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Barcelona, 10 de diciembre del 2026 La vicepresidenta Elisabet Carbonell participó en el programa El Altavoz de RTVE Cataluña, donde puso el foco en la necesidad urgente de mejorar la accesibilidad en las comunidades de propietarios. Durante su intervención, Carbonell destacó que todas las comunidades “tienen que poder ser accesibles para todos los vecinos”, e insistió que las instituciones tienen que impulsar ayudas y subvenciones que hagan asumibles las reformas necesarias. Según la vicepresidenta, garantizar la accesibilidad es una cuestión de dignidad e igualdad de oportunidades, puesto que “nadie se tendría que quedar cerrado en casa por falta de accesibilidad”. Su aportación se enmarca en el formato del programa, que mujer ve a diferentes agentes implicados para analizar temas sociales de actualidad con profundidad. Puedes recuperar la intervención completa en el programa aquí (empieza a 1:01:50): Robatori de pernils, rescat al metro i xarxes – L’Altaveu

Barcelona, 29 de noviembre del 2025 “La derrama del ascensor es una ruina”, afirma Milagros Cuartero, de 67 años, pensionista y propietaria de un inmueble construido a principios de los años 80 en el área metropolitana de Barcelona. En su comunidad, formada por ocho propietarios, han tenido que desembolsar durante el último año más de 35.000 euros para reparar este equipamiento y adaptarlo a las recientes exigencias de accesibilidad y seguridad de los ascensores comunitarios. “Hemos tenido que cambiar el motor, el cableado y actualizar la botonera a una más moderna, pero además ahora nos toca sustituir las puertas para que la cabina sea más accesible”, explica. “Es un dineral”, se lamenta, “especialmente para comunidades pequeñas como la nuestra, donde los gastos se reparten entre muy pocos vecinos”. Su testimonio refleja el malestar y la preocupación con los que viven muchas comunidades -especialmente las que cuentan con elevadores más antiguos-, desde la entrada en vigor, hace algo más de un año, de esta nueva normativa que, según estima el Gremi Empresarial d’Ascensors de Catalunya (GEDAC), va a afectar a tres de cada cuatro aparatos instalados. Aunque la medida, que busca situar las exigencias dentro de los estándares europeos, supone una modernización y una mejora en la seguridad, para muchos hogares se trata de un desembolso difícil de asumir. “Los costes económicos siempre son los que generan mayores tensiones entre vecinos, más allá de la toma de decisiones o la duración de los trabajos”, explica Elisabet Carbonell, vicepresidenta del Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida. Francisco Armada y Ángel Miralles, de 61 y 65 años, ambos con movilidad reducida y usuarios de silla de ruedas, defienden las adecuaciones como una cuestión de justicia y dignidad. “Para nosotros, el ascensor no es un lujo, es una necesidad básica. Sin él, estamos atrapados”, explica Armada. “Cuando ha fallado el ascensor, me han tenido que subir en brazos a casa”, afirma Miralles. “Cualquier mejora en la accesibilidad y la seguridad de los edificios es un paso adelante hacia una sociedad más inclusiva, donde las personas con discapacidad podamos valernos por nosotras mismas”, añade. Aun así, reconoce que no siempre siente la comprensión del resto de vecinos. “Hay quien se queja de pagar, pero no se pone en nuestro lugar. Estas mejoras benefician a todos, hoy por unos y mañana por otros”, explica. “En algunos casos, el coste derivado de adaptarse a las nuevas exigencias puede rondar los 20.000 o 30.000 euros por aparato, aunque en ciertas comunidades, donde se requieren modificaciones estructurales o más importantes, esta cifra puede superar fácilmente los 50.000 euros”, asegura Carbonell. Estos números no solo suponen un problema para las economías familiares más humildes, sino que también llevan a disputas vecinales