Premsa

La escalada en el precio de los combustibles obliga a los propietarios de edificios con caldera centralizada a bajar la temperatura y a aprobar derramas El aumento del coste de la calefacción se ha llevado por delante los ahorros de los propietarios.ZVONKO1959 Las comunidades de propietarios están sufriendo intensamente por el alza desbocada del precio de los combustibles que usan para sus calefacciones centralizadas y por la escalada brutal del coste de la luz en sus zonas comunes. La crisis económica provocada por la guerra de Rusia en Ucrania ha dado una nueva estocada —antes fue la pandemia— a las comunidades de vecinos, aunque el coste del gas natural y la electricidad comenzó a encarecerse meses atrás. Cada vez son más las fincas con calderas centralizadas (colocadas también en edificios de reciente construcción por su mayor eficiencia energética) que se han quedado con la caja completamente vacía tras hacer frente a los recibos extraordinarios por el consumo de calefacción. “Las cuotas son absolutamente insuficientes para cubrir el gasto real, pues las previsiones se realizaron para un escenario diferente”, señala Ángel Hernández, presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Salamanca. Y remata: “Si la comunidad mantuviera un remanente suficientemente amplio, podría demorar el ajuste de las cuotas, pero será inevitable”. No quedará otra que subir cuotas, emitir derramas o recurrir a los fondos de reserva. Pablo Ruiz, de Acerta Gestión y vocal del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid, explica que hay comunidades “que se han comido la tesorería”, y cuenta el caso de una finca en Madrid que tenía en la caja 80.000 euros para rehabilitar la fachada y se lo ha gastado en pagar la calefacción. Miguel Ruiz Lizondo, administrador de fincas de Zaragoza y presidente del Colegio de Aragón, afirma que “todas las comunidades que no tenían una economía saneada han tenido que aprobar derramas extraordinarias, en algunos casos bastante elevadas y siempre en función de los saldos que tenían en las cuentas, si bien en otras muchas el tema se ha salvado reduciendo drásticamente el horario de la calefacción y bajando la temperatura de las calderas”. Todos los administradores de fincas consultados dan por seguro un importante incremento de la morosidad en los próximos meses, aún difícil de cuantificar. “Es una situación económica límite”, sentencia Salvador Díaz, presidente del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas. La economía de guerra ha llegado a las comunidades de propietarios. Algunas han apagado la calefacción este 31 de marzo, cuando lo habitual es hacerlo en la segunda semana de mayo. En otras, el conserje tiene la orden de encenderla solo media jornada (normalmente por la tarde). En definitiva, están tratando de “estirar el combustible recortando horas de calefacción y bajando la temperatura de la caldera”, comenta Hernández. Aunque las medidas no están gustando a todos por igual. Esta “reducción considerable del horario de calefacción ha supuesto tensiones vecinales en algunas comunidades”, dice Nerea García, administradora de fincas colegiada de Madrid, que gestiona 60 edificios. El primero que ha puesto contra las cuerdas a los vecinos es el gas natural. Es la gran piedra en el zapato de las comunidades. Lorenzo Viñas, gerente del Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida, pone un ejemplo muy clarificador: cargar una caldera de 15.000 litros suponía en enero de 2021 una factura de 12.684 euros. En enero de 2022, antes incluso de la guerra en Ucrania, ya era de 43.113 euros. Conoce en profundidad todas las caras de la moneda. SUSCRÍBETE En algunas fincas las facturas de gas natural se han multiplicado por tres. “A propietarios que el año previo pagaban 120 euros al mes de gas natural, ahora les ha subido a 360 euros”, expone Pablo Ruiz. Este administrador cuenta que hay comercializadoras que este invierno han roto los contratos de gas que tenían suscritos con algunas comunidades, y además se queja de que estas tengan que contratar en el mercado libre como si fueran una gran empresa y no puedan acogerse a una tarifa regulada. En otras comunidades de propietarios las subidas no han sido tan intensas: en una de las que administra Nerea García, de 18 viviendas, el alza del coste del gas natural entre marzo de 2021 y marzo de 2022 ha sido del 40%. Algunos gestores vieron llegar la gran ola. “Durante el mes de octubre, algunos administradores de fincas, viendo