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Aunque, de momento, parece lo más habitual, el coche eléctrico no es terreno acotado a viviendas unifamiliares con cargador individual en casa. Aunque hay quien, incluso, vive con un coche eléctrico y sin enchufe , en los garajes comunitarios también es posible contar con un punto de recarga para nuestro vehículo. Porque lo más cómodo es que nuestro coche eléctrico pueda recargarse por la noche. En este caso, lo primero que debemos tener claro es que tenemos todo el derecho a instalar un punto de carga en un garaje comunitario, aunque no podremos hacer uso de la luz comunitaria. Es decir, podemos instalar un punto de carga, pero como vecinos no tenemos derecho a enchufar nuestro vehículo a una toma doméstica que dé servicio al garaje . Es importante tener esto en cuenta porque, en el primer caso, seremos nosotros los que estamos pagando la recarga y, en el segundo, la facturación iría a la cuota comunitaria mensual. Cómo actuar Si algo debemos tener claro es que instalar un enchufe para uso particular de nuestro coche eléctrico en un garaje comunitario está completamente permitido y avalado por la ley. De hecho, la comunidad de vecinos no puede negarse a que se realice dicha instalación. Si tienes dudas concretas, toda la información para cargas de coches eléctricos en espacios comunitarios puedes resolverlas con la Guía Técnica de aplicación de la ITC-BT 52. Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de coches eléctricos. Pero, en resumidas cuentas, el art. 17.5 de la Ley de Propiedad Horizontal señala que “la instalación de un punto de recarga de vehículos eléctricos para uso privado en el aparcamiento del edificio, siempre que éste se ubique en una plaza individual de garaje, sólo requerirá la comunicación previa a la comunidad. El coste de dicha instalación y el consumo de electricidad correspondiente serán asumidos íntegramente por el o los interesados ​​directos en la misma.” Es decir, será el vecino el encargado de llevar a cabo la instalación necesaria y el pago de la misma. decidir el mejor lugar para la instalación de contadores y el tendido de cableado hasta el punto de recarga de cada plazas. De no contar con esta aprobación, señalan que es bueno establecer unos requisitos mínimos para cada vecino, que Colegio de Administradores de Madrid resumen en: Comunicación previa por parte del propietario o vecino solicitante. Desde el contador al punto de recarga, la línea deberá instalarse bajo tubo homologado y por el recorrido que se acuerde con la comunidad de propietarios, no pudiendo utilizarse los conductos y cajas comunes. El pasa tubos desde el cuarto de contadores al garaje serán a cargo del propietario solicitante. El punto de recarga se instalará en el muro del fondo de la plaza de garaje, lo más centrado posible y sin ocupar el vuelo de las plazas colindantes. El propietario o vecino deberá entregar a la comunidad de propietarios el boletín de instalación. Cumplir con la normativa vigente en cada momento. Los detalles técnicos Una vez emitida la comunicación, debe tenerse en cuenta el tipo de garaje comunitario en el que se desea instalar el punto de carga. Si el garaje es independiente de las viviendas, existen dos posibilidades . La primera es que se realice una preinstalación desde el cuadro eléctrico del garaje, que discurra por todo el garaje con sección suficiente para que, posteriormente, todo lo que quiera pueda engancharse a esa línea y colocar en su plaza el punto de recarga junto a un contador que deberá ser periódicamente leído para generar los recibos y pasarlos al cobro. La otra opción es que cada propietario interesado realice una instalación individual desde el cuadro eléctrico del garaje hasta su plaza con un cableado de sección apropiada para un solo punto de recarga y la instalación de contador, y así sucesivamente para el resto de interesados. Esta opción cuenta con el inconveniente de que según se vayan realizando nuevas instalaciones se aumentará el cableado que discurra por el garaje por lo que se debería plantear la obligatoriedad de que al legar a un número de derivaciones individuales se obligue a sustituirlas por una comunitaria de mayor sección para que el resto de los propietarios pueda engancharse posteriormente. Si, por el contrario, hablamos de un garaje asociado a unas viviendas, también será viable realizar derivaciones individuales