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El Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida impulsa modificar la Ley Hipotecaria de 1946 para acabar con el problema que supone la morosidad   Barcelona, ​​24 de enero de 2024 – El Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida (CAFBL) está trabajando activamente en una reforma legislativa para modificar la Ley Hipotecaria de 1946 para que conste registralmente el adjudicatario en los procedimientos de ejecución sobre bienes inmuebles. Es decir, que el juzgado o tribunal que sustancie el procedimiento deba comunicar al registrador que el referido procedimiento ha terminado e indique a quién se ha adjudicado la vivienda, a fin de facilitar a las comunidades de propietarios la posibilidad de reclamar la deuda pendiente, en caso de existir. La salud económica de las comunidades de propietarios depende del cumplimiento por parte de los copropietarios de las obligaciones de pago de las cuotas ordinarias y extraordinarias. Las situaciones de morosidad se ven agravadas en aquellos contextos en los que el propietario está además sometido a un proceso de ejecución sobre el inmueble por impago de las cuotas hipotecarias. Actualmente, cuando se finaliza el procedimiento con la ejecución del inmueble, no es posible conocer por parte de la Comunitat ni la propia finalización del procedimiento, así como tampoco el adjudicatario definitivo, que es quien debería hacer frente a las responsabilidades y afectaciones reales del inmueble. El presidente del CAFBL, SR. Lorenzo Viñas, pone énfasis en que “ la morosidad en las comunidades de propietarios es un grave problema, ya que entorpece o detiene obras de mantenimiento o rehabilitación necesarias o imprescindibles , y este problema se agrava en casos de ejecuciones judiciales por impago de hipoteca ” . De hecho, en los casos en los que se deja de pagar la hipoteca significa que meses anteriores ya se ha dejado de pagar también la cuota comunitaria. Si a estos meses de impago se añaden todos los meses que dura el proceso judicial (hasta 24 meses) el perjuicio para la comunidad de propietarios es muy grave y una de las principales consecuencias es la imposibilidad de realizar obras comunes necesarias como puede ser, por ejemplo, la instalación de un ascensor, con la consecuencia negativa hacia personas con discapacidad o personas mayores. “También se añade el problema que es que si a quien se acaba adjudicando la vivienda no inscribe en el registro esta adjudicación es imposible saber quién es este nuevo propietario y, por tanto, no se sabe a quién se le deben reclamar las cuotas pendientes” , indica el sr. Viñas. No debe olvidarse que las viviendas en buen estado de conservación y mantenimiento favorecen la calidad de vida de las personas que viven en ellas y por tanto, es un beneficio para la salud de todos. De ahí la importancia de poder garantizar a las comunidades de propietarios su economía para realizar cualquier obra de mantenimiento necesaria. Esta propuesta de modificación de la Ley Hipotecaria de 1946 se enviará a los distintos grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados, así como al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana de España y, además, por parte del CAFBL se promoverán las reuniones institucionales necesarias para que esta modificación tan necesaria pueda llevarse a cabo. DESCARGAR NOTA DE PRENSA

Según Rubén Llach, vicepresidente del Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida, las teleoperadoras deberían avisar antes de actuar en las fachadas de los edificios. Barcelona, ​​23 de noviembre de 2023 – El Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida (CAFBL) se queja de la problemática que provoca la maraña de cables de las diferentes teleoperadoras en las fachadas de los edificios y denuncia que estas compañías de telecomunicaciones no cumplen debidamente con la Ley General de Telecomunicación, de ámbito estatal, que les exige que comuniquen a las Comunidades de Propietarios su interés por efectuar una instalación, junto con una descripción de la actuación prevista, con una antelación mínima de un mes. Además, debe informarse del día concreto del inicio de la instalación. “Si las compañías preavisaran, las Comunidades de Propietarios o los Administradores de Fincas podrían estar presentes para supervisar estas actuaciones y así poder acordar una mejor ubicación estética y funcional de todos los cableados que ahora deslucen en las fachadas de los