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Barcelona, 5 de noviembre del 2025 Alboroto mayúsculo en Viladecans (Baix Llobregat). Más de unas veinte comunidades de vecinos ha denunciado la que hasta ahora era su administradora después de descubrir que habían desaparecido sus ahorros. Vecinos afectados explican, pero, que el número de fincas podría rondar las 150, a pesar de que muchas no pueden denunciar todavía porque no han podido acceder a sus cuentas ni en sus libros de la comunidad. Aunque la cifra todavía tardará a concretarse, las primeras estimaciones hablan del alrededor de 1,5 millones de euros que se han esfumado, aunque algunos vecinos dicen que este número podría aumentar. En el caso de algunos edificios, el único mensaje que han recibido es una nota en la cual la gestora de fincas L&V dice que «se está realizando el traspaso de la documentación de cada comunidad» y un correo de contacto. Por ahora, son 23 las denuncias por esta supuesta estafa que se han presentado a los Mossos d’Esquadra, aunque fuentes de la policía catalana señalan que ya cuentan con nuevas citas previas para ir a denunciar. La preocupación ha escalado en los últimos días en el municipio del Baix Llobregat hasta el punto que el propio Ayuntamiento ha anunciado su intención de personarse en la causa después de que los servicios jurídicos municipales la hayan estudiado. «Una de las comunidades afectadas había recibido una subvención pública para unas obras a la fachada y el hecho que existan fondos públicos en conflicto refuerza la intención municipal de denunciar la empresa gestora», ha apuntado el consistorio en un comunicado. Desde que se recibieron las primeras noticias de los problemas, el ayuntamiento abrió también canales de asesoramiento y acompañamiento a la ciudadanía. Así, la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) y las tres oficinas de distrito establecieron puntos de información para asesorar los vecinos implicados. Por ahora, se ha atendido 31 comunidades. «Los servicios jurídicos municipales también están recopilando toda la información posible para determinar cuántos y qué posibles delitos podría estar cometiendo la empresa L&V Gestión de Fincas», dice el ayuntamiento en su texto, mientras que los servicios sociales y de mediación municipales trabajan por si existieran casos de vulnerabilidad «que requirieran una acción municipal urgente». Àlex Gallo, uno de los vecinos afectados, explica que, a su finca, han perdido unos 130.000 euros que habían ahorrado a lo largo de los últimos cuatro años para hacer frente a las obras de mejora del edificio que los indicó la ITE. En otras comunidades, destaca Gallo, la suma asciende hasta los 400.000 euros que la administradora, Sandra F. H., se habría apropiado. Este afectado señala que ya hace un par de años tuvo un primer contratiempo con la administradora y que, después de hablar con ella persona y constatar «una falta de profesionalidad», sugirió un cambio de gestor. Con todo, a lo largo de los últimos meses, cuando ya contaban con el dinero necesario para empezar los trabajos, la responsable de L&V Gestión de Fincas empezó a darlos largas. Rumor vecinalEmpezó también a correr un rumor entre los vecinos de diferentes comunidades que los problemas eran extendidos en la relación con la gestoría. Después de las respectivas investigaciones, es cuando empezaron a entender que supuestamente esta empresa había vaciado sus respectivas cuentas y empezaron a caer las primeras denuncias. Así, el ayuntamiento de Viladecans ha iniciado una intensa línea de comunicación con el resto de empresas gestoras de comunidades de la ciudad «para que ofrezcan sus servicios a las fincas afectadas». Advierte también Gallo que, además de los edificios como el suyo que tienen que hacer las obras marcadas por la ITE, algunas comunidades se encontrarán con un nuevo problema, dado que parte de sus ahorros respondían a subvenciones de la Generalitat para llevar a cabo proyectos de accesibilidad, entre otras, y que en algún momento tendrán que rendir cuentas. Por su parte, el Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona-Lleida ha emitido también un comunicado en que remarca que la administradora señalada no está colegiada. «La profesión de administrador de fincas sin estar colegiado representa un claro ejemplo de intrusismo profesional, una práctica que perjudica gravemente tanto los consumidores como los usuarios de las viviendas. Por este motivo, desde el Colegio mantenemos una posición firme y un trabajo constante en la lucha contra el intrusismo, con el objetivo de proteger los intereses de la ciudadanía», dice el texto, que insiste en la importancia que los gestores estén colegiados porque «solo así puede garantizarse una actuación íntegra, con criterios de calidad, profesionalidad y seguridad para las comunidades de propietarios y sus proveedores de servicios». Puedes leer la noticia completa a Més d’una vintena de comunitats de Viladecans denuncien la seva administradora després que hagin desaparegut els seus estalvis.

