificar el motivo de esta diferencia”. Barcelona protegirá 3 de cada 4 edificios de Gràcia para preservar la imagen del barrio y obligará a crear pisos protegidos En el documento, firmado por el Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida , la Asociación de Promotores y Constructores de Edificios de Cataluña , la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona , ​​el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Barcelon en y la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Cataluña, también remarcan que la reserva en suelo urbano consolidado constituye una carga nueva sobre la propiedad, ya que impone un nuevo deber a los propietarios de este suelo. “Nos encontramos ante una limitación al derecho de propiedad, y por tanto, debe comportar la correspondiente indemnización, tal y como estableció recientemente el Tribunal Constitucional ”, sostenen. También subraya que una cuestión muy importante, que motiva el recurso, es el hecho de que el estudio económico elaborado “no aclara la viabilidad real de la nueva norma, ni tampoco establece la sostenibilidad para las finanzas púbicas”. En datos del Plan Territorial Sectorial de Vivienda (PTSH), el Ámbito Metropolitano de Barcelona tiene un potencial de reservas de suelo para construir más de 73.000 viviendas protegidas, 20.000 en la ciudad de Barcelona Las entidades consideran que las grandes tensiones que registra a día de hoy el acceso al vivienda para gran parte de las familias, tiene por origen “un grave desequilibrio entre una oferta muy reducida respecto a una demanda creciente” , así como la ausencia de políticas públicas bien diseñadas y dotadas económicamente, así como de una parálisis de la gestión de las administraciones públicas con los escasos recursos de los que disponen. Entra en vigor la obligación de destinar el 30% de los pisos nuevos en Barcelona a vivienda pública de precio asequible En datos del Plan Territorial Sectorial de Vivienda (PTSH), el Ámbito Metropolitano de Barcelona tiene un potencial de reservas de suelo para construir más de 73.000 viviendas protegidas, de las que 20.000 serían en la ciudad de Barcelona. «Es imprescindible movilizar estas reservas para incrementar la oferta de vivienda asequible», señalan. Por ello, consideran que hace falta capacidad de gestión, coordinación entre administraciones y recursos económicos para disponer de un “mercado estable” que facilite el acceso al vivienda de las familias, y no el “continuo cambio de la regulación que afecta al sector de la vivienda”, puesto que crea “inseguridad jurídica, imposibilita la planificación y provoca el efecto contrario”.   LEER LA NOTICIA COMPLETA A «20 MINUTOS»: https://www.20minutos.es/noticia/4997161/0/nuevo-frente-para-colau-el-sector-inmobiliario-recurre-contra-la-obligacion-de- reservar-pisos-protegidos-en-gracia/

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El sector inmobiliario interpone un recurso contra la modificación del plan de los barrios de Gràcia de Barcelona

Los firmantes ven una “limitación al derecho de propiedad” y creen que debe comportar una indemnización Imagen de la plaza de la Vila de Gràcia, en Barcelona, ​​con la sede del distrito en el fondo JUANMA RAMOS . ACN – BARCELONA El sector inmobiliario ha interpuesto un recurso contencioso administrativo contra la modificación del Plan General Metropolitano (MPGM) para la mejora urbanística y ambiental de los barrios de Gràcia de Barcelona, ​​cuya aprobación definitiva se publicó el pasado 4 de marzo en Diario Oficial de la Generalidad (DOGC). Sostiene que la mencionada modificación prevé que las actuaciones edificatorias de viviendas plurifamiliares en suelo urbano consolidado o de gran rehabilitación de edificaciones de más de 400 m2 tendrán que destinar un mínimo del 30% del techo edificable a vivienda protegida, fijando un techo diferente respecto a lo que en su día se estableció para el resto de la ciudad (600 m2) “sin justificar el motivo de esta diferencia”. En el documento, firmado por el Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida, la Asociación de Promotores y Constructores de Edificios de Cataluña, la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona y el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Barcelona y la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Cataluña, también remarcan que la reserva en suelo urbano consolidado constituye una nueva carga sobre la propiedad, ya que impone un nuevo deber a los propietarios de este suelo. «Nos encontramos pues, ante una limitación al derecho de propiedad, y por tanto, debe comportar la correspondiente indemnización, tal y como estableció recientemente el Tribunal Constitucional», sostienen. También subrayan que una cuestión muy importante, que motiva el recurso, es el hecho de que el estudio económico elaborado «no aclara la viabilidad real de la nueva norma, ni tampoco establece la sostenibilidad para las finanzas públicas». Las entidades consideran que las grandes tensiones que registra hoy el acceso a la vivienda para una gran parte de las familias, tiene por origen «un grave desequilibrio entre una oferta muy reducida respecto a una demanda creciente», así como el ausencia de políticas públicas bien diseñadas y dotadas económicamente, así como de una parálisis de la gestión de las administraciones públicas con los escasos recursos de que disponen. Según datos del Plan Territorial Sectorial de Vivienda (PTSH), el Ámbito Metropolitano de Barcelona tiene un potencial de reservas de suelo para construir más de 73.000 viviendas protegidas, de las que 20.000 en la ciudad de Barcelona. «Es imprescindible movilizar estas reservas para incrementar la oferta de vivienda asequible», señalan. Así, consideran que es necesaria capacidad de gestión, coordinación entre administraciones y recursos económicos para disponer de un “mercado estable” que facilite el acceso a la vivienda de las familias, y no el “continuado cambio de la regulación que afecta al sector de la vivienda”, puesto que crea “inseguridad jurídica, imposibilita la planificación y provoca el efecto contrario”.   LEER LA NOTICIA COMPLETA EN «EL PUNTO HOY»: https://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/2137120-el-sector-inmobiliari-interposa-un-recurs-contra-la-modificacio-del -plan-de los-barrios-de-gracia-de-barcelona.html

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