edificios de todas las ciudades, generando un impacto visual muy negativo” , explica Rubén Llach, vicepresidente del CAFBL . Además, a menudo este tipo de instalaciones de cableados son subcontratados por las compañías a precios bajos, con lo que el trabajo se hace a destajo sin el cuidado que requeriría para evitar la imagen de degradación en las fachadas que tenemos hoy en día. Otro problema que desde el CAFBL denunciamos es la dificultad de contactar con las operadoras de cualquier tipo de suministro a la hora de conseguir la mejor prestación del servicio correspondiente en beneficio de los vecinos de las comunidades que administramos. Así pues, el CAFBL dará traslado de estas quejas al Departamento de Empresa y Trabajo de la Generalidad de Cataluña, para que ayuden a exigir a las compañías el cumplimiento de la normativa. Los Administradores de Fincas colegiados trabajamos por la buena calidad del parque de viviendas y esto significa también velar por la dignificación de su estética. Porque los Administradores de Fincas son “los profesionales que velamos para la preservación del derecho a la vivienda digna en el marco de un parque seguro, sostenible y eficiente” , en palabras del presidente del CAFBL , Lorenzo Viñas . DESCARGAR NOTA DE PRENSA

Los Administradores de Fincas colegiados consideran discriminatorio que las viviendas particulares sigan manteniendo la tarifa reducida ya las comunidades de propietarios no se les prorrogue a partir del 1 de enero de 2024. La deducción del IVA del 21% al 5% también dejará de aplicarse a partir del 1 de enero de 2024, lo que supondrá, para las comunidades de propietarios, un encarecimiento de la factura de un 16% . Barcelona 15 de noviembre de 2023 – El Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas -CGCAFE- considera un agravio comparativo que las comunidades de propietarios con calefacción central de gas no puedan optar, a partir del 1 de enero de 2024, a la tarifa reducida , mientras que las viviendas particulares sí podrán seguir manteniendo esta tarifa. Los Administradores de Fincas colegiados consideran que fue muy acertado que el Gobierno aprobara esta tarifa reducida a petición de los Administradores de Fincas colegiados en 2022, con unos precios energéticos muy elevados. “El gobierno fue sensible a esta demanda y aprobó una tarifa regulada en los contratos de calderas comunitarias. Esta tarifa estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2023 y desaparecerá el día 1 de enero de 2024. Consideramos que esto es un error, no sólo por la discriminación respecto a los contratos individuales, que mantienen su tarifa reducida, sino porque también desaparecerá la tranquilidad en las comunidades de propietarios y no podremos evitar la pobreza energética en muchos de los hogares” , manifiesta Pablo Abascal , presidente del CGCAFE. TRATO DISCRIMINATORIO Los Administradores de Fincas colegiados consideran, por tanto, que no es un criterio justo centrar las ayudas del Gobierno en función de que se tenga un contrato comunitario o de consumo individual. De mantener esta discriminación , a partir del 1 de enero de 2024 , los vecinos con calefacción central comprarán la energía más cara mientras que usuarios de calefacciones individuales de gas, donde, entre otros, se sitúan las casas unifamiliares , seguirán con una tarifa regulada más asequible económicamente. Por tanto, siendo más eficientes los sistemas centralizados, quedarían penalizados respecto a las viviendas unifamiliares, mucho menos eficientes energéticamente. a todos los consumidores, teniendo especial sensibilidad con las familias en situación de pobreza energética, para las que el Gobierno debería mantener y desarrollar las ayudas necesarias para que puedan hacer frente a sus gastos energéticos” . MANTENER LA TARIFA REDUCIDA Es importante mantener esta tarifa reducida en las comunidades de propietarios no sólo para combatir la pobreza energética, sino también para conseguir el objetivo de reducir este consumo energético, más aún cuando en nuestro país, con un 33,10% de viviendas unifamiliares, éstos consumen el 60,9% de la energía destinada a la calefacción doméstica, y los edificios plurifamiliares, con el 66,90% de las viviendas, consumen el 39,10% de esa energía. Y, además, facilitaría la instalación de las energías renovables , dando prioridad a las calderas comunitarias frente a las individuales. El CGCAFE considera que, mientras se buscan alternativas a la bajada de consumo del gas en las comunidades de