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El sector del ascensor se atasca en España: retrasos de hasta un año para reparaciones por falta de personal

Barcelona, 17 de octubre de 2026 Los administradores de fincas denuncian las importantes dilaciones para afrontar obras en los ascensores, agravadas por la alta demanda por la modernización impuesta por ley en 2024 El sector argumenta que se necesitan 1.300 profesionales nuevos al año y «solo se cubren entre 350 y 400» puestos El calvario de las comunidades de vecinos para reformar sus ascensores: «No se cumplen los plazos» Una de las comunidades de propietarios de Madrid que lleva la administradora de fincas Manuela Julia Martínez aprobó en junta sustituir las puertas de la cabina del ascensor en febrero de este año. Se firmó un contrato con la empresa y recientemente, en una reunión de vecinos, le preguntaron cuándo se iba a hacer la obra. La empresa había estado más de cinco meses sin dar señales de vida. «Imagínate cómo me quedé… en cuanto reclamé que me devolvieran lo indebidamente cobrado fijaron fecha en dos días. Resulta que en el contrato no estaba condicionado el pago al tiempo de realización de los servicios», relata Martínez, que es a su vez presidenta del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid y que asegura que los amplios retrasos en reparaciones, modificaciones y sustituciones de ascensores son el pan nuestro de cada día. La «media de espera· llega a ser hasta «de seis meses» en Madrid, asegura, si bien fuentes del sector relatan casos de retrasos de hasta un año. La situación se repite por toda España. Desde Catalunya a Andalucía o Galicia, comunidades donde los colegios de administradores están poniendo el grito en el cielo. «Tenemos muchísimos retrasos. No se cumplen los plazos normales e incluso en las segundas revisiones de inspección del ascensor, cuando te han dado ya un tiempo para hacer las modificaciones, no se han hecho porque la empresa de mantenimiento no ha podido», denuncia Elisabeth Carbonell, vicepresidenta del Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona y Lleida. El sector del ascensor se ha atascado en España, pero, ¿qué ha pasado para llegar a esta situación? En la actualidad, hay cerca de 1,2 millones de elevadores en el país, pero cada año se suman cerca de 16.500 más por los bloques de viviendas nuevas. El sector, entretanto, no suma trabajadores a un ritmo acorde a la pérdida de empleados por jubilaciones, muchas de trabajadores que con la anterior crisis del ladrillo, en 2008, se pasaron al ascensor.  Las empresas necesitan incorporar 1.300 profesionales nuevos cada año para atender la actual demanda, pero solo se están cubriendo entre 300 y 350 plazas, lamenta José Carlos Frechilla, presidente de la Federación Empresarial de Ascensores. «No hay un colapso, pero sí se están notando retrasos. Las empresas están haciendo esfuerzos enormes para maximizar las rutas siempre priorizando la seguridad», asegura. De acuerdo a la federación, comunidades de propietarios y los propios trabajadores del sector, estamos viviendo una tormenta perfecta. Por un lado, la falta de especialistas; por otro, retrasos en la entrega de piezas; y por último, el cambio normativo. El real decreto 355/2024 aprobado hace dos años introducía nuevas obligaciones de mantenimiento en los ascensores. Un proceso de modernización que, sumado a las reparaciones e instalaciones habituales, ha provocado un cuello de botella tremendo. «En lo referente a esta norma vemos retraso una vez es aprobada [la modificación] por la comunidad de propietarios, sobre todo, en las que se están adelantando a la obligación. Se dan casos de tardar más de un año en aplicar la mejora», señala Peio Mendia, tesorero en funciones del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España (CGCAFE). «Se calcula que hay que actuar en entre 300.000 y 350.000 ascensores», apostilla Frechilla sobre el gran volumen de trabajo que deben absorber. Entre las modificaciones más frecuentes que se deben realizar está la instalación de la cortina fotoeléctrica, para evitar que las puertas automáticas se cierren sobre una persona; la mejora de nivelación, para evitar el escalón entre el suelo del ascensor; y el variador de frecuencia, que permite controlar mejor aceleración, frenado y parada. Si en la inspección técnica se detecta que no se tiene uno de estos elementos, se dará de plazo un año y, si no se ha cumplido, se afrontarán sanciones. De ahí que muchas comunidades se estén adelantando, en previsión. «Personal cualificado» «Estas intervenciones son de poca entidad de tiempo y energía, aunque alguna requiere más, como el cambio de la máquina porque no regula con precisión. Este tipo de trabajos lo tiene que hacer personal cualificado», aprecia el presidente de la federación de ascensores, que también matiza que en muchos casos los retrasos se agrandan por «la dilatación de plazos» en otros ámbitos: primero llega el inspector, luego redacta el informe, más tarde se convoca la junta para aprobar la derrama… y las semanas van pasando. En otros casos, asegura, para cumplir normativas anteriores, como el real decreto legislativo 1/2013, que planteaba mejorar la accesibilidad o eliminar barreras arquitectónicas, se «requieren unos procesos administrativos más complicados» -redactar proyecto, permiso del ayuntamiento…- y que engloban a otros sectores que tampoco andan finos de personal (albañilería, cerrajería…). Si además el edificio tiene algún grado de protección se empeora el asunto. «Son obras que no se hacen de forma aislada, puede haber circunstancias de coordinación que dilaten el tiempo», dice Frechilla, que asegura que las averías comunes, que no son referentes a la inspección técnica, «tienen retrasos, pero dentro de la normalidad. No son críticos».  «Con la nueva normativa hay más trabajo y no hay personal suficiente ni cantera, además de poca gente cualificada. Mucha parte de la plantilla está envejecida», admite Manuel, que lleva 20 años trabajando en el sector en Valencia para una de las grandes empresas del sector. Por primera vez «hay bastante movimiento» de especialistas entre empresas. «El salario en mi empresa no es muy alto y mucha gente se plantea cambiar», afirma Manuel, que asegura que el 80% de las nuevas instalaciones de ascensores las hacen subcontratas, a las que se les paga «un precio justito»