Barcelona, 5 de noviembre del 2025 Alboroto mayúsculo en Viladecans (Baix Llobregat). Más de unas veinte comunidades de vecinos ha denunciado la que hasta ahora era su administradora después de descubrir que habían desaparecido sus ahorros. Vecinos afectados explican, pero, que el número de fincas podría rondar las 150, a pesar de que muchas no pueden denunciar todavía porque no han podido acceder a sus cuentas ni en sus libros de la comunidad. Aunque la cifra todavía tardará a concretarse, las primeras estimaciones hablan del alrededor de 1,5 millones de euros que se han esfumado, aunque algunos vecinos dicen que este número podría aumentar. En el caso de algunos edificios, el único mensaje que han recibido es una nota en la cual la gestora de fincas L&V dice que «se está realizando el traspaso de la documentación de cada comunidad» y un correo de contacto. Por ahora, son 23 las denuncias por esta supuesta estafa que se han presentado a los Mossos d’Esquadra, aunque fuentes de la policía catalana señalan que ya cuentan con nuevas citas previas para ir a denunciar. La preocupación ha escalado en los últimos días en el municipio del Baix Llobregat hasta el punto que el propio Ayuntamiento ha anunciado su intención de personarse en la causa después de que los servicios jurídicos municipales la hayan estudiado. «Una de las comunidades afectadas había recibido una subvención pública para unas obras a la fachada y el hecho que existan fondos públicos en conflicto refuerza la intención municipal de denunciar la empresa gestora», ha apuntado el consistorio en un comunicado. Desde que se recibieron las primeras noticias de los problemas, el ayuntamiento abrió también canales de asesoramiento y acompañamiento a la ciudadanía. Así, la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) y las tres oficinas de distrito establecieron puntos de información para asesorar los vecinos implicados. Por ahora, se ha atendido 31 comunidades. «Los servicios jurídicos municipales también están recopilando toda la información posible para determinar cuántos y qué posibles delitos podría estar cometiendo la empresa L&V Gestión de Fincas», dice el ayuntamiento en su texto, mientras que los servicios sociales y de mediación municipales trabajan por si existieran casos de vulnerabilidad «que requirieran una acción municipal urgente». Àlex Gallo, uno de los vecinos afectados, explica que, a su finca, han perdido unos 130.000 euros que habían ahorrado a lo largo de los últimos cuatro años para hacer frente a las obras de mejora del edificio que los indicó la ITE. En otras comunidades, destaca Gallo, la suma asciende hasta los 400.000 euros que la administradora, Sandra F. H., se habría apropiado. Este afectado señala que ya hace un par de años tuvo un primer contratiempo con la administradora y que, después de hablar con ella persona y constatar «una falta de profesionalidad», sugirió un cambio de gestor. Con todo, a lo largo de los últimos meses, cuando ya contaban con el dinero necesario para empezar los trabajos, la responsable de L&V Gestión de Fincas empezó a darlos largas. Rumor vecinal Empezó también a correr un rumor entre los vecinos de diferentes comunidades que los problemas eran extendidos en la relación con la gestoría. Después de las respectivas investigaciones, es cuando empezaron a entender que supuestamente esta empresa había vaciado sus respectivas cuentas y empezaron a caer las primeras denuncias. Así, el ayuntamiento de Viladecans ha iniciado una intensa línea de comunicación con el resto de empresas gestoras de comunidades de la ciudad «para que ofrezcan sus servicios a las fincas afectadas». Advierte también Gallo que, además de los edificios como el suyo que tienen que hacer las obras marcadas por la ITE, algunas comunidades se encontrarán con un nuevo problema, dado que parte de sus ahorros respondían a subvenciones de la Generalitat para llevar a cabo proyectos de accesibilidad, entre otras, y que en algún momento tendrán que rendir cuentas. Por su parte, el Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona-Lleida ha emitido también un comunicado en que remarca que la administradora señalada no está colegiada. «La profesión de administrador de fincas sin estar colegiado representa un claro ejemplo de intrusismo profesional, una práctica que perjudica gravemente tanto los consumidores como los usuarios de las viviendas. Por este motivo, desde el Colegio mantenemos una posición firme y un trabajo constante en la lucha contra el intrusismo, con el objetivo de proteger los intereses de la ciudadanía», dice el texto, que insiste en la importancia que los gestores estén colegiados porque «solo así puede garantizarse una actuación íntegra, con criterios de calidad, profesionalidad y seguridad para las comunidades de propietarios y sus proveedores de servicios». Puedes leer la noticia completa a L’administradora d’una vintena de comunitats de Viladecans s’hauria endut 1,5 milions d’euros, segons denuncien els veïns.