que los precios podrían subir más, decidieron cerrar precios fijos para un año (desde mediados de diciembre de 2021 a noviembre de 2022) a 0,0595 euros/Kwh, lo cual fue un gran acierto, ya que el precio de gas para calefacción se está pagando a 0,090 euros/Kwh”, dice Viñas. La segunda tortura para las fincas con calefacción centralizada es el gasóleo. El presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Salamanca vuelve con un ejemplo: la carga de una caldera de 15.000 litros se pagó a 9.300 euros el 17 de marzo de 2021. El 18 de marzo de 2022 costó 19.000 euros. “En enero de 2021, el precio por litro de gasoil para calefacción fue de 0,50 euros y en marzo 2022 ha sido de 1,154 euros por litro”, añade. Pero no todo es gas natural o gasóleo. Hay edificios con calderas de biomasa. Aunque no es tan sangrante, el coste también se ha disparado debido a que para la producción de pellet se necesita electricidad y los fabricantes han estado produciendo a costes altísimos. “El pellet ha subido en torno a un 30% o un 40% desde septiembre hasta hoy y esto es lo que la gran mayoría de fabricantes están repercutiendo en las comunidades”, dice Juan Cabello, director general de Calordom, una de las principales empresas del sector, que dice no estar subiendo precios gracias a su importante capacidad de almacenaje. “Muchos fabricantes están paralizando producción hasta sanear cuentas”, afirma Cabello. Y añade: “El pellet va a subir en torno a un 100% la temporada que viene, el invierno que viene”. El hueso de aceituna se encarecerá entre un 20% y un 30%, calcula. Ahogados por la luz

Dijous passat el Tribunal Constitucional va fer públic que determina que Catalunya no té competències per a establir criteris en la fixació dels preus de lloguer d’habitatges. No és cap sorpresa. Els sotasignats ja ho denunciem i hem tractat de traslladar, sense èxit, al Govern, als partits i a la ciutadania la inseguretat jurídica que suposa l’aplicació d’aquesta llei, que a més provoca els efectes contraris als pretesos. Desgraciadament, no se’ns va escoltar, no se’ns ha escoltat i no se’ns escolta, encara que hem demanat reiteradament trobar-nos amb el Molt Honorable President de la Generalitat de Catalunya per a poder comunicar les nostres inquietuds i propostes, així com per a compartir la nostra experiència i coneixement del comportament del mercat. El Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya, en el seu dictamen, el va advertir a tots els grups parlamentaris i als promotors de la llei, per la qual cosa ningú hauria de sorprendre’s de la resolució del TC. Les reiterades resolucions contràries -sense anar més lluny, fa pocs dies s’ha anul·lat el Decret llei 37/2020 de reforç al dret a l’habitatge davant els efectes de la pandèmia i abans part del Decret llei 17/2019 de mesures per a millorar l’accés a l’habitatge-, estan provocant i agreujant una situació d’inseguretat jurídica, en un tema tan delicat i bàsic com és l’habitatge, que precisament requereix estabilitat. És hora que, d’una vegada per sempre, el Govern i els grups parlamentaris afrontin la problemàtica de l’habitatge en la seva profunditat amb mesures estructurals, i no amb normatives populistes que només provoquen l’efecte contrari, ja que cada vegada hi ha menys disponibilitat d’habitatge assequible i major desconfiança. És necessari crear un marc adequat, serè, on tots els afectats puguin participar, on es donin les condicions necessàries per a generar un autèntic diàleg social i, en definitiva, es puguin donar els elements necessaris per a fer efectiva una veritable concertació públic-privada de tots els implicats o sigui possible aconseguir el consens necessari, en el qual cada actor assumeixi el seu paper. Es tracta que propietaris i inquilins, que són els que es mouen principalment en el sector privat, arreglin les seves diferències, però també que tots dos exigeixin al sector públic la seva participació directa amb mesures efectives que creïn seguretat, estabilitat, pacifiquin el mercat i permetin recuperar la confiança en el lloguer. No podem seguir pel mateix camí i salvar els esculls jurídics que cada vegada posa sobre la taula el TC, amb pegats i noves lleis, decrets llei i decrets. En aquest sentit, reiterem el nostre oferiment i la nostra predisposició a col·laborar i participar per a posar en marxa mesures que siguin realment efectives. No es pot escoltar únicament les propostes d’uns determinats moviments socials i que els representants polítics es limitin a seguir les seves consignes ideològiques, sinó que ha de tenir-se en compte a tots els agents implicats per a poder disposar d’una regulació justa i equilibrada, i que representi una solució efectiva i estable al problema de l’accés a l’habitatge.   LLEGIR LA NOTÍCIA COMPLETA A “EL MUNDO FINANCIERO”: https://www.elmundofinanciero.com/noticia/100674/empresas/el-sector-inmobiliario-vuelve-a-reclamar-la-colaboracion-publico-privada-para-abordar-la-problematica-de-la-vivienda-en-cataluna.html