propietarios con calefacción centralizada, debe mantenerse la tarifa reducida para comunidades de propietarios con sistemas de calefacción y ACS comunitaria. Igualmente, es muy necesario mantener la reducción del IVA del 21% al 5% , porque de no hacerse así, supondrá un encarecimiento del 16% en las facturas energéticas. Los Administradores de Fincas colegiados consideran que cada día es más necesario que se realice la rehabilitación de los edificios buscando la menor dependencia energética, por lo que aconsejan que los particulares y comunidades de propietarios soliciten los fondos europeos para la rehabilitación de edificios y viviendas. Aunque es fundamental solicitar estos fondos para realizar las obras correspondientes, sus resultados se verían a medio y largo plazo, mientras que sólo con la aplicación de la tarifa regulada y el IVA al 5% de las facturas energéticas, hogares podrán afrontar el próximo invierno . DESCARGAR NOTA DE PRENSA

Lorenzo Viñas, presidente del Consejo de Colegios de Administradores de Fincas de Cataluña, lamenta que el concepto de gran tenedor no discrimina entre grandes fondos o pequeños propietarios Barcelona, ​​7 de noviembre de 2023 – El presidente del Consejo de Colegios de Administradores de Fincas de Cataluña, Lorenzo Viñas, ha comparecido en el Parlamento de Cataluña en el marco de la Comisión de Investigación sobre la Acumulación de Inmuebles por Determinadas Entidades donde se ha planteado el concepto de gran tenedor . El sr. Viñas ha aprovechado la ocasión ante los diputados y diputadas del Parlament para manifestarse al respecto y trasladar el impacto negativo que comporta por los pequeños propietarios las normativas que les tratan al igual que a los grandes fondos o entidades financieras que acumulan un gran número de inmuebles. “Los pequeños propietarios de Catalunya son uno de los principales afectados por las normativas actuales. Los pequeños propietarios de viviendas, ya sean personas físicas o patrimonios familiares, que tienen sus inmuebles como una forma de cumplimentar sus ingresos de forma completamente legítima, están directamente perjudicados por una mala política de vivienda. Las normas hacen una interpretación sesgada de la defensa de la función social de la propiedad, trasladando a los privados la obligación de proveer al resto de la ciudadanía de una vivienda digna” , ha remachado el presidente Viñas. La actual Ley reconoce como gran tenedor a un propietario con 10 o más inmuebles de propiedad, equiparando a los pequeños propietarios con los “megatenedores”, que son empresas privadas y/o públicas que superan de lejos la posesión de 50 viviendas: la entidad financiera Caixabank cuenta con 5.064 viviendas, seguida de Cerberus con 2.877 y de Blackstone, con 2.590 viviendas. Todo este volumen de viviendas en manos de grandes tenedores genera un impacto negativo tanto en las comunidades de propietarios como en la contratación de alquileres . En cuanto a las comunidades de propietarios, es muy habitual que estos fondos no asumen o no lo hagan con la necesaria agilidad, los gastos ordinarios y extraordinarios de la comunidad de propietarios, haciendo que sean el resto de propietarios quienes tengan que asumir estos gastos. Además, muchas de estas viviendas o locales cerrados son okupadas ilegalmente y “sufrimos situaciones conflictivas, ya que estos okupas dañan los elementos comunes, distorsionan la convivencia y generan inseguridad por el riesgo de las deficientes e ilegales conexiones a servicios básicos como la luz”, explica el sr. Viñas. Respecto al impacto en la contratación de alquileres, es necesario insistir en el gran sufrimiento para recuperar la posesión en caso de incumplimiento contractual que resulta de la nueva “Ley de Vivienda”. Y si le sumamos las problemáticas en caso de okupación, hace que muchos propietarios decidan vender en vez de arrendar sus inmuebles. El sr. Viñas expone una serie de propuestas de acciones que harían posible un cambio de tendencia y que podrían ayudar a incrementar el parque de vivienda asequible: La legislación actual plantea un concepto de gran tenedor que no diferencia entre los grandes fondos de entidades financieras o un particular o patrimonial familiar . Por otra parte, a estos grandes fondos la legislación actual les favorece al no obligarlos a comunicar a la Administración competente de cuántas viviendas disponen en un municipio determinado y si éstas se encuentran habitadas o no, a fin de cumplir con la función social de estas titularidades. De modo que deberían abordarse las reformas legislativas necesarias para dotarnos de un mapa de viviendas que se encuentran en manos de estos grandes fondos y entidades financieras con su ubicación, situación y habitabilidad, para obligar a quienes estén cerrados a cumplir con su función social, especialmente en las zonas con mayor demanda.   