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El ensordecedor silencio de las persianas

El Ayuntamiento de Barcelona compra locales vacíos para actuar directamente en el mercado y revitalizar la actividad de barrios Participantes en la gincana de emprendedores de noviembre en Blanes que quiere reactivar los 130 locales que están vacíos en la villa. ARCIVO . Existe una dualidad entre los locales bien ubicados y los de calles secundarias FRANCESC MUÑOZ DORADO – BARCELONA Los locales vacíos –un fenómeno que se ha agravado con la pandemia- se han convertido en un asunto prioritario para los ayuntamientos catalanes, que, en algunos casos, han puesto en marcha iniciativas para revitalizarlos, llegando al extremo de Barcelona de intervenir directamente en el mercado inmobiliario con la compra de activos para realizar una bolsa pública, en un proceso similar al de la vivienda social. Y es que el consistorio barcelonés piensa que, a la transformación del comercio minorista por el incremento de las tiendas online, hay que añadir el fenómeno local de “gentrificación” de algunas zonas de la ciudad, “que no sólo expulsa a las familias que viven, sino también aquellas actividades que no pueden generar dinero suficiente para pagar unos alquileres al alza”, según ha manifestado Jordi Martí, concejal de presupuestos. La compra de 50 locales en concurso público, operación calificada de “innovadora e histórica” por el primer teniente de alcaldía, Jaume Collboni, en realidad es un grano de arena en el mar del problema que está cifrado en 5.323 locales vacíos. un stock total de más de 80.000-, que representarían una superficie de 1,5 millones de metros cuadrados, según un cálculo realizado por el propio Ayuntamiento a partir de el análisis de los portales inmobiliarios. Ahora, estos espacios serán “activados”, según la terminología municipal, lo que significa que se les encontrará inquilino, tarea en la que participa la agencia de promoción económica Barcelona Activa, seleccionando proyectos emprendedores: “El precio del alquiler y la duración del contrato variarán en función de cada caso”, ha adelantado Collboni. En cualquier caso, el negocio debe generar ingresos y poder pagar una renta mensual que estará por debajo de lo que marca el mercado. El local es la palanca para dinamizar la economía local: “Tener las persianas subidas significa actividad económica, pero también seguridad, cohesión y favorecer la compra de proximidad, es decir, la pequeña economía de la ciudad, que es la gran economía porque emplea a más del 80% de la gente”, según el primer teniente de alcaldía. Pero la creación de una gestora inmobiliaria municipal en Barcelona ha sido recibida como una pésima noticia por algunos de los profesionales que se dedican a buscar locales comerciales para inversores, como Miquel Laborde, de Laborde Marcet de Barcelona. “Hay otras formas de dinamizar a los locales que no significan derrochar dinero público comprándolos, sin, además, tener ni idea de dónde es más estratégico hacerlo y sin ninguna lógica de mercado; lo que se ha hecho sólo beneficia a los propietarios de plantas bajas vacías sin alternativa que se han deshecho”, dice Laborde. El socio de la firma especializada en locales en zonas prime explica que, contrariamente a lo que se puede pensar, estos activos inmobiliarios siguen siendo muy preciados por los inversores, si tienen un buen inquilino, ahora bien, “la clave es la precisión sobre qué y dónde comprar”. Las grandes calles del centro son un valor seguro pero también las vías transitadas de los barrios. Una realidad completamente distinta son las plantas bajas de calles secundarias, que tienen difícil reconversión: “Acabarán siendo vivienda”, prevé Laborde. Pero esto es precisamente lo que quiere evitar el Ayuntamiento, que vería bien que actividades profesionales que ahora ocupan pisos bajaran a pie de calle, como en los últimos años han hecho dentistas, abogados, gestores o arquitectos. ¡La campaña municipal Persianas arriba! , de la que forma parte la compra de locales, también ha buscado la complicidad de algunos colegios profesionales para crear una bolsa de alquiler público, entre ellos el de Administradores de Fincas de Barcelona-Lleida: “Nosotros aportamos producto, clientes y hacemos la tasación”, explica Lorenzo Viñas, gerente de la entidad. La clave es que el precio esté por debajo del mercado y no es tarea fácil porque en su fijación intervienen muchos factores: “El precio varía mucho en función de la zona y de las características del local pero también de factores como si es en el chaflán o del establecimiento que esté al lado”, indica Ariana Feriche, vicepresidenta del Colegio, que lo resume así: “Ubicación, ubicación y ubicación.” Así, las rentas pueden oscilar entre los 8 y 12 euros el metro cuadrado y alcanzar los 25-30 euros, los locales de mayor calidad, respondiendo a la dualidad del mercado. Los propietarios suelen ser pequeños tenedores, y no es infrecuente encontrar antiguos comerciantes jubilados, que alquilan el local. Feriche explica que el bajón de persianas es un fenómeno que se dejó sentir sobre todo a partir del 2008 y que la crisis derivada de la cóvido ha acentuado. LEER LA NOTICIA COMPLETA EN «EL ECONÓMICO»: https://www.leconomic.cat/article/2084873-l-ensordidor-silenci-de-les-persianes.html

