Barcelona, 3 de septiembre del 2025. El Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida reclama reformas urgentes para frenar la retirada de viviendas de alquiler del parque y así favorecer la oferta. El Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida (CAFBL) expresa su preocupación por las prácticas abusivas que están proliferando en el mercado de alquiler, más concretamente en el alquiler por habitaciones, y que afectan de manera especial a la gente joven, colectivo que ya enfrenta serias dificultades para acceder a una vivienda digna. Malas prácticas que pueden llevar a cabo tanto propietarios como inquilinos, así como las agencias que lo publicitan. Por eso, insistimos en la importancia de ponerse en manos de profesionales colegiados como los Administradores de Fincas para evitar este tipo de prácticas abusivas y, en caso de darse, poder perseguirlas y sancionarlas, dando más garantías al consumidor. Algunos ejemplos de estas malas praxis son el cobro de precios desmesurados por estancias que no son habitaciones; atomizar viviendas para explotarlas al máximo; superar el número de ocupantes que puede tener según la cédula de habitabilidad; cobrar honorarios o incrementar la renda en conceptos que no son incrementables o inflar servicios asociados al alquiler de la habitación, como por ejemplo, la limpieza con un coste muy superior al real. Desde el CAFBL rechazamos con firmeza las prácticas abusivas que dificultan el acceso a la vivienda y denunciamos que estas conductas impactan directamente en uno de los colectivos más vulnerables en el acceso a la vivienda: nuestros jóvenes. Hacer más caro el alquiler de una habitación equivale inevitablemente a poner obstáculos a la formación y al desarrollo personal y profesional de toda una generación. Una regulación caótica que expulsa vivienda del mercado En este sentido, desde el Colegio seguimos alzando la voz ante una cuestión que llevamos tiempo denunciando: la regulación del mercado de la vivienda es caótica, poco clara y llena de contradicciones. La avalancha de normativas poco meditadas, incongruentes y alejadas de la realidad del sector provoca inseguridad jurídica y conflictos que perjudican a toda la sociedad. El presidente del Colegio, el Sr. Lorenzo Viñas, insiste en que “este escenario incentiva a muchos propietarios a retirar sus inmuebles del mercado de alquiler y esto reduce aún más la oferta disponible, provocando tensiones en los precios y situaciones injustas como las que estamos viendo”. Más políticas que incentiven y menos obstáculos que alejen Desde el CAFBL recordamos que, si queremos facilitar un acceso más justo a la vivienda, el camino pasa por impulsar políticas que incentiven de verdad que los propietarios pongan vivienda en el mercado de alquiler con garantías, seguridad y confianza. Solo con una regulación equilibrada y unas ayudas adecuadas se podrá incrementar de manera rápida el número de viviendas disponibles y lograr que el alquiler vuelva a ser una opción viable para estudiantes, jóvenes profesionales y familias, mientras esperamos la materialización de las nuevas construcciones anunciadas por el Gobierno. Por ello, el CAFBL insta a actuar con responsabilidad y visión de futuro y reclama que el Gobierno y todas las instituciones competentes cuenten con todos los agentes a la hora de diseñar cualquier normativa en materia de vivienda. “Es necesario un diálogo real y sincero entre los sectores público, privado y social para encontrar soluciones efectivas. Solo así podremos generar reglas del juego claras, estables y eficaces, que permitan revertir esta espiral de incertidumbres y alcanzar el objetivo común: aumentar y consolidar el parque de viviendas de alquiler a precio asequible”, ha instado el Sr. Viñas. Los profesionales, al servicio de la sociedad Asimismo, rechazamos rotundamente la criminalización que con demasiada frecuencia se hace de los profesionales de nuestro colectivo. Los Administradores de Fincas Colegiados velamos por un parque de viviendas seguro, sostenible y accesible, desarrollando una tarea clave en la gestión inmobiliaria y en la convivencia dentro de las comunidades de propietarios. Tal como ya reconoce la misma Ley de Vivienda, nuestra profesión es esencial y de gran impacto social, además de proteger a las personas consumidoras. Nos posicionamos con firmeza en defensa de los derechos de las personas y en contra de cualquier práctica que degrade el mercado del alquiler e impida su función social principal: garantizar el acceso a la vivienda.
