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El Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona y Lérida ha puesto en marcha el proyecto QCaf, para identificar que se trabaja bajo unos estándares de calidad El Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona y Lérida (CAFBL) ha iniciado un nuevo proyecto para sus colegiados, el Sello de Calidad QCaf , la primera acreditación para la certificación actualizada de profesionales del sector de los administradores de fincas. Con este distintivo se pretende identificar públicamente las buenas prácticas y acreditar la buena gestión de los despachos de los administradores de fincas, remarcando que se trabaja bajo unos estándares de calidad para poder dar más confianza a sus clientes. Así pues, el Sello de Calidad QCaf está pensado para aquel profesional que quiera acreditar su experiencia, formación, capacitación, posibilidades tecnológicas y potencial técnico. “Queremos hacer de nuestro colectivo un sector fuerte, competitivo y productivo. Que sea capaz de adaptarse a los cambios sociales, a las tecnologías, a nuevas necesidades que vayan surgiendo en la sociedad. Nuestro trabajo es garantizar que nuestros clientes estén en buenas manos y el Sello de Calidad QCaf es esto, dar una calificación reconocida de nuestra profesión», remarca el Sr. Enrique Vendrell, presidente del CAFBL. Contar con esta acreditación es muy positivo para los administradores de fincas en dos sentidos: por un lado, en un sentido externo como compromiso con los clientes, porque se les puede demostrar el nivel de calidad de los servicios que ofrecen, poniendo en valor sus tareas ; por otro lado, en un sentido interno, puesto que se consigue un nuevo enfocamiento en la gestión interna de los servicios, orientada a los procesos ya la obtención de resultados con niveles de calidad óptimos, gracias a la revisión de procesos e iniciativas de mejora continua . Para conseguir esta acreditación, es necesario que el administrador de fincas inicie un proceso de evaluación de los servicios que ofrece, para garantizar el cumplimiento de unos requisitos mínimos obligatorios, de forma imparcial y objetiva. Esta tarea evaluadora la realiza una entidad certificadora acreditada internacional, ICDQ. El proceso de auditoría es muy sencillo y consiste en dos fases: 1. Pre evaluación: el administrador de fincas tiene que realizar una pre evaluación de los requisitos específicos, que son de obligado cumplimiento y que sin ellos no podrá optar a la certificación final Cumplidos todos los ítems de la pre evaluación, podrá seguir adelante con la auditoría aceptando las condiciones de uso y realizando el pago de la contratación del Sello de Calidad. 2. Autoevaluación: de todos los requisitos para determinar el grado de cumplimiento total. el administrador de fincas para establecer el día y hora para realizar la auditoría, momento en que se revisará el cumplimiento de los requisitos con los documentos o evidencias que los acrediten. Cada uno de estos puntos es indispensable cumplirlos para que la auditoría pueda otorgar la acreditación. QCaf. En caso de que no se cumpla alguno de los requisitos, el administrador de fincas es informado para que pueda revisarlo y corregirlo, en el plazo de 3 meses, para ser nuevamente evaluado por el equipo auditor Si el resultado de la evaluación es positivo, se emitirá al administrador de fincas un certificado y un sello para su uso en sus documentos y plataformas. quiere decir que primero antecede una auditoría inicial satisfactoria con un año de vigencia, que después tendrá que ratificarse por otras dos auditorías sucesivas anuales de seguimiento. esta iniciativa, que permitirá reconocer a las organizaciones que decidan participar activamente en la consecución del siguiente objetivo: mejorar en la calidad del servicio al cliente. LEER LA NOTICIA COMPLETA EN INMODIARIO: https://inmodiario.com/mercado-inmobiliario/servicios-profesionales/los-administradores-de-fincas-podran-acreditar-sus-buenas-practicas-a-traves-del-sello -de-calidad-qcaf/