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La vivienda, en regulación

El 18 de septiembre de 2020 se aprobó en Cataluña la ley de contención de precios de alquiler. Un proyecto impulsado por el Govern con los votos a favor de JxCat, ERC, En Comú Podem y la CUP. La propuesta pretendía regularizar una situación delicada, que se agravó con la pandemia. Enfocada a las áreas con mercado de vivienda tenso -zonas que no garantizan tener viviendas de alquiler a un precio accesible- la norma ya empieza a provocar los primeros cambios en el mercado inmobiliario. En Cataluña se ha producido una bajada del 5,5% del precio del alquiler en los municipios regulados por la ley. Una de las cuestiones más discutidas por parte de los agentes implicados es averiguar si las variaciones en el precio de las rentas en estos últimos meses se deben o no a la Ley 11/2020. El Ayuntamiento de Barcelona considera que la ley ha entrado en vigor «en un momento de crisis y excepcional». Según Lorenzo Viñas, gerente del Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona, ​​la reducción de precios «ha sido generada en todo el conjunto del país, no ha sido motivada por la ley». Noticia completa: https://www.diaridebarcelona.cat/w/l-habitatge-en-regulaci %C3% B3?redirect=%2F

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Cemcaf firma un convenio con Gemme para promover la mediación en el sector inmobiliario

El Consejo de Colegios de Administradores de Fincas de Cataluña (Cemcaf) y el Grupo Europeo de Magistrados para la Mediación (Gemme) han firmado un convenio de colaboración para promover la mediación en el ámbito civil y mercantil y, específicamente, en el sector inmobiliario. En un comunicado este martes, Cemcaf explica que el acuerdo contempla fomentar y difundir el uso de la mediación para resolver conflictos y divergencias en las relaciones entre vecinos y de las relaciones arrendatarias. Ambas … https://www.aldia.cat/espanya/noticia-cemcaf-signa-conveni-amb-gemme-per-promoure-mediacio-sector-immobiliari-20211123135837.html

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«Debemos informar y motivar muy bien a las comunidades de propietarios de este nuevo proyecto, muy desconocido» Víctor Tapiol, vocal del CAFBL