Para conseguir más vivienda asequible, es necesario ajustar la declaración de Zona de Mercado Residencial Tenso (ZMRT) a la realidad de cada municipio y establecer, como dice la Ley y que se ha obviado, cuáles son las contraprestaciones que la administración prevé para los propietarios para evitar desincentivarlos y que esto comporte una posible retirada de la vivienda del parque de alquiler para ir, por ejemplo, a la compraventa.   Facilitar la conversión de locales vacíos situados en segundas y terceras líneas comerciales en vivienda de alquiler, que convivan con la trama comercial, para ser destinados a alquiler asequible mediante la flexibilización [1] de la normativa y dirigido a personas mayores, familias monoparentales, personas con movilidad reducida u otros colectivos como pueden ser las mujeres víctimas de violencia. Sin embargo, facilitar que sean habitables altillos y estudios situados en los edificios. de viviendas.   Facilitar el cálculo de la densidad de vivienda de forma que se puedan dividir las actuales grandes viviendas existentes y convertirlas en viviendas más pequeñas.   Revertir la obligatoriedad de la reserva del 30% en nueva construcción por vivienda de VPO y poner a disposición de promotores y constructores a precio módico solares para edificar vivienda de hasta 60 m2 en régimen de alquiler asequible . Puesto que según datos de la APCE, en los 3,5 años de aplicación de la medida en la ciudad de Barcelona, ​​se han construido un total de 54 viviendas sociales; resultado del todo insuficiente. El presidente Viñas ha finalizado su intervención recordando que los Administradores de Fincas son «los profesionales que velamos para la preservación del derecho a la vivienda digna en el marco de un parque seguro, sostenible y eficiente» , y ha pedido un diálogo constante con todos los agentes que sufren a diario la dificultad en el acceso a la vivienda para buscar soluciones eficientes ya través de la constitución del Pacto Nacional para la Vivienda de Cataluña . [1] Según datos del Ayuntamiento de Barcelona, ​​386 personas vulnerables, de las que 137 son menores, malviven en 83 locales ocupados en Barcelona. Son locales destinados originariamente a la actividad comercial, pero que han quedado vacíos y familias en situación de exclusión social los han convertido en su domicilio. DESCARGAR NOTA DE PRENSA

El CAFBL lamenta que el Gobierno catalán no los haya tenido en cuenta, en la elaboración de las distintas normativas como expertos en el sector de la vivienda El CAFBL destaca que tal y como se dice en la noticia publicada en El País con fecha 13/09/23 “El Gobierno frena la aplicación de la ley de Vivienda en Cataluña” a falta de la elaboración de un índice de referencia, extremo que ya fue advertido en la Conselleria Barcelona, ​​14 de septiembre de 2023 – Ante la reciente decisión de la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del Gobierno español, Raquel Sánchez, de detener la aplicación de la resolución de declaración de áreas tensas aprobada por el Gobierno catalán, el Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona y Lleida (CAFBL) lamenta que el sector no haya sido tenido en cuenta a la hora de encontrar soluciones efectivas al problema de la vivienda. El presidente del CAFBL , Lorenzo Viñas Périz , destaca que las consideraciones que ha valorado el Ministerio para detener la aplicación de la resolución del Gobierno catalán, recogen buena parte de las alegaciones que el sector (Administradores de Fincas, API, APCE, Cámara de la Propiedad Urbana) ya trasladó a la Consejera Capilla, y que fueron desestimadas en su totalidad, perdiéndose por tanto, uno tiempo muy valioso. Desde el CAFBL somos conscientes y nos preocupa la grave situación de falta de vivienda y que la poca oferta que existe es a un precio desmedido. Por este motivo, «siempre hemos apostado por colaborar a la vez por promover políticas efectivas que faciliten el acceso a la vivienda asequible a las familias», ha remachado el sr. Viñas. Reivindicamos un plan de vivienda social real y en el CAFBL estamos seguros de que el sector privado , con el impulso necesario, puede ser