que, a menudo, ven la adecuación como una imposición injustificada. “Nos dijeron que era obligatorio y que si no hacíamos las reformas iban a tener que inhabilitarlo”, explica Isidora Muñoz, de 90 años, que es viuda y cobra la pensión mínima. “Estoy operada de la cadera y, sin el ascensor, no puedo salir a la calle”, afirma. “La derrama me trastoca el bolsillo, pero no tengo más remedio que pagarla”. A Adolfo, de 80 años, presidente de la comunidad, le cuesta entender que un elevador “que funcionaba perfectamente, había pasado todas las inspecciones y mantenimientos religiosamente” deba modificarse de forma obligatoria. “Hemos tenido que hacer frente a casi 10.000 euros de derrama. Sabemos que se trata de una mejora que beneficia a todos los vecinos, pero muchos hogares no pueden asumirlo”, advierte. Las discrepancias derivadas de estas adecuaciones a la nueva normativa también se hacen evidentes dentro de las propias comunidades. “Cualquier gasto relacionado con el ascensor no me beneficia en nada”, explica Patricia, de 45 años, que vive en un bajo. “Entiendo que haya que hacerlo por los vecinos mayores o con movilidad reducida, pero para mí se trata de un dinero a fondo perdido”, asegura. Su postura, compartida por muchos propietarios de los pisos más bajos, quienes apenas dependen de este equipamiento en su día a día, alimenta la tensión en las reuniones de escalera, donde los argumentos económicos y solidarios chocan de frente. “Uno de los principales problemas es que la nueva normativa no viene acompañada de ayudas ni subvenciones públicas”, explica Carbonell. A pesar de que la Agència de l’Habitatge de Catalunya gestiona subvenciones para la instalación de ascensores y mejoras en la accesibilidad de los edificios, lo cierto es que se no contempla ningún tipo de ayuda específica para el mantenimiento o las mejoras en la seguridad de los aparatos ya existentes. “Las comunidades se sienten desamparadas ante un desembolso económico en un plazo ajustado de tiempo y del que acostumbran a tener muy poca información”, asegura la vicepresidenta. En Catalunya, además, según apunta el GEDAC, la normativa en materia de seguridad es incluso más restrictiva. “A los administradores de fincas nos toca hacer una labor pedagógica que, por suerte, la mayoría de vecinos acaba valorando positivamente cuando comprende que estas mejoras representan un beneficio común”, añade. Desde el GEDAC advierten además de que, si bien la normativa de seguridad permite una progresividad en la adaptación, a medida que se tengan que ir pasando las inspecciones periódicas reglamentarias, lo cierto es que “los plazos de ejecución establecidos son difícilmente asumibles” y deberían ser revisados”. El Departament d’Empresa i Treball, responsable último de las tareas de inspección, explica que, en función de la fecha de instalación de cada aparato, las comunidades disponen de entre tres y diez años para realizar las modificaciones de seguridad requeridas. Sin embargo, desde el GEDAC se matiza que, en la mayoría de los casos -unos 100.000 aparatos-, se contempla únicamente un plazo de hasta 6 meses para las adecuaciones de fácil resolución que, debido a la falta de medios para llevarlas a cabo, puede resultar en inhabilitaciones que tal vez no sean extremadamente urgentes. Mientras tanto, con la entrada en vigor de la nueva normativa, en muchas comunidades de vecinos las conversaciones de ascensor ya no giran en torno al tiempo, sino a

Barcelona, 20 de noviembre del 2025 Bàsics, el programa de análisis de la actualidad de Barcelona con los principales titulares del día y el análisis correspondiente. Porque esto es el ‘básicos’: dar un paso más y buscar más voces implicadas en los temas tratados, para dar las claves del debate a partir de entrevistas, reportajes, mesas y análisis. Presentado por Sandra Mestres. Puedes ver el programa completo a bàsics.

