El sector inmobiliario exige cambios «estructurales» en materia de vivienda para sustituir la imposición «forzosa» del alquiler social obligatorio con medidas alternativas y efectivas que devuelvan la responsabilidad de la protección de las personas vulnerables a la administración pública en vez del sector privado . Emergencia Entidades del sector inmobiliario catalán han comparecido esta mañana en el Parlament con motivo de la ponencia sobre la Proposición de ley de ampliación de las medidas urgentes para hacer frente a la emergencia de la vivienda. Los representantes del sector inmobiliario han valorado negativamente la imposición de este requerimiento al considerar no sólo que incumple el derecho a la propiedad, sino que es una medida inefectiva y que además favorece el empleo ilegal. Por el contrario, reclamaron medidas «estructurales» para aumentar la oferta de vivienda en vez de incidir directamente en el precio. También han estado presentes miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y del grupo que promovió la iniciativa legislativa popular (ILP) de la Ley 24/2015, que impuso la obligación de un alquiler social. Por su parte, calificaron la normativa de una propuesta «de mínimos» y llamó a los grupos parlamentarios a legislar para acabar con los desahucios ya apoyar las medidas «de choque» ante una situación «crítica». Ilegal El presidente del Consejo de Colegios de Administradores de Fincas de Cataluña, Enrique Vendrell, ha asegurado que el alquiler social obligatorio, el cual no debe confundirse con el alquiler social, comporta en muchos casos ingresos inferiores a cien euros al más para los propietarios, una disminución entre el 70% y el 90% respecto a la aplicación del índice de referencia. Vendrell afirmó que esta situación plantea un «importante conflicto legal» por la vulneración del derecho a la propiedad y recordó que la jurisprudencia establecida es «muy clara» sobre la necesidad de «proporcionalidad» en las medidas de la administración. En su opinión, el alquiler social obligatorio desvía la resolución del problema de la vivienda al sector privado, cuando debería ser responsabilidad de la administración pública. Es decir, en vez de destinar fondos a crear vivienda social para las personas más vulnerables o ayudarles a pagar el precio del alquiler con ayudas, la administración se limita a imponer esta responsabilidad a los propietarios forzosamente sin ofrecer nada a cambio. Así lo ha descrito Vendrell: Nos encontramos, pues, ante unos propietarios forzados a desempeñar una función subjetiva de la responsabilidad de la administración pública hacia la protección social de las personas y familias en situación de vulnerabilidad. «Peor que la expropiación» En concreto, el vicepresidente del Consejo de Cámaras de la Propiedad Urbana de Catalunya, Joan Ràfols, aseguró que un 56 por ciento de los contratos de alquiler social obligatorio están por debajo de los cien euros mensuales y el 76 por ciento son inferiores a los 150 euros al mes. De esta forma, Ràfols ha asegurado que los propietarios renuncian a 770 euros de media y deben hacer frente a unos gastos de mantenimiento de aproximadamente 130 euros al mes. «Esta medida limita la rentabilidad de los propietarios. Es peor que la expropiación», lamentó, puesto que la expropiación contempla la compensación del propietario. Ante esta situación, Ràfols ha reclamado a la Generalitat subvencionar la diferencia entre la renta proveniente del alquiler social y la que podría obtenerse a precio de mercado. Es decir, devolver la responsabilidad de proteger a los más vulnerables en el sector público, ya que ésta es su función. Limitar la ley En este sentido se ha pronunciado también el presidente de la Asociación de Promotores de Cataluña, Xavier Vilajoana, que también ha pedido realizar un seguimiento del estado del arrendatario durante los años de contrato. Por su parte, el presidente del Consejo Catalán de Colegios de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (COAPI) en Cataluña, Joan Company, ha asegurado que los ingresos provenientes del alquiler social obligatorio son «antieconómicos» y vulneran el derecho a la propiedad. El presidente del COAPI ha defendido mantener el concepto de alquiler social recogido en la ley 24/2015 y limitar la aplicación de esta figura en el parque de viviendas procedentes de las ejecuciones hipotecarias o el incumplimiento de la función social de la vivienda por parte de los propietarios. Asimismo, pidió «replantear» la carga económica sobre el propietario y limitar la duración de esta medida a un año, ampliable a dos años. Asimismo, ha alertado de los efectos de la entrada en vigor de la ley. Company ha asegurado que el número de pisos destinados al alquiler ha descendido notablemente en los últimos años y ha afirmado que los grupos promotores están desviando inversiones hacia otras zonas del Estado ante la legislación catalana en materia de vivienda. ERC lo celebra Pese a las discrepancias del sector, ERC celebró la llegada a un «punto de acuerdo» sobre la figura del alquiler social obligatorio, más allá de las discusiones sobre los tiempos, cantidades o cargas sobre el propietario. La representante del grupo promotor de la ILP de la Ley 24/2015 de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética, Lucía Delgado, ha defendido la importancia de los alquileres sociales obligatorios para «proteger» los hogares vulnerables. En respuesta a las declaraciones de las asociaciones de empresas inmobiliarias, Delgado aseguró que si un gran tenedor no actúa «agresivamente» como un «fondo buitre» la ley «no entrará en juego». Sin embargo, aseguró que la normativa es una medida necesaria para que las empresas hagan alquiler social. La definición de los grandes tenedores Hasta ahora, la definición de grandes tenedores incluye a las personas físicas y jurídicas con más de quince viviendas. La nueva legislación modificaría este concepto y pasaría a considerar como grandes tenedores a las personas físicas con quince inmuebles ya las personas jurídicas con diez viviendas. El presidente del Consejo de Colegios de Administradores de Fincas de Catalunya, Enrique Vendrell, ha alertado de que esta modificación es «contraproducente» y no ayuda a incorporar nueva oferta de alquiler en el mercado de vivienda. En este sentido, el
