Normativa y Legislación

Barcelona, 19 de febrero del 2026 Cada vez es más habitual ver cables y cargadores en los garajes. Aunque España anda muy lejos de cumplir con el objetivo de alcanzar 5 millones de coches eléctricos en 2030, la instalación de puntos de recarga sigue avanzando. Muchas comunidades de vecinos están adaptando sus parkings para acoger coches enchufables y aprovechar las ayudas públicas disponibles, pero todavía son muchos los edificios que no están preparados y donde instalar un punto de recarga requiere planificación y asesoramiento profesional. Elisabet Carbonell, vicepresidenta del Col.legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida, alerta que “los cargadores eléctricos mal instalados pueden poner en riesgo a toda la comunidad”. Explica que, antes de colocar un punto de recarga en un parking comunitario, es imprescindible enviar un proyecto técnico al presidente o al administrador de la comunidad con al menos 30 días de antelación y obtener la aprobación correspondiente, sobre todo si la instalación afecta elementos comunes como forjados o canalizaciones. Según Carbonell, “la comunidad valora la demanda de puntos de recarga. Si tenemos 20 plazas y 8 personas lo solicitan, se estudia si conviene hacer la instalación a nivel comunitario o bien se autoriza que cada propietario instale su punto de forma individual”. Carbonell remarca que, en la mayoría de los casos, la comunidad puede autorizar la instalación con una mayoría simple, siempre que no afecte a elementos comunes. “Si la obra compromete la estructura o implica modificaciones importantes, la comunidad puede oponerse, pero razones estéticas o preferencias personales no tienen peso legal”, aclara. Aunque la penetración del coche eléctrico no avanza al ritmo previsto, cada vez más garajes comunitarios acometen la instalación de puntos de recarga Además, insiste en la importancia de garantizar la seguridad de la instalación. Los puntos de recarga deben ser realizados por profesionales autorizados, contar con boletín que certifique su legalidad y, en garajes con vehículos eléctricos, disponer de detectores de humo y, de manera muy recomendable, dispersores de agua para prevenir riesgos de incendios. “Los bomberos recomiendan estos sistemas para reducir al mínimo cualquier riesgo en caso de incendio. Por lo que explican, es muy diferente entrar en un parking para apagar el fuego de un coche eléctrico sin dispersor de agua que con él. Cuando este dispersor está funcionado el bombero puede llegar fácilmente hasta el punto de origen del fuego”. Carbonell también advierte sobre errores frecuentes en las instalaciones. “A veces, los propietarios instalan únicamente su punto de recarga sin prever espacio o canalización para futuros usuarios. La normativa exige dejar un 15% adicional de su capacidad en los tubos y canalizaciones, para que otros vecinos puedan conectar sus vehículos más adelante”. “Si la obra afecta a elementos comunes, la comunidad puede oponerse”, afirma Elisabet Carbonell Por eso, aconseja planificar la instalación pensando en el conjunto de la comunidad y confiar en profesionales que garanticen que todo cumple con la normativa. Asimismo, recuerda que el mantenimiento periódico es fundamental para evitar sobrecargas o fallos que puedan poner en riesgo a los vecinos. En cuanto a los costes, Carbonell explica que una instalación individual en una vivienda unifamiliar suele rondar entre 2.000 y 3.000 euros, mientras que una instalación colectiva en un parking comunitario es más cara, aunque permite dimensionar correctamente la infraestructura para todos los vecinos y garantizar mayor seguridad. “Aunque resulte más económico hacer la instalación por separado, planificarla de forma colectiva asegura que los cuadros eléctricos soporten la demanda futura y que cada punto de recarga cumpla con la normativa”, señala. Puedes leer la noticia completa a Elisabet Carbonell, administradora de fincas: “Un cargador de coche eléctrico mal instalado puede ser un peligro para todo el edificio”.