La llegada de los fondos europeos para la rehabilitación energética de los edificios residenciales supone una “oportunidad histórica” para conseguir que las viviendas sean medioambiental y económicamente más sostenibles. Así lo ha destacado el director de la Agencia de la Vivienda de Cataluña, Jaume Fornt, en la sesión de Diálogos en La Vanguardia que con la colaboración de BBVA ha reunido de forma telemática esta semana a diferentes agentes públicos y privados que coordinarán esfuerzos para que estas ayudas puedan hacer más sostenibles y eficientes a los edificios de viviendas catalanas. La publicación de las convocatorias para acceder a los fondos europeos, revela Fornt, será «inmediata», ya que está prevista para las próximas semanas, «entre diciembre y enero» concretamente. Para analizar cómo acceder a ellos, además del director de la Agencia de la Vivienda de Cataluña, Jaume Fornt, han participado en el debate la responsable de la oficina NGEU en BBVA, Ana Climente; el administrador de fincas y vocal de la junta de gobierno del Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida, Víctor Tapiol, y el agente rehabilitadora y gerente de Asecener y Grup BC, Belén López.   LEER LA NOTICIA COMPLETA EN «LA VANGUARDIA»: https://www.lavanguardia.com/economia/20211123/7878964/fondos-impulsan-rehabilitacion-energetica-viviendas-brl.html

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La oferta de pisos de alquiler cae debido a la ley de regulación de precios

El sector de la vivienda está sufriendo una bajada de la oferta de los pisos de alquiler, lo que provoca que la gran demanda que existe en Tarragona no pueda cubrirse con tanta facilidad como en otros tiempos. Esta falta de demanda vendría provocada a partir de la aplicación de la nueva ley de regulación del precio de los alquileres. Según declara en el Diari Més Fabian Huguet, presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Tarragona, «hay gente que no quiere alquilar dependiendo de qué precio». Al parecer, la Ley que entró en vigor hace más de un año y la que pretendía regular los precios del alquiler de la vivienda está provocando un efecto contradictorio, y es que muchos propietarios están dando marcha atrás y dejan de alquilar para poner sus inmuebles a la venta. «Esta crisis es causada por un cúmulo de cosas, como inseguridad jurídica, o la regularización de los precios», remarcaba Huguet. Noticia completa

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Los inmobiliarios cargan contra la ley catalana antidesahucios

Todas las asociaciones profesionales del sector inmobiliario en Catalunya emitieron ayer un documento conjunto contra la nueva ley antidesahucios que tramita en el Parlament, por la obligación que impone a los propietarios de más de 10 viviendas de alquilar a precios muy bajos, como alquiler social , a las personas sin recursos que no paguen la renta.   LEER LA NOTICIA COMPLETA EN «LA VANGUARDIA»: https://www.lavanguardia.com/economia/20211109/7848189/inmobiliarios-cargan-ley-catalana-antidesahucios.html

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La mascarilla en las comunidades de vecinos: ¿todavía es obligatoria en el ascensor, en el portal o en la escalera?

Durante la pandemia ha habido bastantes conflictos entre propietarios   La normativa anticovido va cambiando constantemente a medida que evoluciona la pandemia y hay mucha gente que no sabe qué hacer y cuáles son las obligaciones en espacios especiales, como son las comunidades de vecinos . Ahora que afloja la pandemia y que la mayoría de la población está vacunada , en muchas escaleras de vecinos hay personas que circulan sin mascarilla ni tener en cuenta las medidas básicas contra el cóvido-19. Pero… ¿están obligados a ponerse la mascarilla ya mantener la distancia en una zona privada como es una escalera de vecinos? Las medidas son las mismas Durante la pandemia ha habido bastantes conflictos entre propietarios por interpretaciones contrapuestas de lo que debe hacerse y lo que no. Por eso hemos consultado a Alberto Izquierdo , secretario del Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida (CAFBL), para sacar el entramado. Izquierdo deja claro que «sí, la mascarilla es obligatoria porque es un espacio cerrado y, en aquellos espacios en los que no podemos mantener la distancia de un metro y medio, debemos aplicar las medidas preventivas que determina la Generalitat». El experto añade que “en la última flexibilización del 25 de junio dice expresamente que sigue siendo obligatorio el uso de la mascarilla en los espacios cerrados de uso público. De forma análoga, entendemos que el vestíbulo de la comunidad es un espacio cerrado y es de uso privado, pero de acceso público”. Para más información: http://ow.ly/5Qgn50GeZJK  

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El sector inmobiliario plantea 12 propuestas de acción en materia de vivienda