El sector reclama acabar con la crisis de los alquileres desde el consenso y con colaboración público-privada   El sector inmobiliario catalán ha reclamado que se aborde el problema de la vivienda desde la colaboración público-privada y el diálogo social y ha alertado de la inseguridad jurídica que genera la profusión de normas que luego son parcial o totalmente suspendidas por diferentes instancias judiciales. En un comunicado conjunto hecho público hoy tras el recorte del Tribunal Constitucional a la ley catalana que regula los alquileres, las principales entidades catalanas del sector inmobiliario instan al Govern y a todos los grupos parlamentarios a afrontar el acceso a la vivienda “con medidas estructurales y no con normativas populistas“. A su juicio, hay que crear un marco “adecuado, sereno, donde todos los afectados puedan participar, donde se den las condiciones necesarias para generar un auténtico diálogo social”. Crítica al populismo “Es hora de que, de una vez por todas, el Govern y los grupos parlamentarios afronten el problema de la vivienda en su profundidad con medidas estructurales, y no con normativas populistas que solo provocan el efecto contrario, puesto que cada vez hay menos disponibilidad de vivienda asequible y más desconfianza”, asegura el comunicado. El escrito está firmado por el Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida, el Consejo del Colegio de Administradores de Fincas de Cataluña, el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Barcelona y Provincia, el Consejo de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Cataluña, la Asociación de Promotores y Constructores de Edificios de Cataluña y la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona-Lleida. Piden medidas efectivas Estas organizaciones subrayan que son los propietarios e inquilinos los que deben “arreglar sus diferencias” y que el sector público debe ayudar con medidas “efectivas” que creen “seguridad y estabilidad” y “pacifiquen el mercado” para poder recuperar la confianza en el alquiler. “No podemos seguir por el mismo camino y salvar los escollos jurídicos que cada vez pone encima de la mesa el Tribunal Constitucional (TC), con parches y nuevas leyes, decretos leyes y decretos”, ha expresado. En esta línea, se ofrecen a colaborar “para poner en marcha medidas que sean realmente efectivas”, asegurando que “no se puede escuchar únicamente a las propuestas de unos determinados movimientos sociales“. Este comunicado conjunto se produce después de que el pasado jueves el TC anulara parte de la ley catalana que limitaba los precios de alquiler de las viviendas por considerar que invade competencias estatales.   LLEGIR LA NOTÍCIA COMPLETA A “CRÓNICA GLOBAL”: https://cronicaglobal.elespanol.com/business/inmobiliario-catalan-pide-dialogo-govern-tc-vivienda_618111_102.html

Set organitzacions representatives del sector immobiliari català han emès aquest dilluns un comunicat conjunt en el qual lamenten la “inseguretat jurídica” en el mercat de l’habitatge. Ho han dit després de la resolució del Tribunal Constitucional que assenyala que Catalunya no té competències per a establir criteris en la fixació dels preus de lloguer d’habitatges. El sector immobiliari català lamenta la “inseguretat jurídica” en el mercat de l’habitatge “Desgraciadament, no se’ns va escoltar, no se’ns ha escoltat i no se’ns escolta”, han afirmat, i han explicat que han intentat traslladar al Govern la inseguretat jurídica que suposa l’aplicació d’aquesta llei. Han recordat que el Consell de Garanties Estatutàries va advertir a tots els grups parlamentaris i als promotors de la llei aquest fet i ha subratllat les “reiterades resolucions contràries” a la norma i que aquest fet agreuja la situació d’inseguretat jurídica. Han reclamat que s’afronti la problemàtica de l’habitatge en la seva profunditat amb mesures estructurals “i no amb normatives populistes que només provoquen l’efecte contrari”, per la qual cosa s’ha de crear un marc adequat