Barcelona, 10 de febrero del 2026 Nuestra vicepresidenta, Montse Bassas Fuste, ha participado a los micrófonos de COPE Cataluña y Andorra, en el programa “La Linterna”. Durante la intervención ha analizado cuando prescribe la deuda de un vecino moroso. En Cataluña la normativa no es bastante clara: todo y una sentencia del Tribunal Supremo, con legislación propia el plazo puede oscilar entre 3 y 10 años. Puedes recuperar la entrevista entera en el web de COPE Cataluña y Andorra: 19:00H | 10 FEBRER 2026 |LA LINTERNA A COPE CATALUNYA I ANDORRA

Barcelona, 4 de febrero del 2026 La normativa que obliga a erradicar el amianto de aquí al 2028 en edificios públicos y antes del 2032 en propiedades privadas está intensificando la extracción del componente tóxico todavía instalado. Las empresas dedicadas a arrancar la sustancia nociva cuando se deteriora y desprende polvo admiten encontrarse en el límite de su capacidad por la sobrecarga de encargos en Cataluña. El auge se aprecia también en la gran concurrencia de particulares, ayuntamientos, empresas y entidades en las últimas convocatorias de subvenciones de la Generalitat para costear las retiradas de materiales de aislamiento y construcción que, como techos y tuberies de fibrocemento, contienen el mineral condenado a desaparecer. El 58,7% de las 3.002 solicitudes presentadas el 2025 se desestimó porque la cantidad que la Agencia de Residuos de Cataluña (ARCO) dedicó para financiar obras se quedó corta ante la avalancha de peticiones. Las 1.762 instancias denegadas por falta de presupuesto para eliminar unos 940.000 metros cuadrados de amianto sumaban una reclamación de 25,7 millones de euros, que el ARCO no ha abonado porque la línea de subsidios fue insuficiente. Ante el voluminoso número de requerimientos, la última campaña aumentó la partida en dos ocasiones para repescar demandas. Aun así, han quedado muchas sin atender, admiten fuentes conocedoras del reparto. En la primera resolución dictada el 2025, la Generalitat comprometió el pago de 7,4 millones de euros a 281 solicitantes. Después de ampliar la asignación, acordó transferir 4,9 millones a 260 demandantes más. Antes de acabar el año, volvió a destinar fondo para una prórroga definitiva y concedió 8,6 millones en auxilios a 581 peticiones más. La convocatoria se cerró con 1.122 subvenciones otorgadas, por valor de 20,9 millones para sufragar la retirada, el traslado y el tratamiento por completo de algo más de un millón de metros cuadrados con amianto. Aparte, 118 reclamaciones se archivaron por dejación o no cumplir condiciones. Agotadas en pocos días Fuentes consultadas afirman que no es la primera vez que la demanda sobrepasa las previsiones. Explican que, hace unos seis años, la dotación no excedía los dos millones de euros y ni siquiera se agotaba, pero la situación ha hecho un tumbo. De media, se reservan unos 22 millones anuales que se consumen en pocos días. Ponen como ejemplo una convocatoria extraordinaria del 2023, en la cual se ofrecieron 50 millones para sustituir techos de fibrocemento por placas solares y obtuvo peticiones por unos 150 millones. En la lista de quienes se han quedado sin ayuda, figuran desde grandes empresas a título individual, pasando por pymes, municipios de diferente medida y comunidades de propietarios. La instancia rechazada por una cuantía más baja es de un particular que rogó 100 euros para suprimir 12 metros cuadrados de fibrocemento, mientras que la más alta la formuló El Corte Inglés, que reclamó 965.034,40 euros para desprenderse de 46.674 metros cuadrados de material con amianto. La segunda más abundante entre las excluidas es de otro particular, que preguntó 476.135 euros. Más de 400 expedientes gestionados por empresas se han rechazado, por un importe de 11,68 millones. Cada caso es singular, también los efectos de la denegación. Proquip, una compañía química con sede en Vilanova del Camí (Anoia), tramitó dos auxilios por 291.543,10 