El Tribunal Constitucional tumba la ley catalana que regula el precio del alquiler y éste no será el único cambio que sufrirá el sector El mercado inmobiliario recibe el golpe de ese nuevo cambio a la espera de una nueva ley estatal | iStock La ley para contener los precios de las viviendas en alquiler en Cataluña sólo ha durado año y medio. El Tribunal Constitucional ha anulado gran parte de la Ley 11/2020 argumentando que la normativa catalana invadía competencias estatales. Con esta decisión, el mercado de alquiler residencial catalán vuelve a sufrir un cambio legislativo trascendental que, además, no se hace por motivos de la salud del mercado, sino políticos y legislativos, lo que enfada a los principales agentes del sector. Suscríbete gratis a VIA Empresa y recibirás en tu correo nuestras mejores historias, reportajes y entrevistas, además de otras ventajas exclusivas para suscriptores. El tren de la bruja. Eduard Solé , socio y director de operaciones de Monapart compara la ley de arrendamientos de los últimos años con el tren de la bruja: «ha sufrido muchos cambios legislativos que afectan, evidentemente, al mercado ya los que participamos del mercado». Es una fuente de incertidumbre que viene ocasionada «por una disputa entre gobiernos», reflexiona Alex Vàzquez , director de administración de alquileres de Forcadell, quien añade que, además, «esta ley nació con fecha de caducidad y sin escuchar a los expertos del mercado». En la misma línea, las principales asociaciones y colegios profesionales del sector han hecho un comunicado conjunto con una clara denuncia: «Desgraciadamente, no se nos escuchó, no se nos escuchó y no se nos escucha». Varios colectivos del sector inmobiliario: «Desgraciadamente, no se nos escuchó, no se nos ha escuchado y no se nos escucha» El colectivo pide «medidas estructurales, y no normativas populistas» que provocan mayor desconfianza, agravan una situación de inseguridad jurídica y reducen la disponibilidad de vivienda asequible. Han participado de este comunicado la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Cataluña, el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Barcelona y Provincia, el Consejo de Colegios de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Cataluña, el Asociación de Promotores y Constructores de Edificios de Cataluña (APCE), la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona-Lleida, el Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida (CAFBL) y el Consejo de Colegios de Administradores de Fincas de Catalunya. En este contexto de cambio permanente, además, se sabe que otra normativa está a punto de sacudir de nuevo el mercado. El Gobierno de España presentará antes del verano una ley para limitar el precio del alquiler. Y, paralelamente, antes de finalizar el año, también tiene previsto aprobar una nueva Ley de Vivienda Estatal. El objetivo de la fijación de los precios es el mismo que el de la Generalitat: limitar los precios de alquiler a «zonas tensadas». El índice de precios que precederá a esta ley lo publicarán a finales de marzo. A través de «millones de datos cruzados de Hacienda, de registradores de la propiedad, del depósito de finanzas, del catastro y del INE, tendremos una imagen real de la evolución de los precios en las zonas tensadas» anunció David Lucas Parrón , secretario general de Agenda Urbana y Vivienda del Gobierno español. Los 160.000 contratos afectados La Ley 11/2020 tenía la finalidad de contener y moderar el precio del alquiler en determinadas zonas de Cataluña que, según la Generalitat, «por sus características, no garantizan tener viviendas de alquiler a un precio asequible, por lo que se obstaculiza el acceso a toda la población». La normativa se ha aplicado durante el último año y medio a un total de 60 municipios catalanes con más de 20.000 habitantes. Según datos del Sindicato de Inquilinos, durante este tiempo la ley ha afectado a 160.000 contratos firmados en Catalunya y ha conseguido que los precios del alquiler bajen un 5% en las ciudades reguladas. «Si se declara inconstitucional una ley que ha afectado a 160.000 viviendas, debería contemplarse algún resarcimiento», apunta Vázquez, como compensaciones o bonificaciones fiscales. Vázquez: «Si se declara inconstitucional una ley que ha afectado a 160.000 viviendas, debería contemplarse algún resarcimiento» Tanto Solé como Vázquez coinciden en que la ley ha afectado más a aquellos pisos de alto standing o con primeras calidades, que a aquellos con rentas más bajas. La normativa catalana no tenía suficientemente en cuenta los valores añadidos a la vivienda. La única consideración que se hacía era la posibilidad de incrementar un 5% el precio de la renta si la vivienda contaba, al menos, con tres características destacadas añadidas (como ascensor, vistas especiales, piscina comunitaria, conserjería, etcétera) . Según Solé, «la ley ha homogeneizado toda la oferta y no ha discriminado si el piso tiene o no acabados de alta gama. Un propietario puede haber invertido en una vivienda pensando en un público que ya le está bien pagar más por tener mayores cualidades, pero se ha encontrado con que no ha podido recuperar esta inversión». Estos propietarios han tenido tres vías de actuación: asumir el no retorno de la inversión, vender el inmueble o traspasarlo al mercado de alquiler temporal. Según Idealista, de hecho, el stock de pisos de alquiler en Barcelona se redujo un 57% en el 2021, bajada que se vincula directamente a este contexto legislativo. ¿La bajada de precios se convierte en la ley? Respecto a la bajada de los precios, Solé apunta que puede haber otras causas: «hay quien lo atribuye más a la situación económica derivada de la cóvid-19». Un año después del estallido de la pandemia, «los precios de alquiler en Madrid y Barcelona se habían reducido de forma similar, y eso que en Madrid no había ninguna ley de regulación». Concretamente, según Idealista, el metro cuadrado residencial en la provincia de Barcelona a septiembre de 2020 se situaba en 15,3 euros. Un año y medio después se redujo un 4,6%, hasta los 14,6 euros el metro cuadrado. En Madrid, el precio pasó de 14,9 euros el metro cuadrado a 13,9 euros. Es decir, registró una