desde los propios contadores de las viviendas hasta las plazas de aparcamiento, aunque, desde el órgano colegiado señalan que «siempre cumpliendo con lo establecido en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) para evitar posibles reclamaciones de subsanación de defectos en futuras inspecciones del garaje». Y en Cataluña… En Cataluña, sin embargo, cuentan con su propia Ley de Propiedad Horizontal y el proceso es ligeramente distinguido. Tal y como nos cuenta Francisco Javier Quintana, vicepresidente del Colegio de Administadores de Fincas de Girona , en este caso queda regulado por el artículo 553-36.3 . En él leemos lo siguiente: «En caso de instalación de un punto de recarga individual de vehículo eléctrico, sólo es preciso enviar a la presidencia oa la administración el proyecto técnico con treinta días de antelación al inicio de la obra y la certificación técnica correspondiente una vez finalizada la instalación Dentro de este plazo la comunidad puede proponer una alternativa raonable y más adecuada a sus intereses generales Si la instalación alternativa no se hace efectiva en el plazo de dos meses, el propietario interesado puede ejecutar la instalación que había proyectado inicialmente». Es decir, si hubiera que acometer cualquier tipo de obra para la instalación de un punto de carga, el propietario deberá proponer un proyecto técnico que podrá ser contestado por la comunidad en los siguientes 30 días. En caso de que los vecinos se decidan por la última alternativa propuesta, tienen de dos meses para la instalación de la misma. De no llevarse a cabo, el propietario del vehículo eléctrico tiene vía libre para realizar su propio proyecto. Además, en cuanto a la pregunta de quién debe asumir los gastos en

Varias entidades viene injustificado que se hayan aprobado unos parámetros para proteger el patrimonio de un barrio distintos a los del resto de la ciudad Los enchufes de Colau, en el centro de su vía crucis judicial Nuevo revés a las políticas de Ada Colau que se adentra en la Justicia. Varios agentes del sector inmobiliario se han aliado y han anunciado que presentaran un recurso contencioso contra el plan urbanístico que el gobierno municipal anunció recientemente para protegir el patrimonio del barrio de Gracia que el gobierno municipal (BComú y PSC) pactaron como ERC, a pesar de las quejas del resto de la oposición. La alcaldesa suma así una nueva causa judicial a la que enfrentarse en su último año de mandato. El recurso ha sido presentado en concreto por la Asociación de Promotoras y Constructoras de Edificios de Cataluña, la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona, ​​el Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida, el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Barcelona y la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Cataluña y se opone a la modificación del Plan General Metropolitano que el consistorio aprobó a finales de enero para «garantizar la conservación del patrimonio del barrio», como defendió entonces el gobierno municipal. En concreto, el plan fija que los edificios construidos o rehabilitados de más de 400 metros cuadrados deberán destinar al menos el 30% del espacio a vivienda protegida, unos parámetros distintos al resto de la ciudad, en donde se establece la afectación para fincas de como mínimo 600 metros cuadrados. Las entidades que impulsan el recurso lamentan que no se justifica el motivo de esta diferencia. Por todo ello, critican que la reserva sobre suelo urbano consolidado «constituye una carga nueva sobre la propiedad, puesto que impone un nuevo deber a los propietarios de este suelo», y lo consideran a una limitación del derecho a la propiedad por la que reclaman una indemnización. El sector inmobiliario también considera que el estudio económico que se hizo para modificar el plan «no aclara la viabilidad real» de la nueva norma y critican que incluya la rehabilitación de edificios.   LEER LA NOTICIA COMPLETA EN «ABC»: https://www.abc.es/espana/catalunya/barcelona/abci-sector-inmobiliario-barcelona-lleva-tsjc-plan-urbanistico-colau-202205091613_noticia.html

Casitas de la calle de la Encarnación, en el barrio de Gràcia. PERE TORDERA Diferentes asociaciones del sector inmobiliario, como el Colegio de Administradores de Fincas o el Colegio de Agentes de la Propiedad, han presentado un recurso contra la modificación del plan general metropolitano que el gobierno de Colau promueve en Gràcia . Ven una limitación al derecho a la propiedad.   LEER LA NOTICIA COMPLETA EN «DIARI ARA»: https://www.ara.cat/societat/sector-immobiliari-porta-als-tribunals-pla-urbanistic-colau-gracia_25_4365575.html