euros para deshacerse de 8.385 metros cuadrados de techos con asbesto. «Las obras todavía no se han hecho, pero no nos ha supuesto un descalabro, las cubiertas están en buen estado», comenta la compañía, que esperará a próximos subsidios para reemplazarlas. A una empresa con una nave en la Selva del Camp (Baix Camp), Itursa Clal, sí que lo ha trastocado no recibir 182.549 euros de subvención. «Nos ha retrasado el inicio de las obras», asegura. «Tenemos una ayuda concedida el 2024 por otra retirada muy pequeña y esperábamos para hacerlo todo a la vez, pero tendremos que emprender la primera obra para justificarla a tiempo», dice. la Generalitat mujer 27 meses para demostrar que las tareas se han efectuado. Las solicitudes se resuelven por estricto orden de entrada, por lo tanto, se prioriza las que se registran antes, sin distinguir por coste o proyectos. «Nos adaptaremos la próxima vez para presentar la documentación el primer día», confiesan a Itursa Clal. Del mismo modo, una cooperativa de Lleida rogó 94.990 euros que se denegaron para sacar dos tejados de fibrocemento en mal sido. «Hace muchas décadas que se construyeron y sacarlas de golpe son mucho dinero, además, tuvimos que hacer otra reparación más urgente y no podemos endeudarnos tanto ahora cambiando también los techos», alega. Municipios y vecinos Así mismo, se cuentan 58 expedientes por 742.362,06 euros cursados por 39 ayuntamientos con resultado negativo. La petición más elevada de un consistorio era la de Martorell, 301.892,25 euros por retiradas en siete equipaciones con 15.094,61 metros cuadrados de amianto. La desestimación comporta un incremento de gasto para las arcas municipales. En el edificio de la Cruz Roja de las Carolinas se ha eliminado el mineral peligroso, para hacerlo a Can el Oliveras se han obtenido fondos europeos y cinco actuaciones más se aplazan para próximas líneas de ayuda. El Ayuntamiento de l’Aldea (Baix Ebre) no ha obtenido financiación de la Generalitat para dos extracciones en sendos inmuebles, con un coste de 57.038,85 euros. «la Generalitat nos ha dicho que nuestras peticiones estarán subvencionadas en las próximas convocatorias», apunta el alcalde, Xavier Royo, que advierte que la ayuda «no siempre resulta operativa»: «Está muy bien que nos financien, pero el techo queda descubierto y se tienen que sacar un dinero de los cuales la mayoría a veces no disponemos para realizar una nueva cubierta». Alpens (Lluçanès), con menos de 300 habitantes, ha asumido una factura de 34.640 euros, equivaliendo al 5% de su plan de inversiones el 2026. «Se trataba de recuperar el dinero para ahorrarnos la obra hecha y destinarlo a otra cosa», explica el pequeño ayuntamiento, perjudicado porque 1.370 solicitudes se interpusieran antes de que la suya. A su vez, más de un millar de particulares que preguntaban 8,22 millones de euros han quedado excluidos. «Es clave que

Barcelona, 3 de febrero del 2026 La vicepresidenta Montse Bassas ha intervenido en directo en el programa «Els Matins» de Som3Cat para aclarar las dudas existentes sobre la normativa catalana en materia de vivienda. Durante su participación, Bassas señaló que esta cuestión “no está resuelta”, puesto que Cataluña dispone de una regulación propia con plazos diferenciados. Según la vicepresidenta, el debate actual se sitúa “entre los 3 y los 10 años”, un margen que genera incertidumbre y abre la puerta a interpretaciones diversas entre profesionales y ciudadanía. Puedes recuperar la intervención completa a: Matins – 03/02/2026 – 3Cat

Barcelona, 20 de noviembre del 2025 Bàsics, el programa de análisis de la actualidad de Barcelona con los principales titulares del día y el análisis correspondiente. Porque esto es el ‘básicos’: dar un paso más y buscar más voces implicadas en los temas tratados, para dar las claves del debate a partir de entrevistas, reportajes, mesas y análisis. Presentado por Sandra Mestres. Puedes ver el programa completo a bàsics.