La Asociación de Promotores y Constructores de Edificios de Cataluña, junto con el Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida, el Consejo de Colegios de Administradores de Fincas de Cataluña, el Consejo General de Cámaras de la Propiedad Urbana de Cataluña, el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Barcelona y provincia, la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Cataluña y el Consejo de Colegios oficiales de Agentes de la Propiedad inmobiliaria de Catalunya han elaborado un documento que contiene 12 propuestas de acción de Gobierno en materia de políticas públicas de vivienda. El documento, enviado a todas las fuerzas políticas catalanas con representación parlamentaria, responde al espíritu de satisfacer el derecho a la vivienda, uno de los principales problemas no resuelto adecuadamente y que precisa de la concertación de todas las partes actoras para encontrar las mejores y más diversas soluciones. Cabe destacar que la mayoría de las medidas aprobadas durante esta última década, tanto por parte del Estado como de las comunidades autónomas, conllevan obligaciones de gran impacto para los privados, quienes sienten que acaban asumiendo la responsabilidad de la ejecución de políticas asistenciales propias de la Administración. De ahí que las 12 propuestas de acción planteadas a los grupos políticos que configuran el Parlament de Catalunya van en la dirección de corregir esta situación. La primera actuación va encaminada a crear y asegurar un marco regulador estable que ofrezca seguridad jurídica a todas las partes, permitiendo al mismo tiempo la celebración de las actuaciones de inversión en el sector de la construcción residencial de forma sostenible. La segunda tiene el foco en las preasignaciones presupuestarias para las políticas de vivienda, que deberían incrementar su peso en el presupuesto catalán hasta el 1,5% del PIB. En definitiva, se pretende que a largo plazo se garantice un incremento suficiente de los recursos de la Generalidad en materia de vivienda. La tercera acción quiere impulsar un acuerdo de colaboración público-privado para el relanzamiento sostenible de la promoción de vivienda nueva. Se plantea un acuerdo plurianual entre el sector y la Administración, que establezca los canales y las medidas de colaboración para la promoción de vivienda a precio asequible y social. En este sentido, sería absolutamente necesario conseguir ciclos de promoción de hasta 25.000 viviendas al año de diversa tipología, libres y protegidas, en régimen de acceso en alquiler, venta, derecho de superficie y cesión de uso o copropiedad. Alcanzar esta cifra de viviendas significaría la generación de más de 60.000 puestos de trabajo y una recaudación fiscal para el conjunto de las Administraciones superior a los 1.500 millones de euros. Por lo que respecta a la cuarta acción se centra en la movilización del suelo reservado destinado a vivienda asequible y social, evaluando cuáles son las actuaciones más eficientes para acelerar la creación de una numerosa oferta de este tipo de vivienda. La quinta actuación plantea que la Administración desarrolle instrumentos no coercitivos para avanzar hacia el derecho subjetivo de la vivienda, en línea con lo que se implantó en Francia o País Vasco. Desde la acción pública -sin interferir ni ir en detrimento de los derechos de los titulares del parque de viviendas privada- deberían buscarse fórmulas y recursos suficientes para proporcionar el techo adecuado en aquellos colectivos de la población con mayores dificultades para acceder a una vivienda. Las líneas de soporte de acceso a una vivienda nueva configurarían la sexta propuesta de acción, que no sólo iría a remolque de lo que pueda establecer el Plan de Vivienda Estatal, sino de disponer de líneas propias con cargo a los presupuestos de la Generalitat de Cataluña. Los fondos europeos Next Generation EU son una oportunidad para todo el sector -y también para el ciudadano- para reactivar la construcción residencial ante la incertidumbre del impacto que comporta el escenario post-Covid sobre la economía Precisamente, la séptima acción sería facilitar la aplicación de estos fondos en el ámbito de la construcción residencial, siguiéndole la octava actuación, fundamentada en la adopción de medidas de simplificación administrativa y mejora de la agilidad en trámites y otros aspectos por parte de la Administración. La acción novena pretende modificar las imposiciones a los propietarios realizadas por la Ley 24/2015 y los Decretos ley 17/2019 y 1/2020. En este sentido, se propone abrir un diálogo con el Gobierno sobre la definición de gran horquilla, el alquiler social obligatorio, la viabilidad de las actuaciones de promoción urbanística y la protección ante el ocupación ilegal de viviendas. La fórmula elegida por el ejecutivo catalán para intentar contener las rentas de alquiler es considerada contraproducente para la generación del propio alquiler. interpretación de la ley afecta a los contratos firmados entre los años 1995 y 2015, suponiendo un grave perjuicio para todos aquellos propietarios que históricamente han puesto viviendas de su titularidad en el mercado de alquiler, aumentando objetivamente la posibilidad de que éstas se retiren de la oferta de mercado. Además, la ley realiza una inadecuada aplicación del índice de referencia, ignorando aspectos esenciales que tienen un peso objetivo en la valoración a realizarse del precio de alquiler. Hay que añadir que el impulso por parte del Gobierno de una normativa de alquiler catalana comportará una nueva confrontación competencial, considerando el acuerdo firmado en 2018 entre el Estado y la Generalitat, donde se explica que ambos gobiernos coinciden en que cualquier intento de regulación de los arrendamientos urbanos es competencia del Estado. Las actuaciones décima y undécima contemplan la revocación de estas normativas por los efectos adversos sobre el alquiler y destacar que la estabilidad y la seguridad jurídica en las normas que regulan los contratos de arrendamiento deben tener presente que el objetivo es facilitar el derecho básico del acceso a la vivienda, respondiendo equilibradamente a las necesidades de propietarios y arrendatarios. La acción duodécima es reclamar a los grupos parlamentarios -y muy especialmente al Gobierno de la Generalidad de Cataluña-, que en esta legislatura se ponga en marcha una nueva política de concertación en materia del derecho a la vivienda, mediante la promoción de un