Edificios de viviendas y grandes rehabilitaciones deben reservar un 30% del techo edificable en pisos sociales. Plaza de la Virreina de Gracia (Barcelona)Joaquín Reyes | Miquel Taverna El sector inmobiliario ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra la modificación del Plan General Metropolitano (MPGM) para la mejora urbanística y ambiental de los barrios de Gracia de Barcelona, ​​cuya aprobación definitiva se publicó el pasado 4 de marzo en el Diario Oficial de la Generalidad (DOGC). La demanda sostiene que la mencionada modificación previene que las actuaciones en edificios de viviendas plurifamiliares en suelo urbano consolidado o de gran rehabilitación de edificaciones de más de 400 metros cuadrados tendrán que destinar un mínimo del 30% del techo edificable a vivienda protegida , fijando un techo diferente respecto a lo que en su momento se estableció para el resto de la ciudad (600 metros cuadrados) “sin justificar el motivo de esta diferencia”. Barcelona protegirá 3 de cada 4 edificios de Gràcia para preservar la imagen del barrio y obligará a crear pisos protegidos En el documento, firmado por el Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida , la Asociación de Promotores y Constructores de Edificios de Cataluña , la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona , ​​el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Barcelon en y la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Cataluña, también remarcan que la reserva en suelo urbano consolidado constituye una carga nueva sobre la propiedad, ya que impone un nuevo deber a los propietarios de este suelo. “Nos encontramos ante una limitación al derecho de propiedad, y por tanto, debe comportar la correspondiente indemnización, tal y como estableció recientemente el Tribunal Constitucional ”, sostenen. También subraya que una cuestión muy importante, que motiva el recurso, es el hecho de que el estudio económico elaborado “no aclara la viabilidad real de la nueva norma, ni tampoco establece la sostenibilidad para las finanzas púbicas”. En datos del Plan Territorial Sectorial de Vivienda (PTSH), el Ámbito Metropolitano de Barcelona tiene un potencial de reservas de suelo para construir más de 73.000 viviendas protegidas, 20.000 en la ciudad de Barcelona Las entidades consideran que las grandes tensiones que registra a día de hoy el acceso al vivienda para gran parte de las familias, tiene por origen “un grave desequilibrio entre una oferta muy reducida respecto a una demanda creciente” , así como la ausencia de políticas públicas bien diseñadas y dotadas económicamente, así como de una parálisis de la gestión de las administraciones públicas con los escasos recursos de los que disponen. Entra en vigor la obligación de destinar el 30% de los pisos nuevos en Barcelona a vivienda pública de precio asequible En datos del Plan Territorial Sectorial de Vivienda (PTSH), el Ámbito Metropolitano de Barcelona tiene un potencial de reservas de suelo para construir más de 73.000 viviendas protegidas, de las que 20.000 serían en la ciudad de Barcelona. «Es imprescindible movilizar estas reservas para incrementar la oferta de vivienda asequible», señalan. Por ello, consideran que hace falta capacidad de gestión, coordinación entre administraciones y recursos económicos para disponer de un “mercado estable” que facilite el acceso al vivienda de las familias, y no el “continuo cambio de la regulación que afecta al sector de la vivienda”, puesto que crea “inseguridad jurídica, imposibilita la planificación y provoca el efecto contrario”.   LEER LA NOTICIA COMPLETA A «20 MINUTOS»: https://www.20minutos.es/noticia/4997161/0/nuevo-frente-para-colau-el-sector-inmobiliario-recurre-contra-la-obligacion-de- reservar-pisos-protegidos-en-gracia/