En un acto celebrado hoy, 12 de julio, en la sede del Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona y Lérida, se ha puesto sobre la mesa el problema de la ocupación ilegal de inmuebles. En todo el Estado español hay aproximadamente 120.000 viviendas ocupadas de forma ilegal, de las cuales el 42% están en Cataluña . Éste, además de ser un delito, se ha convertido en un problema de trascendencia social que afecta no sólo al titular de la propiedad usurpada, sino a la convivencia y seguridad de los residentes y al conjunto de la ciudadanía. El acto ha sido inaugurado y moderado a cargo del sr. Enrique Vendrell, presidente del Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida. Y como ponientes y expertos del tema han asistido Genís Boadella Esteve, diputado en el Congreso de los Diputados por el Grupo Parlamentario Plural y miembro de la Dirección Ejecutiva Nacional del Partido Demócrata (PDeCAT); María Pastor Santana, decana del Colegio de Abogados de Mataró, y Jesús Mª Sánchez García, decano del Colegio de la Abogacía de Barcelona y Consejero del Consejo de la Abogacía Catalana. Durante el acto se han lamentado que los instrumentos legales actuales no sean bastante eficaces para cortar este fenómeno de la ocupación y que además, la posición de algunos sectores políticos sea reticente a adoptar medidas ejecutivas que ayuden a impedir esta práctica, habitualmente mafiosa, la envergadura de la que no tiene equiparación en los países de nuestro entorno. «Por eso hemos iniciado una campaña de concienciación para pedir reformas legales que ayuden a evitar que se produzcan estas ocupaciones que se sucedan con total impunidad», ha señalado Vendrell. Ante la necesidad de parar el fenómeno de la ocupación ilegal y con el fin de facilitar el desalojo inmediato de inmuebles ocupados, se han planteado diferentes nuevas propuestas de reformas legislativas que legan a la Ley de Propiedad Horizontal , al Código Civil, la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley reguladora de Bases del Régimen Local. “El deleite de allanamiento de morada es un delito continúo. Tenemos que empezar a reivindicar nuestros derechos. Ya va siendo hora de que todos reivindiquemos estos derechos y no caigamos en la demagogía ni nos estigmaticen por hacerlo”, ha afirmado Sánchez. Pastor ha insistido en que, pese a que se dan casos de empleo en fines de semana, vacacional e incluso ocupaciones que afectan a personas que están ingresadas en el hospital, «no buscamos una agravación de las penas, sino conseguir medidas prácticas y directas» . Y también ha hecho referencia a los graves efectos colaterales que provocan las ocupaciones ilegales de inmuebles: “los problemas que sufre la vecindad son numerosos: los pinchazos de agua y luz, suciedad, falta de respeto a las normas comunitarias, ruidos…”. «Hay debates que no son cómodos, pero que los responsables públicos tienen que afrontar», ha afirmado Boadella, quien ha anunciado que en 2021 hubo un aumento del 18% de ocupaciones ilegales y que «no está de acuerdo en que el derecho a la propiedad se ponga en riesgo y en entredicho constantemente”. Por este motivo, propone las siguientes modificaciones: modificación del art. 13 del Código Penal para facilitar al juez el rápido desempleo; modificación de la ley de Enjuiciamiento Criminal para facultar a las comunidades de propietarios a instar un procedimiento contra los ocupantes ilegales, y dotar de mayor capacitación a los ayuntamientos mediante el cambio de la ley reguladora de Bases del Régimen Local. La mesa redonda ha terminado con un mensaje en común: es necesario hacer una reflexión conjunta y recuperar las normas básicas del buen funcionamiento en la vivienda.   LEER LA NOTICIA COMPLETA EN «IDEALISTA NEWS»: https://www.idealista.com/news/inmobiliario/vivienda/2022/07/12/797907-los-administradores-de-fincas-piden-que-las-comunidades- de-propietarios-puedan?xts=582065&xtor=RSS-86

Los profesionales avisan que la mayoría de los edificios no están preparados para soportar el peso de estos elementos El Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona y Lleida alerta de los «graves peligros» de instalar piscinas hinchables en balcones o azoteas sin realizar un estudio previo de la estructura del edificio para evitar cualquier tipo de daño. En un comunicado, los profesionales recuerdan que por norma general, un edificio sostiene una presión de 200 kilos al metro cuadrado; esto equivale a una piscina con 20 centímetros de agua aproximadamente. «La mayoría de los edificios no están listos para soportar el peso de estos elementos», indican en un comunicado. Por ello, recomiendan consultar a un arquitecto para que evalúe los parámetros estructurales y así conocer si el suelo está preparado para aguantar el peso y, por tanto, garantizar la seguridad de las personas. Aunque no existe una ley que prohíbe el uso de las piscinas hinchables, recomiendan que antes de