en el qual tots els actors del sector puguin participar. Els signants han demanat que el Govern participi directament “amb mesures efectives que creïn seguretat, estabilitat, pacifiquin el mercat i permetin recuperar la confiança en el lloguer”. Han signat el text el Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida (CAFBL), el Consell de Col·legis d’Administradors de Finques de Catalunya, la Associació d’Agents Immobiliaris de Catalunya, el Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària de Barcelona i Província, el Consell de Col·legis d’Agents de la Propietat Immobiliària de Catalunya, la Associació de Promotors i Constructors d’Edificis de Catalunya (APCE) i la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona-Lleida.   LLEGIR LA NOTÍCIA COMPLETA A “EUROPAPRESS”: https://www.europapress.es/catalunya/noticia-sector-inmobiliario-catalan-lamenta-inseguridad-juridica-mercado-vivienda-20220314110227.html

Les associacions lamenten que l’executiu “només atén les propostes de moviments socials” Primer pla d’un cartell ‘d’es lloga’ en un local tancat a Barcelona. Imatge del 22 d’octubre de 2020. (Horitzontal) Data de publicació: divendres 23 d’octubre del 2020, 06:00 Autor: Marta Casado Pla El sector immobiliari ha tornat a exigir al Govern que aposti per la col·laboració publicoprivada per acabar amb la inseguretat jurídica en matèria d’habitatge al país. Després que el Tribunal Constitucional determinés la setmana passada que Catalunya no té competències per fixar el preu del lloguer, les diferents associacions del sector han demanat a l’executiu que creï “un marc adequat on es donin les condicions per un autèntic diàleg social”. “Malauradament no se’ns escolta”, ha lamentat, afegint que el Govern “només escolta propostes de moviments socials que limiten als representants polítics a seguir consignes ideològiques”. “S’ha de tenir en compte a tots els agents per poder disposar d’una regulació justa i equilibrada”, ha conclòs. En el comunicat emès aquest dilluns, el sector immobiliari recorda que ja va advertir al Govern que la llei catalana no seria acceptada pel Tribunal Constitucional i reclama novament una trobada amb el president Aragonès per traslladar-li “inquietuds i propostes, així com per compartir l’experiència i coneixement del comportament del mercat”. L’escrit compta amb la firma de l’Associació d’Agents Immobiliaris de Catalunya (API), el Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària de Barcelona i Província, el Consell de Col·legis d’Agents de la Propietat Immobiliària de Catalunya, l’Associació de Promotors i Constructors d’Edificis de Catalunya (APCE), la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona-Lleida, el Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida (CAFBL) i el Consell de Col·legis d’Administradors de Finques de Catalunya.   LLEGIR LA NOTÍCIA COMPLETA A “LA MAÑANA”: https://www.lamanyana.cat/el-sector-immobiliari-exigeix-collaboracio-al-govern-per-acabar-amb-la-inseguretat-juridica-no-sens-escolta/

El Tribunal Constitucional tomba la llei catalana que regula el preu del lloguer i aquest no serà l’únic canvi que patirà el sector El mercat immobiliari rep el cop d’aquest nou canvi a l’espera d’una nova llei estatal | iStock La llei per contenir els preus dels habitatges en lloguer a Catalunya només ha durat un any i mig. El Tribunal Constitucional ha anul·lat gran part de la Llei 11/2020 argumentant que la normativa catalana envaïa competències estatals. Amb aquesta decisió, el mercat de lloguer residencial català torna a patir un canvi legislatiu transcendental que, a més, no es fa per motius de la salut del mercat, sinó polítics i legislatius, fet que empipa els principals agents del sector. Subscriu-te de franc a VIA Empresa i rebràs al teu correu les nostres millors històries, reportatges i entrevistes, a més d’altres avantatges exclusius per a subscriptors. El tren de la bruixa. Eduard Solé, soci i director d’operacions de Monapart compara la llei d’arrendaments dels últims anys amb el tren de la bruixa: “ha patit molts canvis legislatius que afecten, evidentment, el mercat i els que participem del mercat”. És una font d’incertesa que ve ocasionada “per una disputa entre governs”, reflexiona Alex Vàzquez, director d’administració de lloguers de Forcadell, qui afegeix que, a més, “aquesta llei va néixer amb data de caducitat i sense escoltar als experts del mercat”. En la mateixa línia, les principals associacions i col·legis professionals