una pieza clave para conseguirlo. Por eso, instamos a que se adopten medidas eficientes para poner en el mercado vivienda asequible, como estas tres que consideramos de gran relevancia: Poner a disposición de promotores y constructores a precio módico solares para edificar vivienda de hasta 60 m2 en régimen de alquiler asequible , con un tope máximo de entre 8-9€/ m2 . Facilitar la conversión de locales vacíos situados en segundas y terceras líneas comerciales en vivienda de alquiler, que convivan con la trama comercial. Sin embargo, facilitar que sean habitables altillos y estudios situados en los edificios de viviendas. Facilitar el cálculo de la densidad de vivienda de forma que se puedan dividir las actuales grandes viviendas existentes y convertirlas en viviendas más pequeñas, a disposición de las necesidades de colectivos como gente joven, familias monoparentales o personas mayores que viven solas. “Actualment no necessitem habitatges tan grans com els que hi ha en alguns blocs de pisos i s’hauria de facilitar que es poguessin dividir en dos habitatges independents per a aquest tipus de col·lectius” , puntualiza el presidente Viñas. Pero para poner solución a un problema tan sensible como es la vivienda, desde el CAFBL insistimos en la importancia de una participación activa de todas las entidades implicadas , algo que no se ha hecho hasta ahora. “No podemos olvidar que somos los profesionales que velamos para la preservación del derecho a la vivienda digna en el marco de un parque seguro, sostenible y eficiente” , insiste el sr. Viñas, y las medidas que se están adoptando hasta ahora se están evidenciando ineficientes, lo que impacta de forma muy negativa en el derecho al acceso a la vivienda. DESCARGAR NOTA DE PRENSA

Barcelona, ​​12 de septiembre de 2023- Las entidades representativas de los profesionales y empresas del sector inmobiliario de Cataluña han presentado recurso de alzada ante la consejera del Departamento de Territorio de la Generalidad de Cataluña, por la resolución de la Secretaría de vivienda, declarando como zona de mercado residencial tienes en 140 municipios de Cataluña. Las entidades entienden que la resolución es contraria a lo que establece la ley 12/2023, de 24 de mayo, por el Derecho a la Vivienda, y presentaron alegaciones el pasado 27 de julio. Estas alegaciones se centran en el incumplimiento del procedimiento establecido en la Ley de la Vivienda como: La falta de una memoria justificativa por cada uno de los 140 municipios . Por qué motivo considera la administración que ese municipio en concreto debe ser declarado como ZMRT. Carece de un plan específico con las medidas necesarias para corregir el desequilibrio entre la oferta y la demanda . Es decir, ¿qué actuaciones (públicas, privadas, público-privadas?) debería llevarse a cabo en cada municipio en concreto para dar respuesta a las necesidades de vivienda. También alegaban que la selección de los requisitos para poder declarar formalmente una Zona de Mercado Residencial Tienes que recoge la resolución es sesgada y no corresponde a la definición que hace la Ley de la Vivienda en un tema tan sensible como calcular cuál es la carga en concepto de vivienda que pueden soportar las familias.   El recurso de alzada presentado por las entidades en vía administrativa será previo a la interposición del recurso contencioso administrativo. Los signatarios del recurso de alzada son: Consejo de Colegios de Administradores de Fincas de Cataluña Consejo de Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad inmobiliaria de Cataluña Asociación de Agentes Inmobiliarios de Cataluña Consejo General de Cámaras de la Propiedad Urbana de Cataluña Asociación de Promotores y Constructores de Edificios de Cataluña (APCE)   DESCARGAR NOTA DE PRENSA

En las alegaciones presentadas, el sector se queja de la falta de participación de los ayuntamientos Barcelona, ​​27 de julio de 2023- Las entidades más representativas de la promoción, la intermediación y la administración de viviendas han presentado alegaciones a la resolución de la secretaría de Vivienda del Departamento de Territorio de la Generalidad de Cataluña, publicada en el Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña (DOGC) el 22 de junio de 2023. La resolución propone el control de precios del alquiler en 140 municipios, donde residen el 80,6% del total de la población catalana, declarados como zonas de mercado residencial tenso (ZMRT). Las alegaciones del sector inmobiliario se centran