realizar cualquier instalación, se ponga en conocimiento de la comunidad de propietarios. Si la instalación está en la terraza o balcón de uso privado, el propietario no está obligado a comunicarlo pero si se coloca una piscina en la azotea comunitaria, sí será necesario tener el permiso de la comunidad. En este sentido, añaden que un metro cúbico de agua pesa unos 1.000 kilos y que «para que el peso de una piscina no sobrepase los 200 kilos en el metro cuadrado de sobrecarga que puede soportar la estructura del edificio, no debería tener más de 20 centímetros de altura. “La compra de piscinas portátiles se ha disparado desde la pandemia y este verano, (…) nosotros lo desaconsejamos y en caso de que se haga, no olvidar el sentido común y el respeto para el resto de vecinos, evitando ocasionar posibles molestias a la vecindad y posibles daños a las instalaciones de la finca”, señala en Lorenzo Viñas, gerente del Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida. LEER LA NOTICIA COMPLETA EN «NACIÓN DIGITAL»: https://www.naciodigital.cat/noticia/236656/greus-perills-piscines-inflables-balcons-terrats

Caja de Ingenieros y el Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona y de Lleida (CAFBL) han firmado un convenio de colaboración para promover e impulsar la rehabilitación energética de los edificios en Catalunya, según un comunicado conjunto este miércoles. Con este acuerdo, financiado dentro de los Fondos Next Generation, el Colegio tendrá como entidad colaboradora Caja de Ingenieros, que facilitará la financiación para las actuaciones energéticas en las comunidades de propietarios de ambas demarcaciones. El CAFBL ha definido como un «gran reto» la transición energética del parque de viviendas catalán debido a la antigüedad que tiene la mayoría del parque. LEER LA NOTICIA COMPLETA EN «ALDIA»: https://www.aldia.cat/espanya/noticia-caixa-denginyers-cafbl-signen-conveni-per-impulsar-rehabilitacio-energetica-20220706174507.html

Más de 7.300 denuncias por usurpación y allanamiento de morada, 42% del total de España Mataró, un paraíso ocupa En este antiguo banco de San Gervasio viven familias con menores procedentes de Rumanía y seguidas por trabajadores sociales de Barcelona. Ana Jiménez Cataluña tiene decenas de miles de viviendas vacías, la inmensa mayoría de grandes tenedoras, principalmente de entidades financieras y fondos de inversión, y de la Sareb, el banco malo. Éste es uno de los factores que aplanan la ocupación. En el 2021, siendo la segunda comunidad en población –por detrás de Andalucía y por delante de Madrid–, fue, a gran distancia de las demás, en la que se presentaron más denuncias por los delitos de usurpación y allanamiento de morada, 7.345, 42,3% del total de España, según el Ministerio del Interior. Un problema a la hora de analizar este fenómeno es el baile de cifras sobre el número de inmuebles deshabitados, Carlos Sala, secretario de Vivienda e Inclusión Social de la Generalitat, señala que en el registro creado en 2015 para inscribir las viviendas vacías o sin título habilitante procedentes de ejecuciones hipotecarias constan 34.856, pero que la situación es muy cambiante considera que no se ajustan en nada a la realidad las datos, de un lejano 2011, del INE, de 448.000 casas desocupadas. de grandes tenedores –personas físicas con más de 15 viviendas o jurídicas con más de diez– que llevaban más de dos años vacíos. Muchas datos y poca concreción. En todo caso, existe un cierto consenso en que son decenas de miles los inmuebles deshabitados. Este elevado volumen y la regulación catalana sobre el derecho a la vivienda, muy controvertida, son dos factores clave. La ley 1/2022, que modifica otras tres de 2007, 2015 y 2016 para afrontar la emergencia en el ámbito residencial, reconoce el derecho de los ocupantes de inmuebles de grandes propietarios a recibir una oferta de alquiler social que les permita quedarse en el inmueble si reúnen una serie de condiciones, entre ellas no haber rechazado ninguna opción de realojo y estar en riesgo de exclusión habitacional. La norma, critica Enrique Vendrell, presidente del Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida, “reconoce la ocupación como modo de acceso al derecho residencial, no hay nada equivalente en otras comunidades”. Desde una posición muy distinta, Santi Mas de Xaxàs, de la PAH, una de las entidades más activas en la defensa del derecho a la vivienda, viene positiva la ley porque “obliga a bancos y fondos vaciar a ofrecer