Los firmantes ven una “limitación al derecho de propiedad” y creen que debe comportar una indemnización Imagen de la plaza de la Vila de Gràcia, en Barcelona, ​​con la sede del distrito en el fondo JUANMA RAMOS . ACN – BARCELONA El sector inmobiliario ha interpuesto un recurso contencioso administrativo contra la modificación del Plan General Metropolitano (MPGM) para la mejora urbanística y ambiental de los barrios de Gràcia de Barcelona, ​​cuya aprobación definitiva se publicó el pasado 4 de marzo en Diario Oficial de la Generalidad (DOGC). Sostiene que la mencionada modificación prevé que las actuaciones edificatorias de viviendas plurifamiliares en suelo urbano consolidado o de gran rehabilitación de edificaciones de más de 400 m2 tendrán que destinar un mínimo del 30% del techo edificable a vivienda protegida, fijando un techo diferente respecto a lo que en su día se estableció para el resto de la ciudad (600 m2) “sin justificar el motivo de esta diferencia”. En el documento, firmado por el Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida, la Asociación de Promotores y Constructores de Edificios de Cataluña, la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona y el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Barcelona y la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Cataluña, también remarcan que la reserva en suelo urbano consolidado constituye una nueva carga sobre la propiedad, ya que impone un nuevo deber a los propietarios de este suelo. «Nos encontramos pues, ante una limitación al derecho de propiedad, y por tanto, debe comportar la correspondiente indemnización, tal y como estableció recientemente el Tribunal Constitucional», sostienen. También subrayan que una cuestión muy importante, que motiva el recurso, es el hecho de que el estudio económico elaborado «no aclara la viabilidad real de la nueva norma, ni tampoco establece la sostenibilidad para las finanzas públicas». Las entidades consideran que las grandes tensiones que registra hoy el acceso a la vivienda para una gran parte de las familias, tiene por origen «un grave desequilibrio entre una oferta muy reducida respecto a una demanda creciente», así como el ausencia de políticas públicas bien diseñadas y dotadas económicamente, así como de una parálisis de la gestión de las administraciones públicas con los escasos recursos de que disponen. Según datos del Plan Territorial Sectorial de Vivienda (PTSH), el Ámbito Metropolitano de Barcelona tiene un potencial de reservas de suelo para construir más de 73.000 viviendas protegidas, de las que 20.000 en la ciudad de Barcelona. «Es imprescindible movilizar estas reservas para incrementar la oferta de vivienda asequible», señalan. Así, consideran que es necesaria capacidad de gestión, coordinación entre administraciones y recursos económicos para disponer de un “mercado estable” que facilite el acceso a la vivienda de las familias, y no el “continuado cambio de la regulación que afecta al sector de la vivienda”, puesto que crea “inseguridad jurídica, imposibilita la planificación y provoca el efecto contrario”.   LEER LA NOTICIA COMPLETA EN «EL PUNTO HOY»: https://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/2137120-el-sector-inmobiliari-interposa-un-recurs-contra-la-modificacio-del -plan-de los-barrios-de-gracia-de-barcelona.html

El sector inmobiliario interpone contencioso administrativo por el plan que obliga a destinar un 30% de las nuevas edificaciones o grandes rehabilitaciones a vivienda protegida La plaza de la Villa de Gracia, en el corazón de este barrio barcelonés Al gobierno municipal de Barcelona que preside Ada Colau se le acumulan las cosas en los juzgados. Esta vez el objeto del conflicto es la modificación del Plan General Metropolitano del Distrito de Gracia. Las entidades del sector inmobiliario han interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra esta iniciativa que, entre otras cosas, establece que en la construcción de nueva obra residencial o grandes rehabilitaciones habrá que reservar un mínimo del 30% del techo edificable en vivienda protegida, con la merma que esta disposición supone para los constructores. El recurso, que si se aceptado dará paso a la correspondiente demanda, quita la firma de la Asociación de Promotores y Constructores de Edificios de Cataluña, la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona, ​​el Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida, el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Barcelona y la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Catalunya. La normativa que estas entidades llevan a la justicia es el plan para la mejora urbanística y ambiental de los barrios de Gracia promovida por el Ayuntamiento de Barcelona, ​​cuya aprobación definitiva fue publicada