Barcelona, 18 de noviembre del 2025 A Carlos Sánchez nunca le hizo falta imaginarse pilotando naves espaciales ni apagando incendios para responder a la pregunta clásica de la infancia: “¿Qué quieres ser de mayor?”. Lo tenía claro. Mientras otros soñaban con camisetas de fútbol o cascos de moto, él quería ser administrador de fincas. Una elección poco habitual para un niño, pero nada casual: en su casa, gestionar comunidades era el día a día. “Mis padres empezaron a trabajar como administradores en una habitación de nuestro piso, y yo veía cómo atendían problemas de vecinos y solucionaban situaciones de todo tipo”, recuerda Sánchez en conversación con La Vanguardia. Aquella habitación improvisada acabó convirtiéndose en una empresa familiar que hoy suma más de una decena de empleados y gestiona más de 300 comunidades en Badalona. Sánchez acompañó ese crecimiento con formación académica: estudió Administración y Dirección de Empresas y Gestión de la Innovación, para prepararse para ejercer el oficio que había mamado desde pequeño. Define la profesión como “intensa”, pero a la vez profundamente estimulante. “Al final, estás acompañando el día a día de las comunidades y ayudando a gestionar el patrimonio más valioso que suele tener la gente”, explica. Hoy, además ejercer como administrador en la empresa familiar, es el secretario del Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona y Lleida, desde donde observa de primera mano la evolución de un sector tan complejo como imprescindible. Desde este diario hablamos con él para entender mejor los retos de una profesión que, aunque discreta, sostiene la convivencia de miles de hogares. ¿Cuáles son las principales funciones de un administrador de fincas? El administrador de fincas es el responsable de velar por el buen funcionamiento y la conservación del inmueble. Sus funciones abarcan desde la gestión económica y contable —presupuestos, cobros, pagos y liquidaciones— hasta la coordinación de los servicios de mantenimiento del edificio. Además, ejerce como secretario de la comunidad, lo que implica levantar acta en las reuniones, custodiar la documentación y asegurarse de que las decisiones adoptadas en junta se ajusten a la ley. En resumen, es el gestor, mediador y asesor técnico-jurídico que acompaña a la comunidad para que todo funcione correctamente. ¿Considera que la administración de fincas es una labor más técnica o que requiere en mayor medida habilidades psicológicas y de gestión interpersonal? Diría que es una combinación de ambas. La parte técnica es fundamental: normativa, contabilidad, seguridad en las obras, subvenciones y, ahora, también nuevas tecnologías. Sin embargo, el día a día demuestra que la clave está en las habilidades sociales. Un buen administrador necesita escuchar, mediar y comunicar con empatía, pero también con firmeza. Trabajamos con personas que comparten un espacio común y que, a menudo, tienen intereses o sensibilidades distintas, lo que influye directamente en la convivencia y en la gestión diaria. ¿Hay comunidades especialmente “fáciles” o “difíciles” de llevar? Realmente creo que sí. Diría que hay dos grandes perfiles. Las comunidades más fáciles suelen estar formadas por vecinos implicados, comunicativos y que confían en la gestión del administrador de fincas. Cuando hay participación y una buena comunicación, todo fluye con mucha más facilidad. En cambio, las comunidades más complicadas suelen ser aquellas donde existen conflictos antiguos, impagos o una falta general de participación. Muchas veces el gran problema es precisamente la poca asistencia a las reuniones o la falta de comunicación de incidencias importantes. Curiosamente, la dificultad no depende tanto del tamaño del edificio. Una comunidad de 200 vecinos no tiene por qué ser más complicada que una de 10. Al final, cuando hay transparencia y colaboración, todo funciona mejor. Lo determinante no es el número de viviendas, sino la personalidad y la actitud de las personas que conviven en la comunidad. Por suerte, en los administradores de fincas contamos con el CEMCAF, el Centro de Mediación Inmobiliaria del Consell de Col·legis d’Administradors de Finques de Catalunya. Cuando una comunidad llega a un punto de conflicto en el que el administrador está demasiado implicado o existe demasiada confianza, puede intervenir un mediador externo —otro administrador especializado en resolución de conflictos— que ayuda a reconducir la situación. En su experiencia, ¿qué perfiles de vecino generan más conflictos o complicaciones dentro de una comunidad? No hablaría de un perfil único, sino de ciertas actitudes que se repiten. Por ejemplo, quienes nunca asisten a las reuniones, pero después