Barcelona, 18 de noviembre del 2025 A Carlos Sánchez nunca le hizo falta imaginarse pilotando naves espaciales ni apagando incendios para responder a la pregunta clásica de la infancia: “¿Qué quieres ser de mayor?”. Lo tenía claro. Mientras otros soñaban con camisetas de fútbol o cascos de moto, él quería ser administrador de fincas. Una elección poco habitual para un niño, pero nada casual: en su casa, gestionar comunidades era el día a día. “Mis padres empezaron a trabajar como administradores en una habitación de nuestro piso, y yo veía cómo atendían problemas de vecinos y solucionaban situaciones de todo tipo”, recuerda Sánchez en conversación con La Vanguardia. Aquella habitación improvisada acabó convirtiéndose en una empresa familiar que hoy suma más de una decena de empleados y gestiona más de 300 comunidades en Badalona. Sánchez acompañó ese crecimiento con formación académica: estudió Administración y Dirección de Empresas y Gestión de la Innovación, para prepararse para ejercer el oficio que había mamado desde pequeño. Define la profesión como “intensa”, pero a la vez profundamente estimulante. “Al final, estás acompañando el día a día de las comunidades y ayudando a gestionar el patrimonio más valioso que suele tener la gente”, explica. Hoy, además ejercer como administrador en la empresa familiar, es el secretario del Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona y Lleida, desde donde observa de primera mano la evolución de un sector tan complejo como imprescindible. Desde este diario hablamos con él para entender mejor los retos de una profesión que, aunque discreta, sostiene la convivencia de miles de hogares. ¿Cuáles son las principales funciones de un administrador de fincas? El administrador de fincas es el responsable de velar por el buen funcionamiento y la conservación del inmueble. Sus funciones abarcan desde la gestión económica y contable —presupuestos, cobros, pagos y liquidaciones— hasta la coordinación de los servicios de mantenimiento del edificio. Además, ejerce como secretario de la comunidad, lo que implica levantar acta en las reuniones, custodiar la documentación y asegurarse de que las decisiones adoptadas en junta se ajusten a la ley. En resumen, es el gestor, mediador y asesor técnico-jurídico que acompaña a la comunidad para que todo funcione correctamente. ¿Considera que la administración de fincas es una labor más técnica o que requiere en mayor medida habilidades psicológicas y de gestión interpersonal? Diría que es una combinación de ambas. La parte técnica es fundamental: normativa, contabilidad, seguridad en las obras, subvenciones y, ahora, también nuevas tecnologías. Sin embargo, el día a día demuestra que la clave está en las habilidades sociales. Un buen administrador necesita escuchar, mediar y comunicar con empatía, pero también con firmeza. Trabajamos con personas que comparten un espacio común y que, a menudo, tienen intereses o sensibilidades distintas, lo que influye directamente en la convivencia y en la gestión diaria. ¿Hay comunidades especialmente “fáciles” o “difíciles” de llevar? Realmente creo que sí. Diría que hay dos grandes perfiles. Las comunidades más fáciles suelen estar formadas por vecinos implicados, comunicativos y que confían en la gestión del administrador de fincas. Cuando hay participación y una buena comunicación, todo fluye con mucha más facilidad. En cambio, las comunidades más complicadas suelen ser aquellas donde existen conflictos antiguos, impagos o una falta general de participación. Muchas veces el gran problema es precisamente la poca asistencia a las reuniones o la falta de comunicación de incidencias importantes. Curiosamente, la dificultad no depende tanto del tamaño del edificio. Una comunidad de 200 vecinos no tiene por qué ser más complicada que una de 10. Al final, cuando hay transparencia y colaboración, todo funciona mejor. Lo determinante no es el número de viviendas, sino la personalidad y la actitud de las personas que conviven en la comunidad. Por suerte, en los administradores de fincas contamos con el CEMCAF, el Centro de Mediación Inmobiliaria del Consell de Col·legis d’Administradors de Finques de Catalunya. Cuando una comunidad llega a un punto de conflicto en el que el administrador está demasiado implicado o existe demasiada confianza, puede intervenir un mediador externo —otro administrador especializado en resolución de conflictos— que ayuda a reconducir la situación. En su experiencia, ¿qué perfiles de vecino generan más conflictos o complicaciones dentro de una comunidad? No hablaría de un perfil único, sino de ciertas actitudes que se repiten. Por ejemplo, quienes nunca asisten a las reuniones, pero