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Reclaman al Ayuntamiento que tenga en cuenta a los propietarios a la hora de hacer políticas de vivienda En primer término, plano detalle de un cartel de alquiler en un local de la Rambla de Girona; al fondo, la Rambla este 30 de abril de 2021 (Horitzontal) El Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida reclama al Ayuntamiento de la capital catalana que tenga en cuenta a los propietarios a la hora de hacer políticas de vivienda, recordando el aumento del 62,51% de el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) entre 2006 y 2020 en Barcelona es “insostenible”, citando datos del Instituto de Estadístico de Cataluña (Idescat). En un comunicado, los administradores denuncian que este incremento se ha dado en paralelo a «políticas de control de rentas oprimen cada vez más a los propietarios». Según indican, «se fuerza la reducción del alquiler y se limita su actualización» pero también «se incrementa la carga de gasto en impuestos y en los gastos de mantenimiento y eficiencia energética».   Por eso, desde el Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida hacen un llamamiento al consistorio para que promueva “políticas de fomento de viviendas de alquiler asequible considerando tanto a arrendadores como a arrendatarios”. El ente asegura que, según datos del Instituto de Estadística de Cataluña, en el período comprendido entre 2006 y 2020, el incremento del IBE fue del 62,51%, lo que deduciendo la inflación que fue del 19,5%, quedando en un incremento neto del 43,01%. Según los administradores «el aumento tan desmedido del IBI castiga de forma desorbitada a los propietarios de viviendas». y supone que los propietarios de bienes inmuebles tengan que soportar unos costes cada vez más elevados, «mientras que el precio del alquiler se encuentra tensado por la regulación intervencionista y estigmatizadora de los arrendadores, provocando una grave inseguridad en las relaciones jurídicas». En este sentido, recuerdan que gobiernos de otras ciudades europeas como Lisboa, las políticas de promoción de la vivienda de alquiler intentan ayudar a los propietarios con, por ejemplo, bonificaciones del IBI, «al contrario que aquí», lamentan. Con todo ello, desde el Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida queremos realizar un llamamiento al Ayuntamiento de Barcelona para ofrecer nuestra colaboración para promover políticas de fomento de viviendas de alquiler asequible considerando a las dos partes, tanto a arrendatarios como a las personas propietarias que destinan sus viviendas al arrendamiento.   LEER NOTICIA COMPLETA EN «LA MANYANA»: https://www.lamanyana.cat/els-administradors-de-finques-denuncien-un-increment-insostenible-de-libi-del-62-a-barcelona-en-14 -años/

ACN Barcelona – El Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida reclama al Ayuntamiento de la capital catalana que tenga en cuenta a los propietarios a la hora de hacer políticas de vivienda, recordando el aumento del 62, 51% del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) entre 2006 y 2020 en Barcelona es “insostenible”, citando datos del Instituto de Estadístico de Cataluña (Idescat). En un comunicado, los administradores denuncian que este incremento se ha dado en paralelo a «políticas de control de rentas oprimen cada vez más a los propietarios». Según indican, «se fuerza la reducción del alquiler y se limita su actualización» pero también «se incrementa la carga de gasto en impuestos y en los gastos de mantenimiento y eficiencia energética». Por eso, desde el Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida hacen un llamamiento al consistorio para que promueva “políticas de fomento de viviendas de alquiler asequible considerando tanto a arrendadores como a arrendatarios”. El ente asegura que, según datos del Instituto de Estadística de Cataluña, en el período comprendido entre 2006 y 2020, el incremento del IBE fue del 62,51%, lo que deduciendo la inflación que fue del 19,5%, quedando en un incremento neto del 43,01%. Según los administradores «el aumento tan desmedido del IBI castiga de forma desorbitada a los propietarios de viviendas». y supone que los propietarios de bienes inmuebles tengan que soportar unos costes cada vez más