critican todas las decisiones tomadas: no se implican, pero cuestionan lo que otros han decidido. También está quien no considera los elementos comunes como parte de su propiedad. Muchas personas creen que lo único que les pertenece es el interior de su piso, cuando en realidad el edificio y las zonas comunes también son suyas y aportan valor al conjunto. Esto suele derivar en una negativa a invertir en rehabilitaciones necesarias. Otro perfil frecuente es el de quien intenta imponer su criterio sin escuchar al resto. Siempre existe esa figura que piensa que sabe más que los demás y dificulta el diálogo y la toma de decisiones. En cambio, el vecino informado y participativo suele ser el mejor aliado del administrador y también del presidente de la comunidad —que, al fin y al cabo, es un vecino más—, porque realmente valora el trabajo y la implicación que hay detrás de cada gestión. ¿Qué tipo de conflictos entre vecinos son más comunes? Los ruidos suelen ser uno de los problemas más frecuentes: fiestas, animales de compañía —cada vez más— y situaciones como perros que se quedan solos en casa y lloran o ladran. También son habituales los ruidos procedentes de bares cercanos. Otro foco de conflicto son los impagos de cuotas y los desacuerdos en las decisiones de las reuniones. A veces, cuando dos vecinos no coinciden en un punto del orden del día, la tensión aumenta. En cuestiones como reparaciones o filtraciones es imposible resolverlo todo al momento: primero hay que localizar el origen del problema y seguir un proceso técnico. Aun así, la mayoría de situaciones se solucionan con diálogo y recordando las normas. ¿Qué mantenimiento preventivo

Barcelona, 7 de noviembre del 2025 Hasta 25 comunidades de vecinos han denunciado ya a L&V Gestión de Fincas, la administradora señalada por haber vaciado las cuentas de decenas de comunidades en Viladecans (Barcelona). El caso, destapado en exclusiva por Crónica Global, está ahora en manos de los Mossos d’Esquadra, que aguardan a que los Juzgados de Gavà indiquen qué diligencias deben practicarse para avanzar en la investigación. De momento, y según ha podido saber este medio, las 25 denuncias se están agrupando en un único juzgado de instrucción, lo que permitirá tramitar la causa de manera mucho más coordinada. El foco penal Una vez unificadas, será el juez instructor quien analice los hechos y determine qué delitos podrían haberse cometido, además de ordenar las actuaciones judiciales necesarias —entre ellas, la declaración de la responsable de la gestoría, Sandra F. H., y la solicitud de documentación contable. Por ahora, desde Mossos mantienen la prudencia y evitan hablar abiertamente de “estafa”. No obstante, las primeras pesquisas apuntan a que los hechos podrían encajar en los delitos de deslealtad profesional o apropiación indebida. En la práctica, ambos tipos penales tienen que ver con la gestión irregular de dinero ajeno, aunque presentan matices. La deslealtad profesional se da cuando una persona que administra el patrimonio de otros traiciona la confianza depositada en ella, causando un perjuicio económico sin necesidad de quedarse directamente con el dinero. En cambio, la apropiación indebida implica un paso más: retener o utilizar para uno mismo los fondos que solo se tenían en administración. De confirmarse esta línea investigadora, estaríamos ante un ilícito penal de pleno derecho, con posibles penas de prisión y responsabilidad económica para la responsable de la gestoría, Sandra F. H. Intrusismo profesional La administradora señalada es Sandra F. H., quien a pesar de no estar colegiada, dirigía L&V Gestión de Fincas, la empresa con sede en el número 54 de la calle Auguet. Su falta de colegiación como administradora profesional ha encendido todas las alarmas en el Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona y Lleida, que ha manifestado su indignación por lo que consideran un claro caso de intrusismo. En un comunicado oficial, el colegio lamenta “la estafa cometida en Viladecans por parte de L&V Gestión de Fincas y el grave perjuicio que supone para las familias afectadas”, al tiempo que confirma que Sandra F. H. no forma parte del registro profesional. “Este tipo de prácticas suponen un riesgo directo para los consumidores y para los usuarios de vivienda”, advierten. Por ello, subrayan que mantienen “una posición firme y una labor constante en la lucha contra el intrusismo, con el objetivo de proteger los intereses de la ciudadanía”. «Igual hubo mala praxis» En paralelo, en una breve conversación telefónica mantenida por Crónica Global con la administradora denunciada —una llamada en la que reprochaba a este medio haber publicado la información en