Nombre del autor:Marta Agraz

El sector reclama en el Parlament medidas «estructurales» para aumentar la oferta de vivienda en vez de incidir en el precio El sector inmobiliario ha pedido este lunes «no dar cobertura» a la ocupación, «replantear» la definición de grandes tenedores y mantener los supuestos actuales previstos para aplicar el alquiler social obligatorio. Las entidades comparecieron en el Parlamento en referencia a la Proposición de ley de ampliación de las medidas urgentes para hacer frente a la emergencia habitacional y reclamaron medidas «estructurales» para aumentar la oferta de vivienda en vez de incidir directamente en el precio. Hasta ahora, la definición de grandes tenedores incluye a las personas físicas y jurídicas con más de quince viviendas. La nueva legislación modificaría este concepto y pasaría a considerar como grandes tenedores a las personas físicas con quince inmuebles ya las personas jurídicas con diez viviendas. Joan Company, presidente del Consejo Catalán de Colegios de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (COAPI) en Cataluña, ha reclamado revisar este concepto y vincularlo a la «función social» de la propiedad. Por su parte, el presidente del Consejo de Colegios de Administradores de Fincas de Catalunya, Enrique Vendrell, ha alertado de que esta modificación es «contraproducente» y no ayuda a incorporar nueva oferta de alquiler en el mercado de vivienda. Otro aspecto que ha generado debate ha sido el concepto de empleo sin título habilitante en la Proposición de ley. El presidente del Colegio de Administradores de Fincas ha destacado el «preocupante crecimiento exponencial» de la ocupación de viviendas y ha asegurado que la nueva regulación «no puede dar cobertura a situaciones ilegítimas». En referencia al alquiler social obligatorio, Vendrell ha asegurado que éste comporta en muchos casos ingresos inferiores a cien euros al mes para los propietarios, una disminución de entre el 70% y el 90% respecto a la aplicación del índice de referencia . El presidente del Colegio de Administradores de Fincas ha afirmado que esta situación plantea un «importante conflicto legal» que vulnera el derecho a la propiedad y ha exigido medidas «proporcionales» de la administración. En esta cuestión, Company coincidió en que los ingresos provenientes del alquiler social obligatorio vulneran el derecho fundamental. El presidente del COAPI ha defendido mantener el concepto de alquiler social recogido en la ley 24/2015 y limitar la aplicación de esta figura en el parque de viviendas procedentes de las ejecuciones hipotecarias o el incumplimiento de la función social de la vivienda por parte de los propietarios. Asimismo, pidió «replantear» la carga económica sobre el propietario y limitar la duración de esta medida a un año, ampliable a dos años. Pese a las discrepancias del sector, el diputado de ERC Pau Morales, celebró la llegada a un «punto de acuerdo» sobre la figura del alquiler social obligatorio, más allá de las discusiones sobre los tiempos, las cantidades o las cargas sobre el propietario. Para más información http://ow.ly/aLGV50Gdyy6   Marta AgrazPeriodista. Directora de Comunicació del CAFBL