el pasado 4 de marzo en el Diario Oficial de la Generalitat. Una carga para los propietarios Los promotores estiman que la obligación impuesta por el Ayuntamiento requiere una indemnización La mencionada modificación que afecta en los barrios de Gracia previene que las actuaciones edificatorias de viviendas plurifamiliares en suelo urbano consolidado o de gran rehabilitación de edificaciones de más de 400 metros cuadrados tendrán que destinar un mínimo del 30% del techo edificable a vivienda protegida. De este modo, entienden los autores del recurso, se establece un techo diferente respecto a lo que en su momento se acordó para el resto de la ciudad (600 metros cuadrados) sin justificar el motivo de esta diferencia. Los promotores del recurso también remarcan que la reserva en suelo urbano consolidado constituye una carga nueva sobre la propiedad, puesto que impone un nuevo deber a los propietarios de este suelo. «Nos encontramos pues, ante una limitación al derecho de propiedad, y, por tanto, tiene que comportar la correspondiente indemnización, tal como estableció recientemente el Tribunal Constitucional», señalan las entidades del sector inmobiliario. Una cuestión muy importante, que motiva el recurso, es el hecho de que el estudio económico elaborado no aclara la viabilidad real de la nueva norma, ni tampoco establece la sostenibilidad para las finanzas púbicas. «Al igual que en su momento se hizo con la norma actualmente vigente, se incluye la rehabilitación, poniendo dificultades a una tarea que todas las administraciones competentes en materia de vivienda coinciden en estos momentos en que se tiene que impulsar e incentivar, no sólo por la oportunidad de los Fondos Europeos, sino sobre todo para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y contribuir a la lucha contra el cambio climático, hechos que con la exigencia de reserva de vivienda protegida se está impidiendo o, como mínimo, dificultando», concluyen los firmantes del recurso. Las entidades antes mencionadas consideran que las grandes tensiones que registra hoy el acceso al vivienda para gran parte de las familias, tiene por origen «un grave desequilibrio entre una oferta muy reducida respecto a una demanda creciente, y la ausencia de políticas públicas bien diseñadas y dotadas económicamente, así como de una parálisis de la gestión de las administraciones públicas con los escasos recursos de que disponen». Crítica a las administraciones públicas Los promotores del recurso señalan que en Barcelona hay reserva de suelo para 20.000 pisos protegidos Según datos del Plan Territorial Sectorial de Vivienda (PTSH), el Ámbito Metropolitano de Barcelona tiene un potencial de reservas de suelo para construir más de 73.000 viviendas protegidas, de las cuales 20.000 en la ciudad de Barcelona. «Es imprescindible movilizar estas reservas para incrementar la oferta de vivienda asequible», señalan los inmobiliarios. «Hace falta capacidad de gestión, coordinación entre administraciones y recursos económicos para disponer de un mercado estable que facilite el acceso al vivienda de las familias, y no el continuo cambio de la regulación que afecta al sector de la vivienda, ya que crea inseguridad jurídica, imposibilita la planificación y provoca el efecto contrario, es decir, una reducción de la oferta de viviendas y dificulta aún más el acceso a la vivienda a los ciudadanos y ciudadanas de Barcelona”, concluyen. LEER LA NOTICIA COMPLETA EN «LA VANGUARDIA»: https://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20220509/8252713/nuevo-recurso-judicial-iniciativa-gobierno-colau.html

Los promotores rechazan las exigencias para hacer VPO y consideran que el planeamiento hace inviable construir o rehabilitar   Azoteas en el barrio de Gracia de Barcelona, ​​en una imagen de archivo. CARLOS RIBAS (EL PAÍS) Las patronales del sector inmobiliario de Barcelona han realizado el primer trámite para presentar un recurso contencioso-administrativo contra el plan urbanístico del barrio de Gracia de Barcelona. El sector, representado por los promotores y constructoras (APCE), la Cámara de la Propiedad, los administradores de fincas y los agentes de la propiedad inmobiliaria, pretende tumbar el plan. La razón: crean que las exigencias del plan hacen inviable edificar o rehabilitar pisos en el barrio. Los impulsores no descartan pedir medidas cautelares para esquivarlas. El recurso se suma a la