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El sector inmobiliario reclama una reestructuración del alquiler social obligatorio

El sector inmobiliario exige cambios «estructurales» en materia de vivienda para sustituir la imposición «forzosa» del alquiler social obligatorio con medidas alternativas y efectivas que devuelvan la responsabilidad de la protección de las personas vulnerables a la administración pública en vez del sector privado . Emergencia Entidades del sector inmobiliario catalán han comparecido esta mañana en el Parlament con motivo de la ponencia sobre la Proposición de ley de ampliación de las medidas urgentes para hacer frente a la emergencia de la vivienda. Los representantes del sector inmobiliario han valorado negativamente la imposición de este requerimiento al considerar no sólo que incumple el derecho a la propiedad, sino que es una medida inefectiva y que además favorece el empleo ilegal. Por el contrario, reclamaron medidas «estructurales» para aumentar la oferta de vivienda en vez de incidir directamente en el precio. También han estado presentes miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y del grupo que promovió la iniciativa legislativa popular (ILP) de la Ley 24/2015, que impuso la obligación de un alquiler social. Por su parte, calificaron la normativa de una propuesta «de mínimos» y llamó a los grupos parlamentarios a legislar para acabar con los desahucios ya apoyar las medidas «de choque» ante una situación «crítica». Ilegal El presidente del Consejo de Colegios de Administradores de Fincas de Cataluña, Enrique Vendrell, ha asegurado que el alquiler social obligatorio, el cual no debe confundirse con el alquiler social, comporta en muchos casos ingresos inferiores a cien euros al más para los propietarios, una disminución entre el 70% y el 90% respecto a la aplicación del índice de referencia. Vendrell afirmó que esta situación plantea un «importante conflicto legal» por la vulneración del derecho a la propiedad y recordó que la jurisprudencia establecida es «muy clara» sobre la necesidad de «proporcionalidad» en las medidas de la administración. En su opinión, el alquiler social obligatorio desvía la resolución del problema de la vivienda al sector privado, cuando debería ser responsabilidad de la administración pública. Es decir, en vez de destinar fondos a crear vivienda social para las personas más vulnerables o ayudarles a pagar el precio del alquiler con ayudas, la administración se limita a imponer esta responsabilidad a los propietarios forzosamente sin ofrecer nada a cambio. Así lo ha descrito Vendrell: Nos encontramos, pues, ante unos propietarios forzados a desempeñar una función subjetiva de la responsabilidad de la administración pública hacia la protección social de las personas y familias en situación de vulnerabilidad. «Peor que la expropiación» En concreto, el vicepresidente del Consejo de Cámaras de la Propiedad Urbana de Catalunya, Joan Ràfols, aseguró que un 56 por ciento de los contratos de alquiler social obligatorio están por debajo de los cien euros mensuales y el 76 por ciento son inferiores a los 150 euros al mes. De esta forma, Ràfols ha asegurado que los propietarios renuncian a 770 euros de media y deben hacer frente a unos