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El Ayuntamiento de Barcelona ha firmado un convenio con el Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida y el Gremio de Instaladores de Barcelona para impulsar la instalación de placas solares en edificios residenciales , ha explicado en un comunicado este lunes. La iniciativa ‘Moment solar Barcelona’ pretende ayudar a los vecinos en la tramitación de las subvenciones en este ámbito, para que puedan amortizar el coste de la instalación en un plazo de dos a tres años. El consistorio espera que unas 2.000 familias (100 comunidades de vecinos) se sumen a la iniciativa este 2022 y asegura que una unidad familiar que apueste por el autoconsumo puede reducir el coste de la factura de la luz hasta el 25%, lo que supone unos 200 euros de ahorro anual. Con esta iniciativa se quiere «aumentar el interés, convencer y acompañar» a las comunidades para llevar a cabo todo el proceso de instalación de placas fotovoltaicas desde el estudio previo hasta la instalación, la legalización y la puesta en marcha de las placas, así como su tramitación para acceder a las subvenciones disponibles. Permisos y mantenimiento ‘Moment Solar Barcelona’ acompañará a la práctica toda la actuación ejecutiva de la instalación de autoconsumo, gestionará los permisos necesarios y se ocupará del mantenimiento de las placas fotovoltaicas. La Agencia de la Energía de Barcelona impulsará también una campaña comunicativa y contará con un equipo de informadores para explicar el proyecto y hacer efectiva la realización de las instalaciones. Por su parte, el Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona «ayudará a llegar» a las comunidades de vecinos y el Gremio de Instaladores de Barcelona asegurará instalaciones profesionales que cumplan todos los requerimientos técnicos y de legalización en un coste que quieran razonable.   LEER LA NOTICIA COMPLETA EN «EL PERIÓDICO»: https://www.elperiodico.cat/ca/barcelona/20220516/barcelona-impulses-plaques-solars-edificis-13665074

ACN Barcelona – El Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida ha exigido «medidas legislativas urgentes» para frenar la ocupación de viviendas. En un comunicado emitido este lunes, los propietarios han denunciado que las políticas de vivienda son «fracaso total», y que promueven el empleo «sin amparo a los afectados». Según ha afirmado la entidad, en Catalunya se registran el 50 por ciento de las ocupaciones del conjunto del Estado, y el 75 por ciento de éstas tendrían lugar en la ciudad de Barcelona. En este sentido, los administradores apuntan a que la capital catalana promueve regulaciones «permisivas» que «avalan el empleo como forma legítima de posesión de una vivienda». Según indican, las políticas de vivienda de la ciudad de Barcelona son “laxas”, y están asentadas sobre la base de un “fallo interpretación del derecho a una vivienda digna”. Desde el Colegio insisten en que la ocupación de viviendas es un «grave problema social y de seguridad» que provoca «peleas y amenazas» entre los ocupas y los vecinos. Con esto, la entidad ha subrayado la «sensación de impotencia e impunidad». «Es incomprensible que la ciudadanía no encuentre una respuesta eficaz ni penal ni civil que la proteja con eficacia de estas actuaciones delictivas», ha expresado el presidente del Colegio, Enrique Vendrell. Paralelamente, los propietarios también han señalado la «indiferencia» de la mayoría de grupos políticos. «Su inacción está provocando graves consecuencias económicas, sociales y psicológicas», han lamentado. Con ello, desde el Colegio piden un “cambio legislativo” que permita una acción judicial, y que se adopten “medidas efectivas” que protejan a los afectados. Los administradores pusieron de ejemplo de regulaciones las adoptadas por la Comunidad de Madrid, donde se permite realizar juicios rápidos por delitos leves de ocupación de viviendas.   LEER LA NOTICIA COMPLETA EN «LA REPÚBLICA»: https://www.larepublica.cat/minut-a-minut/els-administradors-de-finques-de-barcelona-i-lleida-exigeixen-mesures-legislatives-urgents- para frenarla ocupación/

