Nombre del autor:Marta Agraz

La escalada en el precio de los combustibles obliga a los propietarios de edificios con caldera centralizada a bajar la temperatura ya aprobar derramas El aumento del coste de la calefacción se ha levantado por delante de los ahorros de los propietarios. ZVONKO1959 Las comunidades de propietarios están sufriendo intensamente por la alza desembocada del precio de los combustibles que usan para sus calefacciones centralizadas y por la escalada brutal del coste de la luz en las zonas comunes. La crisis económica provocada por la guerra de Rusia en Ucrania ha dado una nueva estocada —antes fue la pandemia— en las comunidades de vecinos, aunque el coste del gas natural y la electricidad empezó a encarecerse meses atrás. Cada vez son más las fincas con calderas centralizadas (colocadas también en edificios de reciente construcción por su mayor eficiencia energética) que se han quedado con la caja completamente vacía tras hacer frente a los recibos extraordinarios por el consumo de calefacción. “Las cuotas son absolutamente insuficientes para cubrir el gasto real, pues las previsiones se realizaron para un escenario diferente”, señala Ángel Hernández, presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Salamanca. Y remata: «Si la comunidad mantuviera un remanente suficientemente amplio, podría demorar el ajuste de las cuotas, pero será inevitable». No quedará otra que subir cuotas, emitir derramas o recurrir a los fondos de reserva. Pablo Ruiz, de Acerta Gestión y vocal del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid, explica que hay comunidades «que se han comido la tesorería», y cuenta el caso de una finca en Madrid que tenía en la caja 80.000 euros para rehabilitar la fachada y se lo ha gastado en pagar la calefacción. Miguel Ruiz Lizondo, administrador de fincas de Zaragoza y presidente del Colegio de Aragón, afirma que “todas las comunidades que no tenían una economía saneada han tenido que aprobar derramas extraordinarias , en algunos casos bastante elevadas y siempre en función de los saldos que tenían en los cuentas, si bien en muchas otras el tema se ha salvado reduciendo drásticamente el horario de la calefacción y bajando la temperatura de las calderas”. Todos los administradores de fincas consultados dan por seguro un importante incremento de la morosidad en los próximos meses, aún difícil de cuantificar. «Es una situación económica límite», sentencia Salvador Díaz, presidente del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas. La economía de guerra ha legado a las comunidades de propietarios. Algunas han apagado la calefacción este 31 de marzo, cuando lo habitual es hacerlo en la segunda semana de mayo. En otras, el conserje tiene la orden de encenderla solo media jornada (normalmente por la tarde). En definitiva, están tratando de “estirar el combustible recortando horas de calefacción y bajando la temperatura de la caldera”, comenta Hernández. Aunque las medidas no están gustando a todos por igual. Esta «reducción considerable del horario de calefacción ha supuesto tensiones vecinales en algunas comunidades», dice Nerea García, administradora de fincas colegiada de Madrid, que gestiona 60 edificios. El primero que ha puesto contra las cuerdas a los vecinos es el gas natural. . Lorenzo Viñas, gerente del Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida, pone un ejemplo muy clarificador: cargar una caldera de 15.000 litros suponía en enero de 2021 una factura de 12.684 euros. En enero de 2022, antes incluso de la guerra en Ucrania, ya era de 43.113 euros. Conoce en profundidad todas las caras de la moneda. SUSCRIBETE En algunas fincas las facturas de gas natural se han multiplicado por tres. «A propietarios que el año previo pagaban 120 euros al mes de gas natural, ahora las ha subido a 360 euros», exposa Pablo Ruiz. Este administrador cuenta que hay comercializadoras que este invierno han roto los contratos de gas que tenían suscritos con algunas comunidades, y además se queja de que éstas tengan que contratar en el mercado libre como si fueran una gran empresa y no puedan acogerse a una tarifa