alquileres sociales a familias vulnerables” . El sector inmobiliario considera injusto que la legislación catalana legitime las ocupaciones Sonia Lacalle, responsable de la asesoría jurídica de Cáritas Barcelona, ​​precisa que para hacer una fotografía más ajustada a la realidad cabría sumar los procedimientos civiles, por lo que intuye que el montante global de empleos podría rondar los 14.000. El importante número de inmuebles deshabitados desde el estallido de la burbuja inmobiliaria en el 2008; el elevado precio del alquiler; el gran déficit de vivienda pública, y el preocupante aumento del número de personas que sufren exclusión social en Cataluña –el 29,1%, un 12% más que en 2018 y un 6% por encima de la media de España, según el último informe Foessa– conforman un cóctel que aboca a no pocas familias al sinhogarismo. El déficit de alquiler social no justifica la ocupación, claman promotoras y API Pero aún hay más ingredientes que alimentan este peligroso combinación. La emergencia de grupos mafiosos que se apropian de pisos tanto de pequeños como de grandes propietarios y los ofrecen por 2.000 o 3.000 euros a ciudadanos con escasos recursos, sobre todo a inmigrantes sin papeles y por tanto sin capacidad para formalizar un alquiler, alimenta la usurpación de casas. También que cada vez haya menos naves disponibles en zonas como Poblenou, que alojaban a centenares de personas, ha desviado la ocupación a pisos y locales comerciales que han cesado su actividad, apunta Raúl Martínez, subdirector en los últimos años de la fundación Cepaim. Las entidades sociales exigen que las viviendas vacías de bancos, fondos y Sareb pasen a ser de alquiler social Otros motivos son “el aumento de los desahucios, estamos en el mismo nivel que en el último trimestre de 2019, y el incremento de las ejecuciones hipotecarias, que crecieron un 57% en el cuarto trimestre de 2021”, alerta Sonia Lacalle. Durante los tres primeros meses de este 2022 se ejecutaron 2.410 lanzamientos, el 21,8% de los realizados en el conjunto de España. “El 40% de las personas atendidas ahora por Cáritas –añade– viven en una habitación realquilada frente al 25% del 2017”. Vecinos concentrados durante el desahucio de una mujer con dos menores en Ciutat Vella Miquel González / Shooting Carme Trilla, presidenta de la fundación Hábitat 3, no es la única que reivindica “un pacto de Estado para dedicar los inmuebles vacíos, que son un caladero de ocupaciones, en alquiler social. Incluso a nosotros, que somos gestoras de vivienda social, nos ocupan pisos, se debe luchar contra la idea de que esto es correcto”. Trilla urge a aprobar una «normativa que permita sacar en dos días» a las personas que usurpan una casa. «Esto es la ley de la selva, las mafias, cuando entran en una propiedad, no distinguen si es de un gran tenedor o de un ciudadano», añade. «Debemos ser cuidadosos, hay quien quiere dar a entender, de manera interesada, que no puedes ir a comprar el pan porque cuando vuelves a casa te la han ocupado y esto es una falaz», advierte Santi Mas de Xaxàs. Este activista de la PAH precisa que la inmensa mayoría de casos son de inmuebles vacíos pertenecientes a grandes propietarios y que por ello están “plenamente legitimados, especialmente los que son o fueron de bancos rescatados con dinero público o que han terminado en manos de fondos buitre ”. Y, subraya: «El problema es la falta de un parque de vivienda pública, en la Unión Europea esto no ocurre, las personas que aquí ocupan tendrían

España y el resto de Europa, dos formas distintas de entender la okupación IMA SANCHÍS Enrique Vendrell es el Presidente del Consejo de Colegios de Administradores de Fincas de Cataluña, Vicepresidente 1º del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España y profesor de la Facultad de Derecho ESADE. Está aquí para hablarnos del fenómeno de la ocupación, preocupante fundamentalmente en Cataluña, donde se registran el 50% de las ocupaciones de toda España, el 75% de éstas en Barcelona, ​​un fenómeno que no deja de crecer. Se trata de un delito penal según el Convenio Europeo de Derechos Humanos. «Estamos ante una situación insostenible», argumenta Vendrell, «donde, además, no olvidemos, se promueve la creación de organizaciones criminales y mafias que se aprovechen de las personas y familias gracias a la laxitud y lentitud de las reacciones policiales y judiciales». La ocupación ilegal se resuelve de forma inmediata en el resto de los países de nuestro entorno. Francia