elevados, «mientras que el precio del alquiler se encuentra tensado por la regulación intervencionista y estigmatizadora de los arrendadores, provocando una grave inseguridad en las relaciones jurídicas». En este sentido, recuerdan que gobiernos de otras ciudades europeas como Lisboa, las políticas de promoción de la vivienda de alquiler intentan ayudar a los propietarios con, por ejemplo, bonificaciones del IBI, «al contrario que aquí», lamentan. Con todo ello, desde el Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida queremos realizar un llamamiento al Ayuntamiento de Barcelona para ofrecer nuestra colaboración para promover políticas de fomento de viviendas de alquiler asequible considerando a las dos partes, tanto a arrendatarios como a las personas propietarias que destinan sus viviendas al arrendamiento.   LEER NOTICIA COMPLETA EN «LA REPÚBLICA»: https://www.larepublica.cat/minut-a-minut/els-administradors-de-finques-denuncien-un-increment-insostenible-de-libi-del-62-a -barcelona-en-14-años/

El incremento del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) en Barcelona «ha llegado a una situación casi insostenible», después de un incremento del 62,51% entre 2006 y 2020, según el Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona-Lérida El incremento del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) en Barcelona «ha llegado a una situación casi insostenible», después de un incremento del 62,51% entre 2006 y 2020, según el Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona-Lérida. Criticó que este aumento se ha dado «mientras las políticas de control de rentas oprimen cada vez más a los propietarios» y lo han tachado de contradictoria e incoherente con los fines de control de precios en el alquiler. Aseguró que, deduciendo el aumento de la inflación en este periodo, «queda un incremento neto del 11,36 por ciento» en el precio de los alquileres en la ciudad. La entidad ha señalado que «por un lado, se fuerza la reducción del alquiler y se limita su actualización y, por otro, se incrementa la carga de gasto» en impuestos y en los gastos de mantenimiento y eficiencia energética de las viviendas. Por ello, ofreció su colaboración al Ayuntamiento de Barcelona para «promover políticas de fomento de viviendas de alquiler asequible considerando ambas partes». Mientras, Lleida sigue encabezando el ranking de las 52 capitales de provincia con el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) más caro de todo el Estado . Según un estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), por un inmueble con un valor catastral de 80.000 euros un residente en Lleida, con un tipo impositivo del 0,967%, pagó en 2021 774 euros, lo que supone 627 más que en San Sebastián, la ciudad con la tasa más barata, de 147 euros y un tipo de 0,191%. La segunda con un recibo del IBI menor es Bilbao, con 142 euros.   LEER NOTICIA COMPLETA EN «SEGRE»: https://www.segre.com/noticies/guia/2022/04/04/l_increment_ibi_barcelona_gairebe_insostenible_segons_els_administradors_propietats_encara_que_lleida_continua_sent_provincia .

La escalada en el precio de los combustibles obliga a los propietarios de edificios con caldera centralizada a bajar la temperatura ya aprobar derramas El aumento del coste de la calefacción se ha levantado por delante de los ahorros de los propietarios. ZVONKO1959 Las comunidades de propietarios están sufriendo intensamente por la alza desembocada del precio de los combustibles que usan para sus calefacciones centralizadas y por la escalada brutal del coste de la luz en las zonas comunes. La crisis económica provocada por la guerra de Rusia en Ucrania ha dado una nueva estocada —antes fue la pandemia— en las comunidades de vecinos, aunque el coste del gas natural y la electricidad empezó a encarecerse meses atrás. Cada vez son más las fincas con calderas centralizadas (colocadas también en edificios de reciente construcción por su mayor eficiencia energética) que se han quedado con la caja completamente vacía tras hacer frente a los recibos extraordinarios por el consumo de calefacción. “Las cuotas son absolutamente insuficientes para cubrir el gasto real, pues las previsiones se realizaron para un escenario diferente”, señala Ángel Hernández, presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Salamanca. Y