ACN Barcelona – El Ayuntamiento de Barcelona, ​​el Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida y el Gremio de Instaladores han firmado un convenio para impulsar la instalación de placas solares en edificios residenciales. Se trata de ‘Moment solar Barcelona’, iniciativa a través de la cual se quiere conseguir que unas 2.000 familias dispongan de energía renovable este año mediante la instalación de paneles solares. Esto supondría unas 100 comunidades de vecinos con capacidad de generar su propia electricidad. El convenio plantea un trabajo de puerta a puerta en un centenar de comunidades, donde se explicará la iniciativa y, si hay interés, se realizará una reunión aportando el proyecto específico para esa comunidad. Para llevar adelante la ejecución del proyecto es necesaria una mayoría simple en una votación a la comunidad y asegurar que la cubierta está en buen estado desde un punto de vista funcional y estructural. Si la propuesta sale adelante, será el instalador que la comunidad escoja el que moverá los permisos necesarios, tramitará las posibles ayudas que existan, hará la ejecución de la instalación, la legalizará, la gestionará y, si así es acuerda, la mantendrá. Ahorro de casi 200 euros anuales Una comunidad que apueste por el autoconsumo puede llegar a generar un ahorro del 25% anual de la factura de la luz, lo que puede suponer hasta un ahorro de casi 200 euros. Además el Ayuntamiento descontaría el IBI del 50% en los tres primeros años posteriores a la inversión, y en el caso de Impuesto sobre construcciones instalaciones y obras (ICIO), el valor total bonificado es del 95% del coste total de la licencia de obras. ‘Moment solar Barcelona’ acompañará también en la tramitación para acceder a todas las subvenciones disponibles para que el coste de la instalación se pueda amortizar en un plazo de dos a tres años. La Agencia de la Energía de Barcelona impulsará también una campaña comunicativa y contará con un equipo de informadores para explicar el proyecto y hacer efectiva la realización de las instalaciones. El Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona ayudará a llegar a las comunidades de vecinos y el Gremio de Instaladores de Barcelona asegurará instalaciones profesionales que cumplen con todos los requerimientos técnicos y de legalización a un coste razonable.   LEER LA NOTICIA COMPLETA A «324»: https://www.ccma.cat/324/conveni-per-aconseguir-que-2000-families-de-barcelona-installin-plaques-solars-als-seus-edificis-residencials /noticia/3164299/

Recurso contencioso administrativo contra la modificación contra la modificación del Plan General Metropolitano que afecta a Gràcia   La Vila de Gràcia es uno de los afectados por la reciente modificación del PGM Al gobierno municipal de Barcelona se le acumulan las causas en los juzgados. Esta vez el detonante del conflicto es la modificación del Plan General Metropolitano (PGM) del distrito de Gràcia y quienes se sitúan al otro lado de la trinchera son adversarios habituales de la alcaldesa Ada Colau. Cinco entidades del sector inmobiliario han interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra una iniciativa que, entre otras cosas, establece que en la construcción de nueva obra residencial o grandes rehabilitaciones habrá que reservar un mínimo de un 30% del techo edificable a vivienda protegida, con la merma de rentabilidad que esta disposición supone para los constructores. El recurso, que si es aceptado dará paso a la correspondiente demanda, lleva la firma de la Asociación de Promotores y Constructores de Edificios de Cataluña, la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona, ​​el Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida, el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Barcelona y la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Catalunya. Rechazo de la obligación de ceder un 30% de obra nueva o rehabilitada de más 400 m2 a vivienda protegida La normativa que estas entidades llevan a los tribunales es el Plan para la Mejora Urbanística y Ambiental de los Barrios de Gracia promovida por el Ayuntamiento de Barcelona, ​​cuya aprobación definitiva fue publicada el 4 de marzo en el Diari Oficial de la Generalitat . La mencionada modificación prevé que las nuevas edificaciones de viviendas plurifamiliares en suelo urbano consolidado o las rehabilitación de más de 400 m2 deberán destinar un mínimo de un 30% del techo edificable a vivienda protegida. De esta forma, entienden los autores del recurso, se establece un techo diferente respecto al que en su día se acordó para el resto de la ciudad (600 m2) sin justificar el motivo de esta diferencia. El recurso también remarca que la reserva en suelo urbano consolidado constituye una nueva carga sobre la propiedad, ya que impone un nuevo deber a los propietarios de este suelo. «Nos encontramos pues, ante una limitación al derecho de propiedad, y esto debe comportar la indemnización correspondiente, tal y como estableció recientemente el Tribunal Constitucional», señalan las entidades del sector inmobiliario. la vivienda para muchas familias tiene su origen en «un grave desequilibrio entre una oferta muy reducida y la ausencia de políticas públicas» Una cuestión importante que figura entre las motivaciones del recurso es que el estudio económico no aclara la viabilidad real