del sector han fet un comunicat conjunt amb una clara denúncia: “Malauradament, no se’ns va escoltar, no se’ns ha escoltat i no se’ns escolta”. Diversos col·lectius del sector immobiliari: “Malauradament, no se’ns va escoltar, no se’ns ha escoltat i no se’ns escolta” El col·lectiu demana “mesures estructurals, i no normatives populistes” que provoquen més desconfiança, agreugen una situació d’inseguretat jurídica i redueixen la disponibilitat d’habitatge assequible. Han participat d’aquest comunicat l’Associació d’Agents Immobiliaris de Catalunya, el Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària de Barcelona i Província, el Consell de Col·legis d’Agents de la Propietat Immobiliària de Catalunya, l’Associació de Promotors i Constructors d’Edificis de Catalunya (APCE), la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona-Lleida, el Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida (CAFBL) i el Consell de Col·legis d’Administradors de Finques de Catalunya. En aquest context de canvi permanent, a més, se sap que una altra normativa està a punt de tornar a sacsejar el mercat. El Govern d’Espanya presentarà, abans de l’estiu, una llei per a limitar el preu del lloguer. I, paral·lelament, abans d’acabar l’any, també té previst aprovar una nova Llei d’Habitatge Estatal. L’objectiu de la fixació dels preus és el mateix que el de la Generalitat: limitar els preus de lloguer a “zones tensades”. L’índex de preus que precedirà aquesta llei el publicaran a finals de març. A través de “milions de dades creuades d’Hisenda, de registradors de la propietat, del dipòsit de finances, del cadastre i de l’INE, tindrem una imatge real de l’evolució dels preus a les zones tensades” va anunciar David Lucas Parrón, secretari general d’Agenda Urbana i Habitatge del Govern espanyol. Els 160.000 contractes afectats La Llei 11/2020 tenia la finalitat de contenir i moderar el preu del lloguer a determinades zones de Catalunya que, segons la Generalitat, “per les seves característiques, no garanteixen tenir habitatges de lloguer a un preu assequible, de manera que s’obstaculitza l’accés a tota la població”. La normativa s’ha aplicat, durant l’últim any i mig, a un total de 60 municipis catalans amb més de 20.000 habitants. Segons dades del Sindicat de Llogateres, durant aquest temps la llei ha afectat 160.000 contractes signats a Catalunya i ha aconseguit que els preus del lloguer baixin un 5% a les ciutats regulades. “Si es declara inconstitucional una llei que ha afectat 160.000 habitatges, s’hauria de contemplar algun rescabalament”, apunta Vázquez, com compensacions o bonificacions fiscals. Vázquez: “Si es declara inconstitucional una llei que ha afectat 160.000 habitatges, s’hauria de contemplar algun rescabalament” Tant Solé com Vázquez coincideixen que la llei ha afectat més a aquells pisos d’alt standing o amb primeres qualitats, que no pas a aquells amb rendes més baixes. La normativa catalana no tenia prou en compte els valors afegits a l’habitatge. L’única consideració que es feia era la possibilitat d’incrementar un 5% el preu de la renda si l’habitatge comptava, com a mínim, amb tres característiques destacades afegides (com ascensor, vistes especials, piscina comunitària, consergeria, etcètera). Segons Solé, “la llei ha homogeneïtzat tota l’oferta i no ha discriminat si el pis té acabats d’alta gamma o no. Un propietari pot haver invertit en un habitatge pensant en un públic que ja li està bé pagar més per tenir majors qualitats, però s’ha trobat que no ha pogut recuperar aquesta inversió”. Aquests propietaris han tingut tres vies d’actuació: assumir el no retorn de la inversió, vendre l’immoble o traspassar-lo al mercat de lloguer temporal. Segons Idealista, de fet, l’estoc de pisos de lloguer a Barcelona es va reduir un 57% en l’any 2021, baixada que es vincula directament a aquest context legislatiu. La baixada de preus esdevé per la llei? Respecte a la baixada dels preus, Solé apunta que poden haver-hi altres causes: “hi ha qui ho atribueix més a la situació econòmica derivada de la covid-19”. Un any després de l’esclat de la pandèmia, “els preus de lloguer a Madrid i Barcelona s’havien reduït de manera similar, i això que a Madrid no hi havia cap llei de regulació”. Concretament, segons Idealista, el metre quadrat residencial a la província de Barcelona a setembre del 2020 se situava en 15,3 euros. Un any i mig després s’ha reduït un 4,6%, fins als 14,6 euros el metre quadrat. A Madrid, el preu ha passat de 