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Los administradores de fincas piden aprovechar el rechazo del Congreso a los decretos para elaborar un «nuevo pacto social»

Barcelona, 4 de octubre del 2026 El Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida (CAFBL) ha pedido aprovechar el rechazo del Congreso a los dos decretos de vivienda aprobados por el Consejo de Ministros para elaborar un «nuevo pacto social» que aborde los problemas «de fondo» con «más consenso, financiación pública y seguridad jurídica». Según la entidad, los textos no habrían resuelto las causas «estructurales» de la crisis, que deriva de la «falta» de viviendas, y «podrían haber provocado una reducción de la oferta de alquiler». El Col·legi «comparte la necesidad urgente» de proteger a las familias vulnerables, pero considera que este objetivo «no se puede alcanzar haciendo recaer sobre los pequeños propietarios y las familias ahorradoras» obligaciones que «corresponden principalmente» a la Administración. Una vez rechazados los reales decretos con los votos en contra del PP, Vox y Junts, el CAFBL pide ahora al Gobierno español que «no reproduzca las mismas medidas» en una nueva norma de urgencia y que abra un «proceso de diálogo» con las administraciones autonómicas, los ayuntamientos, los colegios profesionales, los propietarios, los arrendatarios y el resto de agentes del sector. Esta nueva propuesta debería incluir, según los administradores de fincas de Barcelona y Lleida, un plan «real» para aumentar la oferta de vivienda, más vivienda «pública y asequible», ayudas «directas y ágiles» al alquiler, un sistema «público» de garantías frente al impago, «compensaciones automáticas» para los propietarios «afectados por medidas de protección social», «respeto» por los contratos vigentes, incentivos fiscales «estables» y un marco normativo «estable, comprensible y aplicable». Lee la noticia completa aquí: Administradors de finques demanen aprofitar el no del Congrés als decrets per elaborar un «nou pacte social» – TOTLLEIDA

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Los administradores de fincas reivindican el futuro de la profesión en la celebración de sus 90 años

Barcelona, 2 de octubre del 2026 El Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida (CAFBL) cumple 90 años de trayectoria y lo hace defendiendo la profesión. La entidad asegura que es necesario seguir avanzando hacia una profesión más reconocida, preparada y útil para la sociedad. «Detrás de cada edificio hay personas. Detrás de cada comunidad de propietarios hay relaciones, proyectos de vida, dificultades y expectativas. Administrar fincas es, sobre todo, administrar confianza», ha expresado Llorenç Viñas, presidente del CAFBL, durante la gala de celebración del aniversario. Reconocimiento a trayectorias La cena de gala del 90.º aniversario de la profesión ha reunido a representantes institucionales, presidentes de los colegios de administradores de fincas de distintos puntos de España y otros colaboradores. Durante la gala se han entregado los Premios CAFBL 2026. El Premio CAFBL Solidario 2026 ha distinguido a la Fundació Heura por su labor para facilitar el acceso y el mantenimiento de la vivienda a personas en situación de sinhogarismo. Por su parte, el Premio CAFBL Institucional 2026 ha reconocido la trayectoria de Josep M. Gual Banús, quien fue presidente del Colegio. Lee la noticia completa aquí: Administradors de Finques reivindiquen el futur de la professió celebrant 90 anys