gastos de mantenimiento de aproximadamente 130 euros al mes. «Esta medida limita la rentabilidad de los propietarios. Es peor que la expropiación», lamentó, puesto que la expropiación contempla la compensación del propietario. Ante esta situación, Ràfols ha reclamado a la Generalitat subvencionar la diferencia entre la renta proveniente del alquiler social y la que podría obtenerse a precio de mercado. Es decir, devolver la responsabilidad de proteger a los más vulnerables en el sector público, ya que ésta es su función. Limitar la ley En este sentido se ha pronunciado también el presidente de la Asociación de Promotores de Cataluña, Xavier Vilajoana, que también ha pedido realizar un seguimiento del estado del arrendatario durante los años de contrato. Por su parte, el presidente del Consejo Catalán de Colegios de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (COAPI) en Cataluña, Joan Company, ha asegurado que los ingresos provenientes del alquiler social obligatorio son «antieconómicos» y vulneran el derecho a la propiedad. El presidente del COAPI ha defendido mantener el concepto de alquiler social recogido en la ley 24/2015 y limitar la aplicación de esta figura en el parque de viviendas procedentes de las ejecuciones hipotecarias o el incumplimiento de la función social de la vivienda por parte de los propietarios. Asimismo, pidió «replantear» la carga económica sobre el propietario y limitar la duración de esta medida a un año, ampliable a dos años. Asimismo, ha alertado de los efectos de la entrada en vigor de la ley. Company ha asegurado que el número de pisos destinados al alquiler ha descendido notablemente en los últimos años y ha afirmado que los grupos promotores están desviando inversiones hacia otras zonas del Estado ante la legislación catalana en materia de vivienda.   ERC lo celebra Pese a las discrepancias del sector, ERC celebró la llegada a un «punto de acuerdo» sobre la figura del alquiler social obligatorio, más allá de las discusiones sobre los tiempos, cantidades o cargas sobre el propietario. La representante del grupo promotor de la ILP de la Ley 24/2015 de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética, Lucía Delgado, ha defendido la importancia de los alquileres sociales obligatorios para «proteger» los hogares vulnerables. En respuesta a las declaraciones de las asociaciones de empresas inmobiliarias, Delgado aseguró que si un gran tenedor no actúa «agresivamente» como un «fondo buitre» la ley «no entrará en juego». Sin embargo, aseguró que la normativa es una medida necesaria para que las empresas hagan alquiler social. La definición de los grandes tenedores Hasta ahora, la definición de grandes tenedores incluye a las personas físicas y jurídicas con más de quince viviendas. La nueva legislación modificaría este concepto y pasaría a considerar como grandes tenedores a las personas físicas con quince inmuebles ya las personas jurídicas con diez viviendas. El presidente del Consejo de Colegios de Administradores de Fincas de Catalunya, Enrique Vendrell, ha alertado de que esta modificación es «contraproducente» y no ayuda a incorporar nueva oferta de alquiler en el mercado de vivienda. En este sentido, el

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