principalmente en el incumplimiento del procedimiento establecido en la Ley de la Vivienda (LDV). Una ley que exige el control de precios de alquiler como única medida para reducir los desequilibrios entre la oferta y la demanda de vivienda en distintos municipios, renunciando a la actuación de los poderes públicos para la resolución del acceso al vivienda. El primero de los problemas de procedimiento que se encuentran en la resolución de la Generalidad de Cataluña es que no existe una memoria justificativa para ninguno de los 140 municipios. El artículo 18.2a de la LDV recoge que es necesario presentar un procedimiento preparatorio para obtener la información relacionada con la situación del mercado residencial , pero en ningún momento se ha hecho referencia a este documento. Otro de los puntos que genera controversia en la resolución del DOGC es la falta de un plan específico con las medidas necesarias para corregir el desequilibrio entre la oferta y la demanda , tal y como recoge el artículo 18.4 de la Ley de la Vivienda . De hecho, el propósito de la declaración de ZMRT no es en sí mismo controlar el precio de los alquileres, sino orientar las actuaciones públicas en materia de vivienda. Por tanto, el plan específico debe ser un elemento integrado de la declaración de ZMRT e indispensable para declarar una zona como mercado residencial tenso. Por otra parte, la resolución de la Generalidad de Cataluña establece que el sistema de índice de precios de referencia a aplicar en Cataluña a las ZMRT es el elaborado por la Agencia de la Vivienda de Cataluña. Este índice de referencia es un grave error de la resolución, ya que la Ley de la Vivienda recoge, de forma muy clara, que el sistema de índice de precio de alquiler a utilizar debe ser el elaborado por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA). En el improbable caso de que el Ministerio homologara el índice catalán, la nueva LDV pide que el sistema de índices recoja las características y condiciones de la vivienda y del edificio en el que se ubica. Esta petición sólo ocurre si se tienen en cuenta los márgenes superior e inferior del índice catalán. Por tanto, sería ilegal usar sólo el valor central que responde exclusivamente a superficie y localización. Además, el artículo 18.3 de la LDV remarca los requisitos para poder declarar, formalmente, una ZMRT : que la carga media del coste de la hipoteca o del alquiler en el presupuesto de la unidad de convivencia más los gastos y suministros básicos supere el 30% de los ingresos o de la renta media de los hogares y que el precio de compra o alquiler de la vivienda haya experimentado en los cinco años anteriores un incremento superior al menos en un 3% el porcentaje de crecimiento acumulado del IPC de Cataluña. El principal problema se encuentra en la selección de los indicadores, ya que es sesgada y no corresponde a la definición que hace la LDV. A modo de ejemplo, la resolución calcula la carga media de la hipoteca sobre el 80% del precio de venta (cuando la media es del 64%) y selecciona estadísticas referentes al año 2020 (que no recogen lo sucedido con los alquileres y la inflación en el período 2020-2022). El acuerdo de declaración como ZMRT de 140 municipios se ha hecho sin haber consultado ni informado a los ayuntamientos de las localidades, lo que vulnera el principio de autonomía local que establece el artículo 140 de la Constitución. Es una incongruencia una actuación concertada Generalitat-municipio sin contar con la participación activa de los municipios, conocedores de la realidad de la problemática de la vivienda en su ámbito. Las entidades del sector inmobiliario, en paralelo a las alegaciones presentadas, reconocen la existencia de crecientes desequilibrios entre la oferta y la demanda de vivienda en el Área Metropolitana de Barcelona y en grandes ciudades Además, desde el sector inmobiliario se entiende que el control de precios del alquiler no es una solución óptima. demostrado durante el control de alquiler que se dio durante la ley de 1964, a la falta de oferta de vivienda de alquiler asequible (protegida y libre) y con los resultados de la ley 11/2020 de la Generalidad de Cataluña en relación con la contención de rentas. Uno de los principales problemas con respecto a la vivienda en Cataluña es que la Administración no ha producido viviendas de protección oficial. el 80% de las viviendas de protección oficial han sido impulsadas por promotores privados. Además, durante el período de enero de 2014 a abril