remata: «Si la comunidad mantuviera un remanente suficientemente amplio, podría demorar el ajuste de las cuotas, pero será inevitable». No quedará otra que subir cuotas, emitir derramas o recurrir a los fondos de reserva. Pablo Ruiz, de Acerta Gestión y vocal del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid, explica que hay comunidades «que se han comido la tesorería», y cuenta el caso de una finca en Madrid que tenía en la caja 80.000 euros para rehabilitar la fachada y se lo ha gastado en pagar la calefacción. Miguel Ruiz Lizondo, administrador de fincas de Zaragoza y presidente del Colegio de Aragón, afirma que “todas las comunidades que no tenían una economía saneada han tenido que aprobar derramas extraordinarias , en algunos casos bastante elevadas y siempre en función de los saldos que tenían en los cuentas, si bien en muchas otras el tema se ha salvado reduciendo drásticamente el horario de la calefacción y bajando la temperatura de las calderas”. Todos los administradores de fincas consultados dan por seguro un importante incremento de la morosidad en los próximos meses, aún difícil de cuantificar. «Es una situación económica límite», sentencia Salvador Díaz, presidente del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas. La economía de guerra ha legado a las comunidades de propietarios. Algunas han apagado la calefacción este 31 de marzo, cuando lo habitual es hacerlo en la segunda semana de mayo. En otras, el conserje tiene la orden de encenderla solo media jornada (normalmente por la tarde). En definitiva, están tratando de “estirar el combustible recortando horas de calefacción y bajando la temperatura de la caldera”, comenta Hernández. Aunque las medidas no están gustando a todos por igual. Esta «reducción considerable del horario de calefacción ha supuesto tensiones vecinales en algunas comunidades», dice Nerea García, administradora de fincas colegiada de Madrid, que gestiona 60 edificios. El primero que ha puesto contra las cuerdas a los vecinos es el gas natural. . Lorenzo Viñas, gerente del Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida, pone un ejemplo muy clarificador: cargar una caldera de 15.000 litros suponía en enero de 2021 una factura de 12.684 euros. En enero de 2022, antes incluso de la guerra en Ucrania, ya era de 43.113 euros. Conoce en profundidad todas las caras de la moneda. SUSCRIBETE En algunas fincas las facturas de gas natural se han multiplicado por tres. «A propietarios que el año previo pagaban 120 euros al mes de gas natural, ahora las ha subido a 360 euros», exposa Pablo Ruiz. Este administrador cuenta que hay comercializadoras que este invierno han roto los contratos de gas que tenían suscritos con algunas comunidades, y además se queja de que éstas tengan que contratar en el mercado libre como si fueran una gran empresa y no puedan acogerse a una tarifa regulada . En otras comunidades de propietarios las subidas no han sido tan intensas: en una de las que administra Nerea García, de 18 viviendas, el alza del coste del gas natural entre marzo de 2021 y marzo de 2022 ha sido del 40%. Algunos gestores vieron legar la gran ola. “Durante el mes de octubre, algunos administradores de fincas, dado que los precios podrían subir más, decidieron cerrar precios fijos para un año (desde mediados de diciembre de 2021 a noviembre de 2022) a 0,0595 euros/Kwh, lo cual fue un gran acerto, puesto que el precio de gas para calefacción se está pagando a 0,090 euros/Kwh”, dice Viñas. La segunda tortura para las fincas con calefacción centralizada es el gasóleo . El presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Salamanca vuelve con un ejemplo: la carga de una caldera de 15.000 litros se pagó a 9.300 euros el 17 de marzo de 2021. El 18 de marzo de 2022 costó 19.000 euros. “En enero de 2021, el precio por litro de gasoil para calefacción fue de 0,50 euros y en marzo 2022 ha sido de 1,154 euros por litro”, añade. Pero no todo es gas natural o gasóleo. Hay edificios con calderas de biomasa . Aunque no es tan sangrante, el coste también se ha disparado debido a que para la producción de pellet se necesita electricidad y los fabricantes han estado produciendo a costas altísimos. “El pellet ha subido en torno a un 30% o un 40% desde septiembre hasta hoy y esto es lo que la gran mayoría de fabricantes están repercutiendo en las comunidades”, dice Juan Cabello, director general de Calordom, una de las principales empresas del sector, que dice no estar subiendo precios gracias a su importante capacidad de almacenaje. “Muchos fabricantes están paralizando producción hasta sanear cuentas”, afirma Cabello. Y añade: “El pellet va a subir en torno a un 100% la próxima temporada, el invierno que viene”. El hueso de aceituna se encarecerá entre un 20% y un 30%, calcula. Ahogados por la luz