primicia—, Sandra F. H. negó ser una ladrona y rechazó tajantemente que existan denuncias contra ella. Aseguró que, en todo caso, “igual hubo mala praxis, pero nada más”, restando importancia a la acusación de haber vaciado cuentas vecinales. Lo cierto es que, a día de hoy, constan ya al menos 25 denuncias, correspondientes a 25 comunidades perjudicadas. Cierre repentino Tras conocerse el escándalo, en la puerta de la gestoría apareció una nota impresa y pegada con celo en la que se comunicaba el “cese de la actividad administrativa” de la empresa. En el mismo comunicado, la administradora aseguraba que se estaba realizando el traspaso de la documentación de cada comunidad “para coordinar la entrega con el nuevo administrador o con el presidente de la finca”. A lo que se añadía que cualquier contacto debería hacerse “exclusivamente por correo electrónico”, advirtiendo de que el teléfono habitual dejaría de estar operativo.  El Ayuntamiento se persona Por su parte, el Ayuntamiento de Viladecans ha anunciado que se personará en la causa abierta contra L&V Gestión de Fincas. La alcaldesa, Olga Morales, ya ha encargado a los servicios jurídicos municipales un análisis urgente para sumarse a las denuncias presentadas por los vecinos afectados. En paralelo, los equipos de servicios sociales y mediación mantienen un seguimiento activo por si existieran casos de vulnerabilidad residencial que requieran una intervención inmediata. Desde los primeros avisos, el Ayuntamiento habilitó canales de asesoramiento y acompañamiento a través de la Oficina Local de Vivienda, la Oficina Municipal de Información al Consumidor y las tres oficinas de distrito, para orientar a los vecinos y evitar que el daño económico y administrativo fuera a más. Asimismo, el consistorio ha abierto una línea directa de coordinación con otras administradoras de fincas de la ciudad con el objetivo de que las comunidades afectadas puedan restablecer cuanto antes su gestión ordinaria y reanudar pagos, obras y servicios básicos que han quedado paralizados. Puedes leer la noticia completa a “Igual hubo mala praxis”: la administradora intrusa minimiza el escándalo de Viladecans.

Barcelona, 7 de noviembre del 2025 Viladecans está en shock, y no es una exageración, por el volumen de posibles afectados. Una administradora de fincas de Viladecans está siendo investigada por un presunto delito de apropiación indebida que supera el millón de euros, según las primeras estimaciones. No se trataría de una estafa en principio, sino de un caso de apropiación indebida, por hacer un uso del dinero para fines no previstos en la contratación. Las  comunidades afectadas serían morosas en el personal de mantenimiento, y en obras realizadas, donde incluso hubo derramas por los vecinos, y el dinero no llegó a las empresas contratadas. Por el momento, se han registrado 25 denuncias de comunidades de propietarios, aunque no se descarta que la cifra aumente, que la administradora gestionaba cerca de 120 comunidades de vecinos de Viladecans (65.000 habitantes), que ha cerrado la empresa,  L&V Gestió de Finques ,sin previo aviso. Preocupación por el alcance del fraude La alcaldesa de Viladecans, Olga Morales, ha admitido en los micrófonos de COPE CATALUNYA  su inquietud ante la magnitud del caso. Según Morales, muchas comunidades todavía están evaluando el alcance real del perjuicio económico en sus cuentas. Algunas de ellas se encontraban inmersas en obras de gran envergadura, como reformas de fachadas o trabajos estructurales, con derramas que podían alcanzar los 250.000 euros. «Estamos haciendo una estimación de un millón y medio de euros«, ha señalado. El riesgo de los administradores no colegiados El Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona i Lleida ha denunciado que la administradora investigada no estaba colegiada. Esta situación supone un grave problema para los afectados, ya que no cuentan con la cobertura del seguro de responsabilidad civil que ampara a los profesionales colegiados. Lourdes Ciuró, asesora jurídica del colegio, ha insistido en la importancia de verificar siempre la colegiación del profesional contratado. Ciuró cree que no contratar a profesionales regulados se debe más al «desconocimiento» que a un motivo económico. «Igual que cuando vas al médico te aseguras de que es colegiado y un buen profesional, aquí deberíamos hacer lo mismo», ha sentenciado. Mientras, los Mossos d’Esquadra están recopilando todas las denuncias para unificar la causa en un único juzgado y evitar investigaciones judiciales múltiples. Puedes leer la noticia completa a Investigan a una administradora de fincas en Viladecans por presuntamente apropiarse de más de un millón de euros.

