Inquilinos que se sienten desprotegidos ante impagos o que discrepan de las políticas para frenar los precios optan por vender, hacer arrendamiento temporal o contratar un seguro de impago Alquilar una vivienda en Barcelona en el 2023 puede resultar más complicado que nunca, ante la coincidencia de dos fenómenos que castigan al mercado y que podrían agravarse este año: el precio récord de los arrendamientos (a 1.066 euros mensuales de media según los últimos datos de fianzas depositadas en el Incasol, en el tercer trimestre de 2022) y la menguante oferta de pisos disponibles de alquiler en la ciudad, cuyo stock no era tan bajo como mínimo desde hace siete años, según datos de los principales portales inmobiliarios. Este agitado contexto, con entidades sociales que urgen aplicar la nueva ley de vivienda para frenar sus precios, pero con las patronales y agentes del sector convencidos de que una regulación enfocada sólo en el control a los propietarios reducirá aún más el escaso mercado, se añade a una mayor previsible demanda de pisos de alquiler este año. A los inquilinos por convicción se sumarán quienes no puedan comprar una vivienda por el encarecimiento de las hipotecas , según afirman diferentes estudios y analistas. Además, el recurso de los seguros de impago por el que optan muchos inquilinos como salvavidas no está al alcance de muchos candidatos a alquilar, ya que suele exigir que la renta no supere el 35% de los ingresos, y otros requisitos de estabilidad laboral. El conflicto está servido y choca con un déficit histórico de vivienda social (el ayuntamiento tiene en construcción 2.300 pisos), imposible de corregir a medio plazo y que traslada la pugna a propietarios e inquilinos. Los abusos en los precios y en los aumentos (véase en este otro reportaje) son denunciados con frecuencia, pero también aumenta la desconfianza en los pequeños propietarios , que son muchos más en términos numéricos que los grandes tenedores, y ante las incertidumbres o la sensación de desprotección jurídica tienden a vender o dejar de arrendar. Sus malas experiencias, aunque no sean mayoritarias, aumentan también. EG es uno de los que han vendido el piso del Eixample que durante 20 años destinó al alquiler: «He tenido de todo, desde fantásticos inquilinos a algún impago con destrozos en el piso», rememora. Hace varios años, vivió un caso que acabó en pleito y con la venganza del arrendatario, que permitía a sus perros orinar y defecar en la vivienda. «Cuando se fue no podíamos entrar por el olor, tuvimos que dejarle meses con las ventanas abiertas», recuerda. Luego tuvo que «invertir 30.000 euros en reformarlo», añade. El expropietario sigue pendiente de una deuda alta, aunque el moroso ya tenía embargos previos y el pago parece improbable. «Se protege el derecho a la vivienda, pero no al propietario, estamos indefensos porque algunos inquilinos saben que ahora tienen la sartén por el mango», opina, pidiendo mayor corresponsabilidad a las administraciones. Impagos desde la pandemia Carmen P. y su difunto marido dedicaron casi toda su vida a pagar su pisito de Horta y otro que compraron justo al lado para facilitar la jubilación. Pero desde que enviudó y puso de alquiler este último justo. antes de la pandemia, suma tres años de impagos y estrés, que le han sumido en un largo conflicto judicial y le han convertido colateralmente en morosa: no puede afrontar la derrama para la instalación de un ascensor en la finca. Desde América del Sur, Luis M. pide que se cambie su nombre porque ha recibido amenazas de las personas que alquilaron su piso en Sants-Montjuïc , dejaron de pagar y organizaron la ocupación de diferentes pisos de la finca en momentos en los que estaban vacíos. le ha obligado a vender la vivienda. Isidro B. ha optado, en cambio, por el alquiler temporal: «Me lo gestiona una empresa, y así no hay problema de cobros». Heredó de su abuela un piso en el Raval, y por no mudarse del suyo a Nova Gràcia prefirió alquilarlo y destinarlo a cubrir su propia renta. «Con el primer inquilino todo fue bien, aunque apenas estuvo un año. Pero el segundo le engañó. «Era una pareja que presentó nóminas falsas que no supe detectar. En el segundo mes ya no pagaron y fue un infierno que salieran del piso, porque gasté todos mis ahorros en abogados y no he logrado recuperar nada». Relata que al irse «se llevaron muebles, los electrodomésticos e incluso arrancaron la taza del inodoro y rompieron tuberías por rabia». Son otra cara de la moneda del problema de la vivienda, en un contexto en el que las «administraciones hacen recaer las medidas de control de precios en los propietarios sin ayudas compensatorias», insiste Llorenç Viñas, presidente del Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida . Esta coyuntura ha situado la oferta de pisos disponibles en el mercado de alquiler de Barcelona en uno de los mínimos de la década, complicando el acceso a la vivienda de muchos ciudadanos. El último informe del Observatorio Metropolitano de la Vivienda de Barcelona indicaba que de las 785.757 viviendas que tiene la ciudad, un total de 290.416 están destinadas al alquiler . Los grandes tenedores (con más de 10, según la ley estatal), copan el 15% de los pisos total de la ciudad, mientras en el concreto parque de alquiler concentran el 31,9%. En la capital catalana, el 94,7% de los propietarios tienen una o dos viviendas , que suman más de 545.000 (69,4%). Sin embargo, solo el 1,8% de los propietarios (9.181, entre físicos y jurídicos) son los que concentran casi 169.000 pisos, o sea el 21,5% del total, al tener más de 6 unidades . De por medio, hay un 3,6% que poseen entre 3 y 5. Esta disparidad en los perfiles de propietarios hace que las reacciones ante lo que el sector llama «inseguridad jurídica» sean distintas. Aluden a las medidas impuestas en Catalunya (anuladas por la justicia) para limitar los precios de los alquileres, los límites a las