El pasado jueves el Tribunal Constitucional hizo público que determina que Cataluña no tiene competencias para establecer criterios en la fijación de los precios de alquiler de viviendas. No es ninguna sorpresa. Gobierno, a los partidos ya la ciudadanía la inseguridad jurídica que supone la aplicación de esta ley, que además provoca los efectos contrarios a los pretendidos. Desgraciadamente no se nos va escuchar, no se nos ha escuchado y no se nos escucha, aunque hemos pedido reiteradamente encontrarnos con el Muy Honorable Presidente de la Generalidad de Cataluña para poder comunicar nuestras inquietudes y propuestas, así como para compartir la nuestra experiencia y conocimiento del comportamiento del mercado. El Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña, en su dictamen, le advirtió a todos los grupos parlamentarios ya los promotores de la ley, por lo que nadie nadie. debería sorprenderse de la resolución del TC. Las reiteradas resoluciones contrarias -sin ir más lejos, hace pocos días se ha anulado el Decreto ley 37/2020 de refuerzo al derecho a la vivienda ante los efectos de la pandemia y antes parte del Decreto ley 17/2019 de medidas para mejorar el acceso a la vivienda-, están provocando y agravando una situación de inseguridad jurídica, en un tema tan delicado y básico como es la vivienda, que precisamente requiere estabilidad. Es hora de que, de una vez por todas, el Gobierno y los grupos parlamentarios afronten la problemática de la vivienda en su profundidad con medidas estructurales, y no con normativas populistas que sólo provocan el efecto contrario, ya que cada vez existe menos disponibilidad de vivienda asequible y mayor desconfianza. Es necesario crear un marco adecuado, sereno, donde todos los afectados puedan participar, donde se den. las condiciones necesarias para generar un auténtico diálogo social y, en definitiva, se puedan dar los elementos necesarios para hacer efectiva una verdadera concertación público-privada de todos los implicados o sea posible conseguir el consenso necesario, en el que cada actor asuma el su papel. Se trata de que propietarios e inquilinos, que son los que se mueven principalmente en el sector privado, arreglen sus diferencias, pero también que ambos exijan al sector público su participación directa con medidas efectivas. que creen seguridad, estabilidad, pacifiquen el mercado y permitan recuperar la confianza en el alquiler. No podemos seguir por el mismo camino y salvar los arrecifes jurídicos que cada vez pone sobre la mesa el TC, con parches y nuevas leyes, decretos ley y decretos. En este sentido, reiteramos nuestro ofrecimiento y nuestra predisposición a colaborar y participar para poner en marcha medidas que sean realmente efectivas. No se puede escuchar únicamente las propuestas. determinados movimientos sociales y que los representantes políticos se limiten a seguir sus consignas ideológicas, sino que debe tenerse en cuenta a todos los agentes implicados para poder disponer de una regulación justa y equilibrada, y que represente una solución efectiva y estable al problema del acceso a la vivienda.   LEER LA NOTICIA COMPLETA EN EL MUNDO FINANCIERO: https://www.elmundofinanciero.com/noticia/100674/empresas/el-sector-inmobiliario-vuelve-a-reclamar-la-colaboracion-publico-privada-para-abordar -la-problemática-de-la-vivienda-en-cataluna.html