de la nueva norma ni establece la sostenibilidad para las finanzas públicas. Las entidades antes mencionadas consideran que las grandes tensiones que registra el acceso a la vivienda para muchas familias tiene su origen en “un grave desequilibrio entre una oferta muy reducida respecto a una demanda creciente, y la ausencia de políticas públicas bien diseñadas y dotadas económicamente, así como de una parálisis de la gestión de las administraciones públicas con los escasos recursos de que disponen”. Los promotores recuerdan que el ámbito metropolitano tiene un potencial de reservas de suelo para construir más de 73.000 viviendas protegidas, 20.000 en la ciudad de Barcelona. «Es imprescindible movilizar estas reservas para incrementar la oferta de vivienda asequible», señalan los inmobiliarios. LEER LA NOTICIA COMPLETA EN «LA VANGUARDIA»: https://www.lavanguardia.com/encatala/20220510/8255106/sector-inmobiliari-obre-altre-front-judicial-colau.html

Aunque, de momento, parece lo más habitual, el coche eléctrico no es terreno acotado a viviendas unifamiliares con cargador individual en casa. Aunque hay quien, incluso, vive con un coche eléctrico y sin enchufe , en los garajes comunitarios también es posible contar con un punto de recarga para nuestro vehículo. Porque lo más cómodo es que nuestro coche eléctrico pueda recargarse por la noche. En este caso, lo primero que debemos tener claro es que tenemos todo el derecho a instalar un punto de carga en un garaje comunitario, aunque no podremos hacer uso de la luz comunitaria. Es decir, podemos instalar un punto de carga, pero como vecinos no tenemos derecho a enchufar nuestro vehículo a una toma doméstica que dé servicio al garaje . Es importante tener esto en cuenta porque, en el primer caso, seremos nosotros los que estamos pagando la recarga y, en el segundo, la facturación iría a la cuota comunitaria mensual. Cómo actuar Si algo debemos tener claro es que instalar un enchufe para uso particular de nuestro coche eléctrico en un garaje comunitario está completamente permitido y avalado por la ley. De hecho, la comunidad de vecinos no puede negarse a que se realice dicha instalación. Si tienes dudas concretas, toda la información para cargas de coches eléctricos en espacios comunitarios puedes resolverlas con la Guía Técnica de aplicación de la ITC-BT 52. Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de coches eléctricos. Pero, en resumidas cuentas, el art. 17.5 de la Ley de Propiedad Horizontal señala que “la instalación de un punto de recarga de vehículos eléctricos para uso privado en el aparcamiento del edificio, siempre que éste se ubique en una plaza individual de garaje, sólo requerirá la comunicación previa a la comunidad. El coste de dicha instalación y el consumo de electricidad correspondiente serán asumidos íntegramente por el o los interesados ​​directos en la misma.” Es decir, será el vecino el encargado de llevar a cabo la instalación necesaria y el pago de la misma. decidir el mejor lugar para la instalación de contadores y el tendido de cableado hasta el punto de recarga de cada plazas. De no contar con esta aprobación, señalan que es bueno establecer unos requisitos mínimos para cada vecino, que Colegio de Administradores de Madrid resumen en: Comunicación previa por parte del propietario o vecino solicitante. Desde el contador al punto de recarga, la línea deberá instalarse bajo tubo homologado y por el recorrido que se acuerde con la comunidad de propietarios, no pudiendo utilizarse los conductos y cajas comunes. El pasa tubos desde el cuarto de contadores al garaje serán a cargo del propietario solicitante. El punto de recarga se instalará en el muro del fondo de la plaza de garaje, lo más centrado posible y sin ocupar el vuelo de las plazas colindantes. El propietario o vecino deberá entregar a la comunidad de propietarios el boletín de instalación. Cumplir con la normativa vigente en cada momento. Los detalles técnicos Una vez emitida la comunicación, debe tenerse en cuenta el tipo de garaje comunitario en el que se desea instalar el punto de carga. Si el garaje es independiente de las viviendas, existen dos posibilidades . La primera es que se realice una preinstalación desde el cuadro eléctrico del garaje, que discurra por todo el garaje con sección suficiente para que, posteriormente, todo lo que quiera pueda engancharse a esa línea y colocar en su plaza el punto de recarga junto a un contador que deberá ser periódicamente leído para generar los recibos y pasarlos al cobro. La otra opción es que cada propietario interesado realice una instalación individual desde el cuadro eléctrico del garaje hasta su plaza con un cableado de sección apropiada para un solo punto