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Los administradores de fincas celebran el no de Junts a los decretos: «Es valiente y estamos aliviados»

Barcelona, 2 de octubre del 2026 El Col·legi d’Adminstradors de Finques de Barcelona-Lleida celebra el rechazo de Junts a los dos decretos de vivienda impulsados por el Gobierno español. Su vicepresidenta, Montse Basses, ha asegurado que valoran la «valentía» de Junts y que ahora se sienten «aliviados». Así lo ha manifestado en el programa Bon dia, Barcelona, donde también ha señalado que la crisis actual de la vivienda «no se soluciona a golpe de decreto con medidas efectistas». En esta línea, Basses ha apuntado que los decretos de vivienda no aportan una solución a la crisis habitacional, cuyo problema principal es «la falta de oferta». Además, considera que los textos generan «inseguridad jurídica a los pequeños propietarios», ya que no definen «qué es un fondo buitre». «Hacen falta más viviendas» Para Basses, el decreto debería incluir medidas para ampliar la oferta de vivienda, lo que pasa por construir más y ofrecer facilidades a los propietarios. «Se les está criminalizando, cuando son ellos quienes están aportando viviendas». En este sentido, propone bonificaciones fiscales y seguridad jurídica para los propietarios, «porque necesitan saber que no acabarán perdiendo los ahorros que destinan a una vivienda». Lee la noticia completa aquí. Els administradors de finques celebren el no de Junts

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Maya, Administradora de Fincas en Com si fos ahir.

Barcelona, 23 de septiembre de 2026 El personaje de Maya, Administradora de Fincas en Com si fos ahir (3Cat), vuelve a poner en valor la profesión y, en esta ocasión, se encuentra ante un nuevo conflicto de convivencia dentro de una comunidad. En este episodio, Maya debe intervenir ante las quejas de los vecinos por un propietario que realiza obras en su piso a cualquier hora, una situación que pone sobre la mesa los límites y las molestias que pueden generar las obras en una comunidad de propietarios. ¿Quieres recuperar el episodio? La intervención de Maya en la plataforma 3Cat. Com si fos ahir – T10xC12 – 3Cat

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Los retos del mercado de la vivienda.

Barcelona, 22 de septiembre de 2026 La falta de vivienda es un problema social y estructural que afecta tanto a propietarios como a inquilinos. En este contexto, la confrontación entre ambas partes no contribuye a resolver las dificultades actuales del mercado de la vivienda. Lourdes Ciuró i Buldó, asesora jurídica del Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona-Lleida, ha intervenido en el programa Connecta’t de TV Sabadell-Vallès para analizar la situación actual y reflexionar sobre cómo recuperar la confianza entre propietarios e inquilinos. Durante su intervención, Ciuró ha destacado la necesidad de contar con una legislación adecuada y un marco de garantías que permita a ambas partes conocer sus derechos, deberes y obligaciones, y tener la seguridad de que estos se cumplirán. En este sentido, ha defendido la necesidad de abordar el problema de la vivienda desde una perspectiva global, con respuestas que tengan en cuenta las necesidades y responsabilidades de propietarios e inquilinos. Recupera la intervención completa de Lourdes Ciuró en Connecta’t de TV Sabadell-Vallès. Connecta’t amb Josep Marín, Lourdes Ciuró, Oriol Sorrat i Ona Gutiérrez – TV Sabadell

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¿Puedo instalar un punto de recarga de coche eléctrico en el garaje comunitario sin el aval de los vecinos?