equipara la ocupación ilegal a la figura del allanamiento de morada y es castigada con un año de prisión y multa de 15.000 euros, en Italia también la expulsión de los ocupantes es inmediata y está castigada con prisión de dos años y multas, lo mismo ocurre en el Reino Unido o en Alemania, donde las casas son desalojadas 24 horas después de conocerse y denunciar la ocupación por parte de los propietarios. En los Países Bajos basta con denunciar ante la Policía, que, una vez verificado el título de propiedad, puede personarse de inmediato con una autorización judicial para despejar a los okupas. En España nada de todo esto sirve, el proceso judicial para que un propietario recupere su vivienda es de unos tres años. «Se dan casos en los que durante estos tres años los okupas viven en la casa de una familia mientras ésta tiene que vivir en un hostal mientras paga todos los gastos de consumo de agua y electricidad de los okupas». VER LA NOTICIA COMPLETA EN «LA VANGUARDIA – LA CONTRA»: https://www.lavanguardia.com/lacontra/20220529/8298567/barcelona-administracion-avalan-abiertamente-okupacion.html

Los fondos Next Generation destinarán 480 millones de euros a mejorar la eficiencia de los edificios de Catalunya La Oficina Técnica de Rehabilitación de Cataluña y los administradores de fincas jugarán un papel fundamental La rehabilitación energética tiene una gran cantidad de ventajas / CEDIDA / GENA MELÉNDREZ La eficiencia energética es uno de los puntos débiles del parque inmobiliario de Cataluña . Principalmente porque más del 80% de los inmuebles ya están obsoletos . Muchos fueron construidos antes de que existiera una normativa de aislamiento térmico que llegó en la década de los 80 y unos años antes de 2006, cuando se puso en marcha una normativa de ahorro energético. Sólo un dato: después del transporte, las edificaciones suponen el 40% del consumo energético de la Unión Europea . La rehabilitación , pues, es la única medida viable para darle la vuelta a esta situación y solucionar un problema que impacta en la capacidad económica de los ciudadanos pero, también, en materia de sostenibilidad. Para paliar este problema, los fondos Europeos Next Generation destinarán a Cataluña, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia , 480 millones de euros que se repartirán en 5 programas . Uno de ellos servirá para mejorar los barrios , otro para la apertura de oficinas de rehabilitación , otro en edificios , un cuarto para viviendas y el último para la elaboración del libro del edificio existente . El objetivo es rehabilitar un total de 1.500 edificios (que incluyen unas 22.750 viviendas, aproximadamente) antes de 2023 y unas 65.000 antes de finales del año 2026 . ¿QUÉ BENEFICIOS APORTA LA REHABILITACIÓN ENERGÉTICA? La rehabilitación energética del edificio aporta una serie de beneficios que resultan atractivos y por los que vale la pena apostar: Ahorro en la factura de la luz: Este beneficio repercute directamente en el bolsillo. Una buena eficiencia energética reduce el consumo de energía utilizado para calentar o enfriar el hogar y, por tanto, la factura energética se reduce. Confort y regulación térmica: El aislamiento térmico es una de las claves para conseguir mayor eficiencia energética. Un buen aislamiento mantiene la temperatura adecuada tanto en invierno como en verano y mejora el confort del hogar. Combatir el cambio climático: La reducción del consumo energético también tiene un impacto positivo en la impronta de carbono que generan los hogares. Deducciones fiscales: Entre el 6 de octubre de 2021 y hasta el 31 de diciembre de 2023, los propietarios de viviendas que se hayan sometido a un proceso de rehabilitación energética podrán deducirse hasta un 60% de lo que pagan de las obras si cumplen unos requisitos. El papel de los Administradores de Fincas Los Administradores de Fincas jugarán un papel muy importante en el impulso de los procesos de rehabilitación energética que se deriven del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El Consejo de Colegios Territoriales de Administradores de Fincas de Cataluña y la Agencia de Vivienda de Cataluña (AHC) han llegado a un acuerdo en el que el primero ha creado la Oficina Técnica de Rehabilitación de Cataluña (OTRC) en la sede del Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona – Lleida (CAFBL). El principal objetivo de esta oficina, que servirá de nexo entre la administración pública y la sociedad , será coordinar, informar y facilitar la