de 2023 en Cataluña sólo se han calificado 1.883 viviendas de protección pública en régimen de alquiler, de las que el Instituto Catalán del Suelo (INCASÒL) sólo ha iniciado un 30% El mandato constitucional indica que “los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para que todos los españoles puedan disfrutar de una vivienda digna y adecuada”. Sin embargo, la realidad es que las obligaciones del estado de bienestar se han trasladado a los propietarios privados. Por último, las entidades del sector inmobiliario manifiestan la voluntad de plena colaboración con las administraciones competentes en materia de política de vivienda , de tal modo que se puedan desplegar políticas de vivienda efectivas y que los ciudadanos puedan disfrutar de una vivienda digna

El CAFBL rechaza estas actitudes intolerables de presión a profesionales de la vivienda porque lo que están denunciando no se corresponde con la realidad Los administradores de fincas consideran necesaria una colaboración con la Asociación de Sindicato de Alquiladoras para reclamar a los representantes políticos y al Gobierno que destinen recursos sostenidos en el tiempo para realizar políticas de vivienda efectivas Las últimas legislaciones aprobadas han reducido un 50% el parque de alquiler disponible Barcelona, ​​6 de julio – Ante los actos vandálicos ocurridos ayer miércoles 5 de julio por parte de la Asociación de Sindicato de Alquiladoras, el Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona y Lleida (CAFBL) rechaza estas actitudes intolerables e informaciones falsas y denuncia la pasividad y silencio por parte de las administraciones públicas . Desde el CAFBL defendemos la profesionalidad de los Administradores de Fincas. Colegiados y aseguramos que actúan siempre de acuerdo con la ley . Así lo ha confirmado el presidente del CAFBL, el Sr. Lorenzo Viñas : cargo de los propietarios es lo que se está cumpliendo. Lo que no podemos consentir es esta serie de falsedades que están lanzando en torno a nuestra tarea; solucionan los problemas”. Las consecuencias del problema de la falta de vivienda asequible las sufren tanto propietarios como inquilinos, por este motivo, consideramos que debería ser una lucha compartida por exigir a los representantes políticos y al Gobierno que destinen los recursos necesarios para realizar políticas de vivienda efectivas “Crear una guerra entre inquilinos y propietarios como lo está haciendo no es la solución” , afirma el Sr. El CAFBL, por el contrario, busca un buen entendimiento para trabajar por un derecho a la vivienda digna con garantías para todos: por un lado, que vele por la seguridad del propietario que pone en alquiler su piso y, por otro , la estabilidad de las familias para desarrollar de forma sostenible su proyecto vital. desincentiva poner pisos en el mercado de alquiler. exigir más políticas de vivienda asequible y sostenidas en el tiempo.   Los datos muestran que la oferta de vivienda de alquiler ha disminuido en los últimos años a consecuencia de las últimas legislaciones aprobadas como son la Ley 11/2020 que tenía como objetivo controlar los precios del alquiler o la reciente aprobada nueva Ley de Vivienda a nivel nacional. En Barcelona, ​​la oferta de vivienda de alquiler se ha reducido un 50%, lo que a su vez ha provocado un aumento de los precios. Para poner solución a un problema tan sensible como es la vivienda, desde el CAFBL se ha pedido un gran pacto nacional que conforme una solución de futuro en materia de vivienda, en la que el sector privado participe activamente dotándola de la necesaria seguridad jurídica, el derecho a la propiedad privada y en el que los profesionales del sector podamos aportar nuestro conocimiento y experiencia. «No podemos olvidar que somos los profesionales que velamos para la preservación del derecho a la vivienda digna en el marco de un parque seguro, sostenible y eficiente», ha remachado el presidente del CAFBL.   DESCARGAR NOTA DE PRENSA