después critican todas las decisiones tomadas: no se implican, pero cuestionan lo que otros han decidido. También está quien no considera los elementos comunes como parte de su propiedad. Muchas personas creen que lo único que les pertenece es el interior de su piso, cuando en realidad el edificio y las zonas comunes también son suyas y aportan valor al conjunto. Esto suele derivar en una negativa a invertir en rehabilitaciones necesarias. Otro perfil frecuente es el de quien intenta imponer su criterio sin escuchar al resto. Siempre existe esa figura que piensa que sabe más que los demás y dificulta el diálogo y la toma de decisiones. En cambio, el vecino informado y participativo suele ser el mejor aliado del administrador y también del presidente de la comunidad —que, al fin y al cabo, es un vecino más—, porque realmente valora el trabajo y la implicación que hay detrás de cada gestión. ¿Qué tipo de conflictos entre vecinos son más comunes? Los ruidos suelen ser uno de los problemas más frecuentes: fiestas, animales de compañía —cada vez más— y situaciones como perros que se quedan solos en casa y lloran o ladran. También son habituales los ruidos procedentes de bares cercanos. Otro foco de conflicto son los impagos de cuotas y los desacuerdos en las decisiones de las reuniones. A veces, cuando dos vecinos no coinciden en un punto del orden del día, la tensión aumenta. En cuestiones como reparaciones o filtraciones es imposible resolverlo todo al momento: primero hay que localizar el origen del problema y seguir un proceso técnico. Aun así, la mayoría de situaciones se solucionan con diálogo y recordando las normas. ¿Qué mantenimiento preventivo

Barcelona, 7 de noviembre del 2025 Hasta 25 comunidades de vecinos han denunciado ya a L&V Gestión de Fincas, la administradora señalada por haber vaciado las cuentas de decenas de comunidades en Viladecans (Barcelona). El caso, destapado en exclusiva por Crónica Global, está ahora en manos de los Mossos d’Esquadra, que aguardan a que los Juzgados de Gavà indiquen qué diligencias deben practicarse para avanzar en la investigación. De momento, y según ha podido saber este medio, las 25 denuncias se están agrupando en un único juzgado de instrucción, lo que permitirá tramitar la causa de manera mucho más coordinada. El foco penal Una vez unificadas, será el juez instructor quien analice los hechos y determine qué delitos podrían haberse cometido, además de ordenar las actuaciones judiciales necesarias —entre ellas, la declaración de la responsable de la gestoría, Sandra F. H., y la solicitud de documentación contable. Por ahora, desde Mossos mantienen la prudencia y evitan hablar abiertamente de “estafa”. No obstante, las primeras pesquisas apuntan a que los hechos podrían encajar en los delitos de deslealtad profesional o apropiación indebida. En la práctica, ambos tipos penales tienen que ver con la gestión irregular de dinero ajeno, aunque presentan matices. La deslealtad profesional se da cuando una persona que administra el patrimonio de otros traiciona la confianza depositada en ella, causando un perjuicio económico sin necesidad de quedarse directamente con el dinero. En cambio, la apropiación indebida implica un paso más: retener o utilizar para uno mismo los fondos que solo se tenían en administración. De confirmarse esta línea investigadora, estaríamos ante un ilícito penal de pleno derecho, con posibles penas de prisión y responsabilidad económica para la responsable de la gestoría, Sandra F. H. Intrusismo profesional La administradora señalada es Sandra F. H., quien a pesar de no estar colegiada, dirigía L&V Gestión de Fincas, la empresa con sede en el número 54 de la calle Auguet. Su falta de colegiación como administradora profesional ha encendido todas las alarmas en el Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona y Lleida, que ha manifestado su indignación por lo que consideran un claro caso de intrusismo. En un comunicado oficial, el colegio lamenta “la estafa cometida en Viladecans por parte de L&V Gestión de Fincas y el grave perjuicio que supone para las familias afectadas”, al tiempo que confirma que Sandra F. H. no forma parte del registro profesional. “Este tipo de prácticas suponen un riesgo directo para los consumidores y para los usuarios de vivienda”, advierten. Por ello, subrayan que mantienen “una posición firme y una labor constante en la lucha contra el intrusismo, con el objetivo de proteger los intereses de la ciudadanía”. «Igual hubo mala praxis» En paralelo, en una breve conversación telefónica mantenida por Crónica Global con la administradora denunciada —una llamada en la que reprochaba a este medio haber publicado la información en