14,9 euros el metre quadrat a 13,9 euros. És a dir, ha registrat una baixada del 6,71%. No hi ha lloc per a les renegociacions, per ara La decisió del Tribunal Constitucional no té caràcter retroactiu. És a dir, no afectarà els contractes signats en l’últim any i mig. Tampoc es podran renegociar aquests contractes fins que acabi el seu termini. “La llei és molt clara amb això: els contractes de lloguer duren el que duren i protegeixen a les dues parts amb una renda i unes condicions durant cinc anys”, reflexiona Solé. Per tant, els possibles ajustaments d’aquestes rendes pactades durant el període de la llei 11/2020 no es produiran fins que s’acabin aquests contractes. És a dir, el 2025 i 2026. Solé: “si fomentem que

La UE, el Govern i els administradors de finques col·legiats són les peces clau d’aquest pla de renovació Un món més sostenible és responsabilitat de tots i s’ha de dur a terme en tots els àmbits de la societat. Un dels punts més importants per tal d’aconseguir aquesta fita, és sens dubte reduir el nostre consum energètic. Precisament aquest és l’objectiu de l’Oficina Tècnica de Rehabilitació de Catalunya (OTRC), renovar de forma sostenible el parc edificat per a assolir uns habitatges més eficients energèticament; la seva fita: que l’any 2026 s’hagin rehabilitat 65.000 habitatges. Gràcies als Fons Europeus Next Generation i a l’acord entre l’Agència de l’Habitatge i el Consell de Col·legis d’Administradors de finques de Catalunya, l’OTRC s’ha pogut arrencar fa unes setmanes. Aquests fons formen part del pla de recuperació de la Unió Europea i és un instrument creat per ajudar a pal·liar els danys socials i econòmics provocats per la pandèmia. A més d’ajudar a la recuperació de les economies, la UE vol aprofitar el moment per impulsar la transició ecològica i la transformació digital dels països que hi formen part, amb una aportació de 750.000 milions d’euros per finançar projectes transformadors. Això permetrà a Espanya mobilitzar un volum d’inversió sense precedents; dins d’aquest context, el 7 d’octubre de 2020 es va aprovar el marc general del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència d’Espanya (PRTR), que traça el full de ruta per a la modernització de l’economia espanyola. Per dur a terme aquest pla, l’Administració considera clau el paper dels administradors de finques i per aquest motiu, el Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida ha esdevingut la seu d’aquesta oficina. – Però, què és exactament l’OTRC?… Doncs el seu paper principal és el de punt d’informació, assessorament i acompanyament per als administradors de finques, en el procés de subvenció per a la rehabilitació d’edificis. Els administradors de finques, per la seva part, seran els responsables d’ajudar a les comunitats de propietaris en la gestió de les sol·licituds, per tal que es puguin beneficiar de les subvencions el nombre més gran d’edificis possible. En aquest sentit, l’OTRC ofereix una formació per als administradors de finques, enfocada a acomplir aquestes funcions. Així doncs, els col·legiats tindran a la seva disposició tallers mensuals en format telemàtic on es tractarà des de les condicions i requisits tècnics i jurídics de la convocatòria de subvenció, fins a les mesures d’exempció fiscal aplicables a la rehabilitació d’edificis o les condicions dels crèdits que ofereixin les diferents entitats financeres, entre altres qüestions. Pel que fa a l’assessorament, serà la mateixa assessoria d’arquitectura del CAFBL l’encarregada d’atendre totes les consultes dels col·legiats, a més d’un tècnic extern per assessorar sobre la millora energètica prèvia a tot el procés. Per últim, l’acompanyament estarà basat en l’atenció i el seguiment personalitzat als administradors de finques, en el control i la correcció d’esmenes i errors documentals; i en facilitar l’operativa econòmica i administrativa de la retribució dels drets als administradors de finques de Catalunya. Els administradors de finques són agents essencials per a impulsar la rehabilitació energètica dels edificis   D’altra banda, per tal que els administradors de finques puguin acomplir correctament la seva tasca de comunicació cap als propietaris i usuaris de béns immobles, l’OTRC els informarà periòdicament de tot, mitjançant diversos medis com poden ser les circulars, la plataforma del programa, els baners dins la web del Col·legi, etc. – I, a qui va destinat aquest pla?