Conferencia sobre la nueva Ley de Vivienda El CAFBL y el ICAB han analizado la nueva Ley de la Vivienda para evaluar cómo su aplicación afectará al sector inmobiliario     Barcelona, ​​1 de junio de 2023 – El Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona y Lleida (CAFBL), junto con la participación del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB), han analizado el contenido de la nueva “Ley de Vivienda” con grandes expertos en la materia en una conferencia en el Auditorio AXA, que se ha llenado con más de 600 asistentes. En ese contexto, han dejado clara su posición contraria a esta ley. Además, no olvidemos que la “Ley de Vivienda”, que fue publicada el 25 de mayo, a efectos prácticos difícilmente se aplicará a las comunidades autónomas que han cambiado de tendencia política tres días después. “Los administradores y administradoras de fincas estamos en una situación agridulce, ya que por un lado se nos hace un reconocimiento explícito de la profesión, pero por otro valoramos esta Ley como contraria a lo que dice que persigue: que todo el mundo tenga un hogar digno”, así ha comenzado su discurso el presidente del CAFBL, Lorenzo Viñas. Quien ha manifestado, además, su decepción por no existir una interlocución constante entre los poderes políticos y los agentes expertos en la materia como son los Administradores de Fincas colegiados. “Una vez más, el Legislativo no ha sido acertado y más que aportar soluciones estructurales, ha tendido a confrontar el derecho a la vivienda con el derecho a la propiedad”, ha remachado el presidente. Durante la jornada, han participado como ponentes Carles Sala i Roca , director del Área Jurídica COAPI-AIC; Marta Martín Martín , abogada con experiencia en Derecho Inmobiliario, Registral e Hipotecario; María Pastor Santana , decana del Colegio de Abogados de Mataró; Cristina Vallejo Ros, abogada y coordinadora de formación del ICAB; Enrique Vendrell Santiveri , asesor jurídico de la Junta de Gobierno del CAFBL; Montse Bassas Fusté , administradora de Fincas y vocal de la Junta de Gobierno del CAFBL, y Gonzalo Bernardos Domínguez , profesor titular del Departamento de Economía de la UB y director del Máster en Asesoría, Gestión y Promoción Inmobiliaria. El acto ha sido moderado por Lourdes Ciuró , ex consejera de Justicia, y actualmente, responsable de Relaciones Institucionales y Difusión del CAFBL. La sensación general en el auditorio en referencia a esta nueva ley es de decepción. «Es una ley que no cierra las incertidumbres de las reglas de juego de los precios en el mercado de alquiler», ha manifestado Sala. A su juicio, la ley provocará un desequilibrio territorial en su aplicación, además de inseguridad jurídica en la duración de la vigencia. También dificultará el acceso a la oferta de vivienda de alquiler a las personas más vulnerables y sin recursos recurrentes. Uno de los temas cuestionados es la confección del índice de referencia. « No tienen ni idea de cómo hacerlo» , ha expuesto Bernardos. Según Martín, “el índice de referencia se ha configurado de forma poco precisa, lo que puede causar mucha confusión” . En el acto también se ha tratado la problemática de la okupación ilegal de inmuebles y los desahucios, grandes problemas que parece que no se han tenido demasiado en cuenta en esta nueva ley de Vivienda, tal y como expuesto Pastor: “Hemos perdido una oportunidad de acabar con la okupación y la inquiokupación. Se han expuesto las novedades en los procesos judiciales, arrendaticios y no arrendaticios -aspectos que son plenamente vigentes, y que preocupan a la hora de recuperar la posesión del bien inmueble- sobre todo si se tiene en cuenta que según datos oficiales a diario se producen 46 okupaciones” , ha indicado Vallejo. Y los principales damnificados del problema de la okupación son las comunidades de propietarios, que se han quedado sin herramientas para luchar contra esto. Claramente, «esta ley hace un ‘revolcón’ y no pone ninguna solución» , ha afirmado Pastor. La vicedecana del ICAB, Susana Ferrer , ha clausurado esta conferencia donde se ha analizado de forma transversal la Ley de Vivienda. Para poner solución a un problema tan sensible como es la vivienda, se ha pedido un gran pacto nacional que conforme una solución de futuro en materia de vivienda, en el que el sector privado participe activamente dotándolo de la necesaria seguridad jurídica, el derecho a la propiedad privada y en el que los profesionales del sector podamos aportar nuestro conocimiento y experiencia. Para seguir profundizando en el análisis de esta Ley, los próximos 7 y 8 de junio, de 16.00 ha 19.30 h, se realizarán dos nuevas jornadas, organizadas por el Colegio de la Abogacía de Barcelona y el Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona-Lleida. La inauguración de éstas tendrá lugar el próximo miércoles, 7 de junio, a las 16.00 h por parte de Jesús Mª Sánchez, decano del ICAB y Lorenzo I. Viñas Periz, presidente del CAFBL. Puede consultar el programa en el siguiente enlace .   DESCARGAR NOTA DE PRENSA