ofensiva judicial contra las políticas del gobierno de la alcaldesa Ada Colau por parte de sectores afectados por nuevas normativas. El plan de hoteles , la obligación de los promotores de destinar un 30% de los pisos que construyan a vivienda social, la Zona de Bajas Emisiones o las subvenciones a entidades afinas son otras medidas que han sido llevadas a los tribunales por patronales o asociaciones ( algunas sin actividad conocida en la ciudad). Fuentes municipales han destacado este lunes que el plan de Gracia sigue siendo vigente y se aprobó con el apoyo mayoritario del pleno del Ayuntamiento: “El recurso no para nada y habrá que ver qué recorrido tiene”. En concreto, las patronales rechazan que el plan las obligue a hacer un 30% de vivienda social en cualquier edificio nuevo o rehabilitación de más de 400 metros cuadrados (cuando en el resto de la ciudad se aplica a partir de 600 metros cuadrados, una medida que también recurrieron pero no está resuelta). “La reserva en suelo urbano consolidado constituye una carga nueva sobre la propiedad porque impone un nuevo deber a los propietarios del suelo”, defienden las patronales, que recordan que la imposición “debe comportar la correspondiente indemnización, como estableción recientemente el Tribunal Constitucional”. El recurso (ahora presentado; en una segunda instancia se formulará la demanda) también cuestiona la memoria económica del plan urbanístico, que fue aprobado como Modificación del Plan General Metropolitano (MPGM). Su tramitación fue muy polémica: por las imposiciones a los promotores y porque contemplaba derribar decenas de negocios y viviendas para crear zonas verdes. En el redactado final, el Ayuntamiento indultó algunas de las viviendas . “El estudio económico no aclara la viabilidad real de la nueva norma ni establece la sostenibilidad para las finanzas públicas”, rechazan las patronales en un comunicado. Fuentes del consistorio han respondido también que “el plan quiere garantizar el derecho a la vivienda ya precios asequibles y ser una herramienta para evitar la gentrificación. Sobre las obras de rehabilitación , avisan que la imposición de destinar un 30% de pisos rehabilitados en edificios de más de 400 metros cuadrados frenará las operaciones de reforma, justo cuando los fondos europeos Next Generation contemplan una mejora en ayudas para obras de mejora de viviendas . En el caso de los Agentes de la Propiedad, se suman a la demanda porque, explica Montse Junyent, jurista del colegio, la norma «impacta en la oferta y genera inseguridad jurídica». «El lío legislativo altera un mercado que no gana para sustos, nosotros comercializamos y pedimos estabilidad», lamenta. Las patronales reprochan a la administración que no moviliza las reservas de suelo para hacer vivienda pública. LEER LA NOTICIA COMPLETA EN «EL PAÍS»: https://elpais.com/espana/catalunya/2022-05-09/el-sector-inmobiliario-presenta-un-recurso-para-tumbar-el-plan-urbanistico- de-gracia-de-colau.html

Los firmantes ven una “limitación al derecho de propiedad” y creen que debe comportar una indemnización   El sector inmobiliario ha interpuesto recurso contencioso administrativo contra la Modificación del Plan General Metropolitano (MPGM) para la mejora urbanística y ambiental de los barrios del distrito de Gràcia , promovida por el Ayuntamiento de Barcelona, ​​cuya aprobación definitiva fue publicada el pasado 4 de marzo en el Diari Oficial de la Generalitat. Firman el documento la Asociación de Promotores y Constructores de Edificios de Cataluña, la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona, ​​el Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida, el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Barcelona y la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Cataluña. Las entidades firmantes sostienen que el MPGM de Gràcia prevé que las actuaciones de edificación de viviendas plurifamiliares en suelo urbano consolidado o de gran rehabilitación de edificaciones de más de 400 m² tendrán que destinar un mínimo del 30% del techo edificable a vivienda protegido, fijando un techo diferente respecto al que en su día se estableció para el resto de la ciudad (600 m²) sin justificar el motivo de esa diferencia. También remarcan que la reserva en suelo urbano consolidado constituye una carga nueva sobre la propiedad, puesto que impone un nuevo deber a los propietarios de este suelo, lo que