… Principalment als propietaris o usufructuaris d’habitatges unifamiliars aïllats, en filera i d’edificis residencials plurifamiliar d’habitatge (tipologia residencial col·lectiva), així com dels habitatges que el componen. I a les comunitats de propietaris o agrupacions de comunitats de propietaris. Els requisits són: • Disposar de projecte de les actuacions a realitzar, incloent-hi el Llibre de l’edifici existent. • Dissenys i tècniques constructives que permetin la reutilització i el reciclatge. • Retirada d’aquells productes de la construcció que continguin amiant. A l’espera de la imminent publicació de la Convocatòria de subvenció que ha d’emetre la Generalitat de Catalunya, les actuacions subvencionables seran: • Les de millora o rehabilitació d’edificis d’ús predominant residencial per a habitatge sempre que s’obtingui una reducció igual o major del 30% en l’indicador de consum d’energia primària no renovable. • Aconseguir a més, una reducció de la demanda energètica anual global de calefacció i refrigeració de l’habitatge unifamiliar o de l’edifici del 35% en les zones D i E i 25% en la zona C.   LLEGIR LA NOTÍCIA COMPLETA AL DIARI ARA

GERENT DEL COL·LEGI D’ADMINISTRADORS DE FINQUES DE BARCELONA-LLEIDA El Consell de Col·legis d’Administradors de Finques de Catalunya esdevé seu de l’Oficina Tècnica de Rehabilitació de Catalunya. QUIM PUIG. LORENZO VIÑAS – GERENT DEL COL·LEGI D’ADMINISTRADORS DE FINQUES DE BARCELONA-LLEIDA El pla de recu­pe­ració per a Europa té com a objec­tiu trans­for­mar els rep­tes deri­vats de la pandèmia en una opor­tu­ni­tat per impul­sar la tran­sició ecològica i la trans­for­mació digi­tal. De totes les línies trac­to­res que pro­mo­ci­o­na­ran la trans­for­mació, els admi­nis­tra­dors de fin­ques estem espe­ci­al­ment vin­cu­lats a la reha­bi­li­tació d’edi­fi­cis i habi­tat­ges amb cri­te­ris d’eficiència energètica. El nos­tre paper, en aquest con­text, és el d’aju­dar les comu­ni­tats de pro­pi­e­ta­ris en la gestió de les sol·lici­tuds per tal que es puguin bene­fi­ciar de les sub­ven­ci­ons el major nom­bre d’edi­fi­cis pos­si­ble. Per fer-ho rea­li­tat, i a través d’un acord amb l’Agència d’Habi­tatge de Cata­lu­nya (AHC), el Con­sell de Col·legis d’Admi­nis­tra­dors de fin­ques de Cata­lu­nya esdevé seu de l’Ofi­cina Tècnica de Reha­bi­li­tació de Cata­lu­nya (OTRC). El Reial Decret 853/2021, de 5 d’octu­bre, pel qual es regu­len els pro­gra­mes d’ajuda en matèria de reha­bi­li­tació resi­den­cial i habi­tatge social del pla de recu­pe­ració, trans­for­mació i resiliència (PRTR) arti­cula els plans en sis pro­gra­mes i, con­cre­ta­ment, és en el pro­grama 3 d’ajuda a les actu­a­ci­ons de reha­bi­li­tació als edi­fi­cis on els admi­nis­tra­dors de fin­ques tin­drem molt a fer. L’objec­tiu a Cata­lu­nya és reha­bi­li­tar uns 22.750 habi­tat­ges fins al desem­bre del 2023; si la mit­jana d’habi­tat­ges per edi­fici és de quinze depar­ta­ments, la pre­visió és reha­bi­li­tar uns 1.500 edi­fi­cis, apro­xi­ma­da­ment. Cal una tasca prèvia i con­ti­nu­ada de sen­si­bi­lit­zació diri­gida a la ciu­ta­da­nia que des­ta­qui la importància i la res­pon­sa­bi­li­tat dels pro­pi­e­ta­ris en la con­ser­vació i el man­te­ni­ment dels edi­fi­cis i dels seus habi­tat­ges, apli­cant cri­te­ris d’eficiència energètics. Així doncs, l’OTRC serà un punt d’infor­mació, asses­so­ra­ment i acom­pa­nya­ment als admi­nis­tra­dors de fin­ques en el procés de sub­venció per a la reha­bi­li­tació d’edi­fi­cis, a més de difon­dre les con­di­ci­ons del pro­grama i de comu­ni­cació a la soci­e­tat. L’objecte del pro­grama 3 és el finançament de les obres o actu­a­ci­ons en edi­fi­cis resi­den­ci­als on s’obtin­gui una millora acre­di­tada de l’eficiència energètica, amb espe­cial atenció en l’envo­lu­pant de l’edi­fici. S’inclo­uen els seus habi­tat­ges i els habi­tat­ges uni­fa­mi­li­ars. A més de la millora en l’eficiència energètica de l’edi­fici, s’haurà de dis­po­sar del pro­jecte tècnic i dels cer­ti­fi­cats d’eficiència energètica tant abans com després de les obres de reha­bi­li­tació a fi d’acre­di­tar la millora asso­lida. Els des­ti­na­ta­ris d’aquest pro­grama són els pro­pi­e­ta­ris o usu­fruc­tu­a­ris d’habi­tat­ges uni­fa­mi­li­ars aïllats, en filera i d’edi­fi­cis resi­den­ci­als plu­ri­fa­mi­li­ars d’habi­tatge (tipo­lo­gia resi­den­cial col·lec­tiva), així com dels habi­tat­ges que el com­po­nen. També s’hi podran aco­llir les comu­ni­tats de pro­pi­e­ta­ris o les agru­pa­ci­ons de comu­ni­tats de pro­pi­e­ta­ris. Per poder bene­fi­ciar-se d’aques­tes aju­des, és