primicia—, Sandra F. H. negó ser una ladrona y rechazó tajantemente que existan denuncias contra ella. Aseguró que, en todo caso, “igual hubo mala praxis, pero nada más”, restando importancia a la acusación de haber vaciado cuentas vecinales. Lo cierto es que, a día de hoy, constan ya al menos 25 denuncias, correspondientes a 25 comunidades perjudicadas. Cierre repentino Tras conocerse el escándalo, en la puerta de la gestoría apareció una nota impresa y pegada con celo en la que se comunicaba el “cese de la actividad administrativa” de la empresa. En el mismo comunicado, la administradora aseguraba que se estaba realizando el traspaso de la documentación de cada comunidad “para coordinar la entrega con el nuevo administrador o con el presidente de la finca”. A lo que se añadía que cualquier contacto debería hacerse “exclusivamente por correo electrónico”, advirtiendo de que el teléfono habitual dejaría de estar operativo.  El Ayuntamiento se persona Por su parte, el Ayuntamiento de Viladecans ha anunciado que se personará en la causa abierta contra L&V Gestión de Fincas. La alcaldesa, Olga Morales, ya ha encargado a los servicios jurídicos municipales un análisis urgente para sumarse a las denuncias presentadas por los vecinos afectados. En paralelo, los equipos de servicios sociales y mediación mantienen un seguimiento activo por si existieran casos de vulnerabilidad residencial que requieran una intervención inmediata. Desde los primeros avisos, el Ayuntamiento habilitó canales de asesoramiento y acompañamiento a través de la Oficina Local de Vivienda, la Oficina Municipal de Información al Consumidor y las tres oficinas de distrito, para orientar a los vecinos y evitar que el daño económico y administrativo fuera a más. Asimismo, el consistorio ha abierto una línea directa de coordinación con otras administradoras de fincas de la ciudad con el objetivo de que las comunidades afectadas puedan restablecer cuanto antes su gestión ordinaria y reanudar pagos, obras y servicios básicos que han quedado paralizados. Puedes leer la noticia completa a “Igual hubo mala praxis”: la administradora intrusa minimiza el escándalo de Viladecans.

Barcelona, 7 de noviembre del 2025 Viladecans está en shock, y no es una exageración, por el volumen de posibles afectados. Una administradora de fincas de Viladecans está siendo investigada por un presunto delito de apropiación indebida que supera el millón de euros, según las primeras estimaciones. No se trataría de una estafa en principio, sino de un caso de apropiación indebida, por hacer un uso del dinero para fines no previstos en la contratación. Las  comunidades afectadas serían morosas en el personal de mantenimiento, y en obras realizadas, donde incluso hubo derramas por los vecinos, y el dinero no llegó a las empresas contratadas. Por el momento, se han registrado 25 denuncias de comunidades de propietarios, aunque no se descarta que la cifra aumente, que la administradora gestionaba cerca de 120 comunidades de vecinos de Viladecans (65.000 habitantes), que ha cerrado la empresa,  L&V Gestió de Finques ,sin previo aviso. Preocupación por el alcance del fraude La alcaldesa de Viladecans, Olga Morales, ha admitido en los micrófonos de COPE CATALUNYA  su inquietud ante la magnitud del caso. Según Morales, muchas comunidades todavía están evaluando el alcance real del perjuicio económico en sus cuentas. Algunas de ellas se encontraban inmersas en obras de gran envergadura, como reformas de fachadas o trabajos estructurales, con derramas que podían alcanzar los 250.000 euros. «Estamos haciendo una estimación de un millón y medio de euros«, ha señalado. El riesgo de los administradores no colegiados El Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona i Lleida ha denunciado que la administradora investigada no estaba colegiada. Esta situación supone un grave problema para los afectados, ya que no cuentan con la cobertura del seguro de responsabilidad civil que ampara a los profesionales colegiados. Lourdes Ciuró, asesora jurídica del colegio, ha insistido en la importancia de verificar siempre la colegiación del profesional contratado. Ciuró cree que no contratar a profesionales regulados se debe más al «desconocimiento» que a un motivo económico. «Igual que cuando vas al médico te aseguras de que es colegiado y un buen profesional, aquí deberíamos hacer lo mismo», ha sentenciado. Mientras, los Mossos d’Esquadra están recopilando todas las denuncias para unificar la causa en un único juzgado y evitar investigaciones judiciales múltiples. Puedes leer la noticia completa a Investigan a una administradora de fincas en Viladecans por presuntamente apropiarse de más de un millón de euros.