Barcelona, 27 de octubre de 2025 El presidente Lorenzo Viñas participó en el programa Infobarris de Betevé, la televisión local de Barcelona, para hablar sobre la subida de los precios del alquiler en distritos como Nou Barris. Puedes ver la intervención completa en https://beteve.cat/infobarris/infobarris-27/

Barcelona, 27 de octubre de 2025 Según Lorenzo Viñas, presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona-Lleida, la demanda en Nou Barris se ha disparado porque es una zona bien comunicada dentro de la ciudad y, por tanto, prioritaria antes de abandonar Barcelona. Barcelona está declarada como zona tensionada y, en consecuencia, los alquileres deben establecerse según los límites del índice de precios. Pero existen excepciones, y una de ellas es la que se aplica en el bloque de la calle Maladeta. Existe una especie de vacío legal para las viviendas de menos de cinco años de antigüedad, es decir, de obra nueva reciente. El índice no se calcula, en principio, por falta de datos suficientes. Puedes leer la noticia completa en:https://beteve.cat/economia/lloguers-2000-euros-nou-bloc-carrer-maladeta-antic-simbol-contra-especulacio/

Barcelona, 26 de octubre de 2025 El 79 % de los edificios de la capital tienen más de 40 años, y tanto el Ayuntamiento como los sectores implicados alertan de que necesitan mantenimiento. Si hay un consenso dentro del sector, es en torno a la idea de que en Barcelona falta una cultura de la rehabilitación. Lo dice el Ayuntamiento, pero también constructores, arquitectos técnicos y administradores de fincas, entre otros. En los últimos años, los fondos Next Generation han dado un impulso en este ámbito, pero ahora se están acabando. El Ayuntamiento destinará 50 millones de euros en el presupuesto de 2026 y la Generalitat quiere aportar otros 120 millones. Aun así, todos recuerdan que la clave está en concienciar a la ciudadanía. La palabra rehabilitar suele relacionarse con grandes reformas y costes elevados, pero desde la Oficina Técnica de Rehabilitación de Cataluña reivindican que también existen actuaciones de menor envergadura que, aunque no sean subvencionables, resultan más asumibles. “Antes, la rehabilitación se centraba en el mantenimiento y la conservación del edificio”, explica el coordinador de la oficina, Víctor Forns, “pero ahora también se trata de mejorar la eficiencia energética, cambiar ventanas, actualizar instalaciones eléctricas, instalar placas fotovoltaicas o mejorar los sistemas de aire acondicionado”. En este sentido, Forns apunta que “si conseguimos mentalizar a la gente con una cultura que promueva los mantenimientos, no se llegará a una urgencia ineludible de rehabilitación”. Y para lograrlo, recomienda dejarse asesorar por administradores de fincas colegiados. Ellos son, dice, quienes pueden ayudar a las comunidades de vecinos a planificar correctamente estos mantenimientos, de manera que “se reduzca el impacto económico sobre los propietarios”. Puedes leer la noticia completa en https://beteve.cat/economia/cultura-rehabilitacio-assignatura-pendent-barcelona/

Barcelona, 24 de octubre de 2025 Felipe, que vive en un bloque de la Gran Via Carles III de Barcelona, no pudo colgar la senyera en la ventana por la Diada. Su comunidad de vecinos se lo prohíbe. “Dicen que queda feo tener banderas colgadas”, lamenta. Su caso no es único: según fuentes del sector consultadas por el ARA, es habitual que las comunidades de propietarios aprueben normas sobre qué se puede colgar y qué no en ventanas y balcones. Era mucho más frecuente durante el Procés, pero el debate resurge de manera recurrente en días señalados, como la Diada, la Hispanidad o las reivindicaciones del Orgullo LGTBI. También en momentos de tensión política y social, como las movilizaciones por Palestina o por el derecho a la vivienda. Ahora bien, ¿puede una comunidad vetar que un vecino cuelgue un símbolo político en su balcón? La respuesta es que sí, pero con matices. La vicepresidenta del Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida (CAFBL), Montse Bassas, destaca que la prohibición puede fundamentarse en el hecho de que al colgar una bandera o un cartel se está afectando un elemento comunitario del edificio: la fachada. La comunidad tiene varias maneras de hacerlo, en función de cómo de firme quiera que sea la prohibición. Puede establecerse mediante un acuerdo de la junta de propietarios, por mayoría simple, aunque en ese caso solo vincula a los vecinos que en ese momento residan en la finca. De la misma manera, un acuerdo de la junta de propietarios también puede autorizar explícitamente la colocación de un elemento político en el edificio. Así ocurrió cuando, durante muchos años, un gran lazo amarillo en defensa de los presos políticos lució en uno de los edificios de la plaza Urquinaona, pese a la falta de unanimidad en el bloque afectado. Puedes leer la noticia completa en: https://www.ara.cat/politica/comunitat-veins-pot-prohibir-penjar-bandera-balco_1_5539386.html?giveAway=kR8vdQDC1qnAVuUJ