de recarga y la instalación de contador, y así sucesivamente para el resto de interesados. Esta opción cuenta con el inconveniente de que según se vayan realizando nuevas instalaciones se aumentará el cableado que discurra por el garaje por lo que se debería plantear la obligatoriedad de que al legar a un número de derivaciones individuales se obligue a sustituirlas por una comunitaria de mayor sección para que el resto de los propietarios pueda engancharse posteriormente. Si, por el contrario, hablamos de un garaje asociado a unas viviendas, también será viable realizar derivaciones individuales desde los propios contadores de las viviendas hasta las plazas de aparcamiento, aunque, desde el órgano colegiado señalan que «siempre cumpliendo con lo establecido en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) para evitar posibles reclamaciones de subsanación de defectos en futuras inspecciones del garaje». Y en Cataluña… En Cataluña, sin embargo, cuentan con su propia Ley de Propiedad Horizontal y el proceso es ligeramente distinguido. Tal y como nos cuenta Francisco Javier Quintana, vicepresidente del Colegio de Administadores de Fincas de Girona , en este caso queda regulado por el artículo 553-36.3 . En él leemos lo siguiente: «En caso de instalación de un punto de recarga individual de vehículo eléctrico, sólo es preciso enviar a la presidencia oa la administración el proyecto técnico con treinta días de antelación al inicio de la obra y la certificación técnica correspondiente una vez finalizada la instalación Dentro de este plazo la comunidad puede proponer una alternativa raonable y más adecuada a sus intereses generales Si la instalación alternativa no se hace efectiva en el plazo de dos meses, el propietario interesado puede ejecutar la instalación que había proyectado inicialmente». Es decir, si hubiera que acometer cualquier tipo de obra para la instalación de un punto de carga, el propietario deberá proponer un proyecto técnico que podrá ser contestado por la comunidad en los siguientes 30 días. En caso de que los vecinos se decidan por la última alternativa propuesta, tienen de dos meses para la instalación de la misma. De no llevarse a cabo, el propietario del vehículo eléctrico tiene vía libre para realizar su propio proyecto. Además, en cuanto a la pregunta de quién debe asumir los gastos en

Varias entidades viene injustificado que se hayan aprobado unos parámetros para proteger el patrimonio de un barrio distintos a los del resto de la ciudad Los enchufes de Colau, en el centro de su vía crucis judicial Nuevo revés a las políticas de Ada Colau que se adentra en la Justicia. Varios agentes del sector inmobiliario se han aliado y han anunciado que presentaran un recurso contencioso contra el plan urbanístico que el gobierno municipal anunció recientemente para protegir el patrimonio del barrio de Gracia que el gobierno municipal (BComú y PSC) pactaron como ERC, a pesar de las quejas del resto de la oposición. La alcaldesa suma así una nueva causa judicial a la que enfrentarse en su último año de mandato. El recurso ha sido presentado en concreto por la Asociación de Promotoras y Constructoras de Edificios de Cataluña, la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona, ​​el Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida, el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Barcelona y la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Cataluña y se opone a la modificación del Plan General Metropolitano que el consistorio aprobó a finales de enero para «garantizar la conservación del patrimonio del barrio», como defendió entonces el gobierno municipal. En concreto, el plan fija que los edificios construidos o rehabilitados de más de 400 metros cuadrados deberán destinar al menos el 30% del espacio a vivienda protegida, unos parámetros distintos al resto de la ciudad, en donde se establece la afectación para fincas de como mínimo 600 metros cuadrados. Las entidades que impulsan el recurso lamentan que no se justifica el motivo de esta diferencia. Por todo ello, critican que la reserva sobre suelo urbano consolidado «constituye una carga nueva sobre la propiedad, puesto que impone un nuevo deber a los propietarios de este suelo», y lo consideran a una limitación del derecho a la propiedad por la que reclaman una indemnización. El sector inmobiliario también considera que el estudio económico que se hizo para modificar el plan «no aclara la viabilidad real» de la nueva norma y critican que incluya la rehabilitación de edificios.   LEER LA NOTICIA COMPLETA EN «ABC»: https://www.abc.es/espana/catalunya/barcelona/abci-sector-inmobiliario-barcelona-lleva-tsjc-plan-urbanistico-colau-202205091613_noticia.html