regulada . En otras comunidades de propietarios las subidas no han sido tan intensas: en una de las que administra Nerea García, de 18 viviendas, el alza del coste del gas natural entre marzo de 2021 y marzo de 2022 ha sido del 40%. Algunos gestores vieron legar la gran ola. “Durante el mes de octubre, algunos administradores de fincas, dado que los precios podrían subir más, decidieron cerrar precios fijos para un año (desde mediados de diciembre de 2021 a noviembre de 2022) a 0,0595 euros/Kwh, lo cual fue un gran acerto, puesto que el precio de gas para calefacción se está pagando a 0,090 euros/Kwh”, dice Viñas. La segunda tortura para las fincas con calefacción centralizada es el gasóleo . El presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Salamanca vuelve con un ejemplo: la carga de una caldera de 15.000 litros se pagó a 9.300 euros el 17 de marzo de 2021. El 18 de marzo de 2022 costó 19.000 euros. “En enero de 2021, el precio por litro de gasoil para calefacción fue de 0,50 euros y en marzo 2022 ha sido de 1,154 euros por litro”, añade. Pero no todo es gas natural o gasóleo. Hay edificios con calderas de biomasa . Aunque no es tan sangrante, el coste también se ha disparado debido a que para la producción de pellet se necesita electricidad y los fabricantes han estado produciendo a costas altísimos. “El pellet ha subido en torno a un 30% o un 40% desde septiembre hasta hoy y esto es lo que la gran mayoría de fabricantes están repercutiendo en las comunidades”, dice Juan Cabello, director general de Calordom, una de las principales empresas del sector, que dice no estar subiendo precios gracias a su importante capacidad de almacenaje. “Muchos fabricantes están paralizando producción hasta sanear cuentas”, afirma Cabello. Y añade: “El pellet va a subir en torno a un 100% la próxima temporada, el invierno que viene”. El hueso de aceituna se encarecerá entre un 20% y un 30%, calcula. Ahogados por la luz

Marta AgrazPeriodista. Directora de Comunicació del CAFBL

El pasado jueves el Tribunal Constitucional hizo público que determina que Cataluña no tiene competencias para establecer criterios en la fijación de los precios de alquiler de viviendas. No es ninguna sorpresa. Gobierno, a los partidos ya la ciudadanía la inseguridad jurídica que supone la aplicación de esta ley, que además provoca los efectos contrarios a los pretendidos. Desgraciadamente no se nos va escuchar, no se nos ha escuchado y no se nos escucha, aunque hemos pedido reiteradamente encontrarnos con el Muy Honorable Presidente de la Generalidad de Cataluña para poder comunicar nuestras inquietudes y propuestas, así como para compartir la nuestra experiencia y conocimiento del comportamiento del mercado. El Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña, en su dictamen, le advirtió a todos los grupos parlamentarios ya los promotores de la ley, por lo que nadie nadie. debería sorprenderse de la resolución del TC. Las reiteradas resoluciones contrarias -sin ir más lejos, hace pocos días se ha anulado el Decreto ley 37/2020 de refuerzo al derecho a la vivienda ante los efectos de la pandemia y antes parte del Decreto ley 17/2019 de medidas para mejorar el acceso a la vivienda-, están provocando y agravando una situación de inseguridad jurídica, en un tema tan delicado y básico como es la vivienda, que precisamente requiere estabilidad. Es hora de que, de una vez por todas, el Gobierno y los grupos parlamentarios afronten la problemática de la vivienda en su profundidad con medidas estructurales, y no con normativas populistas que sólo provocan el efecto contrario, ya que cada vez existe menos disponibilidad de vivienda asequible y mayor desconfianza. Es necesario crear un marco adecuado, sereno, donde todos los afectados puedan participar, donde se den. las condiciones necesarias para generar un auténtico diálogo social y, en definitiva, se puedan dar los elementos necesarios para hacer efectiva una verdadera concertación público-privada de todos los implicados o sea posible conseguir el consenso necesario, en el que cada actor asuma el su papel. Se trata de que propietarios e