Barcelona, 18 de septiembre de 2026 La vicepresidenta del Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona-Lleida explica los trámites y plazos para electrificar las plazas de aparcamiento El auge de los coches eléctricos y híbridos enchufables ha transformado la movilidad urbana y ha abierto un debate recurrente en las comunidades de propietarios. Cada vez más usuarios se preguntan qué pasos deben seguir si quieren instalar un punto de recarga en su plaza de garaje y qué ocurre si surgen discrepancias con el resto del edificio. Esta situación ha generado dudas frecuentes y discrepancias relacionadas con las obras en elementos comunes y con la asunción de los costes económicos. Para resolver estas dudas, Elisabet Carbonell, vicepresidenta del Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona-Lleida, ha explicado el marco legal y las pautas que regulan este tipo de actuaciones. La vicepresidenta ha aclarado que no es necesario someter la petición a votación de la junta de propietarios. De este modo, el propietario de una plaza de aparcamiento puede electrificar su espacio para instalar un punto de recarga para su vehículo. Comunicación previa y plazos legales Aunque no es necesaria una votación formal, Carbonell ha subrayado que el propietario no puede iniciar las obras unilateralmente sin avisar previamente a la comunidad. En este sentido, es necesario realizar una comunicación formal previa al presidente o al administrador de la finca. Asimismo, la persona interesada debe presentar un proyecto técnico y conceder un plazo de 30 días a la comunidad para que pueda valorar la situación. Durante este mes, los propietarios pueden estudiar si prefieren ejecutar una instalación comunitaria que dote de la infraestructura necesaria a todo el garaje. Carbonell ha explicado que, si la comunidad no quiere asumir esta inversión, debe permitir la instalación particular del propietario. En este caso, el coste de la instalación lo asume íntegramente el propietario que ha solicitado el punto de recarga. Por norma general, los contadores se sitúan en la planta baja, cerca de las plazas de aparcamiento, por lo que la intervención suele limitarse al paso de la instalación. Sin embargo, si el recorrido debe pasar por zonas compartidas y se producen daños en elementos comunes, la junta puede oponerse a dicho trazado. Una inversión de futuro para la comunidad Desde la perspectiva de la gestión inmobiliaria, la vicepresidenta ha recomendado que las comunidades se anticipen al aumento de la demanda y apuesten por instalaciones colectivas. Carbonell ha recordado que las ventas de vehículos electrificados continúan aumentando y ya representan entre un 22 % y un 25 % del mercado. Ante este escenario, ha señalado que no resulta práctico acumular instalaciones individuales cuando una red comunitaria puede ser más eficiente. Además, ha destacado que la modernización de la instalación eléctrica puede incrementar el valor del inmueble y revalorizar las plazas de aparcamiento de cara a un futuro alquiler o venta. «Nuestra función como administradores es concienciar de que esta inversión debe hacerse de forma conjunta, ya que es un tema de sostenibilidad y de futuro», ha afirmado Carbonell. Seguridad técnica y viviendas de alquiler En cuanto a la seguridad en el garaje, Carbonell ha insistido en que los requisitos técnicos son claros y rigurosos para evitar cualquier riesgo. Por este motivo, ha precisado que el proyecto técnico debe realizarlo un ingeniero cualificado antes de realizar cualquier conexión. Asimismo, el titular debe comunicar la instalación a su seguro del vehículo para disponer de cobertura ante un posible incendio, mientras que la comunidad debe informar a su seguro del edificio. Por último, Carbonell ha aclarado qué ocurre cuando la plaza de aparcamiento está en régimen de alquiler. En estos casos, el arrendatario no puede dirigirse directamente a los órganos de la comunidad. Según ha explicado la vicepresidenta, es el propietario quien debe solicitar a la comunidad la instalación del cargador, como interlocutor ante la administración de la finca. Puedes leer la noticia completa aquí: ¿Puedo instalar un punto de recarga de coche eléctrico en el garaje comunitario sin el aval de los vecinos?

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Puntos de recarga en garajes comunitarios.

Barcelona, 17 de septiembre de 2026 Elisabet Carbonell aborda en Ràdio Arenys las dudas sobre la instalación de cargadores para vehículos eléctricos La movilidad eléctrica plantea nuevas cuestiones en la gestión de los garajes comunitarios. ¿Qué pasos debe seguir un propietario que quiere instalar un punto de recarga? ¿Y quién debe asumir los gastos? La vicepresidenta del Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona-Lleida, Elisabet Carbonell, ha participado en Ràdio Arenys para explicar cómo funciona este tipo de instalación y qué requisitos hay que cumplir. Durante su intervención, Carbonell ha explicado que no es necesario obtener el voto favorable de toda la comunidad, pero sí comunicar previamente la instalación y presentar el proyecto técnico. Escucha la intervención completa de Elisabet Carbonell en Ràdio Arenys. La Ràdio – Ràdio Arenys