se considera una limitación al derecho de propiedad , y, por tanto, debe comportar la correspondiente indemnización, tal y como estableció recientemente el Tribunal Constitucional. En un comunicado conjunto de la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Cataluña (AIC) y el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (COAPI) se considera que la principal motivación del recurso es el hecho de que el estudio económico elaborado no aclara la viabilidad real de la nueva norma , ni tampoco establece la sostenibilidad por las finanzas públicas”. Además se destaca que también se incluye la rehabilitación, poniendo dificultades a una tarea que todas las administraciones competentes en materia de vivienda coinciden en estos momentos en que debe impulsarse e incentivar, no sólo por la oportunidad de los Fondos Europeos , sino sobre todo para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y contribuir a la lucha contra el cambio climático, hechos que con la exigencia de reserva de vivienda protegida, se está impidiendo o al menos dificultando. «Ausencia de políticas públicas bien diseñadas» Asimismo, las entidades firmantes consideran que las grandes tensiones que registra el acceso a la vivienda para una gran parte de las familias, tiene por origen “ un grave desequilibrio entre una oferta muy reducida respecto de una demanda creciente , y de la ausencia de políticas públicas bien diseñadas y dotadas económicamente, así como de una parálisis de la gestión de las administraciones públicas con los escasos recursos de que disponen”. Según datos del Plan Territorial Sectorial de vivienda, el Ámbito Metropolitano de Barcelona tiene un potencial de reservas de suelo para construir más de 73.000 viviendas protegidas, de las que 20.000 en la ciudad de Barcelona. Es imprescindible movilizar estas reservas para incrementar la oferta de vivienda asequible. Por eso sostienen que es necesaria capacidad de gestión, coordinación entre administraciones y recursos económicos para disponer de un mercado estable que facilite el acceso a la vivienda de las familias , y no el continuado cambio de la regulación que afecta al sector del vivienda, ya que crea inseguridad jurídica, imposibilita la planificación y provoca el efecto contrario, es decir, una reducción de la oferta de viviendas, dificultando aún más el acceso a la vivienda a los ciudadanos y ciudadanas de Barcelona.   LEER LA NOTICIA COMPLETA EN «EL NACIONAL»: https://www.elnacional.cat/ca/barcelona/sector-immobiliari-interposa-recurs-mpgm-gracia_754059_102.html

Han asistido profesionales del ámbito de la arquitectura, la arquitectura técnica y los administradores de fincas REDACCIÓN / Gironès / Girona El secretario de Vivienda e inclusión Social, Carles Sala, ha participado en Girona en una Jornada para explicar el funcionamiento de los Fondos Next Generation destinados a la rehabilitación de edificios de viviendas , para los profesionales implicados del sector. La jornada contó con la participación de los colegios profesionales (de arquitectura, arquitectura técnica y administradores de fincas) que actuarán como mediadores y prescriptores en la gestión de las subvenciones. Por parte de la Agencia de la Vivienda de Cataluña, el director de Calidad de la Edificación y Rehabilitación de la Vivienda, Jordi Sanuy, ha explicado los detalles de las convocatorias de subvención. Sala, en su intervención, ha destacado la importancia del momento que estamos viviendo en cuanto a la rehabilitación, como cambio de paradigma, que permitirá rehabilitar con criterios de accesibilidad y sostenibilidad y que cuenta con la imprescindible colaboración público- privada. Así, ha señalado que son los colegios profesionales los que deben ayudar a estimular a la ciudadanía a rehabilitar y aprovechar la gran oportunidad que representan los 480 millones en subvenciones, a los que hay que añadir la financiación que se ha conseguido para la parte no subvencionada con la firma de convenios con 10 entidades financieras. El secretario de Vivienda ha destacado que «más allá de la revalorización que supone para los ciudadanos la rehabilitación tradicional de las viviendas, este tipo de rehabilitación supone una disminución de los consumos, aparte de que son subvenciones liberadas de carga fiscal». Sala ha terminado su intervención reiterando la voluntad de que los Fondos sirvan para crear un nuevo modelo de rehabilitación que genere entusiasmo y un efecto dominó en cuanto a la rehabilitación energética, ya que el momento ofrece grandes oportunidades.   LEER LA NOTICIA COMPLETA EN «EL GERIÓ»: https://www.gerio.cat/noticia/1508185/drets-socials-presenta-a-girona-els-programes-de-rehabilitacio-dhabitatges-dels-next-gener