inquilinos, que son los que se mueven principalmente en el sector privado, arreglen sus diferencias, pero también que ambos exijan al sector público su participación directa con medidas efectivas. que creen seguridad, estabilidad, pacifiquen el mercado y permitan recuperar la confianza en el alquiler. No podemos seguir por el mismo camino y salvar los arrecifes jurídicos que cada vez pone sobre la mesa el TC, con parches y nuevas leyes, decretos ley y decretos. En este sentido, reiteramos nuestro ofrecimiento y nuestra predisposición a colaborar y participar para poner en marcha medidas que sean realmente efectivas. No se puede escuchar únicamente las propuestas. determinados movimientos sociales y que los representantes políticos se limiten a seguir sus consignas ideológicas, sino que debe tenerse en cuenta a todos los agentes implicados para poder disponer de una regulación justa y equilibrada, y que represente una solución efectiva y estable al problema del acceso a la vivienda.   LEER LA NOTICIA COMPLETA EN EL MUNDO FINANCIERO: https://www.elmundofinanciero.com/noticia/100674/empresas/el-sector-inmobiliario-vuelve-a-reclamar-la-colaboracion-publico-privada-para-abordar -la-problemática-de-la-vivienda-en-cataluna.html Marta AgrazPeriodista. Directora de Comunicació del CAFBL

El sector reclama acabar con la crisis de los alquileres desde el consenso y con la colaboración público-privada   El sector inmobiliario catalán ha reclamado que se aborde el problema de la vivienda desde la colaboración público-privada y el diálogo social y ha alertado de la inseguridad jurídica que genera la profusión de normas que luego son parcial o totalmente suspendidas por diferentes instancias judiciales. En un comunicado conjunto hecho público hoy tras el retajo del Tribunal Constitucional a la ley catalana que regula los alquileres , las principales entidades catalanas del sector inmobiliario instan al Gobierno ya todos los grupos parlamentarios a afrontar el acceso al vivienda «con medidas estructurales y no con normativas populistas «. A su juicio, hay que crear un marco «adecuado, sereno, en el que todos los afectados puedan participar, donde se den las condiciones necesarias para generar un auténtico diálogo social». Crítica al populismo «Es hora de que, de una vez por todas, el Gobierno y los grupos parlamentarios afronten el problema de la vivienda en su profundidad con medidas estructurales , y no con normativas populistas que sólo provocan el efecto contrario , puesto que cada vez hay menos disponibilidad de vivienda asequible y más desconfianza», asegura el comunicado. El escrito está firmado por el Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida, Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Barcelona y Provincia, el Consejo de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Cataluña, la Asociación de Promotoras y Constructoras de Edificios de Cataluña y la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona-Lleida. Piden medidas efectivas Estas organizaciones subrayan que son los propietarios e inquilinos los que deben » arreglar sus diferencias » y que el sector público debe ayudar con medidas «efectivas» que crean » seguridad y estabilidad » y «pacifican el mercado» para poder recuperar la confianza en el alquiler . «No podemos seguir por el mismo camino y salvar los escollos jurídicos que cada vez ponga encima de la mesa el Tribunal Constitucional (TC), con parches y nuevas leyes, decretos leyes y decretos», ha expresado. En esta línea, se ofrecen a colaborar «para poner en marcha medidas que sean realmente efectivas», asegurando que «no se puede escuchar únicamente en las propuestas de unos determinados movimientos sociales «. Este comunicado conjunto se produce después de que el pasado jueves el TC anulara parte de la ley catalana que limitaba los precios de alquiler de las viviendas por considerar que envade competencias estatales.   LEER LA NOTICIA COMPLETA EN «CRÓNICA GLOBAL»: https://cronicaglobal.elespanol.com/business/inmobiliario-catalan-pide-dialogo-govern-tc-vivienda_618111_102.html Marta AgrazPeriodista. Directora de Comunicació del CAFBL