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El acceso al alquiler en Barcelona, marcado por una demanda muy superior a la oferta

Barcelona, 14 de septiembre de 2026 La escasez de vivienda hace que la demanda sea muy superior a la oferta. Pero, ¿qué buscan los propietarios a la hora de elegir inquilino? ¿Y qué ocurre cuando se cobran gastos de gestión a los inquilinos? Montse Bassas, vicepresidenta del Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona-Lleida, aborda estas cuestiones y explica también cómo algunos profesionales del sector recurren a la inteligencia artificial para gestionar el elevado volumen de solicitudes que reciben por cada vivienda disponible. La vicepresidenta del CAFBL ha intervenido en betevé para analizar la situación actual del mercado del alquiler y los retos a los que se enfrentan tanto propietarios como inquilinos. Mira la intervención completa de Montse Bassas en betevé. betevé notícies migdia

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Casi 2.000 solicitudes en una hora para alquilar un piso de 1.000 euros en Barcelona

Barcelona, 14 de septiembre de 2026 Conseguir un piso de alquiler de tres habitaciones en Barcelona por 1.000 € al mes y con un contrato de cinco años de duración es actualmente un hecho noticiable y «una lotería». Así lo han vivido Joaquim Pujolar y Selén Dikmen, una pareja joven que firmó el contrato el 31 de agosto. El propietario del piso les explicó que el anuncio de alquiler en internet, que retiraron en menos de una hora, recibió hasta 1.800 solicitudes. Lo que no sabían los «afortunados» es que el API que se encargó de la intermediación a través del portal Idealista no debía cobrarles absolutamente nada por la gestión o el cambio de nombre de los suministros del piso, pero les pidió 242 €. «Ahora es obligatorio que lo asuma el propietario y no hay ninguna manera de hacer trampas, quien haga esto estará cometiendo un fraude», afirma Montse Bassas, vicepresidenta del Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona-Lleida. IA para filtrar las solicitudes de alquiler La oferta y la demanda de pisos de alquiler en Barcelona están tan extremadamente desequilibradas que, por cada piso que sale al mercado, los administradores de fincas, los API o los propietarios reciben una cantidad de solicitudes inasumible para poder revisarlas. Por este motivo, algunos profesionales del sector utilizan la inteligencia artificial para seleccionar a los mejores candidatos. Así lo explica en betevé Montse Bassas, que está al frente de Basmi Finques. En el caso de esta pareja, cuando vieron el piso en internet enviaron una solicitud al API que gestionaba la oferta y también insistieron muchísimo mediante llamadas hasta que pudieron hablar con ella y concertar así la visita del piso. Los propietarios buscan inquilinos con buenos ingresos El hecho de que los propietarios puedan elegir entre cientos de candidatos también les permite ser muy selectivos con el perfil que consideran más adecuado. Según el Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona-Lleida, lo que buscan los propietarios es básicamente solvencia, pero también estabilidad; es decir, quieren inquilinos que paguen cada mes y no se marchen, que finalicen los contratos firmados para no tener que buscar a otros. Joaquim y Selén presentaron las nóminas, la vida laboral, una carta de presentación y también añadieron una carta de recomendación de la antigua propietaria del piso en el que vivían. Joaquim asegura que en otras ocasiones incluso les habían llegado a pedir el extracto bancario. «Te piden muchos requisitos antes de conseguir la visita», afirma. Diversidad de interpretaciones sobre derechos y deberes Actualmente, los administradores de fincas y los API no pueden cobrar a los inquilinos los gastos de gestión de un contrato de alquiler residencial, aunque sigue ocurriendo. Sin embargo, donde no existe una norma única es en quién debe pagar el IBI o los gastos de comunidad. En el caso de esta pareja, se les han cobrado ambos conceptos. Pagan un contrato de alquiler de 911 €, 391 € de IBI anuales y 56,98 € mensuales de gastos de comunidad, por lo que acaban pagando mensualmente 1.000,62 € por el piso. Según Montse Bassas, vicepresidenta del Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona-Lleida, existe «demasiada normativa» y reclama a las administraciones cambios realistas para dinamizar el mercado del alquiler. «Corregir allí donde nos hemos equivocado». Pone como ejemplo que, a su juicio y según el colegio que representa, «nunca debería considerarse como gran tenedor a un propietario de cinco viviendas». Lee la noticia completa aquí: 2.000 sol·licituds en una hora per llogar un pis de 1.000 €

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