neces­sari dis­po­sar d’un pro­jecte tècnic de les actu­a­ci­ons que s’han de fer, inclo­ent el lli­bre de l’edi­fici exis­tent; dis­senys i tècni­ques cons­truc­ti­ves que per­me­tin la reu­ti­lit­zació i el reci­clatge, i la reti­rada d’aquells pro­duc­tes de la cons­trucció que con­tin­guin ami­ant. Per poder acce­dir a les aju­des, s’ha d’asso­lir una millora de l’eficiència energètica de com a mínim el 30%, que supo­sarà un 40% de la sub­venció, i en funció del per­cen­tatge d’aquest estalvi energètic, la quan­ti­tat a rebre anirà dels 6.300 euros per habi­tatge als 18.800, de manera que com major sigui l’estalvi energètic, més fons es rebran. L’AHC ha vist, des del pri­mer moment, la neces­si­tat de comp­tar amb els admi­nis­tra­dors de fin­ques per donar a conèixer i pro­mo­ci­o­nar entre els pro­pi­e­ta­ris dels habi­tat­ges els pro­gra­mes de reha­bi­li­tació d’edi­fi­cis, ente­nent que la col·labo­ració pobli­co­pri­vada en pro­jec­tes d’aquesta mag­ni­tud i importància és indis­pen­sa­ble. L’acord amb l’AHC té alhora un mis­satge clau: el reco­nei­xe­ment dels admi­nis­tra­dors de fin­ques com a pro­fes­si­o­nals essen­ci­als en les rela­ci­ons entre l’admi­nis­tració pública i els ciu­ta­dans. És cru­cial fer una crida a tot­hom, perquè amb aquesta nova situ­ació es rei­tera la importància que tenen, d’una banda, els pro­pi­e­ta­ris dels béns immo­bles d’habi­tat­ges en la seva reha­bi­li­tació i en l’ade­quada con­ser­vació i man­te­ni­ment i, de l’altra, els admi­nis­tra­dors de fin­ques, ja que la tasca de gestió i dedi­cació pro­fes­si­o­nal que tenim enco­ma­na­des ha de com­por­tar la millora de la qua­li­tat de vida dels ciu­ta­dans, la sos­te­ni­bi­li­tat ambi­en­tal i la dina­mit­zació d’un sec­tor gene­ra­dor de llocs de tre­ball i de bene­fi­cis soci­als i econòmics. LLEGIR LA NOTÍCIA COMPLETA A “L’ECONÒMIC”: https://www.leconomic.cat/article/2097587-objectiu-rehabilitar-uns-22-750-habitatges.html

BARCELONA, 1 Feb. (EUROPA PRESS) – La Conselleria de Drets Socials de la Generalitat i els col·legis professionals han fi rmado un conveni per a impulsar la rehabilitació amb losfondos europeus Next Generation EU, segons ha informat la consellera de Drets Socials de la Generalitat, Violant Cervera, aquest dimarts endeclaraciones a periodistes.L’acord suposa la creació, per part dels col·legis professionals, de ofi cinas tècniques de rehabilitació per a “divulgar, impulsar, informar yasesorar” a propietaris i comunitats de veïns sobre els programes de rehabilitació vinculats als fons europeus, ha concretat laconsellera. “El que faran els col·legis professionals és ajudar en aquestes tramitacions, sovint complicades, i tenim la sort que estan estesos portoda Catalunya, per la qual cosa permetran que arribin a la majoria del territori”, ha afegit. Els col·legis faran d’intermediaris entre la Generalitat i els receptors de les ajudes amb “cost zero”, de manera que puguin rebre lassubvenciones el major número de edifi cios possibles. Per a dur a terme aquesta tasca, rebran una contraprestació econòmica de 330 euros per habitatge rehabilitat, que es distribuirà entre losprofesionales que hagin participat de manera proporcional a la càrrega de treball, segons el conveni. BESTRETES La Agència de l’Habitatge de Catalunya considera clau el paper d’aquests col·legis professionals i, per això, ha establert que rebin un anticipopara poder iniciar la prestació de serveis –a càrrec del pressupost de l’agència–, amb dos milions d’euros en total. Amb això, el Consell de Col·legis d’Administradors de Finques rebrà 762.500 euros, el Consell de l’Arquitectura Tècnica de Catalunya recibirá610.000 euros i el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC), 610.000 euros. PARTS SIGNANTS Han formalitzat el conveni el director de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya de la Conselleria de Drets Socials, Jaume Font, i el presidentedel Consell de Col·legis Territorials d’Administradors de Finques de Catalunya, Enrique Vendrell. També ho han fet la presidenta del Consell del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginers d’Edifi cació de Catalunya, Teresa Arnal; elpresidente del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edifi cació de Barcelona, Celestí Ventura, i la degana del Coac, AssumpcióPuig. LLEGIR NOTÍCIA COMPLETA A “EUROPA PRESS”: https://www.europapress.es/catalunya/noticia-govern-colegios-profesionales-colaboran-impulsar-rehabilitacion-fondos-europeos-20220201183314.html