gestión de las ayudas y la prestación de servicios que contribuyan a implementar y gestionar integralmente proyectos de rehabilitación energética en ámbito residencial. Se destinarán 480 millones de los Fondos Next Generation a la rehabilitación energética/ CEDIDA / ALBERT GONZÁLEZ   «Hemos apostado por los administradores de fincas como prescriptores que deben hacer posible esta rehabilitación energética. Será importante que los ciudadanos entiendan la importancia de este proyecto, convencerles de los beneficios y facilitarles el camino para que puedan acogerse a las subvenciones de los Next Generation», aseguró Carles Sala i Roca, secretario de Vivienda e Inclusión Social , durante la presentación de la OTRC. REQUISITOS PARA OBTENER LAS SUBVENCIONES Para poder obtener las subvenciones de los Next Generation para la rehabilitación energética de edificios se deben cumplir algunos requisitos . más de: Si con las obras se reduce un 30% del consumo de energía no renovable Si se reduce un 25% en la zona climática C o un 35% en zonas D y E en la demanda energética anual global de calefacción y refrigeración. Si en los últimos 4 años se han realizado intervenciones de mejora en la eficiencia energética en las que se pueda acreditar el segundo punto. En caso de no cumplir este requisito, se podrá sumar esta actuación con la reducción que podría conseguirse en una nueva. Los edificios con protección histórica y arquitectónica demostrable no tendrán que cumplir la reducción de demanda siempre que presenten los puntos en los que están limitados. ¿Cómo funciona la OTRC con los colegiados? Uno de los papeles fundamentales que jugará la OTRC será el apoyo a los Administradores de Fincas para que conozcan todo lo que hace referencia a estas ayudas. Esta función es fruto de uno de los requisitos del acuerdo firmado con AHC. ¿Qué recursos se han puesto en manos de los colegiados? Formación : En estas formaciones telemáticas y presenciales se explicarán las condiciones y los requisitos técnicos y jurídicos de la subvención, las medidas de excepción fiscal aplicables, las condiciones de crédito que ofrecen las entidades financieras, el protocolo de actuación documental administrativo y las modificaciones del Libro V del Código Civil de Catalunya. Asesoramiento : Este asesoramiento se desarrollará con la asesoría de arquitectura del CAFBL y se atenderá cualquier consulta de los colegiados con cita previa. Además, un técnico externo les ofrecerá una orientación de mejora energética previa al proceso. Acompañamiento : Habrá una atención y seguimiento personalizado a los colegiados en el control y la corrección de enmiendas y errores documentales. También se facilitará la operativa económica y administrativa de la retribución de los derechos a los AFC. Difusión de las condiciones del programa de subvención a la rehabilitación: La OTRC también llevará

Denuncian que las políticas de vivienda son un «fracaso total» y dejan «sin amparo» a los afectados   El Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida ha exigido «medidas legislativas urgentes» para frenar la ocupación de viviendas. En un comunicado emitido este lunes, los propietarios han denunciado que las políticas de vivienda son «fracaso total», y que promueven el empleo «sin amparo a los afectados». Según ha afirmado la entidad, en Catalunya se registran el 50 por ciento de las ocupaciones del conjunto del Estado, y el 75 por ciento de éstas tendrían lugar en la ciudad de Barcelona. En este sentido, los administradores apuntan a que la capital catalana promueve regulaciones «permisivas» que «avalan el empleo como forma legítima de posesión de una vivienda». Según indican, las políticas de vivienda de la ciudad de Barcelona son “laxas”, y están asentadas sobre la base de un “fallo interpretación del derecho a una vivienda digna”. Desde el Colegio insisten en que la ocupación de viviendas es un «grave problema social y de seguridad» que provoca «peleas y amenazas» entre los ocupas y los vecinos. Con esto, la entidad ha subrayado la «sensación de impotencia e impunidad». «Es incomprensible que la ciudadanía no encuentre una respuesta eficaz ni penal ni civil que la proteja con eficacia de estas actuaciones delictivas», ha expresado el presidente del Colegio, Enrique Vendrell. Paralelamente, los propietarios también han señalado la «indiferencia» de la mayoría de grupos políticos. «Su inacción está provocando graves consecuencias económicas, sociales y psicológicas», han lamentado. Con ello, desde el Colegio piden un “cambio legislativo” que permita una acción judicial, y que se adopten “medidas efectivas” que protejan a los afectados. Los administradores pusieron de ejemplo de regulaciones las adoptadas por la Comunidad de Madrid, donde se permite realizar juicios rápidos por delitos leves de ocupación de viviendas.   LEER LA NOTICIA COMPLETA A «MÁS ECONOMÍA»: https://www.meseconomia.cat/els-administradors-de-finques-de-barcelona-i-lleida-exigeixen-medidas-legislativas-urgentes-para-frenar-locupacio/