El sector reclama acabar con la crisis de los alquileres desde el consenso y con la colaboración público-privada   El sector inmobiliario catalán ha reclamado que se aborde el problema de la vivienda desde la colaboración público-privada y el diálogo social y ha alertado de la inseguridad jurídica que genera la profusión de normas que luego son parcial o totalmente suspendidas por diferentes instancias judiciales. En un comunicado conjunto hecho público hoy tras el retajo del Tribunal Constitucional a la ley catalana que regula los alquileres , las principales entidades catalanas del sector inmobiliario instan al Gobierno ya todos los grupos parlamentarios a afrontar el acceso al vivienda «con medidas estructurales y no con normativas populistas «. A su juicio, hay que crear un marco «adecuado, sereno, en el que todos los afectados puedan participar, donde se den las condiciones necesarias para generar un auténtico diálogo social». Crítica al populismo «Es hora de que, de una vez por todas, el Gobierno y los grupos parlamentarios afronten el problema de la vivienda en su profundidad con medidas estructurales , y no con normativas populistas que sólo provocan el efecto contrario , puesto que cada vez hay menos disponibilidad de vivienda asequible y más desconfianza», asegura el comunicado. El escrito está firmado por el Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida, Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Barcelona y Provincia, el Consejo de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Cataluña, la Asociación de Promotoras y Constructoras de Edificios de Cataluña y la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona-Lleida. Piden medidas efectivas Estas organizaciones subrayan que son los propietarios e inquilinos los que deben » arreglar sus diferencias » y que el sector público debe ayudar con medidas «efectivas» que crean » seguridad y estabilidad » y «pacifican el mercado» para poder recuperar la confianza en el alquiler . «No podemos seguir por el mismo camino y salvar los escollos jurídicos que cada vez ponga encima de la mesa el Tribunal Constitucional (TC), con parches y nuevas leyes, decretos leyes y decretos», ha expresado. En esta línea, se ofrecen a colaborar «para poner en marcha medidas que sean realmente efectivas», asegurando que «no se puede escuchar únicamente en las propuestas de unos determinados movimientos sociales «. Este comunicado conjunto se produce después de que el pasado jueves el TC anulara parte de la ley catalana que limitaba los precios de alquiler de las viviendas por considerar que envade competencias estatales.   LEER LA NOTICIA COMPLETA EN «CRÓNICA GLOBAL»: https://cronicaglobal.elespanol.com/business/inmobiliario-catalan-pide-dialogo-govern-tc-vivienda_618111_102.html

Siete organizaciones representativas del sector inmobiliario catalán han emitido este lunes un comunicado conjunto en el que lamentan la «inseguridad jurídica» en el mercado de la vivienda. Lo dijeron tras la resolución del Tribunal Constitucional que señala que Cataluña no tiene competencias para establecer criterios en la fijación de los precios de alquiler de viviendas. El sector inmobiliario catalán lamenta la «inseguridad jurídica» en el mercado de la vivienda «Desgraciadamente, no se nos escuchó, no se nos escuchó y no se nos escucha», afirmaron, y explicaron que han intentado trasladar al Gobierno la inseguridad jurídica que supone la aplicación de la presente ley. Recordaron que el Consejo de Garantías Estatutarias advirtió a todos los grupos parlamentarios ya los promotores de la ley este hecho y subrayó las «reiteradas resoluciones contrarias» a la norma y que este hecho agrava la situación de inseguridad jurídica. Reclamaron que se afronte la problemática de la vivienda en su profundidad con medidas estructurales «y no con normativas populistas que sólo provocan el efecto contrario», por lo que se debe crear un marco adecuado en el que todos los actores del sector puedan participar. Los firmantes pidieron que el Gobierno participe directamente «con medidas efectivas que creen seguridad, estabilidad, pacifiquen el mercado y permitan recuperar la confianza en el alquiler». Han firmado el texto el Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida (CAFBL), el Consejo de Colegios de Administradores de Fincas de Cataluña, la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Cataluña, el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Barcelona y Provincia, el Consejo de Colegios de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Cataluña, la Asociación de Promotores y Constructores de Edificios de Cataluña (APCE) y la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona-Lleida.   LEER LA NOTICIA COMPLETA EN «EUROPAPRESS»: https://www.europapress.es/catalunya/noticia-sector-inmobiliario-catalan-lamenta-inseguridad-juridica-mercado-vivienda-20220314110227.html