EA – GIRONA El secretario de Vivienda e inclusión Social, Carles Sala, presentó ayer en Girona el funcionamiento de los fondos Next Generation para la rehabilitación de viviendas, en una jornada que reunió a 80 profesionales implicados del sector, y con los colegios de ‘Arquitectos, Aparejadores y Administradores de Fincas, que actuarán como mediadores y prescriptores en la gestión de las subvenciones. Las convocatorias contemplan 480 millones en subvenciones y acuerdos con 10 entidades financieras para cubrir la inversión privada. En los casos en que las reformas impliquen ahorros de hasta el 30% de consumos, la ayuda puede alcanzar el 40% de las obras, y hasta el 80% cuando se ahorre, por ejemplo con aislamiento, el 60%, y suplementos por a la retirada de piezas de amianto. El porcentaje subvencionable va directamente relacionado con la reducción del consumo: -40% de subvención: cuando la reducción del consumo EPNR es igual o superior al 30% (un máximo de 6.300 euros/vivienda).-65% de subvención: cuando la reducción del consumo EPNR es igual o superior al 45% (un máximo de 11.800 euros/vivienda).-80% de subvención: cuando la reducción del consumo EPNR es igual o superior al 60% (un máximo de 18.800 euros/vivienda).-Las cantidades anteriores podrán aumentarse un máximo de 1.000 euros por vivienda (o de 12.000 euros por edificio) cuando la rehabilitación comporte la retirada de amianto. Programa viviendas: destinado a personas propietarias que quieren realizar actuaciones para mejorar la eficiencia energética del domicilio habitual Pueden acceder a esta línea de subvención, las personas propietarias de viviendas y también los usufructuarios y inquilinos, en caso de que asuman el coste de las obras, y que quieren adoptar medidas para mejorar la eficiencia energética de su domicilio habitual, como por ejemplo la modificación de cierres, el cambio de ventanas o el cambio de sistemas de climatización que sustituyan a las energías fósiles por energías renovables o biomasa. Esta línea de subvención cuenta con una dotación presupuestaria total de 58,5 millones de euros en varios ejercicios. La convocatoria actual tiene una disponibilidad presupuestaria de 24.038.692 euros.Serán actuaciones subvencionables dentro de este programa de vivienda las obras que supongan una reducción de la demanda energética del 7%, o una reducción en el consumo de energía primaria no renovable (EPNR) del 30%, o una actuación que implique una mejora en la envolvente térmica de la vivienda. La cuantía máxima subvencionable es de 7.500 euros por vivienda y la inversión mínima es de 1.000 euros/vivienda. El importe de la subvención será del 40%, con una subvención máxima de 3.000 euros/vivienda. Libro del edificio: destinado a comunidades de propietarios que quieran alargar la vida útil del edificio y evitar su degradación Pueden acceder a esta tipología de subvención las comunidades de propietarios de edificios de viviendas construidas antes del año 2000, que tengan la inspección técnica del edificio aprobada o admitida a trámite en el momento de realizar la solicitud y que quieran redactar su libro del edificio o el proyecto de rehabilitación. El libro del edificio es el estudio técnico que da información sobre las características del edificio y proporciona a la propiedad las instrucciones de uso y mantenimiento necesarios para alargar la vida útil del edificio y evitar su degradación. En este estudio también se detallan las actuaciones que deben realizarse para lograr las mejoras necesarias en eficiencia energética. Los fondos Next Generation EU subvencionan este trabajo de diagnosis a la comunidad de vecinos que tenga intención de rehabilitar antes de que decida llevar a cabo las obras de rehabilitación. Esta línea de subvención cuenta con una dotación presupuestaria total de 43 millones de euros en varios ejercicios. La convocatoria actual tiene una disponibilidad presupuestaria de 9.397.981 euros. LEER LA NOTICIA COMPLETA EN «EL PUNTO HOY»: https://www.elpuntavui.cat/societat/article/10-administracions/2135169-drets-socials-divulga-els-ajuts-per-a-rehabilitacio.html