Organizado, conjuntamente por la Abogacía de Málaga, el Colegio de la Abogacía de Barcelona y el Colegio de Abogados de Mataró, se celebra en Málaga los días 19 y 20 de mayo. En esta primera jornada se han sucedido cinco mesas redondas en las que han participado expertos magistrados, abogados, fiscales o alcaldes que han abordado la problemática de la ocupación ilegal de inmuebles en España. La ministra de Justicia, Pilar Llop , ha presidido el acto de inauguración del I Congreso de Empleo Ilegal que la Abogacía de Málaga, junto al Colegio de la Abogacía de Barcelona y el Colegio de Abogados de Mataró han organizado, conjuntamente, los días 19 y 20 de mayo, en la malagueña sede colegial. Además de la ministra Lobo, el acto inaugural ha contado con la participación del presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado Escaño; la consejera de Fomento de la Junta de Andalucía, María Francisca Carazo; la presidenta del Consejo General Abogacía Española, Victoria Ortega Benito; el decano de la Abogacía de Málaga, Salvador González Martín; el decano del Colegio de la Abogacía de Barcelona, ​​Jesús M. Sánchez García; y la decana del Colegio de Abogados de Mataró, María Pastor Santana. En dicho acto, han estado también presentes distintos expertos y autoridades como el Secretario de Estado de Justicia, Antonio Julián Rodríguez; el consejero de Fomento de Castilla-La Mancha, Ignacio Hernando Serrano; el magistrado Antonio Alcalá Navarro; la directora de Asesoría Jurídica y Cumplimiento normativo de la Fundación Unicaja, Isabel Fernández Machuca, así como representantes políticos, alcaldes, fuerzas de seguridad del estado, etc. Durante la jornada de hoy, han tenido lugar cinco mesas redondas conformadas por profesionales y expertos de distintas áreas relacionadas con la materia objeto de este congreso, con el claro objetivo de lograr un cambio normativo frente a la ocupación ilegal o delincuencial de inmuebles. Tras la sesión inaugural, la jornada ha continuado con una proyección audiovisual, que ha servido para contextualizar la situación actual de la ocupación ilegal de bienes inmuebles, preámbulo de la primera mesa redonda “El derecho a la vivienda vs. derecho a la propiedad privada: principios constitucionales”. Dicha mesa ha contado con la intervención de Antonio Alcalá Navarro, ex presidente de la Audiencia Provincial de Málaga; Vicente Pérez Daudí, Catedrático de Derecho Processal de la Universidad de Barcelona; y Sergio Nasarre Aznar, catedrático de Derecho Civil de la Universidad Rovira i Virgili y doctor en Economía Inmobiliaria por la Universidad de Cambridge. En ella se han abordado cuestiones tan interesantes como las relativas a los procedimientos, los colectivos vulnerables afectados por los desalojos “cuál es su realidad”, como ha comentado Vicente Pérez Daudí; los ámbitos competenciales, la jurisprudencia, el proyecto de ley de la vivienda, la filosofía del derecho, la crisis del sistema, o el derecho estatal e individual. «Los principios de derecho privado se están perdiendo» ha afirmado el magistrado Alcalá Navarro También se ha hablado de la vivienda social que, en palabras de Sergio Nasarre, «solo existe cuando la economía va muy bien pero es cuando nadie la quiere», añadiendo que “el problema de la vivienda tiene dos caras. Los empleadores que recurren a esta vía por falta de recursos y las mafias organizadas. Desde 2018 ha habido un incremento constante de la ocupación en nuestro país, en 4 años un 40%”. Sergio Nasarre ha hablado del término «robinprudencia», en alusión a la justicia social que defendía Robin Hood. La segunda mesa: Problemas prácticos de la ocupación: comunidades de propietarios, impacto social y posibles actuaciones de los Ayuntamientos. Vulnerabilidad y ejecución”, dividida en distintas temáticas, ha contado con la participación de David Bote Paz, alcalde de Mataró, quien ha hablado sobre prevención y lucha frente a la ocupación desde el