Las asociaciones lamentan que el ejecutivo «solo atiende a las propuestas de movimientos sociales» Primer plano de un cartel ‘de alquila’ en un local cerrado en Barcelona. Plan El sector inmobiliario ha vuelto a exigir al Gobierno que apueste por la colaboración público-privada para acabar con la inseguridad jurídica en materia de vivienda en el país. Después de que el Tribunal Constitucional determinara la semana pasada que Catalunya no tiene competencias para fijar el precio del alquiler, las diferentes asociaciones del sector han pedido al ejecutivo que cree «un marco adecuado en el que se den las condiciones para un auténtico diálogo social». «Desgraciadamente no se nos escucha», ha lamentado, añadiendo que el Gobierno «sólo escucha propuestas de movimientos sociales que limitan a los representantes políticos a seguir consignas ideológicas». «Hay que tener en cuenta a todos los agentes para poder disponer de una regulación justa y equilibrada», ha concluido. En el comunicado emitido este lunes, el sector inmobiliario recuerda que ya advirtió al Govern que la ley catalana no sería aceptada por el Tribunal Constitucional y reclama de nuevo un encuentro con el presidente Aragonés para trasladarle “inquietudes y propuestas, así como para compartir experiencia y conocimiento del comportamiento del mercado”. El escrito cuenta con la firma de la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Cataluña (API), el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Barcelona y Provincia, el Consejo de Colegios de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Cataluña, la Asociación de Promotores y Constructores de Edificios de Cataluña (APCE), la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona-Lleida, el Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida (CAFBL) y el Consejo de Colegios de Administradores de Fincas de Catalunya.   LEER LA NOTICIA COMPLETA EN «LA MAÑANA»: https://www.lamanyana.cat/el-sector-immobiliari-exigeix-collaboracio-al-govern-per-acabar-con-la-inseguridad-juridica-no-sens- escucha/

El Tribunal Constitucional tumba la ley catalana que regula el precio del alquiler y éste no será el único cambio que sufrirá el sector El mercado inmobiliario recibe el golpe de ese nuevo cambio a la espera de una nueva ley estatal | iStock La ley para contener los precios de las viviendas en alquiler en Cataluña sólo ha durado año y medio. El Tribunal Constitucional ha anulado gran parte de la Ley 11/2020 argumentando que la normativa catalana invadía competencias estatales. Con esta decisión, el mercado de alquiler residencial catalán vuelve a sufrir un cambio legislativo trascendental que, además, no se hace por motivos de la salud del mercado, sino políticos y legislativos, lo que enfada a los principales agentes del sector. Suscríbete gratis a VIA Empresa y recibirás en tu correo nuestras mejores historias, reportajes y entrevistas, además de otras ventajas exclusivas para suscriptores. El tren de la bruja. Eduard Solé , socio y director de operaciones de Monapart compara la ley de arrendamientos de los últimos años con el tren de la bruja: «ha sufrido muchos cambios legislativos que afectan, evidentemente, al mercado ya los que participamos del mercado». Es una fuente de incertidumbre que viene ocasionada «por una disputa entre gobiernos», reflexiona Alex Vàzquez , director de administración de alquileres de Forcadell, quien añade que, además, «esta ley nació con fecha de caducidad y sin escuchar a los expertos del mercado». En la misma línea, las principales asociaciones y colegios profesionales del sector han hecho un comunicado conjunto con una clara denuncia: «Desgraciadamente, no se nos escuchó, no se nos escuchó y no se nos escucha». Varios colectivos del sector inmobiliario: «Desgraciadamente, no se nos escuchó, no se nos ha escuchado y no se nos escucha» El colectivo pide «medidas estructurales, y no normativas populistas» que provocan mayor desconfianza, agravan una situación de inseguridad