Barcelona, 6 de noviembre del 2025 El Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona-Lleida advierte de los riesgos de contratar personas no colegiadas y recuerda las garantías que ofrece un profesional colegiado. El Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona-Lleida denuncia los riesgos del intrusismo profesional desprendido de conocerse una estafa en la localidad de Viladecans cometido por una persona no colegiada, vinculada a la empresa L&V Gestión de Fincas. La institución lamenta el perjuicio ocasionado a las familias afectadas y subraya la importancia de confiar únicamente en Administradores de Fincas Colegiados, garantes de una gestión transparente, profesional y segura. Se trata de una práctica que perjudica gravemente tanto a los consumidores como a los usuarios de vivienda. Por eso, desde el Colegio mantienen una posición firme y una labor constante en la lucha contra el intrusismo, con el objetivo de proteger los intereses de la ciudadanía. Garantías Recalcan la importancia que quién se encarga de la gestión de viviendas sea siempre un profesional colegiado. Solo así se puede garantizar una actuación íntegra, con criterios de calidad, profesionalidad y seguridad para las comunidades de propietarios y sus proveedores de servicios, sostienen. Contar con un Administrador de Fincas Colegiado supone beneficios y garantías relevantes para las personas consumidoras y usuarias de vivienda. En primer lugar, garantizan la praxis profesional con un seguro de Responsabilidad Civil de amplio alcance. Por otro lado, aseguran una formación continua de alto nivel y especializada, una cosa muy importante hoy en día, en un contexto de constantes cambios en materia de vivienda. Finalmente, avalan el control ético y deontológico profesional por parte de los colegiados. Asesoramiento Aunque la persona mencionada no pertenece a este colectivo, desde el Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona-Lleida ofrecen a los afectados su apoyo y asesoramiento para acompañarlos en el que necesiten y resolver cualquier duda o incidencia que pueda surgir. Reiteran que su profesión, la de administrador de fincas colegiado, juega un papel clave en la sociedad y es esencial para conseguir un parque de viviendas seguro, sostenible y accesible. Puedes leer la noticia completa a Los Administradores de Fincas alertan del intrusismo profesional y sus consecuencias para los consumidores · Noticias Jurídicas

Barcelona, 6 de noviembre del 2025 En Viladecans, una estafa millonaria ha dejado con los bolsillos vacíos centenares de vecinos de la ciudad. La administradora de fincas ha cerrado la barraca y ha dejado unas 120 comunidades afectadas y sin respuesta. En una entrevista en El mundo a RAC1, uno de los afectados, Àlex Gallo, ha denunciado que en su caso la comunidad ha perdido decenas de miles de euros: «Nos han sustraído entre 130.000 y 140.000 euros», ha denunciado. Esto son unos 10.500 euros por vecino. Gallo ha explicado que, desde hace cuatro años, los vecinos pagaban 220 euros cada mes para cubrir unas obras que se tenían que hacer a la fachada. Hace dos meses, se reunieron con la administradora porque veían que el proyecto no salía adelante. En realidad ella los levantaba la camisa: «Nos daba alargas, que si ahora ha habido este problema, ahora este otro…». Y aquí fue cuando se dieron cuenta que algo no acababa de cuadrar. Como otras muchas comunidades de vecinos, han puesto una denuncia en los Mossos, que ya tienen recogidas al menos 23, además de la que ha interpuesto el Ayuntamiento de Viladecans. Y es que el gobierno municipal dio una ayuda económica en una comunidad para arreglar una fachada y, por lo tanto, la administradora habría estafado dinero público. El número de denuncias puede crecer los próximos días. Gallo ha señalado que la supuesta administradora es conocida en el barrio: «Yo conozco su familia, es normal, correcta. Parla con gente por WhatsApp, pero a nosotros no nos coge el teléfono». Diligencias abiertas De hecho, a pesar de que algunos rumores decían que la mujer había huido, los Mossos han explicado a RAC1 que la tienen localizada. Ahora bien, ha cerrado la oficina y esto hace que sea más difícil de encontrarla por los vecinos. Por su parte, el Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona ha advertido que no está colegiada y que no sale a los registros. Por lo tanto, parece que podría no ser realmente administradora. Los Mossos han abierto diligencias y todavía no pueden decir si se lo acusará o no, en espera de estudiar todas las denuncias. Tampoco se sabe, por ahora, si el modus operandi de la administradora era siempre el mismo. Puedes leer la noticia completa a Àlex Gallo, afectat per l’estafa milionària de Viladecans: «Ens ha sostret uns 130.000 euros, deia que era per arreglar la façana de l’edifici».