Ayuntamiento, denunciando la situación que viven los vecinos de Mataró y proponiendo la inversión en rehabilitación. Asimismo, ha informado de que «en Mataró se ha creado la Unidad específica de la policía local de convivencia y civismo, que ha actuado en más de 2000 casos». Relevante también ha sido el testimonio de Francisco Alonso Verjano Roncero, presidente de la Asociación de vecinos de la Llantia de Mataró, quien ha aseverado que «nos quedamos sin vivienda en Mataró». Añadiendo que se promete que se va a hacer vivienda social pero no se cumple. Para terminar con el Impacto del Empleo en la convivencia vecinal, defendido por Julio Naveira Manteiga, abogado y decano emérito del Colegio de Abogados de Mataró. «España es el único país de Europa que no actúa dentro de las 24/48 horas posteriores a la ocupación», ha afirmado. Enrique Vendrell, presidente Colegios de Administradores de Fincas de Barcelona-Lleida, ha hablado sobre que «las comunidades de propietarios son las grandes damnificadas de la ocupación ilegal». La ley no las dota de medios. El recurso al arte. 7 Ley de Propiedad Horizontal y el concepto de actividad molesta no es una vía directa contra la ocupación. También ha participado Antonio Navarro Selfa, decano emérito del Colegio de Abogados de Cartagena. En tercer lugar, se ha celebrado la mesa “Tratamiento del Empleo ilegal de inmuebles en la jurisdicción civil: Acciones del propietario y del ocupante”, en la que han participado Ignacio Hernando Serrano, consejero de Fomento de Castilla-La Mancha, y José Javier Díez Núñez. magistrado de laAudiencia provincial de Málaga. Durante la misma, Cristina Vallejo Ros, abogada y coordinadora de Formación ICAB, ha desarrollado una análisis de la Ley 5/2018 de enjuiciamiento civil, en relación a la ocupación ilegal de viviendas. Como punto relevante de su intervención, el consejero de Fomento de Castilla-La Mancha ha presentado la Ley de Medidas Integrales para la convivencia y contra la ocupación ilegal de viviendas de Castilla-La Mancha. Afirmando que el Gobierno está ya trabajando sobre un texto base. Por su parte, el magistrado Díez Núñez ha transmitido que “sólo podemos combatir la ocupación ilegal con los instrumentos que nos proporciona el ordenamiento jurídico: la ley 5/2018, que es excesivamente garantista con los derechos del ocupante ilegal, dejando desprotegidos a los propietarios ”. Tras una pausa, la

Denuncian que las políticas de vivienda son un «fracaso total» y dejan «sin amparo» a los afectados El Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona y Lleida ha exigido «medidas legislativas urgentes» para frenar la ocupación de viviendas. En un comunicado, los propietarios han denunciado que las políticas de vivienda son «fracaso total», y que promueven el empleo «sin amparo a los afectados». Según ha afirmado la entidad, en Catalunya se registran el 50 por ciento de las ocupaciones del conjunto del Estado, y el 75 por ciento de éstas tendrían lugar en la ciudad de Barcelona. En este sentido, los administradores apuntan a que la capital catalana promueve regulaciones «permisivas» que «avalan el empleo como forma legítima de posesión de una vivienda». Según indican, las políticas de vivienda son «laxas», y están asentadas sobre la base de un «fallo interpretación del derecho a una vivienda digna». Grave problema social Desde el Colegio insisten en que la ocupación de viviendas es un «grave problema social y de seguridad» que provoca «peleas y amenazas» entre los ocupas y los vecinos. Con ello, la entidad ha subrayado la «sensación de impotencia e impunidad». «Es incomprensible que la ciudadanía no encuentre una respuesta eficaz ni penal ni civil que la proteja con eficacia de estas actuaciones delictivas», expresó el presidente del Colegio, Enrique Vendrell. Paralelamente, los propietarios también han señalado la «indiferencia» de la mayoría grupos políticos . «Su inacción está provocando graves consecuencias económicas, sociales y psicológicas», lamentaron. Con ello, desde el Colegio piden un » cambio legislativo» que permita una acción judicial, y que se adopten «medidas efectivas» que protejan a los afectados. Los administradores han puesto de ejemplo de regulaciones las adoptadas por la Comunidad de Madrid. , donde se permite realizar juicios rápidos por delitos leves de ocupación de viviendas. LEER LA NOTICIA COMPLETA EN «CAPGRÓS»: https://www.capgros.com/actualitat/mataro/administradors-finques-exigeixen-mesures-frenar-ocupacions_806882_102.html