jurídica y reducen la disponibilidad de vivienda asequible. Han participado de este comunicado la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Cataluña, el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Barcelona y Provincia, el Consejo de Colegios de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Cataluña, el Asociación de Promotores y Constructores de Edificios de Cataluña (APCE), la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona-Lleida, el Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida (CAFBL) y el Consejo de Colegios de Administradores de Fincas de Catalunya. En este contexto de cambio permanente, además, se sabe que otra normativa está a punto de sacudir de nuevo el mercado. El Gobierno de España presentará antes del verano una ley para limitar el precio del alquiler. Y, paralelamente, antes de finalizar el año, también tiene previsto aprobar una nueva Ley de Vivienda Estatal. El objetivo de la fijación de los precios es el mismo que el de la Generalitat: limitar los precios de alquiler a «zonas tensadas». El índice de precios que precederá a esta ley lo publicarán a finales de marzo. A través de «millones de datos cruzados de Hacienda, de registradores de la propiedad, del depósito de finanzas, del catastro y del INE, tendremos una imagen real de la evolución de los precios en las zonas tensadas» anunció David Lucas Parrón , secretario general de Agenda Urbana y Vivienda del Gobierno español. Los 160.000 contratos afectados La Ley 11/2020 tenía la finalidad de contener y moderar el precio del alquiler en determinadas zonas de Cataluña que, según la Generalitat, «por sus características, no garantizan tener viviendas de alquiler a un precio asequible, por lo que se obstaculiza el acceso a toda la población». La normativa se ha aplicado durante el último año y medio a un total de 60 municipios catalanes con más de 20.000 habitantes. Según datos del Sindicato de Inquilinos, durante este tiempo la ley ha afectado a 160.000 contratos firmados en Catalunya y ha conseguido que los precios del alquiler bajen un 5% en las ciudades reguladas. «Si se declara inconstitucional una ley que ha afectado a 160.000 viviendas, debería contemplarse algún resarcimiento», apunta Vázquez, como compensaciones o bonificaciones fiscales. Vázquez: «Si se declara inconstitucional una ley que ha afectado a 160.000 viviendas, debería contemplarse algún resarcimiento» Tanto Solé como Vázquez coinciden en que la ley ha afectado más a aquellos pisos de alto standing o con primeras calidades, que a aquellos con rentas más bajas. La normativa catalana no tenía suficientemente en cuenta los valores añadidos a la vivienda. La única consideración que se hacía era la posibilidad de incrementar un 5% el precio de la renta si la vivienda contaba, al menos, con tres características destacadas añadidas (como ascensor, vistas especiales, piscina comunitaria, conserjería, etcétera) . Según Solé, «la ley ha homogeneizado toda la oferta y no ha discriminado si el piso tiene o no acabados de alta gama. Un propietario puede haber invertido en una vivienda pensando en un público que ya le está bien pagar más por tener mayores cualidades, pero se ha encontrado con que no ha podido recuperar esta inversión». Estos propietarios han tenido tres vías de actuación: asumir el no retorno de la inversión, vender el inmueble o traspasarlo al mercado de alquiler temporal. Según Idealista, de hecho, el stock de pisos de alquiler en Barcelona se redujo un 57% en el 2021, bajada que se vincula directamente a este contexto legislativo. ¿La bajada de precios se convierte en la ley? Respecto a la bajada de los precios, Solé apunta que puede haber otras causas: «hay quien lo atribuye más a la situación económica derivada de la cóvid-19». Un año después del estallido de la pandemia, «los precios de alquiler en Madrid y Barcelona se habían reducido de forma similar, y eso que en Madrid no había ninguna ley de regulación». Concretamente, según Idealista, el metro cuadrado residencial en la provincia de Barcelona a septiembre de 2020 se situaba en 15,3 euros. Un año y medio después se redujo un 4,6%, hasta los 14,6 euros el metro cuadrado. En Madrid, el precio pasó de 14,9 euros el metro cuadrado a 13,9 euros. Es decir, registró una