Las entidades piden «replantear» el alquiler social obligatorio y la definición de grandes tenedores El sector inmobiliario ha reclamado medidas «estructurales» para aumentar la oferta de vivienda en lugar de incidir directamente en el precio. Las entidades comparecieron ayer en el Parlament por la Proposición de ley de ampliación de las medidas urgentes para hacer frente a la emergencia habitacional y pidieron «replantear» el alquiler social obligatorio, la definición de grandes tenedores y «no dar cobertura» a el empleo. La representante del grupo promotor de la ILP de la Ley 24/2015, calificó la normativa de una propuesta «de mínimos» e hizo un llamamiento a los grupos parlamentarios a legislar para acabar con los desahucios y apoyar medidas «de choque» ante una situación «crítica». El presidente del Consejo de Colegios de Administradores de Fincas de Catalunya, Enrique Vendrell, aseguró que el alquiler social obligatorio comporta en muchos casos ingresos inferiores a cien euros al mes para los propietarios, una disminución de entre el 70% y 90% respecto a la aplicación del índice de referencia. El vicepresidente del Consejo de Cámaras de la Propiedad Urbana de Catalunya, Joan Ràfols, dijo que un 56% de los contratos de alquiler social obligatorio están por debajo de los cien euros mensuales y el 76% son inferiores a los 150 euros al mes. «Esta medida limita la rentabilidad de los propietarios. Es peor que la expropiación», lamentó. En este sentido se pronunció también el presidente de la Asociación de Promotores de Cataluña, Xavier Vilajoana, que también pidió realizar un seguimiento del estado del arrendatario durante los años de contrato. El presidente del Consejo Catalán de Colegios de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria en Catalunya, Joan Company, dijo que los ingresos provenientes del alquiler social obligatorio son «antieconómicos» y vulneran el derecho a la propiedad. Company defendió mantener el concepto de alquiler social recogido en la ley 24/2015 y limitar la aplicación de esta figura en el parque de viviendas procedentes de las ejecuciones hipotecarias. Para más información: http://ow.ly/Zfsq50GdxCL   Marta AgrazPeriodista. Directora de Comunicació del CAFBL

El sector inmobiliario reclamó este lunes medidas «estructurales» para aumentar la oferta de vivienda en vez de incidir directamente en el precio. Las entidades comparecieron en el Parlamento en referencia a la Proposición de ley de ampliación de las medidas urgentes para hacer frente a la emergencia habitacional y pidieron «replantear» la definición de grandes tenedores, «no dar cobertura» al empleo y mantener los supuestos actuales previstos para la aplicación del alquiler social obligatorio. Hasta ahora, la definición de grandes tenedores incluye a las personas físicas y jurídicas con más de quince viviendas. La nueva legislación modificaría este concepto y pasaría a considerar como grandes tenedores a las personas físicas con quince inmuebles ya las personas jurídicas con diez viviendas. El presidente del Consejo Catalán de Colegios de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (COAPI) en Cataluña, Joan Company, ha reclamado revisar este concepto y vincularlo a la «función social» de la propiedad. Por su parte, el presidente del Consejo de Colegios de Administradores de Fincas de Catalunya, Enrique Vendrell, ha alertado de que esta modificación es «contraproducente» y no ayuda a incorporar nueva oferta de alquiler en el mercado de vivienda. Otro de los aspectos más debatidos ha sido la referencia al concepto de empleo en la Proposición de ley. El presidente del Colegio de Administradores de Fincas admitió «mucha preocupación» por el «crecimiento exponencial» de la ocupación de viviendas y aseguró que la nueva regulación «no puede dar cobertura a situaciones ilegítimas». En referencia al alquiler social obligatorio, Vendrell ha asegurado que éste comporta en muchos casos ingresos inferiores a cien euros al mes para los propietarios, una disminución de entre el 70% y el 90% respecto a la aplicación del índice de referencia . El presidente del Colegio de Administradores de Fincas afirmó que esta situación plantea un «importante conflicto legal» por la vulneración del derecho a la propiedad y recordó que la jurisprudencia establecida es «muy clara» sobre la necesidad de «proporcionalidad» en las medidas de la administración. En este sentido, Company aseguró que los ingresos provenientes del alquiler social obligatorio son «antieconómicos» y vulneran el derecho a la propiedad. El presidente del COAPI ha defendido mantener el concepto de alquiler social recogido en la ley 24/2015 y limitar la aplicación de esta figura al parque de viviendas procedentes de las ejecuciones hipotecarias o el incumplimiento de la función social del vivienda por parte de los propietarios. Asimismo, ha pedido «replantear» la carga económica sobre el propietario y limitar la duración de esta medida a un año, ampliable a dos años. A pesar de las discrepancias del sector, ERC ha celebrado la llegada a un «punto de acuerdo» sobre la figura del alquiler social obligatorio, más allá de las discusiones sobre los tiempos, cantidades o cargas sobre el propietario. LEE LA NOTICIA COMPLETA EN «LA VANGUARDIA» : http://ow.ly/TCVw50Gdz4h   Marta AgrazPeriodista. Directora de Comunicació del CAFBL